JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PERSONA VÍCTIMA U OFENDIDA LO PROMUEVE CONTRA UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE TRASCIENDE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SI FUE OMISA EN INTERPONER MOTU PROPRIO O, EN COADYUVANCIA CON EL MINISTERIO PÚBLICO, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 471, EN RELACIÓN CON EL 459, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 272/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 272/2024, suscitada entre los magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el recurso de reclamación 32/2024, y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (Región Centro-Sur), al resolver el amparo en revisión (penal) 38/2021, en el cuaderno auxiliar 256/2021.
El problema jurídico que corresponde resolver a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el juicio de amparo es improcedente o no contra la resolución de segunda instancia que confirmó el sentido de la primera, y que tal decisión trasciende a la reparación del daño, si la persona víctima u ofendida fue omisa en interponer motu proprio, o en coadyuvancia con el Ministerio Público, el recurso de apelación previsto en el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 459, fracción I, de la propia normativa; todo ello al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. En oficio de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro-Norte) denunciaron ante la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción entre:
a) El criterio de ese mismo órgano colegiado, al resolver el recurso de reclamación 32/2024.
b) Y el sostenido por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (Región Centro-Sur), al resolver el amparo en revisión 38/2021 (cuaderno auxiliar 256/2021), del cual derivó la tesis aislada (IV Región) 1o.8 P (11a.), de rubro: “RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE TENERSE POR FORMULADO EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AUN CUANDO NO LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE, NI LO FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 459 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.”
2. Trámite de la denuncia. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 272/2024; asimismo, turnó el asunto para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(1)
3. De igual forma, requirió a la Presidencia del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito para que remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativas al amparo en revisión 38/2021. Asimismo, solicitó la versión digitalizada del proveído en el que informe si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, a fin de estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente.
4. Avocamiento. El veinte de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto, y ordenó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
5. El veintitrés de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala tuvo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito remitiendo la versión digitalizada con firmas electrónicas de la sentencia dictada en el amparo en revisión 38/2021 de su índice, e informando que no ha reiterado el criterio sustentado en dicha resolución.
I. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 227, fracción II, de la Ley de Amparo;(3) 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(4) esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero(5) del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como de los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril del año en cita.
7. Lo antedicho, porque se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito de distintas regiones, y por tratarse de un asunto de orden penal, que corresponde a la materia de la especialidad de esta Sala, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
8. Esta Primera Sala resuelve que la denuncia proviene de parte legitimada, ya que fue formulada por los magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro-Norte). Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada y, de ser el caso, fijar el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes.
A. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el recurso de reclamación 32/2024
10. Una persona (víctima) promovió juicio de amparo directo contra una sentencia absolutoria definitiva penal. No obstante, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió desechar la demanda respectiva. En desacuerdo con ese auto, la quejosa interpuso recurso de reclamación.
11. La demanda de amparo se desechó al considerar actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo –relativa a que el acto reclamado es consecuencia de otro que se estima consentido, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se considera consentido, exista una relación de causa y efecto–.
12. Para alcanzar aquella conclusión, se estimó que no era procedente el amparo contra la resolución absolutoria reclamada, porque la víctima –ahora quejosa– no interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia de primera instancia, como establece el artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
13. En el auto respectivo se puntualizó que, cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia y resuelve absolver a los acusados, se traduce en un eventual agravio a la víctima que está en aptitud de impugnar mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, porque ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos a la víctima, quien también debe agotar sus medios de defensa.
14. Por lo tanto, se sostuvo que si la víctima –ahora quejosa– no apeló el fallo absolutorio de primer grado, y el órgano de alzada confirmó dicha sentencia, ésta resultó la consecuencia de un acto consentido, al no variarse la situación jurídica del sentenciado, respecto de la cual expresó su conformidad (de forma tácita), al no haber promovido en su contra el recurso legal procedente.
15. Para sostener esas consideraciones, en el auto respectivo se invocó el criterio de esta Primera Sala de rubro: “AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN).”(6)
16. En sus agravios, la recurrente planteó esencialmente que los criterios invocados para sustentar el auto recurrido no correspondían al nuevo sistema de justicia penal. Además, aseguró que no existió su consentimiento, porque no expresó ni realizó manifestaciones de voluntad que pudieran entrañar ese supuesto; y que, si bien no apeló la resolución de primera instancia, el Ministerio Público sí lo hizo, de conformidad con el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
17. Dichos planteamientos se declararon infundados. Esto, ya que se consideró que, de los antecedentes de la causa, se evidenciaba la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo –relativa a la existencia de un acto derivado de otro consentido–.
