BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL. LA PENA MÁXIMA DE CUATRO AÑOS PARA SU PROCEDENCIA NO VULNERA DE MANERA DESPROPORCIONADA EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. DELITO DE CAPTACIÓN IRREGULAR DE RECURSOS PREVISTO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, NI DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE REALIZARLO CUANDO YA FUERON DECLARADAS CONSTITUCIONALES EN UN AMPARO EN REVISIÓN DENTRO DE LA MISMA SECUELA PROCESAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4637/2024. 22 DE ENERO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: De 2008 a 2012, una persona moral captó recursos de distintas personas mediante la celebración de operaciones de depósito de dinero para ahorro y de mutuo, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por tales hechos, se instruyó un procedimiento penal tradicional en contra de la administradora de la empresa, a quien se le dictó formal prisión por el delito de captación irregular de recursos, lo cual impugnó en amparo indirecto.
En su demanda de amparo, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero le fue negado el amparo solicitado. Ello se confirmó en un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia.
Seguido el procedimiento penal, se dictó sentencia definitiva por la comisión del delito mencionado, lo cual se confirmó en apelación. En consecuencia, la quejosa promovió un juicio de amparo directo en donde reclamó la sentencia definitiva que pesa en su contra y alegó la inconstitucionalidad de los preceptos 103 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero le fue negada la protección constitucional.
Inconforme con la nueva resolución, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4637/2024, interpuesto por la señora Persona “A” en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil veinticuatro por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el juicio de amparo directo Primer número de expediente de su índice.
El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Asimismo, si el plazo de cuatro años para conceder un beneficio penal, previsto en el precepto 90, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal, supera un test general de proporcionalidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. Desde el siete de marzo de dos mil ocho hasta el diez de noviembre de dos mil doce, en la población de Nombre de una población, Oaxaca, la persona moral Persona moral 1, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, conocida como “Nombre conocido de persona moral 1”, por conducto de Persona “A”, en su carácter de administradora única, recibió cantidades de dinero en efectivo de Víctima 1, Víctima 2, Víctima 3, Víctima 4 y Víctima 5.(1)
2. La captación de esos recursos se obtuvo para una supuesta inversión de contratos de “mutuo con interés” y de “mutuo a plazo determinado”. Lo anterior, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
3. Sin embargo, cuando los clientes solicitaban el pago que les correspondía, los empleados de la persona moral tenían la indicación de dar excusas con la finalidad de no devolverles el dinero o entregarles una cantidad menor de dinero a cambio de todos los documentos que les dieron para la inversión, lo que generó un detrimento en el patrimonio de los inversionistas.
4. Proceso penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal tradicional en contra de la señora Persona “A”, del que correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, que registró la causa penal con el número de expediente Segundo número de expediente.
5. El dieciocho de abril de dos mil veintiuno se dictó auto de formal prisión en contra de la señora Persona “A”, al considerarse que se acreditó su probable responsabilidad en la comisión del delito de captación irregular de recursos, previsto en el artículo 103 y sancionado en el diverso 111, en relación con el numeral 2, último párrafo, todos estos preceptos de la Ley de Instituciones de Crédito vigente al momento de los hechos.(2)
6. Dicha determinación fue confirmada en apelación, por lo que la imputada promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó esa resolución y el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito que regula el delito, con el argumento de que vulnera el principio de exacta aplicación de la norma penal.
7. El Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito conoció del juicio de amparo, lo registró con el número Tercer número de expediente y resolvió, por un lado, sobreseer en el juicio de amparo, y por otro, negar la protección constitucional a la parte quejosa.
8. En la resolución de amparo, tras examinarse el contenido y alcance de los elementos que integran el tipo penal, concluyó que la expresión relativa a “cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente” ostenta un nivel de definición suficiente para que cualquier persona entienda que no puede captar recursos del público de manera habitual, esto es, solicitar o promover recursos o fondos de las personas sin la autorización correspondiente, salvo que se trate de las personas morales a que alude la propia norma.
9. Inconforme, la señora Persona “A”, por conducto de su defensor particular, interpuso recurso de revisión el cual se registró con el número Cuarto número de expediente del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito. Mediante sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado mencionado confirmó la sentencia recurrida y refrendó la constitucionalidad del precepto impugnado, al contrastarse con el principio de exacta aplicación de la ley penal que deriva del artículo 14 constitucional.
