COMPETENCIA PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE LA DICTÓ.
CONFLICTO COMPETENCIAL 76/2024. SUSCITADO ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: GLADYS ELIZA GONZÁLEZ LEÓN.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión extraordinaria correspondiente al dos de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve el conflicto competencial 76/2024, suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito con residencia en Puebla, Puebla y, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, respecto del cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 574/2022, en sesión de uno de diciembre de dos mil veintitrés, del índice del primero de los órganos jurisdiccionales en comento.
I. ANTECEDENTES
1. Juicio laboral 820/2018. El quince de junio de dos mi dieciocho, una persona física demandó de una moral la reinstalación por despido injustificado, entre otras prestaciones; y del órgano de seguridad social la correcta integración de su salario, entre otras.
2. Laudo. El catorce de julio de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, dictó un laudo en el cual condenó a la moral demandada a la reinstalación y diversas prestaciones; y, en cuanto al instituto de seguridad social, determinó una diferencia salarial que debía enterarse al mismo ordenando apertura de la incidencia de liquidación.
3. Juicio de amparo directo. Inconforme con el laudo, el seis de septiembre de dos mil veintidós, la moral demandada promovió amparo directo. Por razón de turno, fue radicada ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en el Estado de Puebla, el cual, mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la admitió a trámite y radicó bajo el número de expediente 574/2022. Y el veintiocho de octubre de ese año, se turnó a ponencia para realizar el proyecto de resolución.
4. Sentencia de amparo. En resolución de uno de diciembre de dos mil veintitrés los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito concedieron el amparo a la moral quejosa, por lo que ordenaron a la junta responsable dejar insubsistente el laudo reclamado y dictar uno nuevo en el que atendiera a los efectos para los cuales fue concedida la protección constitucional.
5. Laudo en cumplimiento. Mediante oficio 371/2024/AD, de cinco de abril de dos mil veinticuatro, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla remitió al tribunal colegiado el laudo de uno de abril del año que cursa, dictado en cumplimiento de la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo 574/2022.
6. En proveído de diez de abril de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito ordenó dar vista a las partes con copia certificada del laudo dictado en cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.
7. Extinción de la autoridad responsable. El diecisiete de junio de dos mil veinticuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las juntas especiales de la junta federal de conciliación y arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una oficina auxiliar", a través del cual se determinó la conclusión de labores de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y se modificó la competencia de la diversa Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca, Oaxaca, para que ésta conociera, entre otros asuntos, de aquellos que se encontraran en fases de dictamen, laudo, ejecución y amparo en la referida junta con sede en Puebla.
8. Declinación de competencia. En acuerdo de dos de julio de dos mil veinticuatro el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, declaró la incompetencia legal de ese órgano, por razón de territorio, para calificar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 574/2022, de su índice.
9. No aceptación de competencia. En acuerdo plenario de cinco de agosto del año que transcurre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a quien tocó conocer del asunto, no aceptó la competencia planteada, por tanto, ordenó remitir los autos a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, para efecto de que decidiera la contienda competencial entre tales Tribunales Colegiados de Circuito.
10. Trámite en este Pleno Regional. En acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, el Magistrado Héctor Lara González, presidente de este Pleno Regional, ordenó formar el expediente electrónico con el número citado al rubro de esta resolución, lo admitió a trámite y ordenó turnarlo a la ponencia a su cargo para su estudio; dado que el asunto se encontraba integrado, confirmó dicho turno.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, en virtud de que se suscitó entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la región Centro-Sur, pues interviene el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito;(1) y la materia jurídica del conflicto competencial es de trabajo.
12. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Cuarto del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; 8 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, y 2 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3 del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
III. RAZONAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES
13. A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito con residencia en Puebla, Puebla, estimó carecer de competencia legal por razón de territorio para calificar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 574/2022, de su índice por las consideraciones siguientes:
14. Sostuvo que, aun cuando el órgano jurisdiccional que presidía dictó la ejecutoria cuyo cumplimiento debía calificarse, a partir del dieciocho de junio de dos mil veinticuatro fue suprimida la autoridad responsable y se asignó la calidad de autoridad sustituta a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca.
15. Así, destacó que correspondía a esta última tramitar hasta su conclusión los asuntos que se encontraran en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo en la extinta junta especial número treinta y tres, con residencia en Puebla.
