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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL DIVERSO DE APELACIÓN QUE, COMO ÓRGANO MÁS CERCANO, CONOCIÓ DEL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SU HOMÓLOGO ÚNICO EN UN CIRCUITO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 35/2025. · Registro digital (IUS): 33400
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-07-11
Promovente: ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.293.

CONFLICTO COMPETENCIAL 35/2025. SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente al conflicto competencial 35/2025, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León.

2. La problemática jurídica que este Pleno Regional debe resolver consiste en determinar a cuál de los órganos colegiados le corresponde el conocimiento del recurso de revisión interpuesto por **********, contra la resolución de quince de diciembre de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, en el juicio de amparo indirecto **********.

I. TRÁMITE

3. En acuerdo de Presidencia de diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, se radicó el conflicto competencial 35/2025, se admitió a trámite, se requirió a los integrantes de los tribunales contendientes que hicieran disponible la consulta del expediente electrónico de su índice para vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional. En el mismo proveído se turnó el asunto a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

4. En proveído de veintidós de mayo de dos mil veinticinco, una vez que la Secretaria de Acuerdos de este Pleno Regional certificó que se había realizado la vinculación de los expedientes electrónicos materia del presente conflicto competencial, se tuvo por cumplido el requerimiento aludido y se confirmó el turno para la elaboración del proyecto correspondiente.

II. COMPETENCIA

5. Este Pleno Regional es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial de conformidad con los artículos 94, párrafo séptimo, 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracción IV y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 46 de la Ley de Amparo; 7 y 12, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamentan la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.

6. Lo anterior, pues ambos Tribunales Colegiados contendientes pertenecen a la Región Centro-Norte y se trata de asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

III. ANTECEDENTES

7. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintitrés, **********, promovió juicio de garantías contra los actos reclamados y autoridad responsable siguientes:

"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridades responsables, señalo a las siguientes; 1.-) Al C. Magistrado Presidente del H. Tribunal Colegiado de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Cadereyta Jiménez, N.L., quien tubo (sic.) intervención dentro del toca penal **********, formando parte del mismo, el suscrito **********.

(...) --- IV.- ACTOS RECLAMADOS; Los actos que se reclaman a las autoridades responsables, consisten en los siguientes: a). A la autoridad señalada con el número 1º) del capítulo anterior, el suscrito **********, directamente le reclama el acto y/o la omisión en no dar una contestación oportuna a mis manifestaciones que realicé en notificaciones que se me realizaron en fecha 12 de Marzo de 2023 y 13 de Julio de 2023; así como no atender mis solicitudes precisas mediante manuscrito, que fue atendido mediante acuerdo 27/Feb/2023, para la obtención de diversas constancias del expediente, mismo que se me notificó en la misma fecha 12/Marzo/2023, en lo que nos interesa, para que se me proporcionaran en primer lugar, de manera gratuita en el centro de mi reclusión, copias simples de mi manuscrito de agravios que dicha autoridad tuvo por recepcionado y luego de todas las constancias que integran el toca penal del cual conoció para estar en posibilidades de elaborar mi amparo directo y así ejercer una defensa adecuada por propio derecho y ponderar acontecimientos futuros de defensa."

8. De dicha demanda le correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la registró con el número **********, en el mismo auto decretó la separación del juicio únicamente respecto de los actos que el quejoso ********** reclamó del Presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, ordenando su remisión al referido órgano colegiado.

9. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Magistrado Instructor del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de garantías, en razón de que los actos reclamados derivaban de un expediente del índice de ese órgano jurisdiccional en quien recaía el carácter de autoridad responsable; por lo que, atento a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 99/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estimó que quien debía conocer de la demanda de amparo era el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, por lo que remitió los autos del juicio de amparo **********.

10. Juicio de amparo indirecto. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, admitió la demanda de amparo y la registró con el consecutivo **********; seguido el juicio por sus demás trámites legales, celebró audiencia constitucional el cinco de diciembre de dos mil veintitrés y emitió sentencia el quince siguiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"... PRIMERO. Se sobresee respecto de los actos y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en los considerandos quinto y séptimo.

SEGUNDO. Dese cumplimiento a lo establecido en los considerandos décimo a octavo de este fallo ..."

11. Recurso de Revisión. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, quien por auto de doce de febrero de dos mil veinticuatro, lo radicó bajo el número ********** y lo admitió a trámite.

