COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA QUE EMITIÓ EL LAUDO RECLAMADO, AUNQUE POSTERIORMENTE SEA EXTINGUIDA.
CONFLICTO COMPETENCIAL 61/2024. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: LAURA OLIVIA SÁNCHEZ AGUIRRE.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve el conflicto competencial 61/2024, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito con residencia en Puebla, Puebla y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para no conocer del juicio de amparo directo 666/2023 del índice del órgano jurisdiccional citado en primer término.
I. ANTECEDENTES
1. Trámite de la demanda de amparo directo. El seis de julio de dos mil veintitrés, **********, por conducto de su apoderado, presentó en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla, demanda de amparo directo contra el laudo dictado por la citada Junta, el siete de junio de dos mil veintitrés, en el expediente laboral **********/2021.
2. La demanda fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla. En proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, su presidente registró el expediente con el número 666/2023 y admitió la demanda. Seguido el trámite respectivo, el diecinueve de septiembre del mismo año turnó el expediente al magistrado relator.
3. Declinación de competencia. En sesión de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, a fin de que determinara lo que legalmente correspondiera.
4. No aceptación de competencia. En acuerdo de veintitrés de julio del año que transcurre, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, registró el expediente con el número 411/2024 y no aceptó la competencia planteada, por tanto, ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito declinante.
5. Denuncia del conflicto competencial. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, insistió en declarar que carecía de competencia legal para conocer del juicio, por lo que el siete de agosto del año en curso, decidió remitir el asunto a este Pleno Regional, para efecto de que decidiera la contienda competencial entre tales Tribunales Colegiados de Circuito.
6. Trámite en este Pleno Regional. En acuerdo de trece de agosto del año que transcurre, el Magistrado Héctor Lara González, presidente de este Pleno Regional, ordenó formar el expediente electrónico con el número citado al rubro de esta resolución, lo admitió a trámite y lo turnó a la ponencia a su cargo para su estudio; dado que el asunto se encontraba integrado, confirmó dicho turno.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, en virtud de que se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la región Centro-Sur, pues interviene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito;(1) y la materia jurídica del conflicto competencial es de trabajo.
8. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Cuarto del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; 8 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
III. RAZONAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES
9. A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo 666/2023, pues consideró:
10. El artículo 34, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo prevé dos reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo, una general que establece que la competencia se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada y una especial, en cuanto a que tratándose de materia agraria y las sentencias dictadas por tribunales contenciosos administrativos, es competente el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción en el lugar donde se traten de ejecutar, se estén ejecutando o se hayan ejecutado.
11. El diecisiete de junio de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las oficinas auxiliares que se indican.(2) Con motivo del cual, la competencia y asuntos que se encuentran en amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla suprimida (extinta), se subsumieron (serán tramitados) por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Estado de Oaxaca, por lo que, concomitantemente, se convirtió en autoridad responsable sustituta, para todos los efectos jurídicos.
12. Estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 25/98 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO”.(3)
13. De tal criterio se desprende que, cuando por virtud de reformas constitucionales o legales queda impedida para cumplimentar la sentencia la autoridad responsable obligada a ello, por no corresponder ya al ámbito de su competencia o por haber desaparecido, debe acatar el amparo la autoridad en la que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia.
14. En el caso, no obstante que el laudo reclamado lo dictó la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla, el ocho de junio de dos mil veintitrés, lo relevante es que ello ocurrió antes de que entrara en vigor el citado Acuerdo por el que fue suprimida (dieciocho de junio de dos mil veintitrés), por lo que se genera en favor de la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, la calidad de autoridad sustituta y de llegar a obtenerse sentencia favorable en el juicio de amparo directo, esta última deberá ser la encargada de dar cumplimiento a la sentencia que en su caso se dicte, ya que, asumió las funciones y facultades respecto de los asuntos que le correspondían a la subsumida.