10. Seguida la secuela procesal, el quince de junio de dos mil veintitrés, el referido juzgado penal dictó sentencia condenatoria en contra de la señora Persona “A” por su responsabilidad penal en la comisión del delito antes señalado y le impuso una pena de cinco años de prisión, entre otras sanciones.
11. Recurso de apelación. En desacuerdo con la condena, la señora Persona “A” y su defensor interpusieron un recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimotercer Circuito, que lo registró con el expediente Quinto número de expediente. Mediante sentencia de quince de noviembre de dos mil veintitrés, dicho tribunal de apelación confirmó el fallo condenatorio.
12. Demanda de amparo directo. En contra de la resolución de segunda instancia, el diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el señor Persona “A” promovió un juicio de amparo directo, en cuya demanda expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
a) De la investigación del agente del Ministerio Público y su pliego de consignación, nunca se advirtió la conducta que realizó la quejosa para tener responsabilidad penal por la comisión del delito de captación irregular de recursos.
b) Se impuso la misma pena de prisión a la quejosa y al cosentenciado, por simple analogía y sin mayor razonamiento jurídico.
c) El artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prevé el delito de captación de recursos, es inconstitucional porque vulnera los principios de taxatividad y plenitud hermética, ya que de la porción “cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente” no se desprende a qué tipo de acto se refiere ni sus requisitos, lo que permite sancionar la conducta ilícita sin acreditar los diversos supuestos que prevé el artículo, pues tiene una redacción imprecisa y ambigua.
d) El artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional, pues es una norma abierta, ya que refiere que serán penalmente responsables los administradores de personas morales que realicen actos en contravención a lo establecido por el artículo 103 de esa misma ley; lo cual vulnera los principios de taxatividad y plenitud hermética, pues no se sabe qué parte es la que no se debe contravenir o cómo se contraviene.
e) Se violentó su derecho al debido proceso toda vez que el juez de la causa consideró los escritos presentados ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) como pruebas para sostener la sentencia condenatoria, a pesar de que éstos no se tomaron en cuenta en el pliego de consignación. Asimismo, de su contenido se advierte que la firma de los contratos fue en una fecha en la que la quejosa ya no formaba parte de la sociedad, por lo que es evidente que fueron signados por una persona diversa.
f) Se debió aplicar la perspectiva de adulto mayor para la imposición de la pena de prisión.
g) La autoridad responsable realizó una incorrecta valoración probatoria, pues las testimoniales de cargo fueron emitidas por testigos de oídas, ya que no presenciaron los hechos; además, señalaron no conocer a la quejosa y proporcionaron la descripción de una persona que no cumplía con sus características y rasgos personales.
h) Incorrectamente se otorgó valor probatorio al acta constitutiva de “Persona moral 1”, pues la sociedad es una figura jurídica regulada en la Ley.
i) La autoridad responsable erróneamente concluyó que, por el solo hecho de ser administradora, tiene implícita la responsabilidad penal por realizar actos contrarios a los que señala el multicitado artículo 103 de la ley en materia de crédito.
j) No existe señalamiento en su contra como autora del ilícito y no hay constancia alguna de que ella hubiera tenido conocimiento de los hechos.
k) La sentencia reclamada es violatoria del principio de presunción de inocencia.
l) La regla general contenida en el artículo 90, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal no supera un test de proporcionalidad, pues no establece un plazo que sea idóneo, necesario ni proporcional, por lo que vulnera ese principio, al señalar que para otorgar beneficios de condena condicional se requiere que la pena impuesta sea menor de cuatro años.(3)
13. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, que la registró con el número de expediente Primer número de expediente.
14. Mediante sentencia de dos de mayo de dos mil veinticuatro, el referido órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que negó el amparo, al tenor de las siguientes consideraciones:
a) Es inoperante el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues ya lo hizo valer la quejosa en el previo juicio de amparo indirecto Tercer número de expediente, en cuyo asunto se determinó que el precepto impugnado no vulnera el principio de taxatividad, lo cual se confirmó en el recurso de revisión Cuarto número de expediente, del índice de ese mismo Tribunal Colegiado.(4)
b) Es constitucional el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues el numeral en cuestión únicamente complementa al precitado 103, ya que establece las sanciones que se impondrán a quienes incurran en los supuestos previstos en este último numeral.
