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Modo: Corpus Pro

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 7/2013. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

Tipo de asunto: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 7/2013. · Registro digital (IUS): 80089
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: QUINTO TRIBUNAL MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Versión electrónica, Pág. 5.

Vo.Bo.

MINISTRO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de cuatro de febrero de dos mil catorce.

COTEJADO:

VISTOS

y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Mediante eloficio 10/2013, recibido el veintiuno de febrero de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuitoremitió copia de la ejecutoria dictada el catorce de febrero de dos mil trece, en el amparo directo**********, en donde el referido órgano colegiado solicita a este Alto Tribunal la modificación de la jurisprudencia P./J. 86/2010, de rubro: "SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA."

SEGUNDO. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil trece, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de jurisprudencia, formándose al efecto el expediente 7/2013; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y dar vista al Procurador General de la República para queen el término de treinta días, de estimarlo pertinente, expusiera su parecer.

TERCERO. Mediante oficio **********, de cinco de abril de dos mil trece, el Agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el presente asunto, formuló opinión en el sentido de que debe declararse procedente peroinfundada la solicitud de modificación de jurisprudencia; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 230, fracción II, de la Ley de Amparo,vigente a partir del tres de abril de dos mil trece,(1) en relación con el artículo 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción XVII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que el criterio cuya modificación se solicita deriva de una contradicción de tesis resuelta por este Tribunal Pleno.

Debe destacarse que el presente asunto se resolverá como "sustitución de jurisprudencia", atento al contenido de la legislación de amparo vigente, no obstante que se hubiere tramitado como "modificación de jurisprudencia", toda vez que la esencia de dicha institución no cambió con la nueva denominación a que alude la Ley de Amparo vigente, ya que la finalidad que persiguen ambas figuras es la misma, esto es, la de cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una jurisprudencia y emitir una nueva que la sustituya, es decir, ambas contemplan la variación de los elementos accidentales de la jurisprudencia, como el cambio total del criterio jurídico para sustituirlo por otro que puede ser, incluso, en sentido contrario; circunstancia que además no altera la competencia de este Tribunal Pleno para pronunciarse al respecto.

SEGUNDO. Legitimación. La presente solicitud proviene de parte legítima, en virtud de que fue elevada a la consideración de este Alto Tribunal, por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Conviene puntualizar que, si bien el artículo 230, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor(2) , en lo conducente dispone que la petición debe realizarse al Pleno de Circuito al que pertenecen los Magistrados peticionarios, para que aquél solicite al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la Sala correspondienteque sustituya la jurisprudencia que haya establecido, al día de la presentación de la solicitud (veintiuno de febrero de dos mil trece) aún no estaban habilitados y en funcionamiento los referidos Plenos de Circuito, por lo que este Alto Tribunal considera que esa formalidad no impide que se aborde la presente solicitud, en aras de resolver de manera pronta y efectiva la cuestión planteada; máxime que en la fecha en que se presentó esta solicitud, el Tribunal Colegiado estaba facultado para solicitar la modificación de la jurisprudencia en términos del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, pues incluso, por auto de Presidencia se reconoció dicha legitimación.

TERCERO. Procedencia de la solicitud. Para que proceda la solicitud de sustitución de jurisprudencia, es menester satisfacer los presupuestos siguientes:

1. Que previamente a la solicitud se resuelva el caso concreto que la origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia; y,

2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su sustitución.

Los anteriores requisitos surgen con motivo de la interpretación que este Alto Tribunal ha realizado de la figura denominada "modificación de jurisprudencia" contenida en la abrogada Ley de Amparo, la cual, como se ha visto, participa de la misma esencia que la actual figura de sustitución de jurisprudencia.