15. En ese tenor, concluyó, resulta competente el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, ya que por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Dos con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca.
16. Invocó en su apoyo, por analogía, la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), sostenida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, de rubro: “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO”.(4)
17. B. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no aceptó la competencia declinada.
18. En primer término, precisó que conforme lo dispuesto en el artículo 34, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo, es incuestionable que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada (regla general), siempre que no se trate de materia agraria o algún juicio contra tribunales federales de lo contencioso administrativo.
19. Enfatizó los antecedentes del juicio laboral J.33/**********/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla:
• El veinte de noviembre de dos mil veinte, ********** demandó ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cumplimiento a su contrato individual de trabajo, la reinstalación a su puesto, así como el pago de diversos conceptos. El veintitrés del propio mes, la Junta radicó la demanda bajo el número J.33/**********/2021, señaló fecha y hora para la audiencia respectiva y ordenó emplazar a la demandada.
• En audiencia de quince de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la demandada, por conducto de su apoderado, dando contestación al escrito inicial de demanda.
• Seguido el procedimiento respectivo, el siete de junio de dos mil veintitrés, la Junta en cita dictó laudo en el que declaró que el actor acreditó parcialmente sus acciones y condenó a la demandada al pago de algunas prestaciones y la absolvió de otras.
• Ese laudo es el acto reclamado en el juicio de amparo directo (666/2023), objeto de este conflicto competencial.
20. En consecuencia, precisó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al ser la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, quien dictó el laudo reclamado se surte el supuesto contenido en el artículo 34 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la competencia de los Tribunales Colegiados se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado.
21. Evidentemente, la citada Junta ya no existe; sin embargo, previo a su desintegración emitió el fallo reclamado, por lo que la Junta con residencia en esa Ciudad de Oaxaca, solo conocerá de la ejecución de aquél y, en su caso, del cumplimiento del amparo que se llegue a dictar.
22. Debe tenerse en cuenta que la ejecución del laudo reclamado no puede variar la competencia basada en el lugar de residencia de quien dictó el referido acto reclamado, esto es, la ejecución es una etapa posterior al dictado del laudo y aquí, este último es el acto reclamado, porque la jurisprudencia 25/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca determinó competencia a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial Federal, sólo delimitó qué autoridad debía dar cumplimiento a una sentencia de amparo.
23. Por tanto, sostuvo que la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo directo de que se trata, se surte a favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla.
24. Citó en su apoyo la tesis aislada 2a. XVII/95 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO”.(5)
25. Puntualizó que no pasaba inadvertido que el tribunal declinante tomó en consideración el criterio PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), de rubro “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO”,(6) del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, donde se sostiene que para determinar la competencia por territorio de un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se reclama en amparo directo un laudo dictado por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se suprimió y cuya competencia fue asignada a otra con residencia en una entidad federativa diversa, debe ser el que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta.
26. Con motivo del acuerdo referido se suprimió la Junta Especial con residencia en Aguascalientes, por lo que la competencia y los asuntos que se encontraban en trámite ante ésta, pasaron a la Junta con sede en Querétaro, debido a ello, se convirtió en autoridad responsable sustituta para todos los efectos jurídicos. Ese carácter de autoridad sustituta conlleva que al asumir el conocimiento del asunto del cual emana el acto reclamado en el amparo directo, será la única que estará en condiciones de ejecutar la sentencia.
27. El criterio citado ni es vinculante ni aplicable al caso porque las consideraciones que expresa, no guardan relación con las hipótesis que se actualizan en el presente asunto, pues el conflicto resuelto por el aludido Pleno Regional se originó entre Tribunales Colegiados de Circuito ante los cuales apenas se estaba promoviendo una demanda de amparo en la que el quejoso, desde ese momento señaló como autoridad responsable a la sustituta, ante quien se presentó la demanda y quien cumplió con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo, asimismo, rindió el informe justificado.
