COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO CUANDO EL LAUDO RECLAMADO SE DICTÓ EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y DURANTE SU SUSTANCIACIÓN LA JUNTA RESPONSABLE FUE EXTINGUIDA. CORRESPONDE AL ÓRGANO QUE EMITIÓ LA SENTENCIA PRIMIGENIA.
CONFLICTO COMPETENCIAL 58/2024. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: GLADYS ELIZA GONZÁLEZ LEÓN.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve el conflicto competencial 58/2024, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito con residencia en Puebla, Puebla y, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para no conocer del juicio de amparo directo 747/2023 del índice del órgano jurisdiccional citado en primer término.
I. ANTECEDENTES
1. Trámite de la demanda de amparo directo. El once de agosto de dos mil veintitrés, el órgano de seguridad social promovió demanda de amparo directo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla, contra el acto de esa junta, emitidos en el juicio laboral 1730/2016, consistente en el laudo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés.
2. La demanda fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en el citado Estado y ciudad, en donde se admitió a trámite bajo el número 747/2023.
3. Declinación de competencia. En sesión ordinaria de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, a fin de que determinara lo que legalmente correspondiera.
4. No aceptación de competencia. En acuerdo plenario de veintitrés de julio del año que transcurre, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a quien tocó conocer del asunto, no aceptó la competencia planteada, por tanto, ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito declinante.
5. Denuncia del conflicto competencial. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, insistió en declarar que carecía de competencia legal para conocer del juicio, por lo que el siete de agosto del año en curso, ordenó remitir el asunto a este Pleno Regional, para efecto de que decidiera la contienda competencial entre tales Tribunales Colegiados de Circuito.
6. Trámite en este Pleno Regional. En acuerdo de trece de agosto del presente año, el Magistrado Héctor Lara González, presidente de este Pleno Regional, ordenó formar el expediente electrónico con el número citado al rubro de esta resolución, lo admitió a trámite y lo turnó a la ponencia a su cargo para su estudio; dado que el asunto se encontraba integrado, confirmó dicho turno.
II. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, en virtud de que se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la región Centro-Sur, pues interviene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito;(1) y la materia jurídica del conflicto competencial es de trabajo.
8. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Cuarto del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; 8 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
III. RAZONAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES
9. A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo 747/2023, pues consideró:
10. Que, la competencia laboral por territorio es de orden público, irrenunciable y de observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto de estudio preferente y debe abordarse de manera oficiosa. En relación con ello, que el artículo 34, segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo prevé dos reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, una general que establece que la competencia se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada y una especial, en cuanto a que tratándose de materia agraria y las sentencias dictadas por tribunales contenciosos administrativos, es competente el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción en el lugar donde se traten de ejecutar, se estén ejecutando o se hayan ejecutado.
11. Analizó que el diecisiete de junio de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican. Con motivo del cual, la competencia y asuntos que se encuentran en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla suprimida (extinta), se subsumieron (serán tramitados) por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, por lo que, concomitantemente, se convirtió en autoridad responsable sustituta, para todos los efectos jurídicos.
12. Estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 25/98 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO”.(2)
13. De tal criterio se desprende que, dijo el Tribunal Colegiado declinante que, cuando por virtud de reformas constitucionales o legales queda impedida para cumplimentar la sentencia la autoridad responsable obligada a ello, por no corresponder ya al ámbito de su competencia o por haber desaparecido, debe acatar el amparo la autoridad en la que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia.
14. En el caso, no obstante que el laudo reclamado lo dictó la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla, lo relevante es que ello ocurrió antes de que entrara en vigor el citado Acuerdo por el que fue suprimida (dieciocho de junio de dos mil veinticuatro), por lo que se genera en favor de la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, la calidad de autoridad sustituta y de llegar a obtenerse sentencia favorable en el juicio de amparo directo, esta última deberá ser la encargada de dar cumplimiento a la sentencia que en su caso se dicte, ya que, asumió las funciones y facultades respecto de los asuntos que le correspondían a la subsumida.
15. En ese tenor, concluyó, resulta competente el Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, ya que por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Dos con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca.
