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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE LA PERSONA QUEJOSA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 32/2024. · Registro digital (IUS): 32831
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1029.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 32/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 32/2024, remitido a esta sede por el extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

2. El problema jurídico a resolver, consiste en determinar, si existe el diferendo de criterios entre lo decidido por los tribunales contendientes en cuanto a la legitimación de la persona quejosa para promover el incidente de inejecución de sentencia.

I. ANTECEDENTES DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

a. Denuncia de la contradicción de criterios

3. Por oficio 4/2024-PRC-CS, del Secretario de Acuerdos del extinto Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 39/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Plenos Regionales con residencias en Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y San Andrés Cholula, Puebla, remitió a este Pleno Regional la contradicción de criterios suscitado entre el Primer Tribunal Colegido y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver los incidentes de inejecución ******* y *******, respectivamente.

b. Trámite ante el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.

4. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de criterios 32/2024, lo admitió a trámite y solicitó a los tribunales aludidos poner a disposición los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento involucrados en la contradicción, así como aquél del que derivaron, y ordenó turnarlo de forma electrónica a la ponencia correspondiente.

5. Mediante oficio 169 de veintiséis de enero del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, hizo saber que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al dictar el incidente de inejecución de sentencia ******* y que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

6. A través del oficio sin número, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, informó el acuerdo de veintidós de abril del año en curso, en el que indicó que está vigente el criterio que sostuvo al resolver el incidente de inejecución de sentencia *******, así como que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

7. Por oficio DGCCST/X/160/02/2024, de doce de febrero de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

8. El veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, con fundamento en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se confirmó el turno electrónico del presente asunto al Magistrado Arturo Iturbe Rivas, para su estudio y formulación del proyecto de resolución correspondiente.

9. El expediente fue listado para verse en sesión de quince de mayo de dos mil veinticuatro, fecha en que quedó aplazado a petición del magistrado ponente, con el objeto de analizar los planteamientos de las magistradas integrantes del Pleno.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, que se encuentran dentro de la región Centro-Sur.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

13. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito conoció y resolvió el incidente de inejecución de sentencia *******, derivado del juicio de amparo indirecto ********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

14. El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el aludido órgano jurisdiccional resolvió que la persona quejosa, se encontraba legitimada para solicitar el trámite del incidente de inejecución, en los siguientes términos generales:

• Considerando segundo. El juicio de amparo es una acción constitucional, que solo puede ser instada por la persona que haya sido perjudicada por el acto de autoridad; se trata del principio de instancia de parte agraviada, que se extiende, incluso, al sistema de medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo.

• En cuanto al tema de ejecución de sentencias, puntualizó que una sentencia ejecutoria pierde su objetivo cuando no es cumplida o no es observada por las autoridades a las que va dirigida, por lo que las sanciones que les deben ser impuestas tiene por objeto la eficacia de las sentencias de amparo.

• El artículo 196 de la Ley de Amparo, dispone que la persona juzgadora debe realizar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia y su incumplimiento puede llevar a la separación del cargo y la consignación ante el Juez de Distrito, de la autoridad responsable y, su caso, de las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

• Por lo anterior, si la parte quejosa se encuentra legitimada para interponer los recursos previstos en la Ley de Amparo para dar seguimiento a sus intereses, entonces también puede incoar el incidente de inejecución de sentencia, con el propósito de que las autoridades acaten la ejecutoria en aras de lograr el pleno acceso al derecho de justicia completa.

• Al caso, citó la tesis XXIV.1o.18 K (11a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, >

• Precisó el órgano jurisdiccional contendiente, que las consideraciones que informan a la ejecutoria dictada en la contradicción de criterios 180/2017, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben entenderse en el sentido de que el incidente de inejecución de sentencia, por regla general, debe abrirse de manera oficiosa, pero tal característica no es obstáculo para que la parte quejosa pueda solicitar su apertura.

• Lo anterior, en virtud de que la Ley de Amparo prevé múltiples figuras jurídicas en las que la persona juzgadora debe actuar de manera oficiosa, como en el caso de la suspensión de plano, caso en que el numeral 97, fracción I, inciso b), de la indicada ley, prevé un medio de impugnación en contra de la negativa de la aludida medida cautelar.

