PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LAS PRUEBAS DE CARGO DEBEN DESVIRTUAR LA HIPÓTESIS DE INOCENCIA ALEGADA Y, AL MISMO TIEMPO, DEBE DESCARTARSE QUE LAS PRUEBAS DE DESCARGO O CONTRAINDICIOS DEN LUGAR A UNA DUDA RAZONABLE SOBRE LA HIPÓTESIS DE CULPABILIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3678/2024. 19 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3678/2024, promovido en contra de la sentencia dictada el once de abril de dos mil veinticuatro por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la regularidad constitucional de la sentencia señalada como acto reclamado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. De las constancias remitidas para resolver el presente asunto, se advierte que los hechos que les fueron imputados y por los que fueron sentenciados los ahora recurrentes, son esencialmente los siguientes: el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las catorce horas, en la esquina de la Calle ********** y Avenida **********, Barrio ********** del Municipio de **********, **********, se encontraba laborando en un puesto desarmable de venta de pollo "**********", el adolescente de diecisiete años de iniciales **********, cuando sobre Avenida ********** con dirección de Boulevard ********** hacia la Calle **********, llegaron circulando a bordo de una motocicleta color verde con negro, **********, como conductor y **********, como pasajero, quienes metros antes de llegar a la citada esquina, se estacionaron sobre Avenida **********, al lado derecho, se bajó de la motocicleta ********** y caminó hacía el puesto, debajo de su chamarra a la altura de la cintura, sacó un arma de fuego con la que al llegar a donde se encontraba el adolescente, le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte; una vez hecho esto, ********** subió a la referida motocicleta y ********** puso en marcha ésta, retirándose del lugar con dirección a la Calle de **********. Hechos que se sostuvo fueron presenciados por los testigos ********** y **********. Por esos hechos, los acusados fueron detenidos el once de diciembre de dos mil veinte.
2. Auto de apertura a juicio oral. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dictó auto de apertura de juicio oral contra los ahora quejosos y recurrentes ********** y **********, ambos de apellidos **********, por el hecho que la ley señala como homicidio calificado por haberse cometido en contra de un menor de edad, en el cual, entre otras cosas, individualizó a las partes, destacando que la ofendida no se constituyó como acusadora coadyuvante ni ofreció medios de prueba, refirió el hecho por el que formuló acusación la Representación Social y su clasificación legal, la forma de intervención atribuida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como las penas y medidas de seguridad solicitadas, la pretensión sobre el pago de la reparación del daño, que las partes no alcanzaron acuerdos probatorios y los medios de prueba que deberían ser desahogados en el juicio, los cuales son:
Ver medios de prueba
3. Auto de radicación de juicio oral. Mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, radicó la causa penal con el número de juicio **********, señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de debate y ordenó citar a los sujetos procesales y órganos de prueba.
4. Audiencia de juicio oral. El tres, once, diecisiete y treinta y uno de agosto, diez y veintisiete de septiembre, once y veintidós de octubre, nueve y veintitrés de noviembre, siete y veintiuno de diciembre, todos de dos mil veintiuno, veinte de enero, tres y diecisiete de febrero, tres, diecisiete y treinta y uno de marzo, dieciocho y veintinueve de abril, trece y veintisiete de mayo, diez y veinticuatro de junio, ocho de julio, cinco y diecinueve de agosto, dos, diecinueve y treinta de septiembre, catorce y veintiocho de octubre, todos de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia y continuaciones de la audiencia de juicio oral, presidida por el referido Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, quien hizo constar en cada uno de los días mencionados, la comparecencia de las partes y la individualización de las mismas.
5. Alegatos de clausura. En audiencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, ya desahogado el elenco probatorio, las partes procesales expresaron sus respectivos alegatos de clausura y los acusados realizaron manifestaciones; además el Juez dictó fallo de condena y señaló las once horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
6. En audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el Juez dio cuenta de la inasistencia de la defensa privada de los acusados, por lo que señaló las nueve horas con treinta minutos del veintitrés siguiente, para que tuviera verificativo la diligencia de individualización de sanciones y reparación del daño, ordenando la notificación a los abogados de la defensa para que en el término de dos días hábiles justificaran los motivos de su inasistencia, apercibidos que, de no hacerlo o ésta no fuera procedente, se decretaría el abandono de la defensa; asimismo, ordenó girar oficio al Instituto de la Defensoría Pública, con la finalidad de designar defensor público, para que asistiera a los acusados, haciéndole de su conocimiento al defensor que sea designado la fecha y hora del próximo segmento de audiencia a efecto de que compareciera debidamente impuesto de los antecedentes del juicio.