Por tanto, no puede considerarse que dicha norma sea abierta o ambigua, dado que su única función, por técnica legislativa, es complementar las consecuencias jurídicas que prevé el tipo penal. Además, la simple circunstancia de que las previsiones penales y la sanción no se encuentren en el mismo artículo no vulnera el principio de exacta aplicación penal.(5)
c) Se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, por lo tanto, no se dejó en estado de indefensión a la quejosa.(6)
d) Se respetó el principio de presunción de inocencia, en su regla de trato procesal, pues se le consideró inocente durante su sustanciación, ni se le exhibió públicamente como responsable del delito, aunado a que la carga de la prueba le correspondió al Ministerio Público.
e) La quejosa contó con defensa adecuada, pues fue asistida durante el proceso por un defensor particular con cédula profesional, quien interrogó a los testigos ofrecidos por el Ministerio Público y ofreció medios probatorios para demostrar la inocencia de la quejosa. De igual forma, se le respetó a la quejosa su potestad de impugnar la sentencia de primera instancia, lo cual realizó junto con su defensor particular.
f) Respecto de los escritos presentados ante la CONDUSEF, no se ofreció ninguna probanza para acreditar que la quejosa no suscribió dichos contratos por los cuales se comprometió a conciliar con los denunciantes ahorradores y en los cuales implícitamente reconoció el adeudo.
g) Dichas probanzas no inciden para establecer que no es penalmente responsable del delito atribuido, ya que su intervención versa sobre que la quejosa administraba una sociedad financiera, la cual, sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, captó recursos de particulares en territorio nacional.
h) La sentencia reclamada se encuentra debidamente fundamentada y motivada.(7)
i) El tribunal de alzada correctamente otorgó valor probatorio indiciario a los deposados del Director General de Delitos Financieros y de cinco clientes, en términos de los artículos 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.
j) Del acta constitutiva ofrecida como medio de prueba se confirma que en el objeto social de la persona moral no se estableció que su finalidad era constituirse como sociedad de inversiones para operar con la exigencias legales para celebrar operaciones de depósito y contratos de mutuo con interés mediante la captación de recursos de los ahorradores.
k) La sentenciada goza de libertad, por lo que no era procedente que al imponer la pena fuera juzgada con perspectiva de adulto mayor.
15. Recurso de revisión. Inconforme, la señora Persona “A” interpuso un recurso de revisión en el que expuso, esencialmente, los siguientes agravios:
a) Reiteró su solicitud de que el asunto debió estudiarse con perspectiva de adulto mayor, pues es una persona de 71 años con problemas cardiacos.
b) El Tribunal Colegiado no resolvió el planteamiento de constitucionalidad de los artículos 111 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, ni del artículo 90 del Código Penal Federal, que se refiere a las condiciones para conceder el beneficio de la condena condicional, lo que vulnera su derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
Si bien el órgano colegiado señaló que dicho planteamiento fue resuelto en un juicio de amparo indirecto y confirmado en un recurso de revisión, los reclamos en su demanda de amparo son diversos respecto de la inconstitucionalidad de estas normas, pues el planteamiento no es que el precepto sea una norma en blanco, como en el amparo en revisión, sino que la redacción vulnera el principio de taxatividad, particularmente la expresión “o cualquier otro acto”.
c) De acuerdo con el principio de taxatividad, la norma debe establecer claramente la conducta que está prohibida para el sujeto activo y no solo por su calidad debe responder por los actos de terceros, es decir, no se puede atribuir la responsabilidad penal por la calidad específica de la persona.
d) La redacción normativa del numeral 103 de la multicitada ley implica un sistema de reglas que no permite eximirse de la responsabilidad penal pues, siguiendo la lógica del precepto, todas las personas que integren a la persona moral son penalmente responsables sólo por ser parte de ella.
e) Existen figuras excluidas de la responsabilidad penal de la comisión del delito de captación irregular de recursos, como es el caso de los comisarios, pues se encuentra en una situación similar al ser administradora.
f) En la época del tipo penal, si bien no existía la responsabilidad penal de las personas morales, sí había un criterio jurisprudencial que señala que los integrantes de las personas morales deben responder por los delitos cometidos por ellos y no a título de lo que hoy se reconoce como responsabilidad penal de las personas morales.
g) La quejosa no celebró ningún contrato ni recibió depósito alguno con el objeto de captar recursos.
