PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA DICTADA EN UN CONCURSO MERCANTIL, QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO [ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA PC.I.C. J/19 C (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 125/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: MAURICIO OMAR SANABRIA CONTRERAS.
Ciudad de México. Sentencia del PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, correspondiente a la sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.
VISTOS, los autos para dictar sentencia en la contradicción de criterios 125/2024, conforme a lo que en lo sucesivo se expone:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Denuncia. El JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE CONCURSOS MERCANTILES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, denunció la posible contradicción de criterios entre el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, al resolver el recurso de queja 69/2024, y el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, al resolver los recursos de queja 52/2024 y 57/2024.
SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 125/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto; y lo turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veinticuatro de abril del año en curso.
TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.
La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Competencia.
Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de una posible contradicción de criterios emitidos por dos tribunales colegiados integrantes de la Región Centro-Sur y deriva de juicios de naturaleza civil.
SEGUNDO.
Legitimación. La contradicción de criterios se denunció por parte legitima conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, puesto que se formuló por el JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE CONCURSOS MERCANTILES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, respecto del criterio del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, al resolver el recurso de queja 69/2024, derivado del juicio de amparo indirecto */2024, los diversos criterios del CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, al resolver los recursos de queja 52/2024 y 57/2024, derivados de los juicios de amparo indirectos **/2024 y **/2024, todos tramitados ante ese juzgador, como se advierte de los respectivos expedientes electrónicos vinculados.
TERCERO.
Posturas contendientes.
Los posicionamientos de los tribunales contendientes se describen a continuación:
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Recurso de queja Q.C. 69/2024, que informa lo siguiente:
1.1. Acto reclamado. La adopción de medidas cautelares dentro de un concurso mercantil dictadas por una jueza concursal (autoridad ordenadora), relacionadas con un inmueble arrendado por la concursada, sujeto a un procedimiento en la vía de apremio, que ordenó la suspensión de toda ejecución por parte del quejoso, las cuales se ordenaron notificar personalmente al quejoso; así como hacerlas del conocimiento del juez ordinario del procedimiento de ejecución en la mencionada vía de apremio, para su exacto cumplimiento (autoridad ejecutora).
1.2. La demanda de amparo indirecto */2024 se desechó, porque no se agotó el principio de definitividad.
1.3. El quejoso interpuso recurso de queja y el tribunal revisor lo declaró infundado, por las siguientes consideraciones:
1.3.1. El amparo es improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de revocación, previamente a la promoción del juicio de amparo.
1.3.2. En términos de la jurisprudencia PC.I.C. J/19 C, (10a.), del PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, atenta la naturaleza compleja del procedimiento concursal, la calidad del sujeto se determina por la finalidad del acto procesal emitido, por ende, la adopción de una providencia precautoria y su notificación al sujeto pasivo de la misma, vincula a éste como parte al procedimiento cautelar y lo sujeta a los medios ordinarios de defensa.
1.3.3. El quejoso no tiene la calidad de persona extraña a las medidas cautelares dictadas en el procedimiento concursal, porque en la demanda de amparo manifestó haber sido notificado por conducto del juez que ventilaba la vía de apremio objeto de esas providencias, y también compareció ante la propia juez concursal a imponerse de su contenido.
2. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Recursos de queja 52/2024 y 57/2024, que informan lo que sigue:
2.1. Actos reclamados(1). La adopción de medidas cautelares dentro de un concurso mercantil dictadas por una jueza concursal (autoridad ordenadora), relacionadas con un inmueble arrendado por la concursada, sujeto a un procedimiento en la vía de apremio, que ordenó la suspensión de toda ejecución por parte del quejoso, las cuales se ordenaron notificar personalmente al quejoso; así como hacerlas del conocimiento del juez ordinario del procedimiento de ejecución en la mencionada vía de apremio, para su exacto cumplimiento (autoridad ejecutora). La expedición, cumplimiento y ejecución de unas medidas cautelares, órdenes o acuerdos de veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de un concurso mercantil que privaron de la devolución y entrega de un inmueble del cual ya no existe contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas e incumplimiento de otras obligaciones. Las medidas precautorias consistieron en la abstención del arrendador de cualquier acto tendente a requerir la entrega de los inmuebles arrendados, rescindir o terminar anticipadamente un contrato de arrendamiento. De la autoridad ejecutora reclamó la ejecución y cumplimiento (de las medidas cautelares) que afectaran la devolución del inmueble.
