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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. LA PARTE QUEJOSA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 128/2024. · Registro digital (IUS): 33047
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-03-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.390.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 128/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JUAN DANIEL TORRES ARREOLA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al dieciséis de enero de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 128/2024 entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 2/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el incidente de inejecución laboral 5/2024.

2. El problema materia de la presente resolución consiste en establecer si existe contradicción de criterios, si es procedente la misma y de ser el caso determinar si la parte quejosa cuenta con legitimación para plantear el incidente de inejecución de sentencia de amparo.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio remitido vía interconexión a este Pleno Regional el doce de agosto de dos mil veinticuatro, el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, remitió a este Pleno la denuncia de contradicción planteada por el citado Tribunal en el incidente de inejecución de sentencia 5/2024 de su índice; entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 2/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el incidente de inejecución 5/2024.

4. El trece de agosto de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por lo que admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, instruyó crear el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el registro 128/2024; requirió a los contendientes para que informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o, en su caso, las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados y la fecha en que aconteció; asimismo, les solicitó habilitaran la consulta del expediente electrónico de su índice para vincularlo con el que se creó en este Pleno y, adjuntaran copia digital certificada de las sentencias en las que se sustentaron los criterios denunciados, en ese mismo auto, la presente contradicción se turnó a la ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López.

5. También, giró oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que informara si existía alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia del presente asunto y turnó electrónicamente el expediente a la ponencia correspondiente.

6. El Magistrado Presidente de este Pleno Regional fijó como posible tema de contradicción el siguiente: “Incidente de inejecución de sentencia. Determinar si la parte quejosa cuenta con legitimación para plantearlo”.

7. Por diversos oficios los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes atendieron lo solicitado por el Pleno Regional e informaron que los criterios sustentados en los recursos de su índice continúan vigentes.

8. Mediante oficio DGCCST/X/734/08/2024, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios con el tema a dilucidar en el presente asunto; sin embargo, este Pleno Regional advirtió la existencia de la contradicción de criterios 230/2024, del índice de la Segunda Sala, la cual se precisará más adelante en el estudio -párrafos 139 a 141 de la presente ejecutoria-.

9. En proveído de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, se turnó definitivamente el asunto a la ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López para su resolución. Cabe precisar que por oficio SEADS/4139/2024, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno del propio Consejo en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, aprobó la comisión temporal de la Magistrada Olga Estrever Escamilla a este Pleno Regional, en sustitución de la Magistrada Emma Meza Fonseca, con efectos a partir del uno de diciembre de dos mil veinticuatro, y hasta en tanto así lo determine el mismo Pleno.

II. AMICUS CURIAE

10. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

11. Antes de la fecha en que fue listado este asunto para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 38/2023 del propio Consejo por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre dos tribunales colegiados de los circuitos judiciales Vigésimo Cuarto y Trigésimo, ambos pertenecientes a la Región Centro-Norte.

IV. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, órgano implicado en los criterios en contienda, por lo que se actualiza el supuesto de los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 2/2021.

14. Juicio de amparo indirecto. Una persona física presentó demanda de amparo indirecto, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit; por turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

15. Seguida la secuela procesal respectiva, el juez de distrito dictó sentencia en la que concedió el amparo; inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual fue desechado por extemporáneo, por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.

16. Una vez que causó ejecutoria la sentencia de amparo, el juez de Distrito declaró que no se encontraba cumplida y, a través de diversos requerimientos, solicitó de nueva cuenta el cumplimiento del fallo protector constitucional.

17. Incidente de inejecución de sentencia. La parte quejosa lo planteó, pues a su juicio, se encontraba pendiente de cumplimiento la sentencia de amparo, ya que la responsable no atendió diversos requerimientos que le fueron formulados.

18. Ante la contumacia de la autoridad vinculada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se ordenó dar trámite al incidente planteado por la parte quejosa, remitiéndose los autos a la Oficina de Correspondencia Común respectiva; por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que lo registró bajo el número 2/2021 y resolvió que la parte quejosa tiene legitimación para plantear el incidente de inejecución de sentencia, posteriormente, determinó declararlo fundado debido a la actitud renuente mostrada por la responsable para atender los efectos establecidos en la sentencia de amparo.

Consideraciones que sustentan el criterio.