h) El Tribunal Colegiado consideró que solo basta con que sea administrador sin mediar algún otro modo de comisión por ser parte de la persona moral.
i) El principio de taxatividad prohíbe aplicar por simple analogía la hipótesis normativa que en este caso cometió el coprocesado, quien se acreditó que firmó los contratos de mutuo y recibió depósitos de dinero.
j) Es incuestionable que los artículos 2°, 103 y 111 son complementarios, pero sí es cuestionable que son contradictorios y abiertos, al no señalar qué actos están prohibidos realizar por personas ya sean físicas o morales, o en su defecto, al no señalar si existen casos de excepción, o bien, si es una prohibición absoluta o en su caso que cualquier persona sin autorización para captar recursos, sea física o moral, sin importar la forma de comisión o participación en el delito.
k) El artículo 2° de referencia establece definiciones abiertas de las conductas, sin mencionar específicamente qué acciones son las que están prohibidas.
l) Si bien el tribunal de alzada y el Tribunal Colegiado señalaron que no se aplicó el concepto de “cualquier acto”, sí le fue aplicado implícitamente pues es la única hipótesis que justifica la sanción a los administradores, pues en el caso no se comprobó que la quejosa haya firmado contratos de mutuo y depósito, como sí sucedió con su cosentenciado.
m) La porción normativa del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito “cualquier acto” es vaga, imprecisa y abierta, pues permite determinar la responsabilidad penal por el delito de captación irregular de recursos sin necesidad de acreditar elementos típicos.
n) El Tribunal Colegiado fue omiso en atender el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 90 del Código Penal Federal, pues es contrario al principio de proporcionalidad, ya que la quejosa fue sancionada desproporcionadamente según la acción que realizó y que consiste solo en ser administradora.
o) Se le dio un trato como a su cosentenciado, sin derecho a ningún beneficio.
16. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de once de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el amparo directo en revisión, lo registró con el número de expediente 4637/2024 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
17. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.
18. El veinte de noviembre de dos mil veinticuatro la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del amparo directo en revisión 4637/2024. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.
I. COMPETENCIA
19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, 83 y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(8) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal. 20. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia de la Primera Sala y no es necesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte.
II. OPORTUNIDAD
21. La sentencia recurrida fue notificada de forma electrónica a la señora Persona “A” el martes veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, por lo que surtió efectos el mismo día.
22. Por ello, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del miércoles veintidós de mayo al martes cuatro de junio de dos mil veinticuatro, descontándose los días veinticinco y veintiséis de mayo, así como el uno y dos de junio, por ser sábados y domingos; de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.(9)
23. Por tanto, si la señora Persona “A” presentó su escrito de agravios el martes cuatro de junio de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
24. Este alto tribunal considera que la señora Persona “A” cuenta con la legitimación para interponer el recurso de revisión, pues el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del juicio de amparo le reconoció el carácter de parte quejosa, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(10)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
25. De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(11)
26. Al respecto, en caso de que se surta el requisito de constitucionalidad, se debe actualizar el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo que exige que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que resolver el asunto dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
27. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
28. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
29. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto sí cumple con los requisitos de procedencia descritos, respecto de dos temas de constitucionalidad.
30. El primero, al considerar que el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito es violatorio del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en torno a lo cual el Tribunal Colegiado estableció que la norma no trasgrede esa directriz regulada en el artículo 14 Constitucional.
31. No puede incluirse dentro del estudio de este amparo directo en revisión el reclamo de inconstitucionalidad del precepto 103 del mismo ordenamiento, pues ya fue materia de análisis en el recurso de revisión que derivó del reclamo del auto de formal prisión dictado en contra de la quejosa.
32. Lo expuesto es así, pues igual que en este asunto, la recurrente alegó en aquél momento una vulneración al artículo 14 de la Constitución Política del país, considerando que se trasgredía el principio de exacta aplicación de la ley penal, en cuanto a la frase normativa “cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente”, pues consideró que resultaba abierta y ambigua.
33. En dicha resolución, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó dentro de la misma secuela procesal que esa norma no es ambigua ni abierta, por lo que cumple con el principio señalado y con el diverso de taxatividad.
34. En este recurso la inconforme reitera ese reclamo, aunque lo centra en la parte inicial de la misma porción normativa, relativa a “cualquier otro acto”, que sí formó parte de ese estudio de constitucionalidad previo, por lo que dicho aspecto constituye cosa juzgada.
