I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 18, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA NORMA IMPUGNADA PUEDE ANALIZARSE A TRAVÉS DE DICHO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO AL HABER SIDO EMITIDA A PARTIR DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA TOTALIDAD DE LA LEGISLACIÓN A LA QUE PERTENECE Y SE ABROGÓ LA TOTALIDAD DEL ESQUEMA NORMATIVO PREVIO [ARTÍCULO 128, FRACCIÓN VII, INCISO A), DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 532/2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS]. VII. SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PREVÉ LAS BASES MÍNIMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO SON, ENTRE OTRAS, LA JUBILACIÓN, LA INVALIDEZ, LA VEJEZ Y LA MUERTE, SIN ESTABLECER LOS TÉRMINOS O LAS CONDICIONES CONFORME A LAS CUALES DEBERÁN OTORGARSE DICHAS PRESTACIONES. VIII. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO CONSTITUCIONAL QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EJERCER SU LIBERTAD CONFIGURATIVA EN TORNO A ESTE DERECHO. IX. SEGURIDAD SOCIAL. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL. X. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. ELEMENTOS QUE DEBEN FORMAR PARTE DE SU CONTENIDO NORMATIVO. XI. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO. XII. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. XIII. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. XIV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. XV. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU EXIGENCIA DE NO REGRESIVIDAD NO CONSTITUYE UN MANDATO ABSOLUTO, DADO QUE PUEDE ADMITIR LA POSIBILIDAD DE QUE UN DETERMINADO NIVEL DE PROTECCIÓN DE UN DERECHO HUMANO PUEDA SER MODIFICADO MEDIANTE MEDIDAS NO TAN BENÉFICAS, EN RESPUESTA A DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS Y REALIDADES SOCIALES. XVI. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA REGRESIVA EN LA MATERIA DEPENDE DE QUE SUPERE UN TEST DE PROPORCIONALIDAD. XVII. RÉGIMEN PENSIONARIO BUROCRÁTICO DE YUCATÁN. EL INCREMENTO EN LOS REQUISITOS DE EDAD Y EN EL PERIODO DE COTIZACIONES NECESARIAS PARA LA JUBILACIÓN, SE TRADUCE EN LA EXIGENCIA DE UN MAYOR TIEMPO DE DESGASTE ORGÁNICO DEL SERVIDOR PÚBLICO, LO QUE REDUNDA EN CONDICIONES MENOS FAVORABLES PARA EL TRABAJADOR. XVIII. RÉGIMEN PENSIONARIO BUROCRÁTICO DE YUCATÁN. EL INCREMENTO EN LAS CUOTAS SOCIALES A CARGO DE LAS PERSONAS OPERARIAS BUROCRÁTICAS REPERCUTE EN SU DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL INCREMENTAR LA CARGA CONTRIBUTIVA DEL TRABAJADOR QUE SE REFLEJA EN LA DISMINUCIÓN DE SUS INGRESOS PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES INMEDIATAS. XIX. RÉGIMEN PENSIONARIO BUROCRÁTICO DE YUCATÁN. EL ESTABLECIMIENTO DEL SALARIO REGULADOR, COMO BASE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN, QUE SE CONSTRUYE SOBRE UN OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL PROMEDIO DE SALARI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 118/2022 Y SU ACUMULADA 121/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 4 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
ÍNDICE TEMÁTICO
ACTO IMPUGNADO: Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el veintiuno de julio de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 118/2022 y su acumulada 121/2022, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en Ley de Seguridad Social de los Trabajadores de esa entidad federativa, publicada mediante Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno local el veintiuno de julio de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE.
1 Presentación de la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de diversos numerales de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, expedida mediante Decreto 532/2022 publicado en el medio de difusión oficial estatal el veintiuno de julio de dos mil veintidós.
2 Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán y Gobernador de dicha entidad federativa.
3 Normas generales cuya invalidez se reclaman. Los artículos 3, fracción XXI, 67, fracción I, en la porción normativa "y la edad", 128, fracción VII, inciso a) y séptimo transitorio del Decreto 532/2022 por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de la propia entidad el veintiuno de julio de dos mil veintidós.
4 Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima transgredidos los numerales 1, 4, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 5, 23 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2, 5, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como Partes I, artículo 2; II; V, ordinales 25, 26 y 27; VI; VII; IX y XI, del Convenio Número 102 sobre Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo.