19. En principio, el Tribunal Colegiado destacó que el procedimiento de ejecución se llevará a cabo de la forma siguiente:

a) Requiriendo a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia en la misma notificación de la ejecutoria de amparo;

b) Apercibiéndole de que, si no lo hace, sin causa justificada, se le impondría una multa y también a su titular y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito para continuar con el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación del puesto y su consignación.

c) Que recibido el informe de la autoridad responsable de que ya cumplió con la ejecutoria de amparo, se dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, por el término de tres días.

d) Que la finalidad de la vista, es que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo alegar exceso o defecto en el cumplimiento.

20. El órgano colegiado señaló que no sólo las partes pueden inconformarse con el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues en el mismo plazo de tres días, incluso podrá comparecer la persona extraña a juicio a defender su interés.

21. Refirió que una vez transcurrido el plazo de la vista, con o sin desahogo, el tribunal de amparo dictará resolución fundada de si está cumplida o no la sentencia de amparo o si hay imposibilidad de acatarla; entendiéndose cumplida cuando sea en su totalidad sin excesos ni defectos y, una vez declarada cumplida la sentencia, se ordenará el archivo del expediente.

22. En cambio, si se declara no cumplida, que no lo está correctamente o de imposible cumplimiento, el Tribunal Colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación -tratándose de amparo directo- o el juez de Distrito los remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito (si se trata de amparo indirecto).

23. Bajo este panorama, el Tribunal Colegiado puntualizó que la inejecución de sentencia surge cuando la ejecutoria de amparo no queda cumplida en el plazo fijado; considerándose falta de cumplimiento el retraso por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo a la ejecución.

24. La resolución de inejecución será notificada a la autoridad responsable y, en su caso, al superior jerárquico, incumplimiento que ameritará las providencias ya especificadas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, la imposición de multas y la remisión de los autos a la superioridad, formando un expedientillo para seguir procurando el cumplimiento.

25. Una vez radicados los autos, el Tribunal Colegiado revisará el trámite efectuado por el órgano de origen y dictará la resolución que corresponda; de ser el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del titular de la autoridad responsable y de su superior jerárquico, notificándoles dicha decisión.

26. Puntualizado lo anterior, precisó que en el caso particular existía una actitud contumaz por parte de la autoridad responsable, pues en diversos autos el juez de amparo, al acordar diversas constancias que remitió la autoridad declaró que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, conducta renuente que ameritó la apertura del incidente de inejecución de sentencia.

27. Así, el órgano colegiado puntualizó que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de “instancia de parte agraviada”, cuya concepción radica en que el mismo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pues es el que resiente el daño causado.

28. Citó el artículo 5°, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos previstos en el artículo 1° de la legislación citada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

29. Destacó que este principio rector se extiende no sólo a la materia de acción constitucional de amparo, sino también a todo el sistema procesal “recursal”, que comprende el cúmulo de medios de impugnación establecidos para combatir los autos y las resoluciones dictadas por los jueces constitucionales.

30. Señaló que en materia de ejecución de sentencias, el constituyente –en el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece– destacó tres puntos esenciales, mediante los cuales explicó:

(i) Que la ejecución de sentencias es un tema complejo e importante del juicio de amparo, su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida hace que el juicio de amparo no tenga sentido, aunado a la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia que ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad.

(ii) Que se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por las tesis jurisprudenciales.

(iii) Que la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple por los servidores públicos encargados de su acatamiento; por ello, sancionarlos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde; así, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización.

31. Agregó, que atendiendo a este contexto, el legislador expuso la importante funcionalidad del proceso de ejecución de las sentencias de amparo, con esa intención es precisamente que en la Ley de Amparo se instituyera una base de impugnación con el propósito de que existiera plena efectividad en el alcance del fin mediato, es decir, el cumplimiento de la ejecutoria que otorga la protección constitucional a la parte quejosa.

32. En ese sentido, los medios de impugnación a que tiene alcance el justiciable en esta etapa del juicio constitucional de amparo son: la denuncia de repetición del acto reclamado, la inconformidad y el incidente de cumplimiento sustituto, los cuales –de acuerdo a las porciones normativas de la ley de la materia que los rigen– pueden denunciarse, interponerse, o hacerse valer por los justiciables, es decir, transmuta a su ejercicio el principio de instancia de parte agraviada.