12. Planteamiento de incompetencia. En sesión celebrada el diez de abril de dos mil veinticinco, el citado Tribunal Colegiado de Circuito determinó carecer de competencia por razón de territorio para resolver el mencionado recurso de revisión, conforme a las siguientes consideraciones:

13. El órgano jurisdiccional inicialmente puntualizó que la competencia por territorio de un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del recurso de revisión que se interpusiera en los juicios de amparo indirecto que conocieran los Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Apelación, generalmente se fijaban de acuerdo a la residencia del órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia.

14. No obstante, destacó que no debía perderse de vista que en términos del numeral 100 de la Constitución Federal, así como el diverso 35, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Apelación y los de Circuito, también eran competentes para conocer de asuntos según lo establecido en Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

15. Al respecto, señaló que convenía destacar que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo 77/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reformó diversos acuerdos generales, de lo que se obtenía que el once de marzo de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaraban reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos, respeto al ejercicio de sus facultades regulatorias a fin de adoptar las medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, considerando que en cada entidad federativa debía haber al menos uno de estos.

16. Que también, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el diverso Acuerdo General 99/2022, respecto a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reformó diversos acuerdos generales, en el cual se precisó que para instrumentar también la transformación respectiva, en sesión del trece de octubre de dos mil veintidós, aprobó el Acuerdo General 24/2022, que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación y entre otras cuestiones, consideró que solo habría un Tribunal Colegiado de Apelación en el Decimonoveno Circuito, por lo que, para conocer de los juicios de amparo que se promovieran para combatir sus actos, sería competente el Tribunal más próximo a la residencia del que hubiera emitido el acto reclamado.

17. Precisó que en ese instrumento se destacó que el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, tendría jurisdicción para conocer de los juicios de amparo que se intentaran en contra de su homólogo del Cuarto Circuito, por ser el más próximo, y con el objeto de dar certeza a las personas justiciables acerca de los órganos ante los cuales tenían que presentar la demanda correspondiente.

18. Señaló que la creación de los Tribunales Colegiados de Apelación en Tamaulipas y Nuevo León se ajustó al artículo 17 de la Carta Magna, que garantiza el acceso expedito a la tutela jurisdiccional, incluyendo principios como acción, jurisdicción, tutela judicial efectiva, conocimiento del derecho por el juzgador y efectividad.

19. En ese sentido, adujo, acorde con lo señalado en los citados Acuerdos Generales 99/2022 y 77/2022, la creación de dichos órganos jurisdiccionales surgió entre otros aspectos, con la intención de acercar el acceso a la justicia a los agraviados o imputados de dichas entidades –Tamaulipas y Nuevo León–, y a su vez sirvió de base para dar mayor alcance a la regla de competencia territorial para conocer del juicio de amparo indirecto, prevista en el numeral 36 de la Ley de Amparo.

20. Que, en el particular, se advertía que el amparo indirecto se tramitó en el Decimonoveno Circuito, en razón de que jurídicamente no era factible que un mismo órgano jurisdiccional que resolvió un asunto en segunda instancia revisara dicha actuación en vía de amparo indirecto.

21. Por tanto, indicó, que en atención a que cuando se creó el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, se limitó el territorio en el que este ejercía su jurisdicción, debía entenderse que la competencia para conocer de los juicios de amparo indirecto, en ese caso en materia penal, promovidos contra omisiones reclamadas al Tribunal Colegiado de Apelación de esa jurisdicción, debía continuar en el circuito que correspondía, a saber, el Cuarto Circuito –Nuevo León–, como lo establecía el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

22. Sin que en el caso fuera factible que dicha competencia por territorio la ejerciera ese Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, dado que, aun cuando la resolución recurrida la emitió el órgano colegiado de apelación en ese propio circuito y por regla general la competencia de los Tribunales se fijaba de acuerdo a la residencia de la autoridad que hubiera dictado la determinación, empero, en el caso, la competencia del Tribunal Colegiado de Apelación se había generado por una razón excepcional, como lo establecían los Acuerdos Generales 77/2022 y 99/2022.

23. De modo que no había justificación jurídica para que permaneciera la competencia en el Decimonoveno Circuito, ya que la competencia debía ejercerla el citado Tribunal no en función del lugar en que se emitió el acto reclamado –por razones excepcionales–, sino atendiendo a las circunstancias particulares del caso, en función del origen y territorio del que derivaba el asunto, esto es, del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito a quien se reclamó la omisión de dar una contestación oportuna a las manifestaciones que el quejoso hizo en notificaciones de doce de marzo y trece de julio de dos mil veintitrés, así como el no haber atendido sus solicitudes precisas mediante manuscrito, para la obtención de diversas constancias del expediente.