5 Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó, en esencia, lo siguiente:
PRIMERO. El artículo 67, fracción I, específicamente la porción normativa "y la edad", de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad.
El capítulo V de la ley impugnada contiene las disposiciones que regulan la prestación del servicio médico en favor de las personas servidoras públicas, las pensionadas y sus beneficiarios, cuando cumplan los requisitos relativos.
En relación con la posibilidad de que los ascendientes en primer grado puedan recibir atención médica por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por haber sido nombrados como beneficiarios por la persona servidora pública o pensionada, el legislador determinó que es necesario, entre otros requisitos, acreditar la edad.
Tal exigencia vulnera los principios de seguridad y legalidad, pues no se precisó un parámetro o rango de la edad que será considerada y conforme a la cual la autoridad correspondiente determinará si se cumple o no con el requisito.
De este modo, el Congreso local, al prever el requisito de la edad, estableció una norma que permite la arbitrariedad en su aplicación, ya que, al no señalar una edad mínima o máxima para poder ser beneficiaria de la prestación en comento, será la autoridad respectiva del mencionado Instituto quien decidirá si cuenta o no con la edad necesaria para acceder al servicio médico.
Por tanto, se sitúa en un estado de incertidumbre jurídica a las personas, pues sin importar la edad que tengan, no conocerán si pueden ser o no beneficiarias, aun cuando hayan sido inscritos con tal carácter y cumplan con los demás requisitos.
Bajo esa tónica, el legislador vulneró el mandato constitucional de seguridad jurídica al crear una disposición que no incluye de forma clara y precisa cada uno de los requisitos indispensables para tener acceso a una prestación de seguridad social.
No pasa inadvertido que el Congreso estatal trató de acotar el requisito cuestionado al indicar que se deberá acreditar el parentesco y la edad en términos de la legislación civil, lo cual carece de sentido lógico-jurídico, pues del Código Civil de la entidad no se advierte alguna disposición que contenga un precepto que regule la edad para ser padre o madre, ni cuando se reputará como tal frente a los demás ordenamientos del sistema jurídico local.
SEGUNDO. El artículo 128, fracción VII, inciso a), de la referida legislación de seguridad social burocrática, vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación, seguridad social, a formar una familia y al libre desarrollo de la personalidad, al establecer la pérdida del derecho a recibir la pensión por fallecimiento del trabajador cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato.
Lo anterior establece un trato diferenciado e injustificado para continuar siendo beneficiario de la pensión entre las y los cónyuges supérstites que deciden volver a tener una relación en pareja y aquellas que no; así como respecto de quienes tiene la calidad de beneficiarios, constituyéndose como una discriminación en razón de su estado civil, además de erigirse como un impedimento para volver a tener una familia.
No existe justificación válida para que al cónyuge pensionado se le restrinja toda posibilidad de volver a hacer su vida en pareja si es que quiere seguir gozando de la pensión a la que tiene derecho, lo que se traduce en una trasgresión a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la seguridad social, a formar una familia y al libre desarrollo de la personalidad.
Para evidenciar tales argumentos de inconstitucionalidad, es conveniente tener en cuenta que la prestación denominada pensión, está regulada en los artículos 125 a 128, sección quinta "Pensiones por fallecimiento" del Capítulo VIII, de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, concretamente, el numeral 128 establece las reglas para acceder a dicha prestación, como son, entre otras, el orden de prelación, esto es: 1) el cónyuge supérstite e hijas o hijos menores de dieciocho años o hasta veinticinco en caso de ser dependientes económicos, estudiantes o tener una discapacidad; 2) a falta de cónyuge, la persona con quien haya vivido en concubinato; y, 3) a falta de cónyuge, hijos o persona en concubinato, los ascendientes.
Asimismo, la ley impugnada establece en la fracción VII del mismo ordinal 128, tres supuestos en que se pierde la pensión, a saber: 1) cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato; 2) cuando las hijas o hijos cumplan determinada edad; y, 3) por fallecimiento de la persona beneficiaria.
Ahora, si bien es verdad que, conforme a la regulación legal en la materia, la muerte del trabajador asegurado genera no solo el pago de pensiones en favor del cónyuge supérstite, pues comprende otros beneficiarios, como por ejemplo a las y los concubinarios, lo cierto es que el artículo 128, fracción VII, inciso a), de la ley en cita, prevé que solamente los que estuvieron unidos en matrimonio con el trabajador asegurado, perderán el derecho a recibir la pensión si contraen nupcias o llegan a vivir en concubinato, lo cual propicia un trato desigual y discriminatorio incompatible con el orden constitucional.