33. No obstante, señaló que en lo concerniente al trámite de la ejecución de sentencias, el artículo 193 de la Ley de Amparo prevé que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

34. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del juez de Distrito y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

35. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

36. Dicha premisa legal es el eje rector de la vigilancia que, a través de sus facultades, hacen los órganos de control constitucional de amparo para verificar que las autoridades responsables no incurran en actitud contumaz, con mayor razón cuando existe un procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado incidente de inejecución de sentencia en el derecho jurisprudencial, el cual encuentra su génesis precisamente en el artículo 193 de la Ley de Amparo.

37. Así, estableció que de dicho precepto legal no se advierte explícitamente que el incidente pueda ser planteado por la parte quejosa; sin embargo, de una interpretación conforme a ese dispositivo legal, debe atenderse al sistema “recursal” en materia de cumplimiento de sentencias de amparo que establece los medios de impugnación que pueden hacerse valer por las partes que resienten el perjuicio que les causa el hecho de que las ejecutorias no sean cumplidas en tiempo o no sean puntualmente acatadas.

38. Luego, precisó que si en el caso concreto la parte quejosa planteó el incidente de inejecución de sentencia, al considerar que la autoridad responsable ha sido contumaz respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto, ello evidenciaba su intención de defender sus intereses acorde al daño que le causa la prolongación del análisis del cumplimiento de la ejecutoria; aunado a que puede alegar el exceso o defecto en el cumplimiento de las mismas, como en el caso del recurso de inconformidad.

39. En ese contexto, el órgano colegiado consideró que se actualizaba el principio de instancia de parte agraviada, pues el acceso a la jurisdicción en los medios de impugnación también se extiende contra los actos de las autoridades responsables en la etapa de ejecución que pueden dejar inaudito el cumplimiento puntual de ejecución; tanto que se prevé en la ley de la materia el cumplimiento sustituto o la repetición del acto reclamado, el cual también puede ser denunciado por la parte interesada en el puntual acatamiento de la sentencia.

40. Entonces, si la parte quejosa puede hacer valer los recursos previstos en la Ley de Amparo, a efecto de dar seguimiento eficaz a los intereses protegidos en la instancia constitucional, deviene inconcuso que también puede hacer valer el incidente de inejecución de sentencia, con la finalidad de velar porque las autoridades responsables acaten en sus términos y sin actitudes contumaces la ejecutoria y con ello se logre la debida consecución del procedimiento de ejecución y observancia del derecho fundamental de justicia completa. 41. Robusteció su decisión, con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que si bien la aclaración de sentencia de amparo procede de oficio; sin embargo, ello no constituye un obstáculo para que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano de control constitucional puede hacer suya la petición respectiva cuando lo considere procedente.

42. Criterio jurisprudencial identificado con el número P./J. 2/2015 (10a.), con registro digital 2008583, de rubro: “ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES”.

43. Bajo ese contexto, el tribunal colegiado determinó que la razón por la que la parte quejosa tiene legitimación para hacer valer el incidente de inejecución de sentencia, obedece a que ya tiene una sentencia de amparo protectora y si, en el caso, a pesar de los requerimientos, aun así la responsable no ha acatado los efectos de dicha ejecutoria, es evidente que el justiciable sufre una afectación, quien ya obtuvo sentencia favorable, empero, su ejecución ha sido dilatada sin justificación alguna, lo que es contrario a una justicia pronta en contravención al artículo 17 constitucional, misma que no sólo atañe al dictado de la sentencia, sino también a su ejecución.

44. Así, el órgano colegiado concluyó que la parte quejosa tiene legitimación para plantear el incidente de inejecución. De dicho criterio derivó la tesis XXIV.1o.18 K (11a.), con número de registro digital 2025502, Undécima Época, que dispone:

“INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. LA PARTE QUEJOSA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLO ANTE LA ACTITUD CONTUMAZ DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA QUE LE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL.

Hechos: En la etapa de ejecución de un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable adoptó una actitud contumaz para cumplir con la sentencia amparadora. Ante dicha circunstancia la parte quejosa planteó el incidente de inejecución de sentencia, por lo cual el Juez de Distrito remitió los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que se pronunciara al respecto.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la parte quejosa tiene legitimación para plantear el incidente de inejecución de sentencia cuando considera que la autoridad responsable ha realizado actos evasivos o tendentes a no acatar los efectos de la sentencia protectora de amparo –conducta contumaz–, pues dicha actitud le causa agravio de forma directa, debido a su interés en que la ejecutoria de amparo sea cumplida, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada.

