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Modo: Corpus Pro

EXPEDIENTES FÍSICO Y ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO. DEBEN COINCIDIR ÍNTEGRAMENTE (ARTÍCULO 3o., PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 5/2024. · Registro digital (IUS): 33045
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-03-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.333.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 5/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de once de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 5/2024, entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito.

2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en «Determinar si conforme al artículo 3, de la Ley de Amparo y demás disposiciones contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, que prevén la modalidad del expediente electrónico, para no obstaculizar el acceso a la justicia debe formarse de manera simultánea el expediente físico, para consulta de las partes que así lo requieran, o bien, solamente imprimir e integrar materialmente al expediente físico, las constancias que así presenten las partes o las que resulten indispensables para el impulso del asunto».

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Mediante oficio 132/2023 de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, informó al extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, que el autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ********, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja *********** y del Primer Tribunal Colegiado (ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo), al resolver el recurso de queja **********.

4. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, el extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, admitió a trámite la contradicción de criterios y la registró con el número 93/2023 de su estadística.

5. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, informó que el criterio sustentado se encontraba vigente y adjuntó la resolución materia de la presente contradicción de criterios.

6. Mediante oficio ******** signado por el secretario de acuerdos del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, remitió a este Pleno Regional, la contradicción de criterios 93/2023 de su estadística.

7. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó su registro con el consecutivo 5/2024; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquéllos de los que éstos hayan derivado.

8. Mediante oficio 170 de veintiséis de enero del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, hizo saber que se encuentra vigente el criterio que sostuvo al dictar el recurso de queja *********** y que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

9. A través de la comunicación oficial 23/2024 de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, informó que es vigente el criterio que sostuvo al resolver el recurso de queja **********, así como que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

10. Por auto de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, se precisó que el tema esencial del presente expediente es «Determinar si conforme al artículo 3, de la Ley de Amparo y demás disposiciones contenidas en los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, que prevén la modalidad del expediente electrónico, para no obstaculizar el acceso a la justicia debe formarse de manera simultánea el expediente físico, para consulta de las partes que así lo requieran, o bien, solamente imprimir e integrar materialmente al expediente físico, las que así presenten las partes o las que resulten indispensables para el impulso del asunto»; en consecuencia, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara la existencia de alguna contradicción radicada en el Alto Tribunal, sobre dicho tema.

11. Por oficio DGCCST/X/430/05/2024, de seis de mayo de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

12. Mediante auto de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

13. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro, fueron formuladas manifestaciones bajo la figura de amicus curiae, que se agregó para que constara en el expediente.

14. En sesión de cinco de junio de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional, resolvió, por unanimidad de votos de la Magistrada Rosa Elena González Tirado (Presidenta), quien anunció voto concurrente, del Magistrado Arturo Iturbe Rivas (Ponente) y de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercer su facultad de atracción para resolver la presente contradicción.

15. En acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta, admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, la que registró con el número de expediente1443/2024.

16. A través del oficio BT-1635/2024, de siete de noviembre del año en curso, la Subsecretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió a este órgano jurisdiccional, un legajo de copias simples sin folio, correspondiente a la resolución emitida en sesión de dos de octubre de dos mil veinticuatro en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 1443/2024, en la que se resolvió no ejercer la facultad de atracción para conocer de la contradicción de criterios 5/2024 del índice de este Pleno Regional.

II. COMPETENCIA

17. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado y por el Primer Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito, que se encuentran dentro de la región y materia de este Pleno Regional.

18. No se omite destacar, que en las ejecutorias que contienen los criterios contendientes, ambos tribunales colegiados precisaron como administrativa la materia de los casos sujetos a su jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

19. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por parte legitimada, esto es, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto **********, expediente en el que se interpuso el recurso de queja **********, en cuya sentencia se emitió uno de los criterios contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

20. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

21. A) Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Antecedentes relativos al recurso de queja **********.

22. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad siguientes:

«III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

Congreso del Estado de Quintana Roo.

Gobernador del Estado de Quintana Roo.

Director del instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en Cancún, Benito Juárez.

Director (a) de Trámites Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Director (a) de supervisión y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.”

IV. ACTOS RECLAMADOS:

Del Congreso del Estado de Quintana Roo se reclama la expedición de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en específico el artículo 122 último párrafo de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Del C. Gobernador del Estado de Quintana Roo se reclama la orden de publicación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en específico el artículo 122 último párrafo de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Del Director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la resolución contenida en el oficio ********** de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del procedimiento administrativo de revocación de concesión número ***********, resolución que implica el primer acto de aplicación de la norma combativa. Razón por la cual debe considerarse que el amparo se promueve contra una norma heteroaplicativa.