2.2. Las demandas de amparo indirecto **/2024 y **/2024 se desecharon, por no haber agotado el principio de definitividad.
2.3. El quejoso interpuso recursos de queja y el tribunal revisor los declaró fundados en virtud de lo siguiente:
2.3.1. En términos de la jurisprudencia PC.I.C. J/19 C, (10a.), del PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, atenta la naturaleza compleja del procedimiento concursal, la calidad del sujeto se determina por la finalidad del acto procesal emitido, por ende, la adopción de una providencia precautoria y su notificación al sujeto pasivo de la misma, vincula a éste como parte al procedimiento cautelar y lo sujeta a los medios ordinarios de defensa. Así, la calidad del quejoso como tercero extraño a juicio parte de la base de que éste haya sido notificado de la medida precautoria.
2.3.2. Es cierto que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el juez del procedimiento de la vía de apremio le hizo del conocimiento la adopción de las providencias precautorias adoptada por la jueza concursal y además que éste acudió ante ésta a imponerse del contenido de los autos que constituyen los actos reclamados emitidos en el procedimiento concursal; sin embargo, tales manifestaciones impiden tener por plenamente acreditado que haya sido notificado de las mismas, al no contar con los informes justificados.
2.3.3. Por lo anterior, se estimó que no era notoria ni manifiesta la improcedencia del amparo, al no tenerse certeza de que el quejoso careciera de la calidad de persona extraña, ante la falta de constatación de que haya sido notificado de las medidas precautorias del que resulta sujeto pasivo.
CUARTO.
Existencia de la contradicción de criterios.
El TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza cuando los TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO adoptan criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y llegado a conclusiones encontradas respecto de la solución de la controversia planteada.(2)
En esa línea, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha considerado que la colisión de criterios exige que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de la PRIMERA SALA número 1a./J. 23/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.", (registro digital 165076), y 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", (registro digital 165077).
Del análisis de las posiciones adoptadas por los tribunales colegiados contendientes, se advierte que ambos se enfrentaron a dirimir para efectos de la admisibilidad o no de la demanda de amparo, si el quejoso tenía o no la calidad de persona extraña respecto de las medidas precautorias del que resulta sujeto pasivo el quejoso, para efectos de observar el principio de definitividad, al tenor de la jurisprudencia PC.I. J/19 C (10a.), del PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, de rubro:
"CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" (registro digital 2010431).
Ambos tribunales coinciden en que la notificación de las medidas precautorias vincula al destinatario quejoso al procedimiento concursal, para efectos de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo.
No obstante, el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO reconoce adicionalmente, que la pérdida de la calidad de persona extraña por parte del sujeto pasivo de las medidas precautorias, se actualiza por haber comparecido ante el juez concursal que las emitió para imponerse de su contenido, mientras que el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, a pesar de haberse manifestado así, ninguna relevancia le dio a ese conocimiento, porque solamente la prueba de la notificación era la base para establecer si el quejoso tenía o no el carácter de tercero extraño al concurso mercantil.
Por consiguiente, debe determinarse si, las manifestaciones expresadas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, por el destinatario de las medidas precautorias dictadas en un concurso mercantil, de haberse impuesto del contenido de éstas, al haber comparecido al procedimiento, lo vincula a observar el principio de definitividad, en términos de la mencionada jurisprudencia PC.I. J/19 C (10a.).
QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se expone y razona a continuación.
En principio, debe recordarse que en relación con el artículo 145 de la LEY DE AMPARO abrogada (que guarda identidad jurídica con el ordinal 113 de la LEY vigente),(3) la SUPREMA CORTE ha establecido lo siguiente: i) existe el principio de que la improcedencia constituye una excepción a la regla general de procedencia del amparo como medio de control de actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, por lo que se trata de una porción normativa de estricta aplicación; ii) que la improcedencia debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones; iii) que la actualización de la improcedencia del amparo exige que concurran dos condiciones necesarias y suficientes: (1) que se trate de un motivo manifiesto, entendido como lo que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, así como de los escritos aclaratorios; y (2) que además sea indudable, esto es, que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, sin que se requiera de otros elementos de juicio que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.