16. Consecuentemente, declinó competencia en favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, que ejercía jurisdicción sobre la autoridad sustituta, para que analizara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
17. Apoyó su determinación en la tesis jurisprudencial 2a./J. 25/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CUMPLIMIENTO LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD SUSTITUTA CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE QUEDA IMPEDIDA PARA ELLO, O DESAPARECE POR REFORMA CONSTITUCIONAL O LEGAL, POR LO QUE, EN RELACIÓN CON ELLA, DEBE REALIZARSE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO. Cuando por virtud de reformas constitucionales o legales queda impedida para cumplimentar la sentencia la autoridad responsable obligada a ello, por no corresponder ya al ámbito de su competencia o por haber desaparecido, debe acatar el amparo la autoridad en la que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia, aunque no haya tenido el carácter de responsable en el juicio de garantías; pero previamente a la remisión del incidente de inejecución a la Suprema Corte, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, y ante la existencia de la autoridad sustituta, el órgano que otorgó el amparo debe realizar el procedimiento respectivo para los efectos previstos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con dicha autoridad sustituta".(2)
18. Asimismo, invocó la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), sostenida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro y texto:
"COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO DIRECTO CONTRA UN LAUDO DICTADO POR LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 24 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo directo promovido contra un laudo dictado por la Junta Especial Número 24 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Aguascalientes, que fue suprimida, cuya competencia mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023 fue asignada a la Junta Especial Número 50 con residencia en Querétaro. En el propio acuerdo se creó una Oficina Auxiliar de la Junta de Querétaro que operará en las instalaciones de la Junta suprimida de Aguascalientes.
Mientras que uno sostuvo que era incompetente, pues conforme al artículo 34 de la Ley de Amparo, la Oficina Auxiliar se ubica en la sede de la autoridad responsable suprimida que dictó la resolución impugnada y porque es donde tendría ejecución material el acto reclamado; el otro concluyó que si bien se creó una Oficina Auxiliar, ello fue con la finalidad de desahogar la fase de instrucción de los asuntos, sin que del acuerdo aludido se advierta la facultad de ejecutar los laudos dictados; además de que la Junta sustituta fue la que rindió el informe justificado.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclama en amparo directo un laudo dictado por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se suprimió, cuya competencia fue asignada a otra con residencia en una entidad federativa diversa, el Tribunal Colegiado de Circuito competente por razón de territorio es el que ejerce jurisdicción donde se ubica la autoridad responsable sustituta.
Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 25/98 estableció que cuando la autoridad responsable que está obligada a cumplimentar la sentencia queda impedida porque una reforma constitucional o legal la suprimió o modificó su competencia, quien debe acatar el amparo es la autoridad en que recayó dicha obligación por corresponder a la esfera de su competencia.
Con motivo del acuerdo referido se suprimió la Junta Especial con residencia en Aguascalientes, por lo que la competencia y los asuntos que se encontraban en trámite ante ésta pasaron a la Junta con sede en Querétaro, debido a ello, se convirtió en autoridad responsable sustituta para todos los efectos jurídicos.
El carácter de autoridad sustituta conlleva que al asumir el conocimiento del asunto del cual emana el acto reclamado en el amparo directo, será la única que estará en condiciones de ejecutar la sentencia".(3)
19. B. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, no aceptó la competencia declinada, por lo siguiente:
20. Sostuvo que era importante establecer en principio que, la competencia de la autoridad es una garantía de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 constitucional, lo que implica que es de orden público y un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. De manera que, un tribunal es competente para conocer un asunto cuando, estando dentro de su jurisdicción, la ley le asigna su conocimiento con preferencia a otros, ya sea por territorio o materia; por consiguiente el legislador federal, de conformidad con los artículos 94 párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo de la Constitución; 68 y 81 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estableció que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito y dentro de sus atribuciones está el de determinar el número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república Mexicana.
21. Que en ese sentido, no era dable atribuir competencia legal a los órganos jurisdiccionales de la Federación a través de un acuerdo que provenga de la Administración Pública Federal, en todo caso correspondería a dicho Consejo de la Judicatura Federal. Ello aunado, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 Constitucional.
22. Que por tanto, no apoyaba la determinación del órgano declinante con base en el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por disposición de la normativa de la Administración Pública Federal que suprimió la operatividad material de la autoridad responsable (Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla) que transfirió la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca.
23. Analizó, los antecedentes del juicio laboral y la naturaleza del acto reclamado en el amparo directo en que se determinó la incompetencia esto es el 574/2022, de las que se advertía que se encontraba pendiente de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida, pues en diez de abril de dos mil veinticuatro se había dado vista por diez días a las partes con el laudo dictado en cumplimiento previsto en artículo 196 de la Ley de Amparo(4) para que el órgano requirente declarara si la sentencia se hallaba cumplida o no, lo que fue notificado en dieciséis del propio mes y año y, aun así, transcurrió más de tres meses sin pronunciamiento respecto a ese tópico; y sin embargo, por acuerdo de dos de julio del año que cursa, el tribunal colegiado determinó que no podía pronunciarse sobre el cumplimiento dada su incompetencia.