• Además, estimó que la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando la ejecutoria de amparo no quedara cumplida, el juez abriría el incidente de inejecución de sentencia ya sea de oficio o a instancia de parte; por lo que si la ley vigente no prevé disposición en contrario, es incuestionable que no hay impedimento para que la apertura del incidente pueda solicitarlo la persona quejosa, pues interpretar lo contrario, iría en contra del principio de progresividad y el acceso a la justicia, previstos, respectivamente, en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En apoyo a su decisión, citó la jurisprudencia 2a./J. 20/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es >

• Considerando sexto. Estimó procedente la devolución del expediente al juzgado de origen, toda vez que para que el tribunal colegiado estuviese en aptitud legal de analizar si existía incumplimiento a la ejecutoria protectora, la persona juzgadora debía pronunciarse al respecto.

• Precisó, que el incidente de inejecución de sentencia tiene por objeto, verificar el procedimiento de cumplimiento, para determinar si ha sido acatada o no le ejecutoria de amparo.

• El trámite de ejecución inicia cuando causa ejecutoria la sentencia protectora, por lo que corresponde al órgano jurisdiccional del conocimiento notificar y requerir a la autoridad responsable para que acredite el cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá la multa conducente con la consecuente remisión del expediente al tribunal colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para dar trámite al incidente de inejecución de sentencia, que puede concluir con la separación del cargo de la responsable y/o vinculada, así como su consignación al juzgado de distrito correspondiente.

• Además, la persona titular del juzgado del conocimiento, debe requerir a la persona superior jerárquica de la autoridad responsable y/o vinculada, bajo el apercibimiento que de no demostrar el cumplimiento, se impondrá la multa conducente y se considerará que incurrió en la misma responsabilidad que la responsable y/o vinculada.

• Con el informe de cumplimiento, se da vista a la persona quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga y, desahogada o no dicha vista, la persona titular del juzgado del conocimiento, debe declarar si la sentencia está o no cumplida o, en su caso, si hubo exceso o defecto en su cumplimiento.

• Si se llega a la conclusión de que está cumplida la sentencia de amparo, la persona juzgadora deberá ordenar el archivo del expediente; pero en caso de que llegue a la conclusión de que no se ha cumplido total y correctamente, hará efectivo el apercibimiento de multa y, además, debe remitir los autos al tribunal colegiado de circuito.

• El tribunal colegiado de circuito, debe notificar a las partes la radicación del expediente y revisar el trámite de cumplimiento desarrollado en el juzgado del conocimiento; para el caso de que advierta que se llevó a cabo de manera incorrecta, devolverá los autos al juzgado de origen para que reponga el procedimiento de ejecución; pero si se llevó de manera correcta y reitera el incumplimiento, debe remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Bajo ese contexto, la apertura de incidente de inejecución de sentencia, depende de a) la existencia de una sentencia protectora, b) que la persona juzgadora haya agotado el trámite dispuesto en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, y c) que existe desobediencia de las autoridades, para acatar el fallo protector o que los actos realizados resulten intrascendentes.

• El incidente de inejecución de sentencia, requiere como presupuesto, que la personas juzgadora o, en su caso, el tribunal colegiado de circuito, después de agotar todos los medios legales que la ley concede para hacer cumplir sus determinaciones, lleguen a la conclusión de que la autoridad responsable incurrió en una actitud contumaz, de abstención como lo establece el artículo 193 de Ley de Amparo, para que se solicite la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, proceda a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Así, la intervención del tribunal colegiado de circuito solo tendrá lugar una vez que se haya determinado que la autoridad responsable soslayó su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

• Por lo que para que el tribunal colegiado de circuito esté en aptitud legal de pronunciarse en relación con el cumplimiento de sentencia, es condición necesaria que el juzgado de distrito haya agotado todos los medios legales que la ley le concede para hacer cumplir sus determinaciones y hecho lo anterior, de oficio o a petición de parte, emita un pronunciamiento en el que concluya que la autoridad responsable ha incurrido en una actitud contumaz de abstención en dar cumplimiento a la sentencia de amparo; al respecto, citó la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es >

• De los antecedentes del juicio de origen (********), el tribunal colegiado de circuito, consideró que fue concedido el amparo y protección de la justicia de la unión, para efecto de que se pusiera a la parte quejosa, en posesión del inmueble materia del juicio de amparo.

• Dicha decisión causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil veintitrés, por lo que dio inicio al procedimiento de cumplimiento y requirió en esos términos a la autoridad responsable.

• El veintiocho de marzo de dicho año, la persona juzgadora consideró insuficientes las constancias remitidas por la responsable para tener por cumplida la ejecutoria protectora, por lo que le requirió de nueva cuenta.

• El treinta siguiente, la persona quejosa planteó el inicio del incidente de inejecución de sentencia, petición que fue reservada hasta en tanto la responsable diera respuesta al requerimiento de cumplimiento.

