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Modo: Corpus Pro

REEMBOLSO DE COSTAS. LA ACTORA SE CONSIDERA PERDEDORA CUANDO SE CONDENA A LA DEMANDADA AL PAGO SÓLO DE ALGUNAS PRESTACIONES, CON INDEPENDENCIA DE ACOGER SUS EXCEPCIONES O DEFENSAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 27/2024. · Registro digital (IUS): 32841
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1154.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 27/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veinte de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Ver cuadro

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Trigésimo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia civil.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por las personas titulares integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 449/2021, en sesión de veintiuno de abril de dos mil veintidós.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 429/2023, en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 449/2021 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al fallar el amparo directo civil 429/2023.

7. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

8. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

9. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver consideraciones

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados, a partir de una exposición argumentativa, se pronunciaron sobre la interpretación del artículo 128, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes que prevé la parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso y se considera que pierde una parte cuando el tribunal, acoge, total o parcialmente las pretensiones de la parte contraria.

11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos se pronunciaron en el supuesto de que la sentencia condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones y la absolvió de otras por estimar improcedente el derecho o acción de la actora y no así porque estimara fundadas sus excepciones.

12. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues mientras uno estimó que para que la parte actora fuera perdedora era necesario que se acogieran las excepciones de la demandada, el otro consideró que bastaba la absolución de la demandada para considerarla perdedora —sin pronunciarse sobre las excepciones o defensas que se hayan hecho valer—.

13. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 128, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, ¿la parte actora resulta perdedora cuando una sentencia condena a la parte demandada al pago de ciertas prestaciones y la absuelve de otras, por estimar improcedente la acción o el derecho y no como resultado de acoger sus excepciones o defensas?(6)

14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 449/2021, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al fallar el amparo directo civil 429/2023.

15. Por otro lado, no sobra señalar que en los demás temas abordados por los tribunales, no existe punto de toque y, por tanto, diferendo porque analizaron conceptos de violación relacionados con los contratos origen de los reclamos que fueron de naturaleza diversa: crédito simple con garantía hipotecaria y comodato.

16. Sirven de apoyo a la conclusión alcanzada, en su contenido substancial, las tesis de jurisprudencia 2a./J. 163/2011(7) y 2a./J. 24/95(8) de rubros siguientes: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO” y “CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS”.

17. No sobra señalar que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(9) se advierte que se interpuso recurso de revisión en contra del fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo 449/2021; sin embargo, de autos se aprecia que dicho medio de impugnación fue desechado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, mientras que en contra de la ejecutoria del diverso tribunal contendiente, no se interpuso medio de defensa alguno, por lo que los criterios contendientes se encuentran firmes.

V. Estudio

18. Las costas se definen como aquellos gastos y erogaciones devengados por las partes en procesos judiciales —generalmente civiles lato sensu—; así las describe la doctrina:(10)

Las costas. I. Concepto y clasificación. En sentido económico muy amplio —metaprocesal— son “la totalidad de los gastos económicos que se produzcan en la sustanciación de un proceso, sea quien sea el que los sufrague”. En efecto, el proceso, fenómeno social, implica múltiples dedicaciones de trabajo, de esfuerzos humanos a retribuir; el perseguir una meta económica en él no dispensa de tales gastos, de personal y de material; el no perseguirla, no deja de obligar a la sociedad —ya que se verá a que elementos suyos— el sufragar tales gastos.(11)

I. Concepto de costas. Gastos y costas en el proceso civil

1. Definición del concepto procesal de costas

Por costas se entiende aquellos gastos que han de satisfacer los litigantes como consecuencia de un proceso, de los que una de las partes puede reembolsarse si se produce la condena en costas de la contraria. Define Gómez Orbaneja las costas como parte de los gastos, señalando como nota específica de las costas, para diferenciarlos de los gastos procesales en general, que su pago recae sobre las partes que intervienen en el proceso, refiriéndose con esta mención a la relación intrínseca que existe entre el concepto de costas y el pronunciamiento sobre la imposición de las mismas. El concepto de costas procesales no incluye, por tanto, todos los gastos que se ocasionan en torno a un proceso.(12)

19. El Alto Tribunal, citando a Chiovenda y Carnelutti, ha señalado que las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio, como se advierte del siguiente criterio:

COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Las costas representan el conjunto de gastos que origina el proceso para los litigantes, comprendiendo el importe de los honorarios de los abogados y los necesarios para desahogar las diligencias solicitadas durante el juicio; el fundamento de la condena en costas, según Chiovenda, es el hecho objetivo de la derrota del litigante y su justificación se encuentra en la actuación de la ley, no debiendo representar una disminución patrimonial para la parte que obtiene como demandante o demandado, toda vez que los derechos de litigio, deben tener un valor puro y constante; según Carnelutti, la responsabilidad procesal representa un remedio extremo contra el afán de litigar y conviene utilizarlo cuando no se puedan adoptar otros menos costosos y debe correr a cargo del litigante temerario en contraste con la libertad que se concede para proponer acciones y excepciones que carezcan de fundamento. Como se ve, la doctrina confiere un carácter netamente procesal o la condena en costas, puesto que necesita indispensablemente la existencia de un procedimiento judicial para que, causadas, se defina la responsabilidad de quien deba indemnizarlas; pero esta conclusión, exacta por lo que se refiere al aspecto procesal del asunto, no evita ni deja sin valor el origen contractual de las responsabilidades del que ha faltado al cumplimiento de sus obligaciones, porque es precisamente el incumplimiento de una obligación, lo que hace que los interesados ocurran ante las autoridades judiciales, excitando su jurisdicción, para decidir las controversias que pueden suscitarse. Es por ello por lo que también en el Código Civil se encuentran disposiciones que se refieren al pago de los gastos judiciales, que tienen el mismo significado de las costas e impone la obligación de indemnizarlos al que haya faltado al cumplimiento de su obligación; de tal manera que cuando esta se hace exigible y para lograr su cumplimiento se haga necesaria la intervención del Juez y este pronuncie sentencia declarando procedente la acción, es indudable que debe establecerse la condena en costas, porque están llenados todos los requisitos que tuvo en cuenta el legislador para imponer esa responsabilidad al que hubiese sido condenado en un juicio ejecutivo, de acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, sin que por el hecho de que el demandado hubiere solventado su obligación, antes pronunciarse sentencia, deba omitirse la condena en costas, con fundamento en el artículo 404 del propio código, que se refiere al caso en el que demandado haga confesión expresa respecto a toda la demanda y que impone al Juez la obligación de otorgar en la sentencia, un plazo de gracia al deudor y a reducir las costas, porque este precepto únicamente establece la reducción de las costas, por la forma y manera en que se desarrolla la relación procesal; ya que la confesión del demandado impide el litigio y amerita pronunciar sentencia desde luego, pero sin que esto quiera decir que no se hubieren causado los gastos necesarios durante el procedimiento, para que el deudor cumpliera con las obligaciones que se le exigieron en la demanda.(13)

20. Asimismo, que la prohibición de costas judiciales prevista en el párrafo segundo in fine del artículo 17 constitucional(14) se refiere a los pagos que podrían exigirse a quienes acudieran a solicitar justicia a los órganos jurisdiccionales, para cubrir los gastos ocasionados por su funcionamiento y no así al pago al que, en determinados asuntos, se condena a la parte perdidosa para resarcir los gastos que ocasionó a la parte absuelta, lo que se advierte de las tesis 3a. LXXII/92(15) y P./J. 72/99(16) de contenido siguiente:

COSTAS JUDICIALES. AL PROHIBIRLAS EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN, SE REFIERE A LAS RELATIVAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Del análisis de los antecedentes relativos a la discusión y aprobación del artículo de que se trata por el Constituyente de 1857, reproducido en la Constitución de 1917 con claridad y mejoría en su texto y aprobado sin controversia, así como del examen riguroso de su contenido y del vocablo "costas", se llega a la conclusión de que la prohibición consignada en el artículo 17 constitucional se refiere a los pagos que podrían exigirse a quienes acudieran a solicitar justicia a los órganos jurisdiccionales, para cubrir los gastos ocasionados por su funcionamiento y no así al pago al que, en determinados casos, se condena a la parte perdidosa para resarcir los gastos que ocasionó a la parte absuelta. Lo anterior encuentra su fundamento, en primer lugar, en las intervenciones que los Constituyentes Zarco, Arriaga, Moreno, Anaya Hermosillo, Mata, García Granados, Mariscal y Ramírez, tuvieron en la sesión de veintiséis de enero de mil ochocientos cincuenta y siete, de las que se infiere con claridad que las costas judiciales a las que se refirieron fueron, exclusivamente, las relativas a los gastos necesarios para la administración de justicia. En segundo lugar, conduce a la misma apreciación el examen cuidadoso del precepto, pues en él se vinculan necesariamente, con la expresión "en consecuencia", el servicio de la administración de justicia y la prohibición de las costas judiciales. Por último, corrobora estas apreciaciones el que si bien es cierto que en su sentido gramatical la palabra "costas", genéricamente se refiere a los gastos originados en un juicio y con motivo de él, no menos lo es que dichas erogaciones son de dos clases: por una parte, las que derivan del funcionamiento mismo del aparato judicial (salarios de los funcionarios y personal de apoyo, material empleado, etcétera), y por otra, las que realizan las partes que intervienen en los litigios y con motivo de estos, habiéndose querido referir el Constituyente en la prohibición, solo a las primeras, lo que además es claramente comprensible pues resultaría contrario al concepto de justicia el que se dejara de resarcir, cuando hubo temeridad o mala fe en alguna de las partes, a la que resultó absuelta, por las erogaciones que tuvo que realizar para atender debidamente un juicio en el que injustificadamente tuvo que involucrarse.

COSTAS JUDICIALES. ALCANCE DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL. Lo que prohíbe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, pues dicho servicio debe ser gratuito.

21. También se ha pronunciado sobre los sistemas en que procede la condena por concepto de costas, a saber, el que impone el pago a la parte que se conduce con temeridad o mala fe —conocido como subjetivo— y el que determina que debe pagarlas la parte vencida o perdedora —criterio objetivo—; así se observa de la siguiente reproducción:

COSTAS, NATURALEZA DE LAS. Aparte de la práctica primitiva, conforme a la cual, cada litigante soportaba sus expensas, son dos los sistemas definidos adoptados por las diversas legislaciones, en cuanto se refiere a la condenación en costas: el primero, condena en costas al litigante temerario y de mala fe, es decir, a aquel en quien existe la conciencia de lo injusto; y el segundo impone las costas al vencido, por el hecho de serlo. Ambos sistemas tienen sus inconvenientes, pues de acuerdo con el primero, las costas revisten el carácter de pena y pueden, por lo mismo imponerse por el Juez; y conforme al segundo, en cierto sentido se coarta la libertad de defenderse, toda vez que el fundamento de la condenación se hace consistir en el hecho objetivo de la derrota, desentendiéndose de aquellos casos en que el derecho es discutible, y el vencido ha procedido de buena fe. Nuestro Código de Comercio, con espíritu más justo, a la vez que más práctico, ha adoptado un sistema ecléctico que conceptúa las costas como resarcimiento del derecho del vencedor, obligatorias únicamente para el litigante temerario o de mala fe, costas que no se pueden imponer oficiosamente y que en el caso de que hayan sido impuestas, puede renunciar a ellas el vencedor, con el solo hecho de no presentar la regulación correspondiente: afirmación que no se desvirtúa por el hecho de que el artículo 1084 establezca la condenación forzosa, en algunos casos, pues con ello viene a establecer un criterio para juzgar de la temeridad o mala fe de los litigantes, ya que en todos los casos de condenación forzosa, se advierte que el legislador presume, con razón, la temeridad o mala fe del litigante a quien impone las costas; por lo que, de acuerdo con el sistema que adopta el Código de Comercio en esta materia, la condenación en costas se impone al responsable de temeridad o mala fe, y puede, por lo mismo, darse el caso de que la responsabilidad por las costas del pleito, cese durante la tramitación del juicio, caso en el que la condenación en costas solo debe comprender el período anterior a la causa que vino a hacer cesar la responsabilidad.(17)

