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Modo: Corpus Pro

DEMANDA MERCANTIL. UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL NO PUEDE DESECHARLA POR CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZA LA COMPETENCIA POR TERRITORIO DE UN ÓRGANO DEL FUERO LOCAL [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 96/2024. · Registro digital (IUS): 32786
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.610.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 96/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, doce de junio de dos mil veinticuatro.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO decide conforme a lo que en sucesivo se expone.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. El magistrado Set Leonel López Gianopoulos, Presidente del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el referido órgano en los juicios de amparo directo 421/2022, 555/2022, 562/2022, 647/2022, 149/2023, 150/2023 y 240/2023 y el sustentado por el SEGUNDO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO en el juicio de amparo directo 27/2023.

SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 96/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de doce de abril del dos mil veinticuatro.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por persona con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, toda vez que se formuló por el magistrado Presidente del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO el cual es uno de los tribunales contendientes, como se advierte en el respectivo expediente electrónico.

TERCERO. Antecedentes.

Los asuntos provienen de juicios orales mercantiles con características similares, en cuanto a que fueron promovidos por la misma parte acreditante y cuyas demandas fueron desechadas por Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, al considerarse legalmente incompetente por razón de territorio porque, en su concepto, si bien en los respectivos contratos se pactó que las partes se sometían expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales en la ciudad de Puebla, Puebla, los demandados (acreditados) tenían su domicilio en otros municipios de esa misma entidad federativa en donde tenían su sede o guardaban mayor cercanía diversos juzgados del fuero local; por lo que en los acuerdos de desechamiento se dijo aplicar por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.)(1) de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de rubro “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.”

El panorama general de los asuntos es:

Ver panorama generalSe exponen enseguida las consideraciones esenciales de los Tribunales Colegiados.

• Amparo Directo 27/2023

El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO consideró, sustancialmente, que:

• Si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en lo que se refiere a la competencia concurrente, en la que, las partes pueden acudir tanto a los tribunales federales como a los del fuero común, cuando ninguna de ellas se haya sometido a una cláusula de sumisión expresa, lo cierto es que también la propia Primera Sala ha sostenido que tratándose de contratos de adhesión no resulta aplicable la regla contenida en el numeral 1093 del Código de Comercio, pues en dichos contratos el proveedor es quien elabora todas las cláusulas y no están sujetas a modificación ulterior, por lo que, el clausulado sólo representa seguridad al empresario, es decir, únicamente se trata de una seguridad jurídica unilateral.

• Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 689, del Libro 65, Tomo I, abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2019661, la cual, a la letra, dice: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

• En esta jurisprudencia se consideró que para configurar la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes para renunciar al fuero que la ley les concede y designar tribunales competentes, pero con la condición de que sean, entre otros, los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de la ubicación de la cosa.

• Sin embargo, ese pacto de sumisión expresa queda limitado cuando el usuario del servicio financiero se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, dado que tal circunstancia implicaba forzosamente a la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, generándose un detrimento económico considerable posible de traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para el acreditado. Máxime si la institución financiera contaba con presencia en el lugar donde se contrajeron las obligaciones.

• No puede estimarse que el auto reclamado desatiende el artículo 104 constitucional, respecto a que los tribunales federales conocerán de las controversias de orden civil o mercantil suscitados con motivo del cumplimiento y aplicación de leyes federales; ni que fuere inexistente impedimento o causa excluyente en la juzgadora de origen, pues la juez mercantil no soslayó el derecho de acceso a la justicia de la ahora inconforme en el proveído reclamado, el cual implica la solución del asunto por parte de autoridad competente, y fue precisamente con base en la ponderación de ese derecho para ambas partes, que al estimar las circunstancias del caso era preciso declarar su incompetencia al no poder sustentarla con base en la cláusula del pacto de sumisión contenida en el contrato de crédito fundatorio de la acción.

• Como acertadamente lo determinó la autoridad mercantil responsable, si bien el artículo 104, fracción II, constitucional, comprende la figura de la jurisdicción concurrente, lo cual, le concedía competencia territorial; era necesario atender a la interpretación que más favoreciera el derecho al acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 constitucional, acorde a los derechos de igualdad ante la ley, debido proceso, equidad procesal y acceso a la jurisdicción, al proteger tanto el interés de la parte demandada de no ser perturbada de su vida, propiedades y posesiones, sino en lo estrictamente preciso, citándola ante el juez cuyo procedimiento le resultara menos oneroso, como también el de la quejosa al no mermar su derecho de defensa.

• No puede considerarse ilegal el acto reclamado, pues no puede acotarse la jurisdicción del juzgado responsable a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, así como a la interpretación literal de la tesis: "JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN".

• Por tales consideraciones, corresponde al juzgado, en el cual la parte demandada tiene su domicilio, el conocimiento del juicio ordinario mercantil.

• Amparos Directos A.D. 421/2022, A.D. 555/2022, A.D. 562/2024, A.D. 647/2022, A.D. 149/2023, A.D. 150/2023 y A.D. 240/2023.