28. Lo que no se daba en ese caso, pues el juicio de amparo directo se promovió el seis de julio de dos mil veintitrés. El veintiséis del mismo mes, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, admitió la demanda. El diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fue turnada al magistrado ponente.
29. Máxime que se está ante un juicio de amparo directo que ha excedido del plazo de noventa días que establece el artículo 183 de la Ley de Amparo, para ser resuelto, pues se declinó competencia hasta el cuatro de julio de dos mil veinticuatro.
IV. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL
30. Conforme a la reseña efectuada en el apartado precedente, en el caso se advierte la existencia de un conflicto competencial susceptible de ser examinado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, ya que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley de Amparo.
31. Se actualiza un conflicto competencial por razón de territorio porque los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados consideraron que el juicio de amparo directo contra el laudo emitido por la entonces Junta Especial de la Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el juicio laboral J.33/**********/2021, no correspondía a su ámbito competencial por territorio.
32. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito sostuvo que no obstante que el acto reclamado lo dictó la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla, lo relevante era que ello ocurrió antes de que entrara en vigor el Acuerdo por el que fue suprimida (veinte de junio de dos mil veinticuatro) y por ello era dable afirmar que en ese asunto se generaba a favor de la Junta Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, la calidad de autoridad sustituta, porque asumió las funciones y facultades respecto de los asuntos que le correspondían a la subsumida (Junta Número Treinta y Tres).
33. Por tanto, sostuvo, resulta competente el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, ya que, por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción en donde se ubica la autoridad responsable sustituta, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esa ciudad y Estado.
34. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito no aceptó la competencia planteada porque, refirió, el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece como regla general, que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada; por tanto, si el acto reclamado lo emitió la entonces Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, quien tenía su domicilio en esa entidad federativa, corresponde conocer del juicio de amparo directo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, pues ejerce jurisdicción en ese ámbito territorial.
35. En tales condiciones, es claro que se está en presencia de un conflicto competencial por territorio que debe resolverse por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, ya que los referidos Tribunales Colegiados de Circuito declararon carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo directo.
V. ESTUDIO DE FONDO
36. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur concluye que, la competencia por territorio radica en el sexto circuito, por tanto, del juicio de amparo directo en cuestión, deberá conocer y resolver el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, en atención a las siguientes consideraciones:
37. El artículo 107, fracción V, inciso d) constitucional(7) establece que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional.
38. El artículo 34 de la Ley de Amparo,(8) reglamentaria de tal precepto constitucional, establece una disposición general en el sentido de que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo y su competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
39. También prevé una regla especial en materia agraria y en los juicios contra tribunales federales de lo contencioso administrativo, en cuanto a que es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo al respecto.
40. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2014 (10a.),(9) ya estableció que tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, no debe fijarse en atención al lugar de ejecución del acto reclamado, como lo dispone la regla especial del artículo 34 de la Ley de Amparo, sino conforme a la regla general establecida en el segundo párrafo del referido numeral, esto es, de acuerdo con el domicilio en el que resida la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que haya dictado la sentencia o resolución reclamada.
41. De los antecedentes del presente conflicto competencial, se observa que la demanda de amparo directo se formuló el seis de julio de dos mil veintitrés, contra el laudo emitido el siete de junio del mismo año, por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla.
42. Por tanto, para fijar la competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, opera la aplicación estricta de la regla prevista en el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, la relativa a que es competente para conocer y resolver el juicio de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en el lugar en el que resida la Junta que emitió el acto reclamado.
43. Como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, indicó, el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, entró en vigor el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una Oficina Auxiliar, por virtud del que, la competencia y asuntos que se encontraban en amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla (extinta), serán tramitados por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Estado de Oaxaca.