18. Para justificar esa decisión, se sustentó que la víctima u ofendida del delito, como parte en el juicio penal, tiene legitimación para impugnar la sentencia de primera instancia que absolvió al acusado a través del recurso de apelación, con la finalidad de que se analice la demostración del delito y la responsabilidad de éste en su comisión, así como aquellos aspectos que se podrían discutir sobre la reparación del daño; lo que conlleva la carga de agotar el principio de definitividad, previamente a promover el juicio de amparo directo, sin que pueda tenerse por satisfecho con la sola apelación del Ministerio Público.
19. Luego, si la víctima u ofendida, por derecho propio o a través de su asesor jurídico, no apeló la sentencia absolutoria que le causó perjuicio, consintió tácitamente esa determinación. Consideraciones que, aplicadas al caso, actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
20. Se estableció también que, la Primera Sala ha sostenido que, para que no sea exigible a la víctima u ofendido del delito interponer el recurso respectivo previo a la presentación de la demanda de amparo, es necesario que las normas adjetivas no lo legitimen para interponer el recurso de apelación; supuesto que en el caso no acontece, porque el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a esa parte procesal para interponer el citado medio de defensa; máxime que contó con la oportunidad de hacer valer el recurso aludido en tanto que la sentencia de primera instancia le fue notificada mediante la actuación respectiva.
21. En ese sentido, se invocó la tesis de jurisprudencia de esta Primera Sala de rubro: “VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN.”(7)
22. En ese orden de ideas, más adelante se señaló que el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las resoluciones que pongan fin al proceso.
23. Aquella disposición debe entenderse en el sentido de que el recurso sólo se considerará interpuesto en representación de la víctima cuando ésta así se lo haya solicitado al Ministerio Público, y quede plasmado en el medio de impugnación correspondiente. Lo que se corrobora con el último párrafo de aquel artículo, que establece la obligación del agente ministerial de explicar por escrito al solicitante los motivos por los cuales no interpuso los recursos que le pidieron presentara en representación de la víctima u ofendido.
24. En tanto, cuando el agente ministerial apele, sólo podrá considerarse que lo realizó también en representación de la víctima u ofendido, si así fue manifestado en el escrito de agravios o si, en su caso, dicha representación se logra derivar de un conjunto de indicios, tales como que se haya invocado el numeral 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el documento impugnatorio, entre otros.
25. Así las cosas, si del medio de impugnación interpuesto por el Ministerio Público no se obtiene el señalamiento de que se interpone a nombre, también, de los afectados del delito, ni se advierte de manera implícita esa representación, lo procedente será estimar que el ente público sólo interpuso la apelación para velar por los intereses de la sociedad en general.
26. Aquel criterio se fundamentó en el papel preponderante que en el nuevo sistema de justicia penal se les otorgó a las víctimas y ofendidos del delito, porque se les ubicó en un plano de igualdad con las personas procesadas y, por tanto, en la fracción II, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que reconoce su derecho a impugnar por sí mismas aquellas determinaciones que no les resulten favorables.
27. Lo que se robustece con el hecho de que, la fracción I de aquel numeral, reconoce también el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico que, entre otras cuestiones, tiene la obligación de orientarlas en todo el procedimiento y presentar todos los recursos y medios de impugnación que, como órgano técnico, considere necesarios para salvaguardar los derechos de los pasivos de los delitos.
28. Por tanto, se consideró como regla general que los recursos que el Ministerio Público presente contra las resoluciones a que se refiere el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales no deben entenderse, de forma automática, como que se interpusieron en representación de la víctima, salvo que haya manifestación en el escrito respectivo.
29. Además de lo previo, en la resolución se señaló que en el caso no era aplicable la tesis de rubro siguiente: “RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE TENERSE POR FORMULADO EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AUN CUANDO NO LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE, NI LO FUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 459 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.”(8) Esto, porque dicho criterio no le resultaba aplicable a ese Tribunal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.
30. Amén de que, sostuvo el Tribunal, éste tiene un criterio diverso al plasmado en esa tesis, debido a que el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público no debe tenerse formulado en representación de la víctima u ofendido del delito, salvo que haya manifestación en ese sentido en el escrito correspondiente.