En esa virtud, la referida disposición tildada de inconstitucional es contraria al derecho de igualdad, porque actualiza dos supuestos de discriminación.
El primero, porque establece un trato diferenciado para seguir gozando de la pensión entre: los cónyuges supérstites que decidan contraer nuevas nupcias o vivir en concubinato y los que decidan no volver a formalizar alguna relación en pareja mediante matrimonio o concubinato. De modo que la disposición coloca en desventaja a los primeros respecto de los segundos, toda vez que, si la pensión se actualiza con la muerte del trabajador y es un derecho del cónyuge supérstite, no debe ser motivo para no otorgarla si la viuda o el viudo decide tener alguno de los vínculos familiares anotados, pues tal condición atenta contra la familia y la protección especial que constitucionalmente se le reconoce como elemento natural y fundamental de la sociedad.
El segundo, porque genera situaciones de desventaja y desigualdad entre los diversos beneficiarios de la pensión en razón de la naturaleza de la unión o vínculo jurídico familiar que tuvieron con el trabajador asegurado, toda vez que la disposición impugnada únicamente establece como supuesto para perder la prestación que la esposa o esposo supérstite se vuelva a unir en matrimonio o concubinato, sin contemplar en esa hipótesis a la concubina o concubinario.
Así, es evidente que la medida legislativa es discriminatoria y, por ende, contraria al derecho de igualdad reconocido en el artículo 1° de la Constitución Federal, ya que constituye una forma de distinción injustificada que se basa, en primer término, en el estado civil de las personas y, en segundo, en la naturaleza del vínculo familiar que los beneficiarios formaron o tuvieron con el trabajador asegurado.
Asimismo, debe decirse que la disposición impugnada no solo atenta contra el derecho de igualdad, sino que repercute directamente en el derecho constitucional de todas las personas a formar una familia, toda vez que si bien no limita ipso facto que la o el cónyuge supérstite vuelva a formalizar una relación en pareja después del fallecimiento del trabajador asegurado, sí incide directamente en su decisión, ya que en caso de que sea su voluntad hacerlo, perderá un derecho de ser beneficiario de la seguridad social, orillándolo a no volver a tener pareja.
Aunado a lo anterior, el hecho de formar nuevamente una relación en pareja no refleja que el razonamiento para establecer la causal de retiro de la pensión se sustente en un carácter puramente económico, pues lo cierto es que ese criterio no aplica a quienes se incorporan a un trabajo remunerado.
Así es claro que las intenciones del legislador no son las de preservar la estabilidad de las prestaciones sociales a las demás personas en la entidad, ya que el hecho de contraer una relación formal no implica per se que se percibirán nuevos ingresos o que la situación económica del beneficiario mejorará, pues en caso de admitir ese criterio, se estarían basando las relaciones afectivas-familiares en estereotipos puramente económicos.
Igualmente, la fracción impugnada también trastoca el derecho a la seguridad social instituido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General, habida cuenta que la generación de la pensión no es una prestación gratuita o generosa, sino que se va gestando durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones que hace a lo largo de su etapa productiva y, además una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en parte, la subsistencia de sus beneficiarios después de la muerte.
Lo que se advierte de la propia Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que establece a cargo del trabajador una cuota obligatoria equivalente al 15% de su salario, de los cuales 13% son para el fondo de pensiones y 2% para el fondo de servicio médico, aunado a las aportaciones de la entidad pública correspondiente, por lo que es claro que esa prestación no es una cuestión gratuita en favor de los beneficiarios, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador.
Similares consideraciones, sostuvo la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 1018/2015 y el amparo directo en revisión 5081/2017.
TERCERO. El artículo 3, fracción XXI y la disposición séptima transitoria del Decreto por el que se expidió la ley de seguridad social impugnada, transgreden los derechos de seguridad social, el principio de previsión social y el derecho de igualdad, respectivamente, ya que prevén un "salario regulador" para la determinación de las pensiones que impide garantizar a las personas trabajadoras y sus familias una vida digna y decorosa, pues no tiene una relación razonable entre las cotizaciones abonadas y la cuantía de la pensión.
