PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN. LA PERSONA ACTORA EN EL JUICIO DE ALIMENTOS NO PUEDE OFRECERLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
AMPARO EN REVISIÓN 226/2023. 14 DE MARZO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JORGE ARMANDO WONG ACEITUNO. PONENTE: SERGIO ROCHÍN GARCÍA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: JOSÉ ÁNGEL MARICHE FERNÁNDEZ.
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el día catorce de marzo de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver el recurso de revisión 226/2023, derivado del juicio de amparo indirecto 575/2023-III; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, ***** **** ******** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos precisados en dicho ocurso de la siguiente forma:
“3. Autoridad responsable: Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar; perteneciente al vigésimo primer distrito judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
4. Acto u omisión de la autoridad que se reclama: La resolución del 9 de mayo del 2023 dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil ********* del índice de la responsable, notificada por lista de acuerdos en esa misma fecha, por violación a la garantía de seguridad jurídica”.
SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos violados, lo consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Juez Decimonoveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien por auto de dos de junio de dos mil veintitrés, ordenó su registró con el número 575/2023-III, de su índice y la admitió a trámite, dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
Seguidos los trámites de ley, celebró la audiencia el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, y dictó sentencia en la misma data; en la que determinó, no amparar a la parte quejosa, de acuerdo a las consideraciones vertidas en dicha resolución.
CUARTO. Inconforme con tal resolución, por escrito presentado ante la Oficialía de Partes adscrita al Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el siete de septiembre de dos mil veintitrés, con residencia en esta ciudad (foja 4 de este expediente), el quejoso, aquí recurrente, por propio derecho interpuso recurso de revisión.
Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y ordenó registrarlo con el número de toca 226/2023.
De igual forma, se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante lista de acuerdos el veinte de septiembre siguiente (foja 28 del presente expediente), quien no formuló pedimento.
QUINTO. Por auto de presidencia de seis de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 182 y 183 de la Ley de Amparo y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el asunto al Secretario en funciones de Magistrado licenciado Sergio Rochín García, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. COMPETENCIA.
Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 80, 81, fracción I, inciso e), y 86, 88 y 90 y 91 de la Ley de Amparo; 38, fracción II, y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del numeral segundo, punto primero, de la fracción X del Acuerdo General 45/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y al cambio de denominación de Tribunal Colegiado del Décimo Circuito a Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por recurrirse una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, por una Juez de Distrito que reside dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. OPORTUNIDAD.
El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, porque la resolución recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa, aquí recurrente, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (foja 24 del amparo en revisión), y el escrito de expresión de agravios fue presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el siete de septiembre del año en cita (según constancia que obra a foja 4 del toca), esto es en el lapso de diez días hábiles siguientes al en que surtió efectos aquella notificación (artículo 86 de la Ley de Amparo), dado que tal término transcurrió del veintinueve de agosto al once de septiembre de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve y diez de septiembre del año de referencia, por ser sábados y domingos, por ser inhábiles, acorde con los artículos 19 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del citado Pleno, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince.
Es preciso destacar que la tercera interesada ***** ******* ********* ******, por propio derecho y en representación de los menores de edad identificados con las iniciales ****** y ******** quedaron debidamente notificada del auto admisorio de este expediente de amparo en revisión, mediante lista de acuerdos el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, quien no interpuso recurso de revisión adhesivo.
TERCERO. OMISIÓN DE REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS.
Este Tribunal Colegiado no trascribirá las consideraciones de la sentencia recurrida ni los agravios, al no existir disposición en la Ley de Amparo que así lo exija y, especialmente, porque, el artículo 74 precisa lo que deben contener las sentencias de amparo.
Esa consideración, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia común, página 830, bajo el tenor:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
CUARTO. ANTECEDENTES.
Para una mejor comprensión del asunto en estudio, se destacarán los sucesos más relevantes del mismo, acorde a las constancias físicas allegadas al cuaderno de recurso, las electrónicas que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y el tomo de pruebas exhibido con el informe justificado por la responsable:
***** ******* ********* ****** –tercero interesada en este asunto–, por derecho propio y en representación de sus menores hijas de iniciales ******** e *****, por escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, registrado el cuatro de julio siguiente ante el JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, con sede en esta ciudad, demandó del aquí quejoso ***** **** *******, lo siguiente:
• DIVORCIO INCAUSADO.
• PENSIÓN ALIMENTICIA (PROVISIONAL Y DEFINITIVA, respectivamente).
• En caso de liquidación, finiquito o jubilación del demandado, de su fuente de empleo, se descuente el porcentaje fijado como medida.