De esta manera, es aplicable, por analogía, la tesis P. XXXI/92, sustentada por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACION DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA".(3)

En el caso, el primero de los requisitos mencionados se encuentra colmado, en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo **********, cuyo acto reclamado consiste en la sentencia dictada por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, aplicó la jurisprudencia cuya sustitución se solicita, al sostener lo siguiente:

"En la misma vertiente fue adecuado que ‘para el caso de que el sentenciado se acoja al sustitutivo de la pena de prisión por multa’ la suspensión de derechos políticos ‘quedará sin efectos’. No así, si opta por el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena’, la que deberá seguirá (sic) surtiendo sus efectos. --- Sobre el particular, es de observancia obligatoria para este órgano colegiado en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice mencionado, Tomo I Constitucional, Volumen 2, Derechos Fundamentales, Parte 1, página 1457, que dice: ‘SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO SE ACOJA AL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONALDE LA EJECUCIÓN DE LA PENA’(Se transcribe)".

Por otra parte, el segundo de los requisitos mencionados se encuentra satisfecho, toda vez que en la ejecutoria respectiva, el Tribunal Colegiado expuso los razonamientos en que se apoyó su pretensión, al señalar que:

"Sin embargo, con apoyo en los numerales 94 párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 último párrafo de la Ley de Amparo, este órgano colegiado solicita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la modificación de la jurisprudencia antes citada, por las siguientes razones. --- El contexto normativo en que se emitió la tesis en comento ha variado, pues de conformidad con el vigente numeral 1 tres primeros párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. --- En esa medida, los numerales 35, fracciones I y II constitucionales, establecen el derecho a votar y ser votado exclusivo de los ciudadanos mexicanos, lo que se reproduce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, numeral 23 inciso b que establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser votado y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. --- Sobre la base de las premisas anteriores, se colige que el derecho a votar y ser votado, es un derecho fundamental recogido en la constitución y reproducido en la convención citada. Pero como a todo derecho existen limitaciones, es válido que el legislador las imponga, lo que deriva de la suspensión temporal o pérdida de esta prerrogativa. --- En esa medida, tal como lo ha sostenido el Alto Tribunal, la suspensión de derechos políticos, se trata de una pena accesoria y no autónoma tal como lo prevé la fracción I del numeral 57 del código penal aplicable, es decir, que se impone por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la pena de prisión, lo que encuentra apoyo en el numeral 38 fracción III constitucional, que estatuye que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden durante la extinción de una pena corporal. --- Con relación a este último numeral, en su párrafo final señala que ‘la ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación’, lo que guarda congruencia con el numeral 58 de la codificación a consulta que preceptúa que la pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o representante de ausentes y que la suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión. --- Asimismo, la suspensión condicional de la ejecución de las sanciones estatuida en los ordinales 89 al 91 del código penal aplicable, establece un beneficio -no un derecho- que pretende evitar el encarcelamiento, acorde al vigente artículo 18 constitucional, el cual procede, de oficio o petición de parte, si la duración de la pena impuesta no excede de cinco años de prisión; en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron impuestas; el sentenciado cuente con antecedentes personales positivos y un modo honesto de vida, considerando el juez además la naturaleza, modalidades y móviles del delito; el beneficiado otorgara garantía o se sujetará a las medidas que se fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta; obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y vigilancia; desempeñar una ocupación lícita; abstenerse de causar molestias, acercarse o comunicarse por cualquier medio por sí o por interpósita persona con la víctima u ofendido, víctimas indirectas o los testigos y, acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. --- El, se itera, beneficio en estudio, no derecho, no tiene el efecto de poner en libertad total al sentenciado, pues queda sujeto a cumplir ciertos requisitos para que se extingan las penas impuestas, que en favor del sentenciado, bajo el principio pro personae, previsto en el numeral 1 constitucional, deben estimarse suspendibles, en cambio, si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, el juez o tribunal podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirlo de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena, y en su caso, una vez transcurrida la pena suspendida (plazo), se considerará extinguida, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria, como lo estatuye el numeral 91 citado. --- Sin embargo, en el caso del beneficio en examen, conforme al nuevo artículo 1 y al último párrafo del numeral 38, ambos constitucionales, se insiste, se aprecia que debe observase la interpretación más favorable al gobernado y ‘la ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación’, por ende, si el legislador local en el párrafo primero del numeral 91 expresamente señaló que: ‘La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa. EN CUANTO A LAS DEMÁS SANCIONES IMPUESTAS, EL JUEZ O TRIBUNAL RESOLVERÁ SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. La suspensión tendrá una duración igual a la de la pena suspendida’, debe interpretarse que el legislador constitucional estableció la potestad discrecional en el