Del Delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en Cancún, Benito Juárez, del Director (a) de Trámites Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y del Director (a) de supervisión y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, los efectos y consecuencias de los actos precisados en los párrafos que anteceden, particularmente el considerando séptimo de la resolución combatida.

...»

23. De dicha demanda de amparo, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en el expediente ********, cuya persona titular, mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; asimismo, respecto a la utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo, proveyó que las actuaciones judiciales que debieran constar por escrito, quedarían plasmadas en documentos generados y firmados electrónicamente; así como que sólo serían digitalizados los documentos remitidos físicamente por las partes, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación, por lo que, con excepción de las constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones, la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente, solo constaría en el expediente electrónico por lo que no se ordenaría su impresión e integración en el expediente impreso.

24. En contra de esa determinación, la persona autorizada por la parte quejosa interpuso recurso de queja, que por turno correspondió conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el expediente ********** y en sesión de diez de noviembre de dos veintitrés, resolvió fundado dicho medio de defensa.

25. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el Tribunal Colegiado para dictar la sentencia antes descrita, fueron las siguientes:

• El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

• En adición, el numeral 6, tercer párrafo y apartado b, fracción I, de la Constitución Federal, reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías a la información y comunicación.

• Precisó, que del análisis del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como de la exposición de motivos de dicha norma, se colige que las personas pueden realizar promociones vía electrónica, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, regulada en el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistema electrónicos mediante el uso de la aludida firma, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa.

• Puntualizó, que la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico, mediante el uso de la firma electrónica, implica que no pierdan su valor probatorio, bajo la condición de que sean presentado bajo protesta de decir verdad, en el sentido que el documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso, por lo que el expediente electrónico puede formarse con los documentos ingresados por las partes en el sistema electrónico.

• Señaló, que el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone la obligación de los órganos jurisdiccionales de integrar un expediente físico y de manera paralela un expediente electrónico, los que debe coincidir íntegramente, pues de lo contrario se genera una violación a las normas del procedimiento.

• Razonó, que los titulares de los órganos jurisdiccionales son los responsables de la digitalización de las promociones y documentos que presente las partes, correspondiendo a los secretarios de acuerdos dar fe de la coincidencia entre el expediente electrónico y el físico, mediante la incorporación de cada promoción, documento, auto y resolución.

• Tomó en consideración, que el aludido artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone la facultad del Consejo de la Judicatura Federal de emitir reglas y acuerdos generales con el único fin de determinar la forma en que se debe integrar, en su caso, el expediente impreso.

• La parte recurrente, enderezó su agravio en contra de la determinación de la persona juzgadora, en el sentido de que «... todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; exceptuando la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente. De modo que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso...»

• Precisó el órgano jurisdiccional, que no inadvertía el texto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, específicamente los artículos 251 a 260, de cuyo análisis se obtiene que en caso de que un expediente se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deben digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico mediante la firma electrónica, generando actuaciones en versión electrónica e imprimiendo solo lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como el caso de las constancias de notificación; lo que no obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones impresas.

• Además, estimó el Tribunal Colegiado, que la aludida norma administrativa dispone, que con el objeto de dar cumplimiento al artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, las partes puede consultar el expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para ese efecto.

• Así, consideró que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, ya sea que las partes hayan promovido en forma impresa o electrónica, los titulares de los órganos jurisdiccionales, están obligados a que el expediente electrónico y el físico coincidan íntegramente para la consulta de las partes.

• Precisó que si bien, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la facultad prevista en los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3 de la Ley de Amparo, para emitir acuerdos generales; esa facultad no puede rebasar la intención del legislador de otorgar a los justiciables la posibilidad de presentar la demandada en medios impresos, electrónicos o, incluso, mediante comparecencia en los casos previstos en la ley; así como la obligatoriedad impuesta a los titulares de los órganos jurisdiccionales de integrar los expedientes físicos y electrónicos.

• Considerar lo contrario, aseveró, implica obstaculizar el acceso a la justicia, porque la implementación de medios tecnológicos y soluciones digitales, como la colocación de equipos de cómputo para uso de las personas justiciables, no garantiza que sean accesibles para toda persona, como en el caso sujeto a su jurisdicción, en el que la parte promovente manifestó desconocer el sistema operativo mediante el que se revisa el expediente electrónico.