Justificación: Uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, el cual tiene su génesis en la intelección de que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pues es el que resiente el daño causado. Dicho principio rector se extiende no sólo a la materia de la acción constitucional de amparo, sino también a todo el sistema procesal recursal, consistente en el cúmulo de medios de impugnación establecidos para combatir los autos y las resoluciones dictados por los Jueces constitucionales, incluso en la etapa de ejecución, verbigracia, la denuncia de repetición del acto reclamado, la inconformidad y el incidente de cumplimiento sustituto, los cuales –de acuerdo con las porciones normativas de la ley de la materia que los rigen– pueden denunciarse, interponerse o hacerse valer por los justiciables, es decir, transmuta a su ejercicio el principio de instancia de parte agraviada referido. En ese sentido, cuando existe un procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado incidente de inejecución de sentencia en el derecho jurisprudencial, el cual encuentra su origen en el artículo 193 de la Ley de Amparo, de acuerdo con una interpretación conforme de dicho precepto, si la parte quejosa puede hacer valer los medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo a efecto de dar seguimiento eficaz a los intereses protegidos en la instancia constitucional, deviene inconcuso que también puede hacer valer el incidente de inejecución de sentencia a efecto de velar porque las autoridades responsables acaten en sus términos y sin actitudes contumaces la ejecutoria y, con ello, se logre la debida consecución del procedimiento de ejecución y observancia del derecho fundamental a la justicia completa.

Incidente de inejecución de sentencia 2/2021. 26 de mayo de 2022. Unanimidad de votos, con salvedad del Magistrado Enrique Zayas Roldán. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco René Chavarría Alaniz.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 128/2024, pendiente de resolverse por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de criterios 230/2024, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

45. Superado el tópico de la legitimación para hacer valer el incidente de inejecución, el órgano colegiado determinó declarar fundado el incidente de inejecución, debido a la actitud renuente mostrada por la responsable para atender los efectos establecidos en la sentencia de amparo; sin que haya mérito para pormenorizar las razones por las que arribó a esa determinación, por no ser el tema materia de la presente contradicción de criterios.

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 5/2024.

46. Juicio de amparo directo. Una persona física presentó demanda de amparo directo contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados.

47. Seguida la secuela procesal respectiva, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito dictó sentencia en la que concedió el amparo.

48. El órgano colegiado requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector constitucional y en diversos proveídos tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas para darle cumplimiento; la parte quejosa formuló diversas manifestaciones en torno al incumplimiento de la sentencia de amparo.

49. Incidente de inejecución. Posteriormente, la parte quejosa hizo valer incidente de inejecución de sentencia y solicitó se requiriera a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia; en relación con ello, el órgano colegiado ordenó darle trámite por cuerda separada, mismo que determinó desechar por improcedente.

Consideraciones que sustentan el criterio.

50. Analizó el artículo 192 de la Ley de Amparo, estableciendo que de su contenido se advierte que el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, ante lo cual, el órgano jurisdiccional ordenará notificar a las partes la resolución, lo que hará de manera inmediata.

51. Al mismo tiempo, deberá requerir a la responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa y se enviarán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para continuar con el trámite de ejecución que puede culminar con la separación del cargo de la responsable o de la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y su posterior consignación.

52. Precisó que en el propio auto deberá requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última acatar la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que aquella se cumplimente, se impondrá multa al titular e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad directamente vinculada.

53. Agregó que durante la mencionada etapa procesal, el órgano jurisdiccional determinará si existe incumplimiento en razón de que no está totalmente cumplida la ejecutoria de amparo o no está cumplida correctamente; con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, hará efectivo el apercibimiento de multa a la autoridad responsable, así como, en su caso, a su superior jerárquico y ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito tratándose de amparo indirecto, o bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de amparo directos; sin menoscabo de que se continúe procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

54. Destacó que los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo disponen que para dar trámite al incidente de inejecución de sentencia, tratándose de juicios de amparo directo, es necesario que la autoridad de amparo, previamente se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria, en su caso, imponga las multas correspondientes a las autoridades respectivas y sólo en el supuesto de que no esté cumplida la ejecutoria o se considere imposibilidad para ello, deberá dictarse la resolución que corresponda.

55. Así, señaló que del procedimiento establecido en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, se infiere que el incidente de inejecución de sentencia tiene por objeto verificar el procedimiento del cumplimiento del fallo protector, para determinar si éste se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado.

56. Para apoyar sus argumentos, citó la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 56/2014 (10 a.), con número de r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33047-3d887a00/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-de-amparo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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