• ASEGURAMIENTO por concepto de RENTA del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del bien inmueble en que habita la actora.
• PAGO PREFERENTE DE ALIMENTOS.
• GUARDA Y CUSTODIA DEFINITIVA de las infantes, a su favor.
(Escrito visible de fojas 1 a 17 del tomo de pruebas).
En proveído de siete de julio de dos mil veintidós, el juez responsable radicó la demanda de alimentos bajo el consecutivo **************, y decretó a favor de la actora, una pensión alimenticia provisional a razón del 60% (SESENTA POR CIENTO), del salario y demás prestaciones que percibe el demandado; se ordenó el emplazamiento a la parte demandada, entre otras cosas (fojas 106 a 111 del juicio civil).
Luego, en diligencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se emplazó a dicho procedimiento a la parte demandada, para que en el término de nueve días diera contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 123 a 130 de los autos originales).
Posteriormente, por escrito datado el treinta y uno de agosto de dicho año, el allá demandado dio contestación al libelo inicial de alimentos formulado en su contra, inconformándose además con la medida provisional alimentaria decretada, ofreciendo las pruebas que a su interés convino (fojas 139 a 183 del expediente de la responsable).
En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, el juez del conocimiento tuvo por contestada la demanda inicial; asimismo, admitió a trámite la reclamación planteada por el demandado (hoy amparista), dando vista a la parte actora, para que en el término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 265 del asunto de origen).
Consiguientemente, por escrito de diecinueve de septiembre del mismo año (fojas 266 a 295 del expediente primario), la parte actora «hoy tercero interesada», desahogó la vista otorgada por el juez natural y aportó medios de convicción, lo que se acordó favorable en auto de tres de octubre de dos mil veintidós (foja 479 ibídem).
Después, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el juez prístino emitió una primera determinación, en donde resolvió la inconformidad planteada por el demandado, y determinó declararla infundada y, como consecuencia de ello, confirmó la pensión alimenticia fijada provisionalmente (fojas 490 a 494 del expediente de origen).
Contra dicha decisión, el hoy quejoso formuló demanda de amparo indirecto, la que por razón de turno, tocó del conocimiento de la Juez Decimonoveno de Distrito en la Entidad, con sede en esta ciudad, el cual radicó con el consecutivo 1306/2022, de su índice.
Una vez seguido todo el proceso constitucional, mediante audiencia de ley de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Juez Federal dictó sentencia, en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal al aquí también amparista, para los efectos siguientes:
“SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente:
a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil ************** del índice de su adscripción.
b) En su lugar, dicte una nueva, en la que atienda las manifestaciones y pruebas ofrecidas por el demandado y por la actora; exponga las consideraciones que tuvo en cuenta para restarles o concederles valor probatorio; y, razone por qué son o no idóneas o suficientes para probar sus pretensiones.
c) Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respecto al porcentaje que le corresponderá a la parte actora, el cual deberá ser proporcional y equitativo, observando los principios de congruencia, fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener...”.
Dicha resolución causó ejecutoria por auto de diecinueve de mayo del año próximo pasado, al no haber sido impugnada por las partes procesales de dicho controversial constitucional.
En cumplimiento a lo anterior, la responsable el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitió una segunda resolución, en la que declaró improcedente la reclamación interpuesta y, por ende, confirmó el auto inicial donde se fijaron alimentos provisionales (fojas 512 a 520 del expediente natural).
Sin embargo, el Juzgado de Distrito estimó que no se encontraba cumplida la sentencia ejecutoria, en su totalidad; por ende, mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, el juzgador de instancia dejó insubsistente la resolución anterior y ordenó turnar los autos para resolver lo que correspondiera (foja 522 del juicio prístino).
Finalmente, el nueve de mayo de mayo del año próximo pasado, el juez de primera instancia dictó una tercera interlocutoria, en la que declaró parcialmente procedente la reclamación formulada por el hoy quejoso; y, en consecuencia, redujo la PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL del 60% (SESENTA POR CIENTO), al 50% (CINCUENTA POR CIENTO), desglosado en un 10% (DIEZ POR CIENTO) en favor de la actora ***** ******* ********* ******, y el 40% (CUARENTA POR CIENTO) en favor de las dos menores descendientes, distribuidos en un 20% (VEINTE POR CIENTO) para cada una.
Tal decisión es la que constituye el acto reclamado en el juicio biinstancial.
Contra dicha decisión, el demandado ***** **** ******* formuló demanda de amparo indirecto, que como se dijo en el resultando correspondiente, tocó del conocimiento por cuestión aleatoria, a la Juez Decimonoveno de Distrito en la Entidad, con sede en esta ciudad, quien la admitió y radicó con el consecutivo 575/2023-III.