• Agregó, que si bien al artículo 52 Quater del acuerdo general antes precisado, establece que deben privilegiarse el uso de medios electrónicos y de soluciones digitales, no señala que sea la única forma de acceso a la justicia, esto es, no prohíbe ni limita la consulta de expedientes físicos.

26. En los términos relatados, el Tribunal Colegiado declaró fundado el medio de defensa.

27. B) Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Antecedentes del recurso de queja *********.

28. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del siguiente acto y autoridad responsable: «AUTORIDADES RESPONSABLES.

Congreso del Estado de Quintana Roo.

Gobernador del Estado de Quintana Roo.

Director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en Cancún, Benito Juárez.

Director (a) de Trámites Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Director (a) de supervisión y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

ACTOS RECLAMADOS.-

Del Congreso del Estado de Quintana Roo se reclama la expedición de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en específico el artículo 122 último párrafo de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Del C. Gobernador del Estado de Quintana Roo se reclama la orden de publicación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en específico el artículo 122 último párrafo de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

Del Director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la resolución contenida en el oficio **********, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del procedimiento administrativo de revocación de concesión número **********, resolución que implica el primer acto de aplicación de la norma combatida. Razón por la cual debe considerarse que el amparo se promueve contra una norma heteroaplicativa.

Del Delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en Cancún, Benito Juárez, del Director (a) de Trámites Servicios, Mejora Regulatoria y Archivo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y del Director (a) de supervisión y Vigilancia del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, los efectos y consecuencias de los actos precisados en los párrafos que anteceden, particularmente el considerando séptimo de la resolución combatida.

...»

29. Del juicio de amparo, correspondió resolver al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien en auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda con el número de expediente ***********, entre otras, en el mismo acuerdo señaló, que respecto a la integración del expediente, se instruía a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Judiciales respectivos, que permanentemente verificaran la debida integración del expediente electrónico y, que el expediente físico que se formara, únicamente se integraría con aquellas constancias que resultaran indispensables para el impulso del asunto.

30. Inconforme con esa determinación, la parte interesada interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el expediente ********* y en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en el juicio de amparo indirecto *********, bajo las consideraciones medulares que enseguida se precisan:

• El artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dispone de manera expresa que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deben digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensables para el impulso del asunto.

• En adición, en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se dispone que las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal y no deberán agregarse al expediente físico, además, las constancias y documentos electrónicos no se incorporan al expediente físico.

• Así, estimó el Tribunal Colegiado, que la falta de coincidencia entre el expediente electrónico y el físico, se fundó en la normatividad expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, en la que se expresaron las consideraciones a través de las que justificó que, en la actualidad, la falta de coincidencia entre el expediente físico y el electrónico, cumple con el mandato establecido en el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo.

• Además, precisó que la persona juzgadora de origen se limitó a aplicar la normatividad expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, que no podía inobservar ni tampoco el propio Tribunal; estimó aplicable la jurisprudencia P./J. 52/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintitrés de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, Décima Época, materia común, de rubro «CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN».

• Agregó, que del décimo considerando del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, relativo al «Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo», se advierte que es factible interpretar el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, bajo la evolución de los medios electrónicos y soluciones digitales, ha permitido que las personas que acudan a las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, pueda consultar el expediente en el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin que sea necesaria la consulta del expediente físico.

• Puntualizó el Tribunal Colegiado, que el Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la facultad establecida en el artículo 86, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para emitir normatividad y criterios para modernizar sus estructuras, sistemas y procedimientos administrativos, tanto internos como de servicio al público.

• Añadió que, en virtud de la creciente demanda del uso de medios electrónicos, el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que las partes puede presentar promociones a través de medios electrónicos, mediante el uso de firma electrónica, la cual, en términos del artículo 12, inciso f), del Acuerdo General 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; asimismo, los documentos presentados en esa forma no pierden valor, siempre que se declare bajo protesta de decir versa, que es copia íntegra e inalterable del documento impreso.

• Estimó, que el artículo 263 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, establece que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes, los órganos jurisdiccionales deben adoptar como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y la fracción V de dicho numeral, establece que las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico, como lo dispone el artículo 3 de la Ley de Amparo.

31. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal Colegiado resolvió como infundado el recurso de queja.

V. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

32. El objeto de resolución de una contradicción consiste en unificar los criterios contendientes a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica; de ahí que sea imperativo establecer si ésta se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.

33. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

34. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:

«CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33045-f99ebacf/expedientes-fisico-y-electronico-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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