35. Lo anterior, ya que un Tribunal Colegiado como órgano terminal en el recurso de revisión en amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política del país,(12) al haber decretado la constitucionalidad de la norma impugnada, trascendió la esfera jurídica de la parte quejosa respecto de dicha ley que le fue empleada al emitir la resolución de plazo constitucional y que impugnó oportunamente, cuya aplicación se reiteró en la sentencia definitiva que es materia del juicio de amparo directo que nos ocupa, es decir, dentro de la misma secuela procesal. Por ello, se trata de una decisión que no puede ser abordada por este alto tribunal.
36. Es aplicable en lo conducente, la tesis L/98, emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tema: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL, CUANDO YA FUERON MATERIA EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, EN CONTRA DE LA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE Y DERIVADO DEL MISMO ASUNTO.”(13)
37. El segundo tema por el que procede un análisis constitucional en este asunto es el relativo al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 90, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal, pues la quejosa planteó desde su demanda de amparo que el plazo de cuatro años que regula esa norma para la concesión de beneficios no supera un test de proporcionalidad, por lo que vulnera ese principio constitucional.
38. La procedencia del recurso de revisión deriva de que el Tribunal Colegiado fue omiso en atender este planteamiento, cuando efectivamente fue aplicado a la parte recurrente, pues con base en el mismo le negó la concesión de un beneficio penitenciario, por lo que procede que este alto tribunal se pronuncie al respecto.
39. Además, este alto tribunal no ha desarrollado un análisis constitucional de esa porción normativa en los términos planteados.
40. Por otro lado, no es procedente el recurso de revisión en torno a los restantes alegatos dirigidos a combatir la existencia del delito o la responsabilidad penal, ni en torno a la individualización de las penas, aun cuando en este último punto se hubiera alegado la falta de juzgamiento con perspectiva de adulto mayor.
41. Esto es así, ya que pese a que la aplicación de las distintas doctrinas constitucionales de este alto tribunal dirigidas a proteger sectores vulnerables de la población implican un tratamiento de constitucionalidad, en este caso se alegó esa perspectiva respecto de la pena de cinco años de prisión impuesta, en cuanto a que debió considerarse que la quejosa es adulto mayor, pues cuenta con setenta y un años de edad.
42. No obstante, el órgano jurisdiccional valoró las circunstancias relativas en torno a la comisión del delito, las circunstancias personales tanto de las víctimas como de la imputada al momento de cometerse el delito atribuido —momento en el cual la quejosa contaba con cincuenta y seis años de edad— y resolvió imponer esa pena que es la mínima prevista en el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito que sanciona el delito que le fue atribuido,(14) de manera que la aplicación de esa doctrina no le habría representado beneficio alguno, ya que no podría imponerse una sanción menor.
43. Por lo tanto, dicho planteamiento carece de interés excepcional para efectos de la procedencia de este recurso de revisión.
44. Cabe decir en este punto que el cumplimiento material de la pena de prisión impuesta en todo caso debe ser valorada en la etapa de ejecución de las sanciones, con base en las circunstancias del asunto y atendiendo a las condiciones que las normas aplicables lo permitan.(15)
45. Finalmente, tampoco procede realizar un análisis constitucional del artículo 2° de la Ley de Instituciones de Crédito, pues dicho planteamiento no fue formulado en la demanda de amparo, por lo que no formó parte de la litis constitucional y por ello no fue examinado por el Tribunal Colegiado del conocimiento.
46. En ese sentido, se trata de un argumento novedoso en el recurso de revisión, lo cual torna inoperante su análisis, de conformidad con la jurisprudencia 150/2005, de esta Primera Sala, de título: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.”(16)
V. ESTUDIO DE FONDO
47. Acorde con los antecedentes narrados y los temas de procedencia advertidos, el análisis que emprende esta ejecutoria se divide en dos apartados: (i) establecer si el artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito es violatorio o no de la exacta aplicación de la ley penal, en torno al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, que deriva del artículo 14 constitucional; y (ii) determinar si el plazo para la concesión de beneficios penales contenido en el artículo 90, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal supera o no un test de proporcionalidad que surge del artículo 22 de la Constitución Política del país.
V.1 Análisis sobre si el artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33429-8dbe4dde/beneficio-de-la-condena-condicional-la-pena-maxima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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