16. Invocó en su apoyo, por analogía, la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), sostenida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, de rubro: “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO”.(3)
17. B. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no aceptó la competencia declinada.
18. Indica que para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer el juicio de amparo directo, debe estarse a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Amparo, pues la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo que se hace valer contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada, siempre que no se trate de materia agraria o algún juicio en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo.
19. Luego, al ser la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, quien dictó el laudo reclamado se surte el supuesto contenido en el artículo 34 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la competencia de los Tribunales Colegiados se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado.
20. Que para llegar a esa concusión, además se atendía a los antecedentes del expediente laboral del que se desprende que en diciembre de dos mil dieciséis, la actora demandó ante la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y el ahora laudo reclamado fue dictado en estricto cumplimiento a una ejecutoria dictada en el amparo directo 553/2022 de su índice.
21. Asintió que si bien la Junta que dictó el laudo ya no existe, previo a su desintegración emitió el fallo que ahora se reclama, aplicando así la regla del artículo 34 descrito en el sentido que la competencia se fija de acuerdo a la residencia de la autoridad que dictó el acto reclamado, por lo que la Junta con residencia en esta ciudad solo conocerá de la ejecución de este y, en su caso, del cumplimiento al amparo que se llegue a dictar.
22. También se señala que debe tenerse en cuenta que la ejecución del laudo reclamado no puede variar la competencia basada en el lugar de residencia de quien dictó el referido acto reclamado; la ejecución es una etapa posterior al dictado del laudo y aquí este último es el acto reclamado, porque la jurisprudencia 25/98 de la Segunda Sala nunca determinó competencia a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial Federal, solo delimitó que autoridad debía dar cumplimiento a una sentencia de amparo.
23. Lo anterior lo apoyó en la tesis 2ª. XVII/95 (Novena Época), de la Segunda Sala, Tomo I, Abril de 1995, página 50, con número de registro 200829: “COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO”.
24. Además, se precisa que para aceptar la competencia para conocer del asunto en particular implicaría inobservar el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Amparo y también involucraría transgredir el acuerdo de competencia del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se establece la competencia de los órganos jurisdiccionales conforme a su circunscripción.
25. Así mismo, se señala que el Tribunal declinante toma en consideración el criterio PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), el cual no es vinculante ni se considera que en este caso sea aplicable, toda vez que las consideraciones que se expresan en su estudio no guardan relación con la hipótesis que se actualizan en dicho asunto. Ya que el amparo directo se presentó el once de agosto de dos mil veintitrés, ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y fue admitido el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla y después fue turnada al Magistrado ponente el seis de octubre de dos mil veintitrés.
26. Máxime que se está ante un juicio de amparo directo que ha excedido del plazo de noventa días que establece el artículo 183 de la Ley de Amparo, para ser resuelto, dado que fue turnado al Magistrado ponente el seis de octubre de dos mil veintitrés y se declina competencia hasta el cuatro de julio de dos mil veinticuatro.
IV. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL
27. Conforme a la reseña efectuada en el apartado precedente, en el caso se advierte la existencia de un conflicto competencial susceptible de ser examinado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, ya que se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley de Amparo.
28. Se actualiza un conflicto competencial por razón de territorio porque los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados consideraron que el juicio de amparo directo contra el laudo emitido la Junta Especial de la Treinta y Tres de las que integran la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en el juicio laboral 1730/2016, no correspondía a su ámbito competencial por territorio.
29. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito sostuvo que no obstante que el acto reclamado lo dictó la extinta Junta Especial Número Treinta y Tres, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla, lo relevante era que ello ocurrió antes de que entrara en vigor el Acuerdo por el que fue suprimida (dieciocho de junio de dos mil veinticuatro) y por ello era dable afirmar que en ese asunto se generaba a favor de la Junta Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, en el Estado de Oaxaca, la calidad de autoridad sustituta, porque asumió las funciones y facultades respecto de los asuntos que le correspondían a la subsumida (Junta Número Treinta y Tres).
30. Por tanto, resulta competente el Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, ya que, por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción en donde se ubica la autoridad responsable sustituta, esto es, la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esa ciudad y Estado.
31. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no aceptó la competencia planteada porque, refirió, el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece como regla general, que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina atendiendo a la residencia de la autoridad que emite la sentencia o resolución impugnada; por tanto, si el acto reclamado lo emitió la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, quien tiene su domicilio en esa entidad federativa, corresponde conocer del juicio de amparo directo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, pues ejerce jurisdicción en ese ámbito territorial.
32. En tales condiciones, es claro que se está en presencia de un conflicto competencial por territorio que debe resolverse por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, ya que los referidos Tribunales Colegiados de Circuito declararon carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo directo.
V. ESTUDIO DE FONDO
33. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur concluye que la competencia por territorio corresponde al Sexto Circuito, por tanto, del juicio de amparo directo en cuestión, deberá conocer y resolver el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, en atención a las siguientes consideraciones:
34. En principio, es importante considerar que doctrinariamente la competencia se identifica como el límite de la jurisdicción y se traduce en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un concreto espacio territorial.
35. El artículo 107, fracción V, inciso d) constitucional(4) establece que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional.
36. Por su parte, el artículo 34 de la Ley de Amparo,(5) reglamentaria de tal precepto constitucional, establece una regla general en el sentido de que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo y su competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
37. También prevé una regla especial en materia agraria y en los juicios contra tribunales federales de lo contencioso administrativo, en cuanto a que es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo al respecto.
38. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 8/2014 (10a.),(6) ya estableció que tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio contencioso administrativo federal, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo promovido en su contra, no debe fijarse en atención al lugar de ejecución del acto reclamado, como lo dispone la regla especial del artículo 34 de la Ley de Amparo, sino conforme a la regla general establecida en el segundo párrafo del referido numeral, esto es, de acuerdo con el domicilio en el que resida la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que haya dictado la sentencia o resolución reclamada.
39. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 53/2018, estableció que existe una excepción a las aludidas reglas de competencia por territorio previstas en el artículo 34 de la Ley de Amparo, que se actualiza en aquellos casos en que, si bien un determinado Tribunal Colegiado deja de tener competencia legal por circunstancias ajenas a él (como pueden ser los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal que fijan los límites territoriales de cada circuito judicial, o bien, por los distintos acuerdos o decretos emitidos por las autoridades responsables a través de los cuales crean, extinguen o modifican su competencia y residencia); lo cierto es que por el conocimiento previo que haya adquirido sobre determinado juicio de amparo, la competencia legal que, aparentemente hubieren dejado de tener, debe prorrogarse y hacerse extensiva a esos juicios y a los recursos que deriven de ellos.
40. Ello, porque de esa forma se aprovecha el conocimiento adquirido con anterioridad, además de que se evita el dictado de sentencias contradictorias, a fin de preservar los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 constitucional e impartir justicia con más celeridad.(7)
41. De esa ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 64/2018 (10a.), de rubro “CONFLICTO COMPETENCIAL. EXCEPCIÓN A SU INEXISTENCIA CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE NIEGAN A CONOCER DE UN ASUNTO POR RAZÓN DE TURNO Y/O CONOCIMIENTO PREVIO”.(8)
42. De los antecedentes del presente conflicto competencial, se observa que la demanda de amparo directo se formuló el once de agosto de dos mil veintitrés, contra el laudo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés emitido por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, Puebla, el cual se dictó en cumplimiento a una ejecutoria dictada por el propio Tribunal Colegiado con residencia en Puebla, Puebla, notificado al quejoso el veintidós de abril de ese año.
43. Por tanto, un primer argumento para fijar la competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, es la aplicación estricta de la regla prevista en el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, la relativa a que es competente para conocer y resolver el juicio de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en el lugar en el que resida la citada Junta, dado que fue la que emitió los actos reclamados.
44. Como ambos tribunales colegiados de circuito contendientes indicaron, el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, entró en vigor el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se crean las oficinas auxiliares que se indican, por virtud del que, la competencia y asuntos que se encuentran en amparo en la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Puebla, en el Estado de Puebla (extinta), serán tramitados por la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Estado de Oaxaca.