Las diversas modalidades de pensión que regula la ley combatida en el Capítulo VII, esto es, jubilación, retiro anticipado, vejez, retiro anticipado en edad avanzada, incapacidad por riesgos de trabajo, invalidez por causas ajenas al trabajo, fallecimiento por riesgos de trabajo y fallecimiento por casusas ajenas al trabajo, tienen como base para su cálculo el "salario regulador" como se advierte de los numerales 110, 111, 112, 113, 116, 119, 126 y 127.
De los artículos 3, fracción XXI y séptimo transitorio del ordenamiento de seguridad social impugnado, se advierte que el Congreso local instituyó un salario regulador diverso para dos supuestos: 1) para personas servidoras públicas que se afiliaron al Instituto después de la entrada en vigor del Decreto 532/2022; y, 2) para personas servidoras públicas en transición, es decir, las afiliadas con anterioridad a dicho decreto.
Si bien los citados preceptos combatidos prevén regímenes distintos, en atención al momento en que las personas se afiliaron al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, lo cierto es que son contrarios al derecho de seguridad social y al principio de previsión social, toda vez que su contenido normativo implica que, a mayor tiempo de años a promediar los salarios cotizados, será menor el monto del salario regulador o base, lo que impedirá garantizar al trabajador y a su familia una vida digna y decoroso. Además, de acuerdo con el principio de previsión social, es indispensable que el monto de la pensión deba permitirle conservar la calidad de vida que tenía antes de salir del servicio, tomando como base el promedio de los salarios cotizados en el último año, previo a la obtención de la prestación correspondiente.
Esa aseveración deriva de que, de los numerales impugnados se advierte que el salario regulador equivaldrá solamente al 85% del promedio de los salarios cotizados durante los últimos veinte años de aquellas personas trabajadoras que se afilien al instituto con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 532/2022; mientras que por lo que hace a quienes ya estaban afiliados antes de su vigencia, el promedio oscilará entre el 100% al 90%, según sea el caso, mientras que los salarios a promediar irán de los dos a los cinco últimos años, dependiendo el tiempo que le falte a la o el trabajador para cumplir los treinta años de cotización.
Los porcentajes que van del 85% al 95% que corresponden a los supuestos en comento para la determinación del salario regulador, carecen de base constitucional y convencional, toda vez que debe haber una relación razonable entre las cotizaciones abonadas y la cuantía del plan de seguridad social respectivo.
En otras palabras, el salario regulador debe integrarse de la totalidad del promedio de los salarios cotizados, tal como acontece en el supuesto previsto en el séptimo transitorio, relativo a los casos en que a las y los trabajadores en transición no les falte ninguna anualidad para cumplir los treinta años de cotización, su salario regulador equivaldrá al 100% del promedio de los salarios cotizados, pues no hay justificación constitucionalmente válida para establecer porcentajes inferiores al 100%.
Otra razón para declarar la invalidez de las normas en cuestión, deriva en función de que el Congreso del Estado de Yucatán estableció que el salario regulador equivaldría a determinado porcentaje del promedio de salarios cotizados desde los últimos dos a los veinte años, para evitar futuros abusos que podrían generarse en la última etapa de la vida laboral accediendo a salarios más elevados para llevarse una pensión más alta sin haber cotizado en ese nivel.
En consecuencia, el fin que persiguió el legislador, como se desprende de la exposición de motivos del Decreto 532/2022, al instituir el salario regulador fue evitar que las y los trabajadores que estén próximos a recibir una pensión se les otorgue un ascenso con el único objeto de obtener una pensión de mayor cuantía.
Sin embargo, al resolver el amparo en revisión 220/2008, el Pleno del Alto Tribunal consideró que dicha justificación carece de razonabilidad, ya que prejuzga sobre las razones que motivaron el ascenso del trabajador. Aunado a que, en dicho precedente, se indicó que el seguro de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y de cesantía en edad avanzada, más que proteger una contingencia, tiene por objeto asegurar al trabajador una vejez digna y decorosa; de ahí que una de las mayores conquistas burocráticas en materia de seguridad social, fue la de reducir el periodo para promediar el sueldo básico sobre el cual se calculará el monto de la pensión, primero, de cinco a tres años y después a un año.