Los asuntos provienen también de juicios orales mercantiles. El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO emitió consideraciones similares en todos los amparos directos, las cuales se resumen de la forma siguiente:

• Es verdad que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro: “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, (invocada en el acto reclamado) el juez competente por razón de territorio debe ser el del domicilio de los demandados; sin embargo, dicho criterio sólo definió la prórroga de competencia por territorio, pero no por fuero, pues no puede soslayarse el contenido de la fracción II del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiere el derecho de las partes de acudir al órgano jurisdiccional del fuero de su elección, cuando sea igualmente competente por razón de territorio uno del fuero Federal y uno del fuero común, tal como lo sostiene la quejosa.

• La lógica que subyace a la aplicación de tal criterio es que la sede del juzgado o tribunal que se haya determinado competente vía el pacto de sumisión de competencia territorial, se halle a una distancia razonablemente considerable del domicilio de las partes. Sin embargo, en el caso no se está ante juzgados con diferente competencia territorial, sino en el supuesto de que atendiendo al domicilio de los demandados o residencia habitual resultan competentes tanto un juzgado del fuero federal como uno del fuero común. En este aspecto cobra relevancia la jurisprudencia 1a./J. 17/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 536, de rubro y texto: “JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN.

• Este criterio que no ha sido abandonado por el Alto Tribunal, ni quedó superado con la jurisprudencia en que sustentó su determinación la autoridad responsable, y por tanto reviste obligatoriedad en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que no habría razón justificada para inobservarlo. Por tanto, en la especie estamos frente a dos criterios obligatorios emitidos por el mismo órgano jurisdiccional, que no se oponen, sino que resultan complementarios. Sin que la interpretación que asume la autoridad responsable como más favorable al derecho de acceso a la justicia pueda servir de base para soslayar dicha disposición constitucional, la jurisprudencia 1a./J. 17/2010 invocada por la parte quejosa, y la previsión contenida en el artículo 59 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no puede declararse incompetente por razón de fuero.

• Como lo aduce la inconforme, de acuerdo con la división territorial realizada mediante el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de La Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, la autoridad responsable tiene competencia territorial en el Estado de Puebla, lo que comprende el municipio de Tepeyahualco, Estado de Puebla, en que tienen su domicilio los demandados, como lo reconoce la juzgadora responsable en una parte del acto reclamado.

• Dado el derecho de la parte actora de acudir al órgano jurisdiccional de su elección, contenido en el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jueza responsable erró al sostener su incompetencia por razón de territorio para conocer del asunto que le fue planteado, pues el domicilio de los demandados está dentro del ámbito geográfico en el que ejerce jurisdicción.

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.

Las posturas de los Tribunales Colegiados actualizan los elementos a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 (registro digital 165077) de rubro “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Los elementos que anteceden se actualizan porque ambos Tribunales Colegiados contendientes conocieron de juicios de amparo directo en los que se reclamaron similares resoluciones de incompetencia legal por razón de territorio, que dieron lugar al desechamiento de sendos juicios orales mercantiles y en las que se dijo aplicar por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.)(2) de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de rubro “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.”

Al examinar la cuestión litigiosa en cada uno de los asuntos, los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial sobre la determinación de la competencia legal del juzgador federal mercantil al conocer de actos reclamados con características similares -desechamientos de demandas de juicios orales mercantiles- y realizaron ejercicios interpretativos a la luz de la jurisprudencia que antecede, así como de la distinta jurisprudencia 1a./J. 17/2010(3) de rubro “JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN.”

Al realizar esa labor, los Tribunales Colegiados adoptaron posturas discrepantes, ya que el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL sostuvo que si bien en los juicios mercantiles existe competencia concurrente entre los tribunales federales y locales, y el actor puede elegir ante quién presentar la demanda, lo cierto es que en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) al tratarse de contratos de adhesión no es aplicable la norma de competencia por sumisión expresa contenida en el artículo 1093 del Código de Comercio, si esto implica que el deudor forzosamente tuviera que trasladarse a un lugar distinto al de su domicilio para defender sus intereses, lo cual genera un detrimento económico que se traduce en denegación de justicia.

En cambio, en casos similares el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL estimó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) es observable para cuestiones de competencia por razón de territorio, mas no por razón del fuero, y que en este último caso es aplicable la jurisprudencia citada 1a./J. 17/2010 por lo que el tribunal competente es ante el que se haya presentado la demanda y ejerza jurisdicción y competencia.

En decir, en el primer caso se consideró implícitamente que la competencia podía prorrogarse por razón de territorialidad no obstante que los tribunales pertenezcan a distinto fuero, y en el segundo caso se sostuvo que esto no es legalmente admisible.

Así, debe resolverse si un Juez de Distrito que conozca de juicios mercantiles, puede declararse legalmente incompetente para conocer de una demanda de juicio mercantil y remitirlo al fuero común con apoyo en la 1a./J. 1/2019 (10a.)(4) de la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, no obstante que el domicilio de las partes se encuentre dentro de su jurisdicción territorial.

QUINTO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que carece de justificación legal y jurisprudencial la determinación de juez federal de desechar la demanda a juicio mercantil por considerar que la competencia territorial corresponde a un juzgado del fuero local.