B. Criterio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región (Región Centro-Sur), al resolver el amparo en revisión (penal) 38/2021 (cuaderno auxiliar 256/2021); del que derivó la tesis aislada (IV Región) 1o.8 P (11a.)(9)
31. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de una resolución dictada en un recurso de apelación interpuesto, a su vez, contra un auto de no vinculación a proceso dictado por un juez del sistema penal, acusatorio y oral. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió sobreseer el juicio de amparo. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche.(10)
32. En la resolución del órgano colegiado se describe que el Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio porque tuvo por actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con el diverso 217 de esa misma normativa, con la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de rubro: “ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA.”;(11) y, el diverso del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: “ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA.”(12)
33. El Juzgado consideró que el acto reclamado carecía de autonomía e individualidad, dado que era consecuencia del recurso de apelación interpuesto únicamente por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen, en contra de un auto de no vinculación a proceso. Y, aun cuando la parte agraviada se hubiera adherido a aquél, no podía tenerse por impugnada dicha decisión, porque las víctimas u ofendidos tienen derecho a recurrir en el principal y no sólo en adhesión.
34. En esas condiciones, el órgano jurisdiccional estimó que el acto reclamado había sido consentido. En tanto, la parte ofendida, ahora quejosa, omitió interponer el recurso de apelación en lo principal, por virtud del cual el auto de no vinculación a proceso hubiera podido ser modificado o revocado; a pesar de que estaba en aptitud jurídica para ello, de conformidad con los artículos 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
35. Consideró que el auto de no vinculación a proceso era una decisión que afectaba directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil, lo que causa un agravio a la víctima u ofendido, impugnable a través del recurso de apelación, con independencia de que el Ministerio Público también haga valer dicho medio de defensa.
36. El Juzgado adujo, también, que la representación social no sustituye al ofendido en la obligación procesal que tiene de agotar los medios de defensa con que cuente, previo al juicio de amparo. Al respecto, invocó el criterio de esta Primera Sala de rubro: “AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y NUEVO LEÓN).”(13)
37. Más adelante, el Tribunal explica en su ejecutoria que, con motivo de sus agravios, el recurrente sugiere que la resolución recurrida es incorrecta porque, al haber hecho propia la apelación del Ministerio Público se debe entender que se hicieron propios sus agravios y, por ende, para no vulnerar los derechos de la víctima, se debió resolver el fondo del asunto.
38. Además, el recurrente consideró que se le impusieron cargas excesivas porque, si interpuso el recurso de apelación adhesiva, estaba jurídicamente facultado para acudir al juicio de amparo, y citó el criterio de esta Primera Sala de rubro: “VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN.”(14) 39. Posteriormente, el Tribunal resolvió que los argumentos en comento eran sustancialmente fundados, para lo cual adujo los considerandos siguientes.
40. En primer lugar, invocó el contenido del artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, como es el caso del auto de no vinculación a proceso dictado por un juez de control.
41. Indicó que aquel artículo reconoce el derecho de la víctima de apelar las resoluciones que le causen perjuicio en relación con la reparación del daño, por sí o a través del Ministerio Público. Por ende, a juicio del Tribunal, es inconcuso que la interposición del recurso de apelación debe estimarse colmada con motivo del medio de defensa hecho valer por la agente del Ministerio Público. Así, consideró que la acción constitucional intentada por la víctima en el procedimiento de origen en contra de la resolución que confirmó el auto de no vinculación a proceso resulta procedente.
42. Lo que precede, dijo, aún cuando del ocurso de agravios suscrito por el Ministerio Público no se advierta que hubiere manifestado de forma expresa que hacía valer el recurso de apelación en representación de la víctima, en el caso, el quejoso recurrente; ni que se haya fundado la interposición del medio de defensa en el precepto legal que explícitamente así lo establece (el referido artículo 459).
43. En esas condiciones, el Tribunal aseguró que, de acuerdo con esa normativa, basta la interposición del recurso de apelación por parte del Ministerio Público para concluir invariablemente que lo interpone también en representación de la víctima, máxime si en el caso se toma en cuenta que la inconformidad expresa de esta última en contra de la no vinculación a proceso también se hizo valer con los argumentos que, a título de adhesión de agravios, formuló por escrito.
44. Por lo tanto, en atención al principio de adquisición procesal, el Tribunal estimó que no puede sostenerse que la víctima no impugnó el auto de no vinculación a proceso, porque el recurso interpuesto por el Ministerio Público debe entenderse interpuesto también a nombre de la víctima.