22. Estos sistemas también han sido examinados por la doctrina:

II. Sistemas de imposición de las costas

Seguimos en esto a Chiovenda, en una obra que ha adquirido universal difusión. Tres doctrinas y prácticas, en general, hay para determinar el sujeto que debe pagar las "costas'' (desde luego, eliminamos ya de este concepto aquellas de que se carga el Estado, salvo lo que diremos en materia penal), tres soluciones: A) que cada parte soporte las suyas; B) que recaiga el pago de todas ellas sobre el vencido en el juicio; C) una solución intermedia, de pago o no por el vencido, pagos repartidos, etcétera. A) “El primer uso que se hizo de la solución de que cada parte pagase sus costas (Y las “comunes” su falta denuncia lo antiguo y rudimentario de esta solución, cabe interpolar aquí), “bien fuera vencedor, bien fuera el vencido, fue la más antigua” (Chiovenda); B) El sistema de imponerlas al vencido en juicio “fue en calidad de sustitutivo de aquellas penas que la necesidad de refrenar el espíritu litigioso había sugerido tiempo atrás el legislador contra el litigante temerario”.

En esta segunda etapa —decía Chiovenda— es condición de la condena en costas, la mala fe del vencido”. C) “El paso al tercer sistema —seguia Chiovenda, y lo acogieron Alcalá-Zamora Torres y Alcalá-Zamora Castillo en España— de la condena incondicionada o absoluta en costas al vencido, se verifica por influencia de dos hechos concomitantes: la dificultad práctica de comprobar, en la mayor parte de los casos, la mala fe o culpa del litigante, y la idea que fue penetrando en el ánimo de los juristas, de considerar los gastos del proceso o costas como una disminución del derecho (al igual que los frutos son una disminución de la cosa) que debe resarcirse juntamente con el derecho declarado. Un desarrollo semejante nos ofrece también la historia más reciente en cuanto a la regulación de las costas.

De las tres doctrinas, la de la pena —imposición de las costas a una de las partes a título de tal pena— respondía “al equitativo principio de que todo daño que se cause injustamente, debe ser reparado por el culpable”. De manera ordinaria, normal, como “el juicio —proceso— es el procedimiento lícito con que la sociedad sustituye a la fuerza para la defensa de los derechos” (a la “autodefensa”, se aclara), no podían diputarse daños injustos, los ocasionados por un proceso, con costas. Empero, cuando “no existe justa causa para litigar, porque el derecho del vencedor resultaba evidente ya a priori, y no era posible discutirlo de buena fe, el uso del derecho a litigar (el "derecho de acción desarrollado por el de pretensión, y ambos ya en ejercicio práctico, y aun posiblemente discutido el último. interpolamos nosotros) se convierte en abuso, y es castigado con la condena en costas”. Esta en sí misma, no es más que un resarcimiento.

(...)

Otro criterio es el del sistema del vencimiento puro y simple, en el cual no se atiende a un elemento subjetivo (mala fe o culpa), sino al resultado final del proceso, a tenor de la sentencia que defina el litigio o conflicto en el dilucidado (Alcalá-Zamora Torres, Alcala-Zamora Castillo).

“Pero si la noción de vencimiento es de fácil enunciación en abstracto y, como regla, de consecuencias lógicas y justas, ya no resulta tan sencilla su determinación en concreto, de un lado, porque entre la sentencia (plenamente) estimatoria y la desestimatoria (acaso más en Io penal, por la graduación fraccionamiento de las sanciones) hay toda una gama de sentencias intermedias, o parcialmente estimatorias, en las que no existe vencimiento absoluto” (autores últimas citas). El cual falta también en el vencimiento mutuo; esto es, el derivado de la existencia, no solamente de “resistencia” frente a la pretensión, sino de contrapretensión” —la reconvención civil, y las llamadas “contraquerellas —impropiamente— penales, en casos como los resultantes de una “aclaración procesal” de una riña tumultuaria, en que unos se querellan contra otros y recíprocamente (Beling) o los casos de calumnias e injurias producidas a gritos en reuniones públicas...” o en circunstancias o por medios análogos (artículo 463 código penal) en donde puede producirse toda una serie de querellas recíprocas (con condenas o absoluciones).

(...)

“Entendemos —dice Alcalá-Zamora Castillo— que el criterio del vencimiento ha de completarse o perfilarse con estos otros dos: a) el de agravación de la condena del vencido, cuando haya procedido con temeridad o mala fe...”