De ahí que los artículos 3, fracción XXI y séptimo transitorio controvertidos, tampoco garantizan las bases mínimas previstas en el Convenio Número 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima).
Adicionalmente a lo anterior, el artículo séptimo transitorio del Decreto 532/2022 impugnado, atenta contra el derecho de igualdad, ya que coloca en situaciones diferentes a los trabajadores en transición, al establecer bases diferenciadas para el cálculo de las pensiones.
Es así, pues conforme a dicha disposición la forma para calcular el sueldo regular dependerá de los años que a los trabajadores en transición les falten por llegar a los treinta años de cotización y del número de meses a promediar sobre los últimos años de cotización (24, 26, 48 y 60 meses) a cuyo resultado le aplicará un porcentaje del 100, 95, 93, 91 y 90, según corresponda.
Luego, al haberse acreditado que la norma cuestionada sí genera un trato diferenciado, el nivel de escrutinio que corresponde realizar, es ordinario.
En la especie, se advierte que el precepto normativo no cumple con el primer requisito, relativo a perseguir una finalidad constitucionalmente válida, pues la razón que expuso el legislador para modificar el régimen de seguridad social fue buscar un equilibrio financiero, económico y social para establecer las condiciones necesarias para la sustentabilidad operativa que requiere el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y asegurar que el sistema pensionario estatal pueda continuar de manera eficaz y positiva.
Sin desacreditar las razones que dio el legislador, se estima que ello no es razón suficiente para establecer un trato desigual entre los trabajadores en transición respecto de la forma de calcular su salario regulador, pues de la tabla contenida en la séptima disposición transitoria, se observa que a las personas que les falte más tiempo para cumplir los treinta años de cotización, se les va a ponderar un mayor número de meses y se les aplicará un porcentaje que irá decreciendo, de lo cual se infiere que se hace con el propósito de que el salario regulador sea cada vez menor, lo que reduce de manera significativa el monto de las pensiones respectivas. Sin que se pierda de vista que el objetivo del legislador, al establecer el régimen transitorio, fue que las nuevas disposiciones no se aplicaran directamente a los trabajadores en transición de forma inflexible; sin embargo, se previeron elementos que carecen de una explicación objetiva, toda vez que se omitió justificar de forma fundada el por qué varía el número de meses a ponderar en razón de los últimos salarios percibidos y porqué a algunos les corresponden mayores o menores porcentajes respecto de otros, por lo que es claro que la norma pone en situación de desigualdad a los trabajadores en transición, pese a que todos se encuentran en un escenario semejante, es decir, no son pensionados y aún no tienen derecho a una pensión.
Ad cautelam, en caso de que el Alto Tribunal considere que la norma cumple el primer requisito, es preciso continuar con el resto del escrutinio.
En cuanto a la segunda grada, se considera que la medida puede tener relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de garantizar que el mencionado Instituto tenga los medios financieros para mantener el sistema de pensiones; ello, pues conforme a las reglas de cálculo para el salario regulador de los trabajadores en transición, a mayor tiempo de años faltantes para los treinta años de cotización, menor será el monto de la base para el cálculo de las pensiones.
Por lo que ve a la tercera grada, se considera que la medida no es proporcional y sacrifica de forma innecesaria los derechos de los trabajadores en activo, pues un gran número de ellos se verán afectados derivado de la forma en cómo se calculará el salario regulador, pues mientras para algunos resulte benéfico, para otros puede ser perjudicial, debido a que resentirán cómo decrece el monto de su pensión.
Así se llega a la convicción de que existe un desbalance entre lo que se consigue con la medida y los costos que impone desde la perspectiva de otros intereses y derechos constitucionalmente protegidos, como es procurar la viabilidad financiera del Instituto para garantizar las pensiones a futuro de los trabajadores; sin embargo, el legislador pudo optar por establecer otras medidas que no generaran espectros de discriminación y que coadyuvarán a lograr el fin perseguido, como pudo ser prever una misma forma de calcular el salario regulador para todos los trabajadores en transición.
Finalmente, la Comisión solicita que de resultar inconstitucionales las normas cuestionadas, se extiendan los efectos a todas aquellas disposiciones que estén relacionadas.
6 Trámite, admisión y acumulación. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 118/2022, y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
7 En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes.
8 Por escrito depositado el veintidós de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correos de México, recibido el veintinueve del mismo mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Miguel Óscar Sabido Santana, en su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, expedida mediante Decreto 532/2022 publicado en el medio de difusión oficial estatal el veintiuno de julio del año en cita.