Lo anterior se advierte de lo conducente de las jurisprudencias 1a./J. 63/2009, de la PRIMERA SALA, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO, QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, ADUCE TENER LA POSESIÓN DELINMUEBLE OBJETO DEL LITIGIO" (registro digital 166452);(4) y 1a./J. 32/2005, de la PRIMERA SALA, intitulada: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA" (registro digital 178541).(5)
Así, dentro de esa óptica debe comprenderse la aplicación de la jurisprudencia del PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, número PC.I.C. J/19 C (10a.) y rubro: "CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" (registro digital 2010431).
Al respecto, en la ejecutoria se consideró que las providencias precautorias dictadas en un procedimiento concursal, se notifican a los diversos sujetos contra los que se dirigen, para que tengan pleno conocimiento de la providencia y en su caso, se encuentren en condiciones de comparecer al juicio relativo para procurar la defensa de sus intereses y el ejercicio de sus derechos y, enfatizó que esa notificación se encuentra encaminada a respetar el derecho de contradicción y permitir la defensa del afectado con la medida cautelar. Así éste queda vinculado y, por ende, legitimado para participar en el procedimiento atinente a esas providencias precautorias.
En ese sentido, se dijo, que la notificación de las providencias precautorias como parte de la ejecución del mandamiento que las decretó, da lugar a que el notificado quede en aptitud de comparecer al proceso cautelar; además, es patente que queda vinculado como parte, pues contra él se ha dirigido el acto de autoridad que le afecta el bien o derecho objeto de aseguramiento y que, en su caso, podrá quedar incorporado a la masa.
Así, se precisó, que con la adopción de la providencia precautoria y su notificación al afectado, el juzgador vincula a este último en el procedimiento cautelar como parte, por ser el sujeto contra quien se pretende, por tanto, no es extraño a juicio, sino que es parte en el específico procedimiento cautelar.
El PLENO concluyó que, si el sujeto al que fue dirigida la notificación se le consideró parte en el específico procedimiento cautelar originado en el juicio concursal, una vez notificado debe enfrentar el proceso y actuar en él, mediante los medios legales a su alcance y no promover el juicio de amparo, como persona extraña, sino que la protección constitucional debe demandarse en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 CONSTITUCIONAL, esto es, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.
Cabe puntualizar que esta colisión de criterios no abordará, porque no es su objeto, el análisis de corrección o no de la jurisprudencia sentada por el PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, pues solamente deben dirimirse los alcances que pueden atribuirse a las manifestaciones expresadas por el quejoso en una demanda de amparo, sobre el conocimiento de las medidas cautelares adoptadas en un procedimiento concursal, para efecto de establecer si debe o no cumplir con el principio de definitividad referido en dicho criterio jurisprudencial.
Pues bien, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE (ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 1a. J./54/2010; contradicción de tesis 20/2010), reconoció que la notificación judicial constituye una comunicación procesal dentro de un juicio por medio del cual se hace saber a las partes o terceros interesados, las actuaciones o resoluciones dictadas durante el procedimiento; y este acto procesal es de suma importancia para salvaguardar los derechos de quienes puedan verse afectados por la resolución adoptada, a efecto de hacer valer el medio de impugnación que corresponda.
En esa ocasión, la PRIMERA SALA también advirtió la posibilidad de que los interesados puedan hacerse conocedores de las actuaciones o resoluciones judiciales, por medios distintos a las notificaciones previstas en la ley, entre ellos, cuando se apersona ante el tribunal a darse por enterada de la resolución, o cuando a través de un escrito solicita se le tenga por notificada de la misma, con lo que se cumple la finalidad primordial de la notificación de que la parte conozca la determinación pronunciada en el procedimiento, y permite tener certeza jurídica de que ha tenido lugar la comunicación procesal.
