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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SUPUESTO EN EL QUE EL OFICIO DEL ISSSTECALI POR EL QUE PREVIENE AL SOLICITANTE DE UNA PENSIÓN NO ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 136/2023. · Registro digital (IUS): 33386
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-07-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.774.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 136/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.

Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día diez de abril de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dirigido al otrora Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, hoy Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, denunció la posible contradicción de criterios, entre los Tribunales Colegiados Primero y Sexto, ambos del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver los amparos en revisión administrativos 487/2022 y 498/2022, respectivamente, a efecto de determinar si la respuesta emitida por el Jefe del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI) recaída a la solicitud de pensión por jubilación, en la que se informa al solicitante que no reúne el requisito atinente al comunicado patronal sobre su incorporación a la nómina de pensionados, se trata de una resolución definitiva o no, para efectos del juicio contencioso administrativo en el Estado de Baja California.

2. SEGUNDO. Radicación, admisión requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se radicó el expediente, el cual se registró como contradicción de criterios 136/2023, y se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

4. TERCERO. Informes. Los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de tres y once de abril de dos mil veintitrés.

5. De igual forma, por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema materia del presente asunto.

6. CUARTO. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de seis de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo con fundamento en el artículo 44, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

7. QUINTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. Posteriormente, el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio”; por lo que, conforme a su artículo 1º, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cambió de denominación para convertirse en Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.

8. Returno. Como consecuencia de los cambios en la denominación, competencia e integración de este Pleno Regional, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se returnó el presente asunto a la ponencia del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, en el mismo auto se confirmó el mismo.

9. SEXTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de esa anualidad, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

10. SÉPTIMO. Nueva integración. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/337/2024 de once de septiembre del mismo año, el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, a partir del treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.

11. OCTAVO. Nueva integración. Por auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/271/2025 mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la magistrada Guillermina Coutiño Mata en la plaza que ocupaba la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos a partir del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno así lo determine, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

12. NOVENO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1, fracción III; 36, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(4) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

14. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, el cual pertenece a la Región Centro-Norte sobre la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por razón de territorio; así como en razón de que los órganos contendientes cuentan con competencia mixta y dictaron sus respectivas resoluciones en la materia administrativa, sobre la cual este órgano jurisdiccional cuenta con competencia por razón de la materia para unificar criterios.

15. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(6)

16. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

17. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.

18. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(7)

A. Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de revisión administrativa 487/2022.

19. Juicio de amparo indirecto. Una persona física, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable a la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), de quien reclamó la resolución contenida en el oficio de uno de abril de dos mil veintidós, por el cual dio respuesta a la solicitud de pensión por jubilación presentada por escrito el uno de noviembre de dos mil diecinueve.

20. En el oficio reclamado, la autoridad responsable hizo del conocimiento de la peticionaria que no contaba con el documento por parte de la instancia patronal, en el que indicara la propuesta de incorporarle a la nómina de pensionados del Instituto, esto es, que no se encontró trámite alguno de pensión por parte del ente patronal, lo que resultaba indispensable para iniciar el trámite correspondiente, en términos del apartado “Políticas de Operación”, punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, el cual forma parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, publicado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; asimismo, le requirió a fin de que cumpliera con dicho requisito.

21. Adicionalmente, en el oficio reclamado se requirió a la solicitante de pensión para que informara al instituto de seguridad social “...si tiene la calidad de trabajador en activo y le es aplicable el estímulo de permanencia o si fue separada del encargo por alguna de las causas señaladas en la ley aplicable a su relación laboral...”, en el entendido de que, en caso de estar separada del cargo, no sería necesaria la propuesta patronal.

22. En consecuencia, la autoridad responsable otorgó un plazo de cinco días hábiles a la peticionaria, a fin de que proporcionara la información y documentación requerida, apercibiéndola con tener por no presentada su solicitud, en caso de no desahogar el requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California.(8)

23. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien la admitió a trámite y la registró bajo el número 527/2022.

24. Seguido el juicio, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva en la que impuso el sobreseimiento, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo,(9) por falta de acatamiento del principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, al considerar que contra el oficio reclamado resultaba procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, medio de defensa que resultaba apto para lograr su modificación, revocación o anulación; y que no prevé mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado.

25. Interposición del recurso de revisión. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede Mexicali, Baja California. La presidencia de ese órgano jurisdiccional lo admitió a trámite y ordenó su registro como amparo en revisión administrativo 487/2022.