24. En efecto, el aludido Tribunal de Apelación de ese Circuito, actuó con base en una competencia extraordinaria que le fue asumida por el Acuerdo General 99/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Matamoros, Tamaulipas, en razón de que el único Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, fue quien omitió dar una contestación oportuna a las manifestaciones del quejoso y atender sus solicitudes, lo que constituían los actos reclamados en el amparo indirecto; por tanto, existía imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre un tópico imputado al propio tribunal.

25. Subrayó que ante dicha circunstancia, el quejoso promovió juicio de amparo biinstancial ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito con sede en Matamoros, Tamaulipas, al encontrarse habilitado provisionalmente para conocer como tribunal constitucional en juicios biinstanciales, radicó el asunto como amparo indirecto **********, instruyó el juicio y dictó la sentencia, en la cual sobreseyó el juicio.

26. Señaló, que esa determinación constituía la materia del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, emitida por una autoridad a la que provisionalmente se le delegó competencia sustituta extraordinaria, es decir, por una razón específica generada por la imposibilidad jurídica del Tribunal de Apelación en el Estado de Nuevo León, de conocer un juicio de amparo indirecto sobre un acto emitido por él mismo, al existir solo ese órgano en dicha circunscripción territorial; por tanto, la jurisdicción extraordinaria bajo la cual emitió la sentencia recurrida, cesó precisamente con su dictado, pues para emitir la sentencia relativa incluso existían Tribunales Colegiados especializados en Materia Penal en el Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, tal como se observaba del aludido Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

27. Atento a lo anterior, el tribunal colegiado destacó que era incuestionable que el conocimiento excepcional que surgió al Tribunal Colegiado de Apelación que emitió la decisión reclamada, no implicaba que se continuara la competencia por ese motivo inusitado en el Decimonoveno Circuito.

28. Lo anterior, pues al dictar la sentencia que sobreseyó el juicio, se superó el tema que debía ser atendido por un órgano diverso al que emitió el acto reclamado; y resultaba inconcuso que a quien correspondería conocer del recurso de revisión era al Tribunal Colegiado que ejercía jurisdicción sobre el Tribunal de Alzada a quien originariamente correspondió resolver la segunda instancia.

29. Sustentó su decisión en las jurisprudencias 1a./J. 76/2011, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. PARA CONOCER DE ÉL, ES COMPETENTE EL SUPERIOR DEL JUEZ EXHORTANTE, CUANDO SE INTERPONGA EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UN EXHORTO."(1) y 1a./J. 114/2007, de tema: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. CUANDO SE INTERPONE EN CONTRA DE UN AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE ACTÚA FUERA DE SU COMPETENCIA ORDINARIA, EN FUNCIÓN DE LA URGENCIA DE LA DILIGENCIA, ES COMPETENTE EL TRIBUNAL UNITARIO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE OCURREN LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS Y NO EL SUPERIOR DEL QUE DICTÓ CON BASE EN COMPETENCIA TEMPORAL.",(2) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

30. Refirió que de los criterios invocados se desprendía con claridad que precisamente una de las razones primordiales de la creación de órganos jurisdiccionales en cada circuito, atendía a la competencia que ahí debían ejercer, lo cual materializaba los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, era una cuestión de orden público, que aplicada al derecho procesal se traducía en la suma de facultades que la ley otorgaba al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conducía a declarar inválido lo resuelto por el tribunal incompetente; entonces, la competencia era un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables.

31. Invocó también como aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO."(3)

32. En ese sentido, puntualizó que un tribunal era competente para conocer de un asunto cuando hallándose este dentro del espacio de jurisdicción, la ley le reservaba su conocimiento con preferencia a los demás órganos, específicamente, como en el caso, por razón de territorio, factor determinante de la competencia en atención al espacio que el órgano jurisdiccional tenía asignado para desplegar su función de administrar justicia; de ahí que estimara que quien debía conocer del recurso de revisión, era un Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Materia Penal con sede en Monterrey, Nuevo León.