24. Así, consideró que la determinación del órgano requirente entrañaba una violación al derecho de acceso a la justicia pronta y completa, así como a la seguridad jurídica, puesto que en la sentencia cuyo cumplimiento se hallaba sub judice el tribunal colegiado requirente determinó que era competente por razón de materia, grado y territorio para resolver el asunto; decisión que tenía la calidad de cosa juzgada, y, por ende, era irrevocable.
25. Que en ese sentido, de conformidad con los numerales 192(5), 193(6) y 196 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito, quien resolvió un amparo es el legalmente competente para conocer de las cuestiones relacionadas con su cumplimiento, ya que se requiere no solo hacer un análisis de lo efectivamente planteado, sino también de la ejecutoria a través de la cual se resolvió lo conducente, con el objeto de no dictar resoluciones contradictorias, esto es no se trata de un acuerdo de mero trámite sino de ratio decidendi.
26. Asimismo, subrayaron que el órgano legalmente competente para conocer de las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de una ejecutoria era aquél que la dictó; máxime que el cumplimiento de sus determinaciones era una cuestión de orden público que se encontraba obligada a observar.
27. Señalaron que, aun cuando la autoridad responsable se extinguió y, en su lugar, se designó a una sustituta, tal hecho sólo implicaba que el tribunal colegiado requirente debía mantener comunicación con esta última, pasando por el dictado de la determinación de cumplimiento hasta la emisión del auto que ordenara el archivo del expediente, como corroboraba la jurisprudencia 2a./J. 25/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el órgano requirente.
28. Asimismo, en apoyo a esta decisión, invocaron la tesis aislada 2a. XLIII/2019 (10a.), de rubro:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO O EL RECURSO DE REVISIÓN RELACIONADO CON AQUÉL, AUN CUANDO HAYA CAMBIADO SU DENOMINACIÓN O SU COMPETENCIA POR MATERIA."(7)
29. Así como como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/297(8) del título siguiente:
"AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. SU CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DICTÓ EL FALLO QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."
30. Que de este último criterio se advertía que, se estableció el principio de seguridad jurídica de los justiciables en cuanto a la competencia del tribunal colegiado que dictó el fallo protector; que ello con fundamento en los principios de eficiencia, coherencia y certeza jurídica, pues implica que quien obtiene un amparo tiene la garantía de que sea el mismo tribunal encargado de hacer cumplir esa determinación por ejemplo con el recurso de inconformidad o incidente de inejecución.
31. Que esa jurisprudencia señala que esa regla no se contrapone con los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal sobre el turno de los asuntos, pues ello no se trata de un asunto de turno sino de una cuestión de competencia.
32. Precisaron que, si bien la competencia territorial de los Tribunales Colegiados de Circuito se fijaba de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Amparo, es decir, atendiendo a la residencia de la autoridad que emitió la sentencia o resolución impugnada, también era cierto que, en aras de salvaguardar el derecho de impartición pronta de justicia, debía aprovecharse el conocimiento previamente adquirido por los órganos jurisdiccionales, como se desprendía del criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, en la tesis jurisprudencial PR.P.T.CS. J/1 K (11a.), de rubro y texto: "CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE TERRITORIO ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EL CONOCIMIENTO PREVIO DERIVADO DE HABER RESUELTO UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SIEMPRE QUE SE TRATE DEL MISMO JUICIO DE ORIGEN.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones opuestas al analizar a cuál de ellos les correspondía la competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo directo promovido contra un laudo emitido en cumplimiento a una anterior ejecutoria de amparo uniinstancial, por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, diferente a la que, primigeniamente, le asistió la calidad de autoridad responsable; y, cuya residencia se ubica en un territorio distinto de aquel en el que ejerce su jurisdicción el Tribunal Colegiado de Circuito que, previamente, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, establece que es legalmente competente, por razón de territorio, el Tribunal Colegiado de Circuito que, de manera previa, haya resuelto un juicio de amparo directo, derivado de un mismo sumario laboral, no obstante que el ulterior laudo reclamado haya sido emitido por una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje distinta a la que, primigeniamente, le correspondió la calidad de autoridad responsable; y cuya residencia se ubique en un territorio diferente de aquel en el que ese Tribunal Colegiado de Circuito ejerza su jurisdicción.
Justificación: En la jurisprudencia 2a./J. 64/2018 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el conocimiento previo de un asunto, derivado de la solución de un juicio de amparo anterior, constituye una excepción a las reglas de competencia por territorio previstas en el artículo 34 de la Ley de Amparo, pues así se aprovecha el conocimiento adquirido con anterioridad, además de que se evita el dictado de sentencias contradictorias, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e impartir justicia con más celeridad".