• El cuatro de abril del mismo año, el presidente de la junta responsable ordenó al actuario de su adscripción que notificara al poseedor del predio correspondiente y lo entregara de manera pacífica a la parte quejosa.

• Mediante escrito de veinte siguiente, un tercero promovió tercería excluyente de dominio ante la junta responsable, por lo que ésta señaló fecha y hora para la audiencia incidental correspondiente y ordenó la suspensión del procedimiento en el juicio laboral.

• Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la jueza del conocimiento tuvo noticia de la suspensión del procedimiento decretada por la responsable, requirió el cumplimiento de la ejecutoria protectora y dio trámite al incidente de inejecución planteado por la parte quejosa, por lo que ordenó remitir los autos al tribunal colegiado de circuito.

• El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia relativa a la tercería excluyente de dominio antes precisada, por lo que la junta responsable determinó que una vez que se recibiera el informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún, Quintana Roo, se resolvería la indicada tercería.

• Con base en lo anterior, el tribunal colegiado de circuito contendiente, concluyó que en el juicio de amparo de origen, la jueza de amparo tomó conocimiento de la suspensión del procedimiento dictada por la junta responsable, pero no impuso la multa prevista en el artículo 192 de la Ley de Amparo, ni cumplió con el requisito previsto en el numeral 193 de la propia ley, esto es, que la juzgadora hubiera concluido que la autoridad responsable incurrió en una actitud contumaz de abstención de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y, en consecuencia, ordenar la remisión de los autos para iniciar el incidente de inejecución de sentencia.

• Dicha omisión, imposibilita al tribunal colegiado de circuito para analizar y, en su caso, reiterar que hay incumplimiento.

• Con base en lo anterior, ordenó devolver los autos del juicio de amparo al juzgado de origen, para efecto de que analizara si la autoridad responsable incurrió en una actitud contumaz, y en caso de ser así, lo remitiera al Tribunal Colegiado para los efectos previstos en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

15. Segundo criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito conoció del incidente de inejecución de sentencia *******, relativo al juicio de amparo ************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal.

16. En sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, el aludido tribunal colegiado de circuito, resolvió desechar la incidencia con base en las siguientes consideraciones esenciales:

• Por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para efectos de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión respecto del cual, la parte quejosa resultó tercera extraña y, hecho lo anterior, se le emplazara formalmente.

• Por auto de doce de abril de dicho año, la persona titular del juzgado de origen declaró que la sentencia causó ejecutoria y requirió a las autoridades responsables el cumplimiento correspondiente.

• El diecinueve siguiente, la jueza civil responsable informó que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de usucapión, ordenó el emplazamiento de la parte quejosa y requirió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que cancelara la inscripción de la sentencia definitiva dictada en el juicio civil.

• Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

• Por oficio presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable rindió informe de cumplimiento, en el sentido de que la delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, le informó que no resultaba material ni jurídicamente posible realizar la cancelación de la inscripción requerida, en virtud de haberse transmitido el inmueble a que dicho registro se refería.

• Por auto de veintiocho siguiente, la persona titular del juzgado de distrito del conocimiento, dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. • Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, al desahogar la vista correspondiente, la parte quejosa planteó un incidente de inejecución de sentencia, por lo que en auto de once siguiente, el juez de distrito ordenó remitir los autos al tribunal colegiado de circuito para la tramitación del indicado incidente.

• El cinco de junio de dos mil veintitrés, el juez de distrito declaró que el falló protector no fue cabalmente cumplido por la responsable, por lo que le requirió de nueva cuenta para que acreditara el cumplimiento correspondiente, bajo el apercibimiento de imposición de una multa y la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente y, además, requirió a la persona titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para que coadyuvara en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

• En el mismo auto, advirtió que en once de mayo se tuvo por planteado el incidente de inejecución de sentencia por la parte quejosa, por lo que ordenó la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito en turno, para tal efecto.

• Con base en todo lo anterior, el tribunal colegiado contendiente tomó en cuenta las consideraciones de le ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 180/2017, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, las siguientes:

Además, no debe perderse de vista que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 211(10) y 214(11) de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo se traduce en un tema de orden público y seguimiento oficioso; razón por la cual el Juez de Distrito, en su carácter de rector de tal medio de control constitucional, debe dictar las órdenes y medidas de apremio necesarias para lograr aquél; como en su caso es tramitar el incidente de inejecución de sentencia ante la contumacia de las autoridades responsables, sin la necesidad de que la parte quejosa solicite la instrucción de tal etapa procesal.