9 Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán y Gobernador de dicha entidad federativa.
10 Normas generales cuya invalidez se reclaman. Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, expedida mediante Decreto 532/2022 publicado en el Diario Oficial del Gobierno de ese estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós.
11 Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La parte accionante estima transgredidos los numerales 1, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General; 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 17, 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 1, 9 y 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
12 Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, la aludida Comisión estatal de Derechos Humanos expresó, medularmente, lo siguiente:
PRIMERO. Violación al principio de progresividad y omisión de expresar una motivación reforzada al afectar el derecho a la seguridad y previsión social.
Toda reforma, actualización o creación de una norma no puede, en virtud del principio de progresividad, disminuir o empeorar el contenido de los derechos humanos y las garantías para su efectivo goce y ejercicio.
En el Decreto 532/2022 que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán impugnada, sólo se preservaron los derechos de las personas que actualmente gozan de una pensión o de las que han llegado a la edad de cincuenta y cinco años y con un mínimo de quince de cotización y, por el contrario, plantea un detrimento para los trabajadores denominados en transición y de nuevo ingreso.
Para los trabajadores en transición los artículos sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto, establecieron un régimen regresivo, en virtud de lo siguiente:
1. De manera gradual, año con año, su porcentaje de aportación será incrementado. Los transitorios establecen desde un 8% hasta el 15% para el año dos mil veintinueve (sic).
2. Para la pensión por jubilación se aumentan los años de servicio, bajo un esquema de salario regulador.
3. Para la pensión por vejez, se previó que los servidores públicos con quince años de servicio puedan acceder a este derecho bajo un esquema de acuerdo al año que les falte para cotizar la pensión o jubilación conforme a la ley abrogada.
4. La pensión por vejez se calculará multiplicando el salario regulador por una tabla de factores que establecen reductores que se presentan del 0.50 al 1.00 de acuerdo a los años cotizados, esto, estableciendo una base mínima de quince hasta los treinta años o más.
5. La pensión por retiro anticipado por edad avanzada considera descuentos o reducciones en un 5% del monto, de acuerdo al salario regulador por cada año que le falte para cumplir con la edad de jubilación, a partir de que el trabajador cuente con edad de sesenta años y un mínimo de veinte cotizados.
6. Para el caso de pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo aplicables a salarios reguladores tasados por factores de acuerdo a los años trabajados, son considerados en un mínimo de cinco y hasta más de treinta años de cotización al Instituto para poder calcular la pensión por invalidez no imputable a causas de su trabajo (sic).
7. El seguro de cesantía o separación establece que las personas que se separen de sus trabajos por la edad, ya sea por renuncia o por despido y no alcancen a pensionarse, podrán retirar sus aportaciones, pero solamente por un porcentaje del 15% de las aportaciones hechas por el servidor público, sin ninguna otra prestación.
En general, la ley impugnada aumenta los años de edad y de servicio de las personas servidoras públicas, pues de considerar los cincuenta y cinco años de edad en el caso de las mujeres (sic) y de sesenta para los hombres y, en ambos supuestos, treinta de cotización, ahora se establecen sesenta y cinco de edad y treinta y cinco de cotización, sin diferenciación por género.
Además, las jubilaciones se fijarán con base en un salario regulador que disminuye el ingreso salarial, por lo que perjudica a quienes durante toda su vida laboral fueron pagados con base en el salario diario y sus incrementos respecto al salario mínimo general vigente; en tanto en la norma impugnada, se accede a partir de los veinte años de cotización y como requisito se debe contar con sesenta y cinco de edad, además, en la norma vigente (sic) se accede a partir de los quince años de cotización y sesenta de edad.
Asimismo, en la ley impugnada, hay una regresividad en la manera en que se pretende fijar la pensión de las personas, pues anteriormente se consideraba el promedio de todas las prestaciones computables correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja; mientras que ahora se considerará el 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona durante los últimos veinte años de su vida laboral. Tal cuestión, no sólo priva a la persona servidora pública de un 15% de su salario al momento de su jubilación, sino que en caso de que haya podido acceder a un puesto de alto rango con salario más remunerador casi al final de su vida como trabajador, esto no se re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33011-b788229a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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