Por tanto, en aquellos juicios de amparo directo en que se señale como acto reclamado un laudo emitido en cumplimiento a una anterior ejecutoria de amparo, debe declararse legalmente competente, por razón de territorio, al Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto, independientemente que el ulterior laudo reclamado haya sido emitido por una autoridad responsable distinta a la primigenia y, cuya residencia se ubique en un territorio diferente a aquel en que ese Tribunal Colegiado ejerza su jurisdicción".(9)
33. En otro sentido, enfatizaron que, se destacaba el término de conocimiento previo del asunto, y es relevante en el contexto debido a las decisiones adoptadas, lo que favorece el uso del conocimiento adquirido previamente, evitando sentencias contradictorias y preservando los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. Citando para ello la jurisprudencia 2a./J. 64/2018 (10a.) de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXCEPCIÓN A SU INEXISTENCIA CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE NIEGAN A CONOCER DE UN ASUNTO POR RAZÓN DE TURNO Y/O CONOCIMIENTO PREVIO."(10)
34. Reiteraron la competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Amparo, estableciendo así la competencia del tribunal donde reside la autoridad que emitió la sentencia o resolución impugnada, en el caso la Junta de Puebla, por tanto correspondía al tribunal declinante de ese Estado. Apoyando esta determinación con la jurisprudencia 2a./J. 5/2002, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO." (11)
35. Asimismo, dijo que compartía las razones expuestas en la tesis I.3o.C. J/10 (10a.), como criterio orientador, de rubro: "COMPETENCIA. TRATÁNDOSE DE CUESTIONES RELATIVAS CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO, RECAE EN EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE RESOLVIÓ EL JUICIO O EL RECURSO DE REVISIÓN RELACIONADO CON AQUÉL, AUN CUANDO EXISTA UN ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULE LA ADMINISTRACIÓN DEL TURNO DE LOS ASUNTOS."(12)
36. Finalmente, expusieron que no les resultaba vinculante la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/13 L (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, invocada por el tribunal declinante, puesto que el Decimotercer Circuito se encontraba comprendido en la diversa región Centro-Sur.
37. En atención a tales consideraciones, ordenaron remitir los autos a este Pleno Regional en Materias Penal y Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, para que dirimiera el conflicto de competencia.
IV. EXISTENCIA DE CONFLICTO
38. Con base en lo expuesto, este Pleno Regional determina que existe un conflicto competencial entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por razón de territorio, para conocer del cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 574/2022, del índice del primero de los órganos jurisdiccionales en comento.
39. Como se relató previamente, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito sostuvo carecer de competencia legal para conocer del caso porque, si bien fue el órgano que otorgó la protección constitucional en el juicio de amparo directo 574/2022, respecto del laudo de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, ésta autoridad fue suprimida mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticuatro y fue sustituida por la diversa Junta Especial Número Treinta y Dos, con residencia en Oaxaca; autoridad sobre la cual ejercía jurisdicción territorial un diverso tribunal colegiado del decimotercer circuito.
40. Sin que obste que la decisión fue tomada por la presidencia del órgano jurisdiccional, pues ello no impide la resolución del conflicto, de conformidad con la jurisprudencia que apoya, por identidad de razón, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO."(13)
41. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito consideró que, con independencia a la extinción de la autoridad responsable, era competente para calificar el cumplimiento de su ejecutoria el propio Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, puesto que el acuerdo de supresión respectivo no tenía el efecto de modificar la competencia de los tribunales colegiados de circuito; aunado a que el cumplimiento de las sentencias era una cuestión de orden público que correspondía verificar a las autoridades que las dictaban, amén que de esta manera también se aprovechaba el conocimiento previo del órgano jurisdiccional.
V. ESTUDIO DE FONDO
42. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur concluye que la competencia por territorio corresponde al Sexto Circuito, por tanto, del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo en cuestión, deberá conocer y resolver el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, Puebla, en atención a las siguientes consideraciones:
43. En principio, es importante considerar que doctrinariamente la competencia se identifica como el límite de la jurisdicción y se traduce en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un espacio territorial concreto.
44. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción V, inciso d), constitucional, serán los Tribunales Colegiados de Circuito los competentes para conocer de los juicios de amparo en materia laboral conforme a la ley reglamentaria de ese precepto constitucional:
"Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
[...].
V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
[...].
d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;
[...]."
45. Por su parte, el diverso numeral 34 de la Ley de Amparo establece la competencia de los tribunales colegiados para conocer del juicio de amparo directo, a saber:
"Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.
La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32912-7b4c19cf/competencia-para-calificar-el-cumplimiento-de-una-ejecutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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