45. Para sustentar esa determinación, el órgano colegiado invocó la tesis de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL, PRINCIPIO DE.”(15) Además, señaló que no era obstáculo para alcanzar esa decisión la circunstancia de que, de acuerdo con el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Federal, los artículos 105 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen a la víctima u ofendido como sujeto procesal diverso del Ministerio Público, con derechos propios como parte del proceso, independientes de las obligaciones que se atribuyen a la representación social e, incluso, que se tenga designado un asesor jurídico.
46. Lo que precede, dado que las prerrogativas otorgadas a la víctima u ofendido en el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral no pueden limitar ni suprimir los derechos que ya tenía reconocidos a su favor, cuya tutela está a cargo del Ministerio Público; por lo que, si en cumplimiento de tales obligaciones este último interpuso el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, debe entenderse que también se hizo valer en representación de la víctima u ofendido.
47. Lo anterior, inclusive, sin que sea impedimento el hecho de que el último párrafo del artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponga que “Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad”, toda vez que dicha disposición no implica la obligación de que la víctima solicite de manera expresa, y mediante escrito, la interposición de los recursos pertinentes; sino que significa que, sólo en el caso de que el Ministerio Público se niegue a hacer valer algún recurso, tendrá el deber de informar a la víctima u ofendido por qué es así.
48. Para alcanzar esa conclusión, el Tribunal aseguró que tampoco era obstáculo la existencia de la jurisprudencia de rubro: “VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN.”(16) Esto, dado que dicho criterio jurisprudencial no analizó ni interpretó lo dispuesto en el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla la interposición del recurso de apelación por parte de la víctima u ofendido a través del Ministerio Público, en su representación, y que afecta la reparación del daño.
49. Para fundar su determinación, el Tribunal invocó la tesis de esta Primera Sala de rubro: “AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.”(17)
50. Así las cosas, al estimar fundados los agravios propuestos en contra de la causa de improcedencia decretada por el Juzgado a quo, suplidos en su deficiencia, el Tribunal continuó con el examen de los conceptos de violación propuestos en contra de la resolución reclamada (auto de no vinculación a proceso).
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
51. La pregunta que debe responderse en este apartado puede formularse de la manera siguiente:
¿Existe contradicción entre los criterios sustentados por los órganos contendientes?
52. La respuesta a tal interrogante es en sentido positivo, puesto que reúne los requisitos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar la existencia de una contradicción de criterios, los cuales consisten en que:(18)
a. Los órganos contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
53. Así las cosas, en el caso concreto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada entre los órganos contendientes por las razones siguientes.
54. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Si bien ambos asuntos derivaron de una secuela procesal diferente,(19) a juicio de esta Primera Sala los órganos contendientes, en efecto, al resolver las cuestiones sometidas a su jurisdicción ejercieron su arbitrio judicial para llegar a una solución jurídica diversa sobre un mismo tema de Derecho.
55. Aquella cuestión se vincula con resolver si la víctima u ofendido está obligado a interponer motu proprio un recurso de apelación, dispuesto en el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 459, a fin de impugnar una resolución de primera instancia (vinculada con la reparación del daño) dictada en el contexto de un proceso penal en aras de que, más adelante –seguido el proceso penal en sus cauces–, esté en aptitud de promover un juicio de amparo para cuestionar la regularidad constitucional de la resolución consecuente dictada en segunda instancia, que confirmó el sentido de la primera.
56. O si, a diferencia de lo que precede, la interposición de aquel recurso de apelación (contra la resolución de primera instancia, vinculada con la reparación del daño) se encuentra colmada con la interposición realizada por el Ministerio Público competente, con fundamento en la figura de coadyuvancia, consagrada en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y, de esta manera, considerar si debe reconocérsele legitimación jurídica para promover motu proprio un juicio de amparo a fin de cuestionar la regularidad constitucional de la resolución de segunda instancia, que confirmó el sentido de la primera.
57. En esa medida, resolver también si el juicio de amparo –directo o indirecto– de que se trate es procedente; o si, por el contrario, improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo (acto derivado de otro consentido).
58. Segundo requisito: punto de toque y diferencia de criterios interpretativos. Del mismo modo en que sucede con el requisito anterior, esta Primera Sala observa que entre los criterios que contienden sí existe un punto de toque que detona un tema auténtico de contradicción.
59. Por un lado, a fin de analizar la legalidad del desechamiento de una demanda de amparo directo, promovida contra una resolución absolutoria penal de segunda instancia, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de reclamación 32/2024 de su í
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33309-61449c66/juicio-de-amparo-es-improcedente-cuando-la-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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