7. Sentencia penal. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la causa penal **********, emitió fallo condenatorio en contra de ********** y **********, ambos de apellidos **********, por considerarlos penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de un menor de edad, en agravio del menor de iniciales **********, previsto en los artículos 241, párrafo primero,(2) 242, fracción II,(3) y 245, fracción V, inciso d),(4) del Código Penal del Estado de México, por lo que los condenó a:
• Cuarenta y siete años, seis meses de prisión, en el lugar que para tal efecto designe el Ejecutivo del Estado, empezando a contar a partir del día en que los sentenciados fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, esto es, el once de diciembre de dos mil veinte.
• Multa de mil setecientos setenta y cinco Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $154,212.00 (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.). Para el caso de insolvencia económica de los sentenciados, se sustituye por mil setecientos setenta y cinco días de jornadas de trabajo a favor de la comunidad; asimismo, para el caso de incapacidad física de los sentenciados, se sustituye la multa por mil setecientos setenta y cinco días de confinamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, párrafos quinto y sexto,(5) 39(6) y 49(7) del Código Penal del Estado de México.
• No les concedió los beneficios de Sustitución de Pena ni Suspensión Condicional de la Condena, en virtud de que no se encuentran satisfechos los requisitos previstos en los artículos 70, 70 Bis, 71 y 72 del Código Penal del Estado de México.
• Suspensión de los derechos políticos y de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, interventor de quiebras, árbitro y representante de ausentes, hasta que la pena de prisión se extinga.
• Amonestación pública, en términos del artículo 55(8) del Código Penal del Estado de México.
• Reparación del daño material y moral, consistente en la indemnización por la cantidad de $190,267.20 (ciento noventa mil doscientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.), a favor de la ofendida, de conformidad con el artículo 30, párrafo segundo,(9) del Código Penal del Estado de México.
8. Toca de apelación penal. Inconformes, el siete de diciembre de dos mil veintidós, el defensor privado de los sentenciados ********** y **********, ambos de apellidos **********, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del toca de apelación **********, en el sentido de modificar el fallo de primera instancia.
9. La modificación consistió en que a la reparación del daño únicamente debía ser moral, no así material, ya que la cantidad prevista en el artículo 30, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de México sólo incluye la reparación del daño moral; siendo que el Ministerio Público no solicitó el pago de la reparación del daño material de manera clara y objetiva de manera razonada, ni aportó medio de prueba alguno que sustente la procedencia y monto de la misma (gastos funerarios).(10)
10. Demanda de amparo directo. Inconformes con la resolución, mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, ********** y **********, ambos de apellidos **********, promovieron demanda de amparo en la que señalaron como violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero, 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo, y 20, párrafo primero, apartado A, fracción VIII, y apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo valer los conceptos de violación siguientes:
• Primero. Sostienen que se violaron las garantías consagradas en el artículo 1° de la Constitución Federal, en virtud de que, tanto el Tribunal de Alzada como el Tribunal de Enjuiciamiento, se limitaron a emitir mecánicamente resoluciones fuera de un contexto sistémico que valorara sus derechos humanos, como son presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica y defensa adecuada, así como el inherente al ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas.
• Lo anterior, refieren, ya que el Tribunal de Alzada debía examinar el proceso sobre el cual fue pronunciada la sentencia, por lo que al no realizar un análisis exhaustivo que protegiera y garantizara sus derechos humanos, también omitió efectuar una interpretación de las normas con un enfoque en la protección de sus derechos consagrados en la Norma Fundamental y en los tratados internaciones de los que México forma parte.
• Segundo. Manifiestan que se vulneraron los artículos 14, párrafo segundo, y 20, párrafo primero, de la Constitución General, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7.2., inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 14.1, incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues, por una parte, establecen que nadie puede ser privado de su libertad, sino mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del proceso y conforme a las leyes expedidas, y, por la otra, prevén los principios que rigen al proceso penal.
• De esta forma, advierten que las audiencias que se llevaron a cabo durante su proceso penal no se desarrollaron en términos de los principios de concentración y continuidad, los cuales contribuyen a que, a su vez, toda persona sujeta a proceso penal se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados por la ley, como establece el artículo 17 constitucional.