juzgador de esta ciudad, en el caso de la suspensión de los derechos políticos si el sentenciado se acoge al beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas impuestas de reclusión y pecuniaria, resolviera a su arbitrio si son susceptibles de quedar en suspenso o seguiría surtiendo sus efectos. --- De lo expuesto, se permite concluir que la suspensión de derechos políticos discrecionalmente, según el caso concreto, el juzgador deberá precisar, motivadamente como lo prevé el numeral 16 constitucional, al no ser una facultad arbitraria o caprichosa, si el sentenciado se acoge al beneficio en estudio, si procede o no que sigan surtiendo sus efectos la suspensión de derechos políticos. --- En esa medida, es inexacto sostener, que en el caso de que se hubiera concedido el beneficio en cita, actualmente queden suspendidas las penas de reclusión y multa, pero subsiste siempre la pena accesoria, como lo es la suspensión de los derechos políticos, bajo este nuevo esquema constitucional y convencional, que está vigente. --- Por ello, se itera, de conformidad con el principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre o la persona, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva, contemplado en los numerales 1 constitucional, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno (aplicables en el contexto jurídico actual, diverso al que regía cuando se emitió la jurisprudencia en estudio) respectivamente, debe colegirse que si el legislador local estableció en el numeral 91 del código penal aplicable, que la suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa y en cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o tribunal resolverá según las circunstancias del caso, se está en presencia de una facultad discrecional del juzgador de que al conceder el beneficio de la suspensión condicional de las penas de multa y reclusión, deberá motivar, no de forma arbitraria, que de acogerse a éste, incluye o no la sanción accesoria de la suspensión de derechos políticos, según su sano y libre arbitrio. --- En efecto, se debe atender a los principios que rigen la labor interpretativa tratándose de derechos fundamentales, y que son los siguientes: --- 1) Principio pro-homine, que tiene dos variantes, a saber: --- • Preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental, dentro de la que se comprenden los subprincipios de favor libertatis, de protección a las víctimas o favor debilis, de prohibición de aplicación analógica de las normas restrictivas de derechos, de in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro vita, etcétera. --- • Preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. --- 2) Posición preferente de los derechos fundamentales, conforme al cual en el caso en que entren en conflicto dos derechos fundamentales diferentes, el intérprete debe elegir alguno de ellos después de realizar un ejercicio de ponderación. --- 3) Mayor protección de los derechos fundamentales, conforme al cual los derechos reconocidos constitucionalmente son sólo un estándar mínimo que debe ser ampliado por el intérprete judicial, por el órgano legislativo secundario y por la administración pública al expedir reglamentos o diseñar políticas públicas. --- 4) Fuerza expansiva de los derechos, conforme al cual el intérprete debe extender lo más posible el universo de los sujetos titulares para que resulten beneficiados con el derecho el mayor número posible de personas, tomando en consideración que la vía procesal resulte idónea. --- La determinación a que arribó este tribunal se ajusta a los principios pro homine en su vertiente de preferencia interpretativa, mayor protección de los derechos y fuerza expansiva de los derechos, ya que se prefiere la interpretación que más protege al ciudadano y que, además, respeta los postulados que derivan del artículo 1 constitucional. Incluso la tendencia expansiva de los derechos fundamentales se aprecia de la lectura al procedimiento de reforma al artículo a comento para evidenciar que la interpretación que ahora se estima adecuada es acorde con los criterios de interpretación tendentes a maximizar los derechos referidos. --- Bajo ese orden de ideas, la interpretación restrictiva de que cuando el sentenciado se acoja al beneficio en estudio siempre deben seguir suspendidos los derechos políticos, debe ser delimitada, pues no puede subsistir como una prohibición o restricción absoluta, es decir, restringir el ejercicio de los derechos políticos de manera lisa y llana, en el caso el derecho alvotoy ser votado, sin distinguir ningún supuesto o condición. --- Aunado a lo anterior, debe enfatizarse que en la interpretación de los derechos fundamentales, como los que se analizan, no basta la aplicación del método literal para determinar sus extremos constitucionales, sino que, como se ha establecido, es necesario armonizar sus disposiciones, buscando además, que el resultado de esa actividad interpretativa redunde en la mayor efectividad posible del bien jurídico que deba resultar protegido tras el análisis de los derechos fundamentales en juego, de manera que las restricciones constitucionalmente definidas queden reducidas a la mínima expresión o ultima ratio, para que la eventual suspensión de derechos políticos, no se prolongue innecesariamente y adquiera las características de una sanción autónoma, a pesar de que debe considerarse accesoria. --- Cabe insistir en que atendiendo las modernas corrientes humanistas cuyo anhelo es ampliar irrestrictamente los derechos y libertades de los ciudadanos, no resulta conveniente suspender en todos los casos y para todos los sentenciados el derecho de votar y ser votado en las elecciones populares si se encuentra libre por haberse acogido al beneficio referido, por ende, puede votar y ser votado, dada la importancia de que los ciudadanos participen en los asuntos políticos del país, como lo es, por antonomasia, la elección de sus autoridades o convertirse en una. --- Por lo expuesto, es que este órgano colegiado considera que procede solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la modificación de la jurisprudencia en comento".