Por tal motivo, la negativa a tramitar el incidente de inejecución de sentencia no reporta a la parte quejosa un perjuicio que, por su naturaleza transcendental y grave sea irreparable por el Tribunal Colegiado de Circuito o por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que subsistiendo la contumacia de la autoridad responsable, el Juez de Distrito ordene la apertura de la referida incidencia y se analice la regularidad del procedimiento de cumplimiento, si existe el incumplimiento planteado y, en su caso, las sanciones a imponer a la autoridad por su actitud negligente.>>

• Precisó que las consideraciones analizadas, dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 151/2017 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo rubro es >

• Así, consideró que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y seguimiento oficioso, por lo que es la persona juzgadora la que tiene el carácter de rectora del trámite correspondiente y tiene la obligación de dictar órdenes y medidas de apremio necesarias para lograrlo y, en su caso, tramitar el incidente de inejecución de sentencia ante la contumacia de las autoridades responsables, sin necesidad de que la parte quejosa lo solicite.

• Indicó que un incidente de inejecución de sentencia, se instaura como una medida necesaria para que la persona juzgadora logre el cumplimiento del fallo protector, que se materializa ante la contumacia de las autoridades responsables, sin que sea necesario que lo pida la quejosa, porque de lo contrario será improcedente la incidencia.

• En el caso concreto, el incidente de inejecución de sentencia se siguió a petición de la parte quejosa, por lo que no cumple con el requisito de procedencia relativo a que es la persona titular del juzgado quien debe abrir dicho incidente.

• En adición, consideró que tampoco se cumple con el requisito de procedencia relativo a que exista contumacia en el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, ya que fue hasta el cinco de junio de dos ml veintitrés, cuando el juez del conocimiento declaró que la sentencia no fue cabalmente cumplida y requirió al juez responsable para que acreditara el cumplimiento correspondiente, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, le sería impuesta una multa y se abriría el incidente de inejecución de sentencia correspondiente.

• Además, destacó que el juez de distrito requirió el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, para que coadyuvara en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, procediendo a la cancelación del folio electrónico relativo, bajo el apercibimiento que de ser omiso, se le impondría la multa correspondiente.

• Con base en lo anterior, el tribunal colegiado de circuito contendiente llegó a la conclusión de que el juez del conocimiento, no había determinado que las autoridades responsables habían sido contumaces en el cumplimiento de la sentencia protectora, porque en el trámite correspondiente apenas se había realizado el requerimiento del cumplimiento de la sentencia protectora, bajo los apercibimientos de multa y de iniciar el incidente de inejecución de sentencia.

• Precisó que resolver que el incidente es improcedente, no era contrario al derecho de acceso al recurso judicial efectivo, porque la persona quejosa dispone del recurso de inconformidad ante una eventual declaratoria de cumplimiento y en caso de contumacia de las autoridades, el juzgador estaba obligado a dar trámite de oficio al incidente de inejecución de sentencia.

V. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

17. El objeto de resolución de una contradicción consiste en unificar los criterios contendientes a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica; de ahí que sea imperativo establecer si ésta se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.

18. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

19. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:

>

20. Por ende, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

21. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, página 122, que a continuación se transcribe:

>

22. A partir de los lineamientos expuestos para determinar cuándo existe una contradicción entre criterios, enseguida se emprende el análisis relativo, en torno al caso que nos ocupa.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

23. Atendiendo la reseña contenida en el apartado IV de esta resolución, en el que se relatan las posturas que contienden en el presente asunto, es factible afirmar que entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en el incidente de inejecución de sentencia ******* y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en el incidente de inejecución de sentencia ******* (ambos del Vigésimo Séptimo Circuito), existe una contradicción.

24. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

25. En efecto, en ambos casos los Tribunales Colegiados contendientes, analizaron la procedencia de sendos incidentes de inejecución de sentencia que fueron planteados por las respectivas partes quejosas en los expedientes de origen, por lo que analizaron la legitimación para plantear dicha incidencia por parte de la promovente.

26. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Requisito respecto del que, este Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales colegiados, existe un punto de toque en relación con la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

27. Efectivamente, en las ejecutorias existe pronunciamiento en relación con la legitimación de la parte quejosa para instar el incidente de inejecución de sentencia, tema respecto del que los Tribunales Colegiados contendientes llegaron a postura en encontradas, a saber:

a) Por una parte el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, resolvió desechar el incidente de inejecución de sentencia *******, por no haberse cumplido los requisitos de procedencia correspondientes, en específico, que la persona juzgadora del conocimiento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32831-130da0c5/incidente-de-inejecucion-de-sentencias-de-amparo-excepcionalmente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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