33. Subrayó que similar postura, había sostenido la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver los conflictos competenciales 122/2016 en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis y 212/2016 en sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete, en donde se interpretó la regla para la distribución de competencia por territorio en los juicios de amparo directo a la luz del alcance del derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, por lo que resultaba relevante para apoyar lo argumentado, esto con apoyo en la tesis aislada 1a. CCCXCIII/2015 (10a.), sustentada por la misma Sala del Alto Tribunal, de rubro: "PRECEDENTES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA DISTINCIÓN QUE DE ÉSTOS HACE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONLLEVA UNA MODIFICACIÓN DE SU INTERPRETACIÓN."(4)

34. De igual forma sustentaba su postura, por identidad de razón, en la jurisprudencia III.3o.P. J/1 K (11a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE ACTUÓ CON BASE EN UNA COMPETENCIA SUSTITUTA EXTRAORDINARIA, CONCRETA Y LIMITADA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE DEBIÓ RESOLVERSE ORIGINARIAMENTE."(5) 35. Por lo que ordenó remitir los autos correspondientes al Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en Materia Penal con sede en Monterrey, Nuevo León, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal con sede en el mismo Estado, a efecto de que realizara el turno respectivo.

36. Recurso de revisión **********. Mediante auto de Presidencia de seis de mayo de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, radicó el asunto declinado y lo registró bajo el consecutivo ***********.

37. No se acepta competencia. En ese mismo proveído se determinó no aceptar la competencia para conocer del citado recurso de revisión bajo las siguientes consideraciones:

38. Indicó que el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, declinó el conocimiento del recurso de revisión, al considerar que la competencia por razón de territorio que fue prorrogada frente a la creación de los Tribunales Colegiados de Apelación y los Acuerdos Generales expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se trataba de una cuestión excepcional y limitada que a la postre conllevaba a que debiera devolverse la competencia al Circuito al que originalmente correspondía decidir la controversia.

39. Subrayó que no compartía la postura del órgano declinante, y por consecuencia no aceptaba la competencia planteada. En primer lugar, indicó que no se soslayaba que las consideraciones y criterios en que se sustentaba la declinación de competencia derivaban de asuntos en materia de procesos penales, empero, estimaba que resultaban inaplicables al caso, en virtud de que la competencia suscitada era en relación a un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia constitucional dictada en un juicio de amparo indirecto.

40. Al respecto, señaló que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió pronunciamiento al resolver el conflicto competencial 157/2016, que dio origen a la tesis aislada 1a. CLVII/2017, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, NO OBSTANTE QUE EL JUEZ REQUERIDO, UBICADO EN DIVERSO CIRCUITO, ACEPTE LA COMPETENCIA.",(6) el cual si bien no era idéntico al tema que se trataba, se invocaba con la finalidad de comprender la naturaleza que imperaba en la competencia para conocer del recurso de revisión.

41. En dicha ejecutoria el Alto Tribunal resolvió sobre el tema relativo a la competencia para conocer de un recurso de revisión interpuesto en contra de una resolución dictada en audiencia constitucional en la que, sin resolver la litis planteada, se declinó competencia en favor de otro órgano y se determinó que ese acto debía ser resuelto por el órgano colegiado superior de su mismo circuito.

42. Asimismo refirió que la Primera Sala indicó que en la Ley de Amparo no existía disposición expresa que señalara a qué Tribunal Colegiado de Circuito le correspondía conocer del recurso de revisión en amparo indirecto, promovido en contra de una determinación adoptada en audiencia constitucional, por virtud de la cual el juez de Distrito se declaraba incompetente, cuando el juzgador requerido, ubicado en un diverso circuito, había aceptado la competencia.

43. Empero, señaló que el artículo 86 de la Ley de Amparo establecía que tal medio de impugnación se interponía por conducto del órgano jurisdiccional que hubiera dictado la resolución recurrida, y que este debía remitir el escrito original de expresión de agravios y el expediente principal al Tribunal Colegiado de Circuito, según correspondiera.

44. Además, el Máximo Tribunal del país, consideró que para resolver ese caso particular, debía tomarse en consideración lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, el cual prevé que si el conflicto competencial para conocer de una demanda de amparo indirecto se planteaba entre órganos de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirían los autos al Tribunal Colegiado de Circuito de su jurisdicción para que resolviera a cuál de ellos correspondía conocer del asunto, pero si se planteaba entre órganos que no fueran de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo resolvería el que ejerciera jurisdicción sobre el requirente.