• Al efecto, indican el cómputo de días de la duración de las distintas etapas del proceso, en la tabla siguiente:
Ver tabla
• Así, mencionan que el tiempo transcurrido entre las diversas audiencias fue demasiado extenso, dejando de ser continuas, sucesivas y secuenciales, vulnerando también el principio de inmediación, dando paso a la demora y postergación del juicio, sin que mediaran las justificantes establecidas en el Código adjetivo de la materia.
• Además, señalan que en todo ese tiempo fueron privados de su libertad, colocándolos en una situación de sanción mientras se analizaba su culpabilidad, con motivo de una medida cautelar que, gracias a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, y García Rodríguez y otro vs. México, es inconvencional.
• Refieren que dicha medida restrictiva, además de vulnerar los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad y no discriminación, desencadenó un aislamiento que les impidió allegarse de los medios necesarios para ejercitar plenamente el derecho de defensa y comprobar su inocencia, dado que los tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada establecieron en sus resoluciones que no probaron su postura, destacando este último tribunal la jurisprudencia V.4o. J/3 de rubro "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.", la cual fue emitida bajo el contexto de un sistema procesal penal distinto al actual, que hoy transgrede el artículo 20, apartado A, fracción V, y apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, que establece que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora y que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia.
• Por tanto, estiman que con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva se violó también el principio de igualdad ante la ley y se les colocó en una situación de desventaja y desigualdad ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual posee un sinfín de recursos y poderío con los que logró reducir sus esfuerzos al mínimo, más no aportar pruebas contundentes sobre su supuesta participación en el delito.
• Tercero. Aducen que se violó el derecho humano que versa sobre el desahogo de pruebas para su defensa, el auxilio para su obtención y la valoración de éstas, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracciones IV y VI, de la Constitución General, en virtud de que el Tribunal de Enjuiciamiento, con el visto bueno del Tribunal de Alzada, determinó que la teoría del caso planteada por su defensa no se encontraba acreditada, siendo que la justificación de su razonamiento se motivó deficientemente, pues sólo señaló que sus declaraciones, así como las de ********** y ********** no resultaban fiables, limitándose a relatar de nueva cuenta lo dicho, incumpliendo con los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• De esta forma, sostienen que las únicas justificaciones que dio la autoridad responsable fueron que sus declaraciones eran subjetivas, pues respecto a lo narrado por ********** no se había detallado qué trabajos realizó ese día, a pesar de que manifestó que, junto con su patrón **********, daban mantenimiento a ventilación y plomería de edificios, siendo su ayudante general, circunstancia que fue confirmada por dicho jefe; asimismo, que respecto a su manifestación de que había una foto y video sobre las personas que realmente privaron de la vida a la víctima, la autoridad se limitó a decir que no justificó su afirmación, siendo ésta una obligación de la Fiscalía que no se les podía exigir estando en un plano de notoria desigualdad.
• Refieren que, respecto a la citada foto y video, basta con que se revisen los antecedentes del juicio para ver que los mismos sí fueron ofrecidos y desahogados ante la autoridad judicial, sin embargo, su deficiente defensa no logró desahogarlos ante el Tribunal de Enjuiciamiento.(11)
• Por otro lado, dicen que en cuanto a lo narrado por ********** también se dijo que los argumentos eran subjetivos, pues no había probado que acudió a un hotel y que la manifestación de que a alguien le constaba el homicidio no había sido demostrada en juicio, siendo que en etapas previas a éste justificó su estancia en el motel con el ticket que recibió, así como con las testimoniales de su exnovia ********** y la trabajadora del lugar **********, hechos que su defensa no probó en etapa de juicio con motivo de carencia técnica.
• Indican que la manifestación de que a alguien le constaba el homicidio no es subjetiva, pues lograron que compareciera **********, un taxista que se encontraba en el lugar de los hechos, siendo que los tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada desvirtuaron todas las pruebas que lograron incorporar y concedieron valor a las aportadas por la Fiscalía, a pesar de sus inconsistencias y notable pobreza, dado que el análisis que realizaron se hizo desde un estigma alejado de cualquier tipo de presunción de inocencia.
• Cuarto. Aducen que se violó la garantía reconocida en el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución General, la cual señala que el juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado, toda vez que la Agente del Ministerio Público desahogó las testimoniales del policía municipal **********, del policía de investigación **********, de la ofendida ********** y del hermano de la víctima **********, y de los supuestos testigos presenciales ********** y **********, así como de las periciales en materia de medicina legal, criminalística de campo y fotografía, y balística forense.