CUARTO. Criterio que se solicita sustituir. Mediante resolución de veintidós de junio de dos mil diez,el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 15/2010, entre las sustentadas por el Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que, atendiendo a que la suspensión de derechos políticos se produce como consecuencia necesaria de la pena de prisión, su duración depende de la que tenga ésta.

En ese sentido, consideró que cuando la principal es sustituida, debe entenderse que lo es en su integridad, por lo queello incluye la suspensión de derechos políticos, con independencia de que el sentenciado se acoja al sustitutivo penal que se le haya concedido o a la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión.

Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estimó que la suspensión de los derechos políticos debe durar hasta en tanto se extinga la pena de prisión impuesta, o bien, se le tenga por acogido al sustitutivo de la pena de prisión que le fue concedido, y no cuando opta por la suspensión condicional de su ejecución, pues ello comprende el cambio de naturaleza de la pena originalmente impuesta.

Con base en los criterios sustentados por los aludidos Tribunales Colegiados, el punto jurídico a dilucidar en esa contradicción de criterios consistió en determinar si en el caso de que un sentenciado se acogiera al beneficio de la suspensión condicional de la pena de prisión, debía subsistir o no la suspensión de derechos políticos declarada como consecuencia de la pena de prisión impuesta.

La ejecutoria se ocupó de establecer que la suspensión de derechos políticos es una consecuencia necesaria de la pena de prisión, por lo que mientras no se extinga ésta, los derechos políticos deben seguir suspendidos.

Las consideraciones que la sustentaron son, en lo que interesa, las siguientes:

"QUINTO. Una vez precisado lo anterior, este Pleno estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que se define en esta resolución. --- Conviene señalar, nuevamente, que la materia de la presente contradicción consiste en determinar si la suspensión de los derechos políticos, decretada como consecuencia de una pena de prisión, queda sin efectos cuando el sentenciado se acoge a la suspensión condicional de la pena. --- Antes de analizarse el tema, resulta necesario, para una mejor comprensión del asunto, hacer las siguientes precisiones referentes a la suspensión de derechos político electorales. --- Conforme a lo establecido en la Constitución General de la República, en las fracciones III y VI, del artículo 38, los derechos de los ciudadanos se suspenden durante la extinción de una pena corporal y/o por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. De la misma manera, el artículo 57 del Código Penal para el Distrito Federal establece que la suspensión de derechos es de dos clases: I. La que se impone por ministerio de ley, como consecuencia necesaria de la pena de prisión; y, II. La que se impone como pena autónoma. --- Esto es, en el primer supuesto, la suspensión de los derechos es una pena accesoria derivada de la pena corporal; mientras en el segundo, la suspensión de los derechos es, en sí, la pena principal, como es, por ejemplo, el caso de las penas impuestas por la comisión de algunos delitos electorales. ---Ahora bien, en los casos analizados por los tribunales colegiados contendientes, la suspensión de los derechos políticos operó como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión que les fue impuesta a los quejosos en los juicios de amparo resueltos por los tribunales colegiados, ya que las sentencias que impusieron dicha pena, no impusieron la suspensión de tales derechos expresamente, es decir, como pena principal o independiente, sino como accesoria. Razón por la cual, el presente estudio no se ocupa de la hipótesis prevista en la fracción VI (suspensión como pena autónoma), del artículo 38 constitucional, por no ser materia de la presente contradicción. --- Lo anteriormente relatado, permite apreciar que, en dichos casos, la suspensión de derechos de mérito, se presenta en la etapa procedimental, en la que el juzgador dicta la sentencia correspondiente. A ese respecto, destaca lo relativo a que la suspensión de derechos puede producirse por "ministerio de ley", lo que significa que, por la circunstancia de que en una sentencia se imponga una sanción, por expresa disposición legal (esto es, sin que se requiera de un acto voluntario para que se produzcan las consecuencias previstas en una norma de derecho), específicamente el artículo 38 constitucional, deberán suspenderse los derechos políticos del sentenciado. --- Una vez hecha la precisión anterior, es necesario transcribir el texto del artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: --- ‘Artículo 38. Los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden: --- [...] --- III. Durante la EXTINCIÓN de una pena corporal; --- [...] --- La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación’. --- Este precepto constitucional establece las hipótesis en las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otras, durante la extinción de una pena corporal. --- De acuerdo con la fracción III, del referido artículo 38, la suspensión de los derechos políticos, durará el tiempo de extinción de la pena privativa de libertad. --- No obstante que en la parte inicial del señalado precepto se alude a la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, en su parte final se establece que la ley fijará los casos en que se pierden o suspenden los derechos o prerrogativas de referencia, autorizando de esta manera al legislador para que fije los casos respectivos. --- En ese sentido, el artículo 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dispone: ---‘Artículo 58. (Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de prisión). La pena de prisión produce la suspensión de derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión’. --- De lo anterior, se advierte que el contenido del referido artículo 58, resulta congruente con lo que establece el artículo 38, fracción III, de la Constitución General de la República, en el sentido de que los derechos del ciudadano se suspenden durante la extinción de una pena corporal, entendiéndose ésta, como una pena privativa de libertad. --- En ese mismo sentido la ha entendido la Primera Sala, según se advierte de la siguiente tesis cuyos rubro y texto son: --- DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO. Los derechos políticos del ciudadano señalados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentran su limitación en las hipótesis suspensivas contempladas en las fracciones II, III y VI del artículo 38 constitucional, de manera que cuando se suspenden los derechos políticos durante la extinción de una pena privativa de libertad en términos de la citada fracción III, se está en presencia de una pena regulada en los artículos 24, inciso 12, 45, fracción I y 46 del Código Penal Federal, así como en los diversos 30, 56, 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, al prever, como una de las clases de suspensión de derechos, la que se establece por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena de prisión. Ahora bien, la circunstancia de que la suspensión de derechos políticos, se imponga por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la citada imposición, implica que una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis constitucional -como cuando se extingue una pena privativa de libertad-, no se requiere un acto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino que operan de manera inmediata. De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio de ley, es la que de manera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuenta ineludiblemente al dictar sentencia; por lo que es innecesario que en estos casos el Ministerio Público (del fuero común o del fuero federal) solicite la indicada suspensión en la etapa procedimental en la que formula sus conclusiones acusatorias. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional, al momento de dictar la sentencia respectiva y en ejercicio de sus facultades, suspende los derechos políticos del sentenciado, no rebasa la acusación, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud del Ministerio Público, sino a lo dispuesto por una norma constitucional, la cual se desarrolla por otra de carácter secundario en los términos apuntados. --- Es claro que la sanción consistente en la suspensión de derechos políticos es una sanción que se produce como consecuencia necesaria de la pena de prisión, por lo que su duración depende de la que tenga ésta última. Pena que supone el internamiento del reo en un centro de readaptac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80089-c18185e7/solicitud-de-modificacion-de-jurisprudencia-7-2013-quinto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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