45. Que por las mismas razones, se podía decir que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión en amparo indirecto, por razón de territorio, se fijaba de acuerdo al domicilio del órgano judicial que dictó la sentencia recurrida, por cuyo conducto, inclusive, se presentaba el recurso de revisión. Además, agregó que en lo que interesaba al caso, la Sala añadió que si ambos juzgados ejercían su jurisdicción en diferentes territorios, entonces cada uno de ellos debía sujetarse al poder revisor de los Tribunales Colegiados pertenecientes a sus respectivos circuitos; por tal motivo, la resolución impugnada debía ser "revisada por el Tribunal Colegiado que pertenecía al mismo circuito".

46. Enseguida el tribunal colegiado procedió a analizar el caso concreto, al respecto refirió que aunque el criterio de referencia no resultaba idéntico al tema que se trataba, era útil para determinar, que el parámetro de competencia por razón de territorio en los recursos de revisión se fijaba de acuerdo con el órgano que se había declarado competente para conocer y que hubiera emitido la resolución constitucional impugnada; y, no de aquél que hubiera dictado el acto reclamado, como pretendió hacer valer el órgano colegiado declinante.

47. Lo anterior, dado que la competencia para conocer de los recursos derivados de la Ley de Amparo se determinaba en razón de que el Tribunal Colegiado ejerciera jurisdicción sobre los órganos jurisdiccionales de su circunscripción territorial, y cada uno de ellos se sujetara al poder revisor de este.

48. Además precisó, que la autoridad declinante partió de una premisa incorrecta, consistente en que el Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Matamoros, Tamaulipas, actuó por una competencia excepcional o extraordinaria; pues a su parecer, su actuación fue en su ámbito natural, dado que era el órgano de esa especie más cercano al diverso de Cadereyta Jiménez.

49. Lo cual en su opinión, se encontraba respaldado tanto por la Ley de Amparo, como por los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, de modo que no se encontraba en un supuesto similar o análogo al descrito por la autoridad declinante, referente a aquel en que se dictaba auto de formal prisión por un juez que no conocía de la causa penal y que solo actuaba en auxilio judicial vía exhorto.

50. Finalmente, insistió que tanto la Ley de Amparo, como los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, dotaban de competencia legal al Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Matamoros, Tamaulipas, para conocer del amparo indirecto contra actos del Tribunal de Cadereyta Jiménez, por ser el más cercano; y reiteró que no aceptaba la competencia declinada, por lo que ordenó la devolución de autos al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para que determinara lo conducente.

51. Se eleva conflicto competencial. Por auto de quince de mayo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado de Circuito requirente, una vez que recibió el asunto devuelto por el requerido, elevó el conflicto competencial ante este Pleno Regional, con el objeto de que se resolviera lo procedente.

IV. EXISTENCIA DEL CONFLICTO COMPETENCIAL

52. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley de Amparo,(7) y el criterio definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(8) para que se presente un conflicto competencial entre órganos jurisdiccionales, deben actualizarse los siguientes supuestos:

I. Un Tribunal Colegiado de Circuito se declare legalmente incompetente para conocer de un juicio o recurso sometido a su jurisdicción y remita los autos al que, en su concepto, lo sea; y,

II. Este último no acepte la competencia declinada a su favor, por lo que comunicará dicha determinación al Tribunal Colegiado de Circuito que se hubiere declarado incompetente y eleve el conflicto competencial.

53. En esos términos, este Pleno Regional advierte que sí se actualizan esos supuestos ya que de los antecedentes narrados se advierte que los tribunales colegiados contendientes se declararon legalmente incompetentes para conocer del recurso de revisión interpuesto por ***********, contra la resolución de quince de diciembre de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, en el juicio de amparo indirecto ***********, por lo que elevaron el conflicto competencial respectivo.

54. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, esencialmente se negó a conocer del referido recurso de revisión, porque consideró que la sentencia de amparo materia del citado medio de impugnación fue emitida por una autoridad a la que provisionalmente se le delegó competencia sustituta extraordinaria –Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito–, por una razón específica generada por la imposibilidad jurídica de su homólogo en el Estado de Nuevo León, de conocer en un juicio de amparo indirecto, sobre un acto reclamado que él mismo emitió, al existir solo ese órgano en dicha circunscripción territorial; por tanto, sostuvo que la jurisdicción extraordinaria bajo l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33400-100fdf46/competencia-territorial-para-conocer-de-un-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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