26. Posteriormente, en sesión celebrada el tres de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

27. El Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito consideró ineficaces los agravios de la recurrente quejosa, toda vez que estos se encontraban dirigidos a demostrar la aplicabilidad al caso de la jurisprudencia PC.XV. J/3 A (11ª), del Pleno del Decimoquinto Circuito, de rubro: “AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), ENTRE OTROS CASOS, CUANDO SE LE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN”.(10)

28. El tribunal colegiado contendiente explicó que en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito no sobreseyó por considerar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no tuviera el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sino por estimar que en contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, el cual debió promoverse con el fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo.

29. Que por tanto, con independencia de que el Pleno del Decimoquinto Circuito considerara que el mencionado instituto de seguridad social debe ser considerado como autoridad responsable para efectos del amparo, ello era insuficiente para considerar que, conforme a la referida jurisprudencia, no se actualizar la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues incluso en la contradicción de criterios que dio lugar al citado criterio jurisprudencial,(11) el Pleno del Decimoquinto Circuito señaló que el juicio de amparo podría ser procedente, en su caso, una vez agotado el principio de definitividad.

30. Concluyó que tanto en la jurisprudencia citada, como la ejecutoria de la cual derivó, establecen claramente que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el cual resulta procedente, en su caso, una vez cumplido el principio de definitividad; de ahí que el agravio formulado por la recurrente resultara ineficaz.

31. Finalmente, el tribunal contendiente estimó que la determinación adoptada por el Juez de Distrito de tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, no causaba agravio en la recurrente, pues efectivamente, previo a interponer el juicio de amparo se debió agotar el juicio contencioso administrativo, con el fin de cumplir con el principio de definitividad.

32. Lo anterior, pues como consideró el Juez Federal, al constituir el acto reclamado el oficio por el que se da respuesta a la solicitud de pensión de la quejosa, se debió promover el juicio contencioso administrativo, por constituir un medio de defensa ordinario para revocar, modificar o anular actos o resoluciones que versen sobre pensiones y jubilaciones a cargo del mencionado Instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California,(12) sin que dicho ordenamiento exigiera mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. B. Ejecutoria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de revisión administrativa 498/2022.

33. Juicio de amparo indirecto. Una persona física, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable a la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), de quien reclamó la resolución contenida en el oficio de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el cual dio respuesta a la solicitud de pensión por jubilación presentada por escrito el tres de marzo de dos mil veinte.

34. En el oficio reclamado, la autoridad responsable hizo del conocimiento de la peticionaria que no contaba con el documento por parte de la instancia patronal, en el que indicara la propuesta de incorporarle a la nómina de pensionados del Instituto, esto es, que no se encontró trámite alguno de pensión por parte del ente patronal, lo que resultaba indispensable para iniciar el trámite correspondiente, en términos del apartado “Políticas de Operación”, punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, el cual forma parte del Manual General de Procedimientos de ISSSTECALI, publicado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; asimismo, le requirió a fin de que cumpliera con dicho requisito.

35. Adicionalmente, en el oficio reclamado se requirió a la solicitante de pensión para que informara al instituto de seguridad social “...si tiene la calidad de trabajador en activo y le es aplicable el estímulo de permanencia o si fue separada del encargo por alguna de las causas señaladas en la ley aplicable a su relación laboral...”, en el entendido de que, en caso de estar separada del cargo, no sería necesaria la propuesta patronal.

36. En consecuencia, la autoridad responsable otorgó un plazo de cinco días hábiles a la peticionaria, a fin de que proporcionara la información y documentación requerida, apercibiéndola con tener por no presentada su solicitud, en caso de no desahogar el requerimiento formulado, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California.

37. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien la admitió a trámite y la registró bajo el número 877/2022.

38. Seguido el juicio, celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva en la que impuso el sobreseimiento, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por falta de acatamiento del principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, al considerar que contra el oficio reclamado resultaba procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, medio de defensa que resultaba apto para lograr su modificación, revocación o anulación; y que no prevé mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado.

39. Interposición del recurso de revisión. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede Mexicali, Baja California. La presidencia de ese órgano jurisdiccional lo admitió a trámite y ordenó su registro como amparo en revisión administrativo 498/2022.

40. Posteriormente, en sesión celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional resolvió revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo.