Esta postura parte de la base de lo dispuesto en el artículo 104, fracción II, de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, que prevé:

“Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

V. De aquellas en que la Federación fuese parte;

VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.”

Este precepto constitucional establece las clases de controversias cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Federales.

Cabe precisar que la jurisdicción y la competencia a veces suelen usarse como sinónimos, no obstante que la primera es el poder o autoridad de los órganos del Estado para declarar el derecho en la función de juzgamiento, y la segunda se entiende como la porción de jurisdicción. Por consiguiente, la denominada competencia federal más bien se encuentra asociada al concepto de jurisdicción federal y, por su parte, la jurisdicción local es la que se otorga a las entidades federativas.

Ahora, del precepto transcrito se puntualiza la fracción II, que dispone que tratándose de controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, podrán conocer de ellas tanto los tribunales federales como los del orden común, a elección del actor, cuando sólo se afecten intereses particulares.

La norma contenida en esta fracción es de jurisdicción concurrente, también identificada como competencia concurrente; y consiste en que la CARTA MAGNA establece el tipo de controversias que pueden ser conocidas tanto por los Tribunales de la Federación como los tribunales del orden común y le otorga la facultad al promovente de la demanda de elegir el órgano jurisdiccional (federal o local) que deba conocer del juicio.

En este sentido es de destacarse también que el artículo 59, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN dispone que los jueces de distrito mercantiles federales conocerán “de las controversias del orden mercantil cuando la persona actora no haya optado por iniciar la acción ante las o los jueces y tribunales del orden común conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de dichos jueces y tribunales.”

La relevancia de lo anterior es que existe norma expresa que establece de manera categórica, que una vez ejercida la acción de una controversia mercantil ante los Tribunales de la Federación, el juzgador al que correspondió conocer de la demanda no podrá declinar la competencia a favor de los tribunales locales.

Esto guarda armonía con la ley federal que regula los juicios mercantiles, es decir, el CÓDIGO DE COMERCIO, ya que respecto a la competencia legal dispone (énfasis añadido):

“Artículo 1091. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el juicio hubiere varios jueces competentes, conocerá del negocio el que elija el actor, salvo lo que dispongan en contrario las leyes orgánicas aplicables.”

“Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas.”

“Artículo 1095. Ni por sumisión expresa ni por tácita, se puede prorrogar jurisdicción, sino a juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga.”

“Artículo 1104. Salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente, en el orden siguiente:

I. El del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente de pago;

II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación.

III. El del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el juez competente será el que elija el actor.

Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se considerará como su domicilio aquel donde se ubique su administración.”

“Artículo 1120. La jurisdicción por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal.”

“Artículo 1121. La competencia por razón de materia, es prorrogable con el fin de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan contratos coaligados o las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir. En consecuencia ningún tribunal podrá abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que podrán dar lugar a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias.

También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal superior de apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase, prosiguiéndose este ante el superior.”

De los preceptos hasta aquí expuestos deben distinguirse las siguientes dos figuras relacionadas con la jurisdicción y competencia: la concurrencia y la prórroga.

La Constitución y la ley pueden autorizar la existencia de jurisdicción o competencia concurrente, es decir, que a tribunales de distinto fuero -federal y local- les concede atribuciones para que indistintamente conozcan de un mismo tipo de controversia, en el caso, la mercantil; por lo que el modo de fincar esa competencia para conocer del asunto se resuelve en el sentido de que será el órgano jurisdiccional que elija la parte promovente.

La prórroga se refiere a la facultad que la ley le otorga a las partes en atribuirle a un juez la competencia que originalmente no tenía para conocer de una controversia, ya sea porque las partes previamente se pusieron de acuerdo en ese punto (prórroga por sumisión expresa) o bien porque el actor y el demandado aceptaron implícitamente esa competencia al comparecer ante el juzgado a presentar la demanda y a contestarla y no oponerse a la competencia (sumisión tácita).

De acuerdo con lo anterior y con los preceptos citados del Código de Comercio, las partes no están facultadas para prorrogar la jurisdicción (aunque sí pueden renunciar al fuero según el artículo 1093 del Código de Comercio) sino que solamente pueden prorrogar la competencia por razón del territorio y de la materia; por consiguiente, no cabe confundir los aspectos jurisdiccionales del fuero federal y las cuestiones de competencia territorial del fuero común, sino al contrario, deben distinguirse.

Esto es, en términos del citado artículo 59, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, cuando el juez de distrito en materia mercantil conozca de una controversia de esa índole y ejerce jurisdicción en el domicilio de las partes (conforme al Acuerdo General 3/2013 del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA, Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO) no podrá declinar la competencia a favor de los órganos jurisdiccionales locales y, menos aún, si esa declinación la realiza por una cuestión territorial, pues esto constituiría un contrasentido ya que la distribución territorial se encuentra determinada según la legislación aplicable a cada fuero.

En este sentido, el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.)(5) no justifica el desechamiento de una demanda mercantil por declinación de la competencia. Tal criterio sostiene:

“COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en té

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32786-2a9cf1a0/demanda-mercantil-un-juzgado-de-distrito-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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