Seguida la secuela procedimental, el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la aludida juzgadora Federal celebró la audiencia constitucional y en ella dictó sentencia, en el sentido de negar la protección federal solicitada.
Esa determinación de amparo es la que constituye la materia del presente recurso de revisión.
QUINTO. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN.
I. Estudio de los agravios.
Son fundados algunos de los agravios expuestos por el quejoso recurrente ***** **** *******, aunque suplidos, en parte, de su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conllevará a revocar la sentencia constitucional.
Lo anterior, toda vez que, jurisprudencialmente se ha dispuesto, en materia familiar, que dicha institución rige en todos los casos relacionados; pues, precisamente se afecta el orden y desarrollo del núcleo social: la familia.
Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) –registro digital 2022087–, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 316, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en el libro 78, tomo I, publicada en septiembre de dos mil veinte, materia constitucional, que reza al tenor literal siguiente:
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas.”.
Ahora bien, como motivo de disenso expresa el recurrente en el agravio PRIMERO, que la juez constitucional actuó erróneamente al declarar infundado el concepto de violación que sintetizó en el punto 3 (TRES), consistente en que el juez de origen no debió admitir el contrato de arrendamiento y de las facturas del colegio de sus hijas, que la tercero interesada ofreció en el momento de desahogo de vista al recurso de reclamación de la medida provisional alimentaria.
Lo anterior, porque desde su perspectiva, en la vista de la contestación no era el momento idóneo para hacerlo; pues solamente aplicaría para hechos y pruebas SUPERVENIENTES; en tanto que, el amparista no podría refutarlos ni defenderse sobre de ellos, atentando contra el principio de contradicción de hechos y de pruebas.
En el SEGUNDO de los motivos de descontento, rebate el revisionista que la Juez de Distrito equívocamente declaró infundado el concepto de violación compendiado como 2 (DOS), porque no observó el principio de proporcionalidad, el cual se identifica con las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor; pero las primeras no conllevan a sólo tomar en cuenta los ingresos del demandado, sin sopesar los de la acreedora alimentaria, dado que está probado en autos que la última percibe por arrendamiento de un bien inmueble. Asimismo, porque la obligación impuesta de acreditar los gastos que genera la manutención de un nuevo hijo, rompe el principio de presunción de la necesidad alimentaria de los menores de edad, previsto por los artículos 234 y 239, párrafo tercero, del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y sería tanto como obligar a la madre de su diverso descendiente a que tenga la necesidad de demandar el aseguramiento del pago de alimentos que le corresponden.
En el agravio TERCERO, expone el disconforme que es injustificado que la A quo de amparo hubiere declarado inoperante el concepto de violación resumido en el punto 1 (UNO), toda vez que, si el juez responsable advierte que se encuentra cubierto uno de los rubros que componen los alimentos (como en el caso fue la asistencia médica y medicinas), entonces el justiciable no tiene la necesidad de realizar ningún argumento relacionado con ello y, por ende, cabría la reducción por esa cuestión.
Lo anterior, porque refiere el inconforme que el juez de instancia fijó los alimentos en la medida en que lo hizo, porque en un principio desconocía si la acreedora alimentaria o sus menores hijas contaba o no con servicio médico; pero, a pesar de que la hoy tercero interesada lo omitió en su escrito de demanda inicial, que dicho sea de paso sorprendió la buena fe de la responsable, empero, se demostró que ese rubro lo tiene cubierto.
Son fundadas tales manifestaciones, aunque suplidas, en parte, de su deficiencia.
Efectivamente, para abordar el tema de alimentos referidos por la ley, el legislador incluyó o consideró diversos aspectos y no simplemente la alimentación, sino otros rubros más con los que se debe contar para el correcto desarrollo de una persona, a saber:
- Comida.
- Vestido.
- Habitación.
- Asistencia en caso de enfermedad.
- Educación básica (cuando hay descendientes).
- Para proporcionar oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales –cuando hay descendientes–.
Motivos suficientes para considerar que, los alimentos no constituyen sólo el aspecto literal de atención nutrimental, sino que la acepción legal inmersa en los mismos, también implican los demás aspectos para lograr un desarrollo físico, mental y psicológico integral del ser humano.