El criterio “subjetivo” de la mala fe o temeridad tiene a nuestro entender, sus deficiencias; pero esa misma subjetividad, lo humaniza, en tanto que un código o juez con simples “tablas de vencimientos absolutos o relativos, se convertiría en una máquina. Lo que ocurre y tanto simplifica el sistema del vencimiento sea total, sea parcial, es su menor dificultad, mas ello no lo libera de este reproche. Y si se quiere mayor garantía, que se adopte un sistema de “vencimientos”, totales o parciales, en el que, de concurrir, además, la “temeridad”, el juez, en su resolución sobre las costas, fundamente la existencia de su convicción de la existencia de la misma, que ha quedado a su arbitrio: debe fundamentar ese arbitrio.

(...)

Otro criterio de que trata Alcalá-Zamora Castillo para “completar o perfilar” el principio del vencimiento, es el de la “exoneración” de las costas superfluas a satisfacer por quien las haya originado.

(...)

Pero el principio “del vencimiento”, en abstracto, “deshumaniza” al proceso, como ya dijimos; hay muchas ocasiones, “casos” en los que el vencido, por su conducta procesal de defensa y de ataque, por las legales armas que ha esgrimido, no merece sino serlo sobre el asunto de fondo, pero no condenado en costas de un litigio cuyo conflicto aún sería opinable; que no todas las leyes son axiomáticas. De ahí que la concurrencia de la famosa “temeridad” —admitida en el ordenamiento español— pueda contribuir, con su aparición o por su inexistencia, a suavizar tan fuerte principio.(18)

23. En concordancia con la doctrina transcrita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 39/2008, ha sostenido la existencia de tres sistemas:

a. El sancionador de la temeridad o mala fe del litigante que consiste en aplicar una pena a quien sabiendo que no le asiste el derecho acude al tribunal provocando la actividad jurisdiccional, la de su contraria y la de terceros que se apersonan en el proceso.

b. Del vencimiento puro, de conformidad con el cual el triunfo en una controversia judicial es, por sí mismo, causa generadora suficiente de una pena adicional para la parte vencida; y

c. El de la compensación o indemnización, sistema análogo al anterior, que responde al propósito de retribuir a quien injustificadamente ha sido obligado a actuar ante un tribunal, una indemnización por las erogaciones, gastos y menoscabos patrimoniales en que hubiere incurrido por razones del procedimiento.

24. Una revisión de las numerosas tesis de jurisprudencia y aisladas que arroja la consulta del Semanario Judicial de la Federación, cuya información se trae a la vista como hecho notorio, pone en evidencia que las legislaciones procesales federales y locales de nuestro país han adoptado estos tres sistemas de maneras diferentes, de modo que en cada una de ellas existen reglas específicas para la operación del sistema de costas.

25. Con esas premisas, procede al estudio de la legislación examinada por los tribunales participantes en esta contradicción.

26. El primer Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes,(19) publicado en el medio de difusión oficial local el catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, en sus artículos 129 al 133 adoptó un sistema híbrido en materia de costas, pues acogía tanto el sistema de vencimiento puro como el subjetivo o de temeridad; enseguida se transcribe el capítulo respectivo:

Capítulo VII

DE LAS COSTAS.

Artículo 129. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia, o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio.

Artículo 130. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva; en caso de condenación de costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubiere anticipado. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la del patrono, sino cuando fueren abogados recibidos y autorizados legalmente.

Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas, sino cuando estén autorizados para ejercer su profesión y haya reciprocidad internacional con el país de su origen en el ejercicio de la abogacía.

Artículo 131. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del juez, se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;

II. El que presentare instrumentos documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;

III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;

IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.

Artículo 132. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se substanciará el incidente con un escrito de cada parte, resolviéndose dentro del tercer día.

De esta decisión si fuere apelada, se admitirá el recurso en el efecto devolutivo.

Artículo 133. En los negocios ante los Jueces de Paz no se causarán costas cualquiera que sea la naturaleza del juicio.

27. Desde esta legislación se observa la adopción de algunos elementos comunes en otras legislaciones analizadas por el Máximo Tribunal en el tema de costas: su imposición a la parte que se haya conducido con temeridad o mala fe y a cualquiera de las partes en ciertos supuestos específicamente previstos por el creador de la norma.

28. Dicha

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32841-262b9ed3/reembolso-de-costas-la-actora-se-considera-perdedora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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