La manifestación de hacerse sabedor de una providencia es sustancial sobre la materialización de su comunicación procesal. El artículo 320 del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, supletorio a la LEY DE CONCURSOS MERCANTILES, al tenor de lo previsto en el ordinal 8, fracción IV, dispone que si la persona mal notificada o no notificada manifiesta tener conocimiento de la determinación correspondiente, la notificación surtirá sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley.
En línea de lo expresado, el TRIBUNAL PLENO (jurisprudencia P./J. 115/2010, registro digital 163172), determinó que el conocimiento completo de una determinación en forma distinta a la establecida en la ley, es apto para vincular a la persona interesada y establecer que se encuentra en condiciones de defenderse si le afecta, como sucede para la promoción del juicio de amparo, porque ello lo vincula a la oportunidad o temporalidad originada con ese conocimiento, ya sea que ella misma lo manifieste o así se desprenda de las constancias del acto reclamado.
Además, el TRIBUNAL PLENO (jurisprudencia P./J. 27/96, registro digital 200094), reconoció que si el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento del acto reclamado, al constituir una confesión expresa del quejoso, hace prueba plena de ese extremo.
Bajo ese orden de ideas, el conocimiento completo de una providencia produce los efectos de notificación al cumplirse la finalidad de materializar la comunicación procesal a su destinatario, con lo cual se salvaguarda su derecho de inconformarse con ésta, mediante la interposición de los mecanismos legales procedentes.
Por consiguiente, para determinar si se tiene o no la calidad de persona extraña, al tenor de la jurisprudencia del PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, número PC.I.C. J/19 C (10a.) y rubro: "CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" (registro digital 2010431); debe afirmarse que, si al momento de proveer sobre la admisibilidad de una demanda de amparo, se advierte que el destinatario o sujeto pasivo de una medida precautoria dictada en un concurso mercantil, manifestó bajo protesta decir verdad haber comparecido ante el juez que la emitió para imponerse de su contenido o que se hizo sabedor de ésta ante dicho órgano jurisdiccional, al constituir una confesión expresa, hace prueba plena sobre el conocimiento completo de la providencia, que produce los efectos de notificación vinculante al proveimiento cautelar dentro del procedimiento concursal, que lo sujeta a observar el principio de definitividad.
En las narradas circunstancias, este PLENO REGIONAL determina que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en el presente fallo.
Por lo expuesto y fundado, se
Resuelve:
PRIMERO. Sí existe la contradicción de criterios.
SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO en términos de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución a los órganos contendientes y a la autoridad denunciante y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.
Así, lo resolvió el PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, por mayoría de votos del Magistrado Arturo Iturbe Rivas y de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy (Ponente), con voto en contra de la Magistrada Rosa Elena González Tirado (Presidenta).
Firman los Magistrados integrantes de este PLENO REGIONAL, con el licenciado Mauricio Omar Sanabria Contreras, quien proyectó, autoriza y da fe.
El licenciado(a) Mauricio Omar Sanabria Contreras, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.
________________
1. En cada amparo indirecto de los que derivaron los recursos de queja, el acto reclamado es el mismo.
2. Véase jurisprudencia P./J. 72/2010, PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (registro digital 164120).
3. La identidad jurídica entre los artículos 145 de la LEY DE AMPARO abrogada y el 113 de la vigente, tornan aplicables las jurisprudencias establecidas con base en la ley abrogada, en términos del artículo Sexto transitorio de la LEY DE AMPARO Vigente.
4. Parte conducente del texto: "(...) Lo anterior, de acuerdo con el principio de que la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de actos de autoridad que vulneren garantías individuales, y conforme a la postura reiterada de este ALTO TRIBUNAL, en el sentido de que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, lo cual implica que el citado artículo 145 es de aplicación estricta; esto es, cuando el motivo de improcedencia es manifiesto (que se advierta en forma patente y absolutamente clara) e indudable (que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso); o sea, cuando sea evidente, claro, fehaciente e indiscutible, lo que no ocurre en el supuesto analizado."
5. Texto: "Del artículo 145 de la LEY DE AMPARO se advierte que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. Por ello, en la hipótesis aludida no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33003-76d780a7/persona-extrana-a-juicio-no-tiene-ese-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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