Como apoyo de lo anterior, se invoca la tesis registrada con número 241536, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 13, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 71, cuarta parte, cuya literalidad se observa:
“ALIMENTOS. DEBEN CUBRIRSE TOTALMENTE LAS PRESTACIONES QUE LA LEY SEÑALA POR TAL CONCEPTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los alimentos, por su naturaleza, son de tal importancia que no puede admitirse su cumplimiento parcial por parte del obligado, ya que miran a la subsistencia misma del acreedor y, por lo mismo, su satisfacción debe ser continúa, permanente y total, para que pueda estimarse que el demandado por alimentos ha venido cumpliendo voluntariamente y que por lo mismo no es procedente obligarlo judicialmente. Por eso, el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz señala expresamente lo que deben comprender los alimentos: "comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad"; es decir, que el conjunto de todas esas prestaciones forma la unidad denominada alimentos, que el legislador quiso que fueran a cargo del deudor alimentario en su totalidad y no parcialmente, pues a ese respecto no existe ninguna disposición que establezca alguna salvedad.”.
Para la ministración de los mismos, siempre deberá observarse el principio de proporcionalidad, es decir, que deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que deba recibirlos; precisamente, para no enriquecer a uno ni empobrecer al otro.
Esto último, obedece a que, no obstante el ingreso que pudiera tener el deudor, debe cumplir con su obligación de dar alimentos y contribuir con los gastos generados en el hogar; sin que ello implique, por supuesto, dejarlo en estado de apremio, por ser la fuente generadora de los ingresos, que además, también debe protegerse su subsistencia, precisamente para que siga generando los ingresos que necesite el acreedor.
Resulta orientadora, la tesis con folio 241593, que sostuvo la exánime Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 14, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 69, cuarta parte, que se lee:
“ALIMENTOS, FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE. La institución de los alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor, o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que viva con decoro y pueda atender a su subsistencia.”.
Respecto al tópico de reducción de alimentos, el artículo 210, párrafos segundo y tercero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece:
“ARTÍCULO 210. [...]
En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.
Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario...”.
Como se observó de dicha transcripción, en los juicios ordinarios de pensión alimenticia, el rector del procedimiento desde el auto de inicio puede decretarlos, en forma provisionial, siempre y cuando el demandante justifique con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.
Contra esa primigenia decisión que se adopte «fijación de alimentos», procede el recurso de reclamación, el cual puede ser interpuesto, incluso, dentro del escrito de contestación de demanda, en tanto que los fines del aludido recurso está el de dar oportunidad de defensa al demandado contra la pensión provisional y su aseguramiento; entonces, resulta inconcuso que la apuntada interpretación permite salvaguardar las posibilidades de defensa conferidas al demandado en la norma referida, a fin de que pueda aportar elementos que lleven a reconsiderar los términos en que se decretó la medida provisional o su aseguramiento.
Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse la modificación de dicha medida provisional, en los términos de la fracción II, del artículo 58, del código procesal en cuestión, para aquellos casos en que cambien las circunstancias del deudor alimentario que incidan en las posibilidades que tenga para el cumplimiento de la medida provisional alimentaria.
Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 192/2005, que sostuvo la Sala del Máximo Tribunal de Justicia Constitucional, visible a foja 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, abril de dos mil seis, con registro 175384, que se lee:
“ALIMENTOS PROVISIONALES Y SU ASEGURAMIENTO. LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE LOS DECRETA PUEDE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, INCLUSO CUANDO SE HACE VALER EN ESCRITO DIVERSO AL DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme al citado precepto, para presentar la reclamación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional y su aseguramiento dentro del escrito de contestación a la demanda, el demandado cuenta con los mismos nueve días que se le confieren para formular dicha contestación. Ahora bien, de un análisis sistemático del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que para el diverso supuesto de que el recurso de reclamación se haga valer en escrito independiente, también se cuenta con el indicado término. Ello es así, ya que si bien del análisis del citado precepto no se advierte regla específica alguna respecto al plazo de presentación para el supuesto de que se interponga la reclamación de referencia en escrito diverso al de contestación de demanda, si se atiende a que dicho medio de defensa se ubica en el apartado correspondiente a la contestación de demanda, debe considerarse que en cuanto al plazo para su interposición le son aplicables las mismas reglas que señala el referido numeral para la figura de la contestación. Además, si se toma en cuenta que entre los fines de la aludida reclamación está el de dar oportunidad de defensa al demandado contra la pensión provisional y su aseguramiento, resulta inconcuso que la apuntada interpretación permite salvaguardar las posibilidades de defensa conferidas al demandado en la norma referida, a fin de que pueda aportar elementos que lleven a reconsiderar los términos en que se decretó la medida provisional o su aseguramiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse la modificación de dicha medida provisional, en los términos de la fracción II del artículo 58 del código procesal en cuestión, para aquellos casos en que cambien las circunstancias del deudor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33186-51210c0d/pruebas-en-la-reclamacion-la-persona-actora-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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