41. En el considerando cuarto de la ejecutoria correspondiente, el órgano colegiado consideró que procedía la suplencia de la deficiencia de los agravios, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo; y determinó que no se actualizaba la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito.

42. Explicó que la quejosa reclamó de la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI), la determinación contenida en el oficio de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que dio respuesta a su solicitud de jubilación presentada el tres de marzo de dos mil veinte, informándole no contar con el comunicado patronal que contuviera la propuesta o pronunciamiento para que fuera incorporada a la nómina de pensionados de ese Instituto.

43. Que conforme al contenido del artículo 26, fracción III, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California,(13) los Juzgados de Primera Instancia de esa instancia jurisdiccional, son competentes para conocer de los juicios que se promuevan contra actos o resoluciones definitivas, que versen sobre pensiones y jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California.

44. El tribunal colegiado contendiente señaló que en términos del artículo 30 del mismo ordenamiento,(14) para efecto de esa ley son definitivos los actos o resoluciones que no puedan revocarse o modificarse sino a través de algún recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en su caso, a través del juicio contencioso administrativo.

45. No obstante, consideró que la definitividad de una resolución administrativa para efectos del juicio de nulidad, no puede atender únicamente a su impugnabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa, sino que debe atenderse a su naturaleza, al constituir el producto final manifestado por la autoridad administrativa; que por tanto, las resoluciones definitivas son aquellas que culminan un procedimiento administrativo o, en su caso, las que sin necesidad de trámite alguno reflejen la última voluntad oficial, no así los actos de naturaleza procedimental, pues estos últimos solamente constituyen un conjunto de actos que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que es precisamente, la emisión de la resolución administrativa definitiva.

46. En apoyó de su consideración, citó la tesis aislada 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL”.(15)

47. Señaló que conforme con los artículos 3, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California,(16) la determinación por la cual se da respuesta a una solicitud de pensión tiene diversas etapas, las cuales van desde la recepción de la documentación para la integración del expediente respectivo, hasta la resolución por la cual el ISSSTECALI decide negar o conceder la pensión solicitada; que dentro de dichas etapas intervienen diversos departamentos y autoridades del propio instituto, en las cuales cada una de ellas realiza una determinada actividad dentro del marco competencial que la propia ley les confiere, necesaria e indispensable para lograr la resolución por la cual se resuelve la petición de pensión de un trabajador.

48. Explicó que una de las actuaciones aludidas, es la que le compete al Director de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTECALI, autoridad que con base en los documentos probatorios que obren en el expediente, realiza los cálculos conducente y una vez obtenidos, elabora un dictamen para cada caso específico; sin embargo, ese dictamen no constituye la resolución del ISSSTECALI a la cual queda vinculado el trabajador, pues la normatividad establece que el dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente, debe ser turnado a la Junta Directiva a efecto de que sea ésta última quien conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las jubilaciones o pensiones.

49. Que tal situación se corrobora del contenido de los puntos 8 y 9 del Instructivo de Operación correspondiente a la pensión de retiro por edad y años de servicio del ISSSTECALI;(17) lo que evidenciaba que el dictamen emitido por el Director de Pensiones y Jubilaciones no constituye la respuesta del referido instituto por la cual se concede o niega la pensión solicitada, sino que se trata de una mera opinión no vinculante, aunque necesaria dentro del procedimiento para que la Junta Directiva pueda emitir su determinación final.

50. De ese modo, concluyó que la resolución emitida por la Junta Directiva del ISSSTECALI es la que puede estimarse como una respuesta por parte del mencionado Instituto a la solicitud de pensión de un trabajador, al ser dicha autoridad y no otra, quien determina finalmente si la solicitud respectiva reúne o no los requisitos de ley para ser otorgada la pensión.

51. Que todas las actuaciones anteriores, entre las que aparece el citado dictamen, constituyen simplemente una parte de la tramitación que se lleva a cabo para dar resolución a una solicitud de pensión, pero no constituyen la respuesta o resolución final del ente asegurador; pues para ello, es necesario que la Junta Directiva emita su resolución respectiva, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California.

52. Destacó que la Junta Directiva es una autoridad que queda vinculada a la solicitud de pensión que presenta un trabajador en relación con el derecho de petición que le asiste a este último; esto, a pesar de que se lleven a cabo di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33386-e4becfe6/juicio-contencioso-administrativo-en-el-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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