44. Tal supresión de la Junta responsable, como es claro, ocurrió posteriormente al dictado de la resolución reclamada y de la presentación de la demanda de amparo, con lo que, la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Estado de Oaxaca, si bien adquiere el carácter de autoridad responsable sustituta dentro del juicio de amparo directo, ello opera para que, el tribunal colegiado que lo tramita, mantenga comunicación con la misma y, en su caso, esa Junta acate la ejecutoria que emita el órgano colegiado en tal juicio, promovido contra la determinación de la autoridad extinta, pero procesalmente es insuficiente para modificar las reglas de competencia para conocer de los juicios de amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, pues el Acuerdo en mención incidió en la competencia de las Juntas y no de los tribunales colegiados de circuito.
45. Con ello se tutela en forma más efectiva los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional, relativos al acceso a una justicia pronta y completa. Pues incluso, en casos sucesivos, en donde aún procediera y la parte tercera interesada estimara conveniente promover juicio de amparo adhesivo, en la forma tradicional y no por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, sería el Tribunal más cercano al domicilio que dicha parte señaló en autos y en el que, se hubiera realizado el respectivo emplazamiento al juicio de amparo directo, como aconteció en aquél del que derivó este conflicto competencial, pues todos fueron realizados en el Estado de Puebla.
46. En esas condiciones, estimar que el competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado de Circuito donde radica la Junta que asumió el conocimiento de los asuntos de la autoridad extinta, en este caso, ubicada en diversa entidad federativa, evidentemente trastocaría el derecho fundamental de justicia pronta.
47. Por esas razones, la jurisprudencia en que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito su incompetencia, esto es la 2a./J. 25/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO”,(10) no es aplicable, pues sólo precisa que es la autoridad sustituta la que debe cumplir la sentencia de amparo, mas no determina la competencia del tribunal colegiado respectivo.
48. Por otro lado, es distinto el caso de la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), de rubro “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO”, del diverso Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, porque este criterio se refiere a un supuesto jurídico diverso al que nos ocupa, es decir, qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra un laudo dictado por una autoridad que, a la fecha de presentación de la demanda, se hallaba extinta, mientras que en el caso que nos ocupa se trata de una demanda que fue presentada ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, previamente a su extinción.
VI. DECISIÓN
49. En atención a las razones expresadas en el apartado que antecede, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determina que la competencia por territorio recae en el sexto circuito, por tanto, para conocer del juicio de amparo directo de que se trata, corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. Sí existe conflicto competencial por territorio.
SEGUNDO. La competencia por territorio recae en el sexto circuito, por tanto, se declara legalmente competente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, para conocer del juicio de amparo directo cuyos datos se precisan y en los términos señalados en el apartado quinto de la presente resolución.
Notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria a los órganos contendientes. Hágase la anotación y la digitalización correspondientes en el libro de control electrónico. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por unanimidad de votos del Magistrado Héctor Lara González (presidente y ponente), así como las Magistradas Guadalupe Madrigal Bueno y María Enriqueta Fernández Haggar; y debido a la licencia médica autorizada mediante oficio 5995/2024 de la tercera de los nombrados, firman electrónicamente los dos primeros, con la Secretaria de Tribunal Laura Olivia Sánchez Aguirre, que autoriza y da fe.
El veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, la licenciada Laura Olivia Sánchez Aguirre, Secretario(a), con adscripción en el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.
________________
1. Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Región Centro-Sur comprende los Circuitos Primero, respecto de las materias civil y de trabajo; Tercero; Sexto; Séptimo; Décimo; Décimo Primero; Décimo Tercero; Décimo Cuarto; Décimo Octavo; Vigésimo; Vigésimo Primero; Vigésimo Séptimo; Vigésimo Noveno; Trigésimo Primero; y Trigésimo Segundo.
2. En vigor al día siguiente al de su publicación.
3. Ver pie de página 3
4. Ver pie de página 4
5. Ver pie de página 5
6. Ver pie de página 6
7. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
[...]
V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
[...]
d) En mater
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32968-e49a8714/competencia-por-territorio-para-conocer-de-un-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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