45. Tal supresión de la Junta responsable, como es claro, ocurrió posteriormente al dictado del laudo reclamado y de la presentación de la demanda de amparo, con lo que, la Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Estado de Oaxaca, si bien adquiere el carácter de autoridad responsable sustituta dentro del juicio de amparo directo, ello opera para que, el tribunal colegiado que lo tramita o ante quien se tramitará, mantenga comunicación con la misma y, en su caso, esa Junta acate la ejecutoria que emita el órgano colegiado en tal juicio, promovido contra las determinaciones de la autoridad extinta, pero procesalmente es insuficiente para modificar las reglas de competencia para conocer de los juicios de amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, pues el Acuerdo en mención incidió en la competencia de las Juntas y no de los tribunales colegiados de circuito.
46. Un segundo argumento para fincar la competencia al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, es la aplicación de las razones de competencia por territorio, a que se refirió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente invocado,(9) esto es, aprovechar el conocimiento previo de los tribunales colegiados del Sexto Circuito, quienes acorde a lo reseñado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, han conocido de diversos juicios de amparo directo respecto de actos emitidos dentro del juicio laboral de origen lo cual además se advierte de las constancias remitidas del propio expediente laboral 1730/2016; ello, a fin de tutelar en forma más efectiva los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional, relativos al acceso a una justicia pronta y completa.
47. Incluso, en casos sucesivos en donde aún procediera y la parte tercera interesada estimara conveniente promover juicio de amparo adhesivo, en la forma tradicional y no por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, sería el tribunal más cercano al domicilio que dicha parte señaló en autos y en el que se realizó el respectivo emplazamiento al juicio de amparo directo, del que derivó este conflicto competencial, pues fue realizado en aquella entidad federativa.
48. En esas condiciones, estimar que el competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado de Circuito competente donde radica la Junta que asumió el conocimiento de los asuntos de la autoridad extinta, en este caso, ubicada en diversa entidad federativa, evidentemente trastocaría el derecho fundamental de justicia pronta.
49. Por esas razones, cabe destacar que la jurisprudencia en que sustentó el tribunal del Sexto Circuito su incompetencia legal, esto es la 2a./J. 25/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO.”,(10) no es aplicable, pues sólo precisa que es la autoridad sustituta la que debe cumplir la sentencia de amparo, mas no determina la competencia del tribunal colegiado respectivo.
50. En esa tesitura, es distinto el caso de la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), de rubro “COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO”, del diverso Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, porque este criterio se refiere a un supuesto jurídico diverso al que nos ocupa, es decir, qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra un laudo dictado por una autoridad que, a la fecha de presentación de la demanda, se hallaba extinta, lo cual no guarda relación con el problema jurídico planteado en esta vía, atinente a la existencia de un juicio de amparo anterior a aquel del que deriva el presente conflicto competencial, respecto del cual, se actualiza la excepción al artículo 34 de la Ley de Amparo, a fin de aprovechar el conocimiento previo que tiene sobre ese juicio laboral y evitar el dictado de sentencias contradictorias.
VI. DECISIÓN
51. En atención a las razones expresadas en el apartado que antecede, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determina que la competencia por territorio recae en el Sexto Circuito, por lo que, para conocer del juicio de amparo directo de que se trata corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. Sí existe conflicto competencial por territorio.
SEGUNDO. La competencia por territorio radica en el Sexto Circuito, por lo que se declara legalmente competente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, para conocer del juicio de amparo directo cuyos datos se precisan y en los términos señalados en el apartado quinto de la presente resolución.
Notifíquese. Con testimonio de esta ejecutoria a los órganos contendientes. Hágase la anotación y la digitalización correspondientes en el libro de control electrónico. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió, el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por unanimidad de votos del Magistrado Héctor Lara González (presidente y ponente), así como las Magistradas Guadalupe Madrigal Bueno y María Enriqueta Fernández Haggar, y debido a la licencia médica autorizada mediante oficio 5995/2024 de la tercera de los nombrados, firman electrónicamente los dos primeros, con la Secretaria de Tribunal Gladys Eliza González León, que autoriza y da fe.
El veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro, la licenciada Gladys Eliza González León, Secretario(a), con adscripción en el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.
________________
1. Artículo 8. Circuitos que comprende la Región Centro-Sur. La Regió
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32969-bb0dbd62/competencia-por-territorio-para-conocer-de-un-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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