• Expresan que las testimoniales de los supuestos testigos presenciales, con las cuales la Fiscalía sólo logró acreditar su supuesta responsabilidad, se encuentran plagadas de inconsistencias, careciendo de razonamiento lógico que los conocieran por nombres y apellidos por ser estos comerciantes en un tianguis al que supuestamente acudían, siendo que no los conocían ni fueron al tianguis que refirieron, resultando absurdo que hayan dados sus datos al acudir a comprar ropa.
• Por otra parte, manifiestan que en sitios oficiales de internet visibles en ciertas ligas,(12) se encontró que ********** es Subdirector de Análisis e Investigación de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, administración que ha sido electa por dos trienios consecutivos e, independientemente de esa circunstancia, fue Agente de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según la Recomendación 15/2014 emitida por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México; máxime que el nombre de ********** no es común, por lo que se puede presumir que dicho testigo es creado por la Fiscalía en contubernio con la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tultitlán, que fueron quienes conocieron en primera instancia del homicidio.
• Además, señalan que la identificación (licencia de conducir) que presentó dicha persona ante el Juez de Enjuiciamiento, se encontraba vencida desde el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, siendo que la exhibió en audiencia de once de octubre de dos mil veintiuno, y el juez consideró que ésta bastaba para acreditar la identidad del testigo, porque se había identificado con ese documento en la carpeta de investigación y la licencia de conducir no dejaba de ser oficial, lo cual les dejó en estado de indefensión, pues es su derecho tener certeza jurídica respecto de quién los acusa. • En esa línea, exponen que la vigencia brinda certeza jurídica al documento, ya que, de no existir, cualquier persona que tenga una identificación ajena, podría hacer uso de tal, aunado a que el físico de cualquier persona puede cambiar con el transcurso del tiempo, por lo que presentar una identificación vencida dificulta constatar que los rasgos fisionómicos del compareciente coinciden con los de la persona que aparece en el documento; obstáculo al cual debe sumarse que, atendiendo a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, todos nos vimos obligados al uso de cubrebocas que impedía visualizar la mitad del rostro y, en el caso, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento le requirió al testigo que cubriera su nariz como medida de seguridad.
• Que si bien en la audiencia de once de octubre de dos mil veintiuno, el referido testigo manifestó no tener ninguna relación familiar o de amistad con ellos, no negó que tuviera algún motivo de odio o animadversión, pues, incluso, al narrar el motivo por el cual los conocía demostró rencor, dado que al momento de que la Fiscal le cuestionó si sabía a qué nos dedicábamos contestó "¿aparte de matar? pues se dedican a ..., son unas lacras ahí en el centro de Tultitlán, sabemos que se dedican a vender drogas", acusaciones falsas sin ningún tipo de sustento; aunado a que señaló "yo los conozco muy bien, ellos creo también, yo vendo ropa en el tianguis y ellos llegan a todas horas al tianguis"; testimonio al cual se le otorgó pleno valor.
• Luego, con respecto a la testimonial **********, aducen que también existieron inconsistencias, iniciando con que la Fiscalía no lograba presentarla a juicio, refiriendo que no había podido acudir porque le habían cambiado el turno de trabajo a la mañana, por lo que no había sido posible solicitar la autorización de su superior para asistir a la audiencia; esto, a pesar que en reiteradas ocasiones externó que su pareja ********** y ella son de ocupación vendedores de ropa en un tianguis.
• Destacan que ********** en su primera declaración ante la autoridad ministerial, señaló que quien manejaba la moto era **********, alias "**********", y luego refirió que se equivocó, pues la persona era **********; siendo que esta primera declaración coincide con lo señalado por el testigo **********, quien en audiencia de juicio de catorce de octubre de dos mil veintidós, indicó que era taxista y que el día de los hechos una pareja le pidió un servicio para **********, a una taquería muy conocida que se llama "**********" o "**********", y que en el entronque de la taquería el hombre le preguntó que cuánto era del servicio, al darle el costo escuchó unas detonaciones, no sabiendo si eran cohetes, por lo que al darle el cambio se percató que una persona llamada **********estaba detonando el arma, y abordó una moto verde con negro manejada por **********, a quienes conoce porque vivió entre siete y ocho años en el barrio de **********.
• En ese contexto, señalan que a la testimonial de **********, el Tribunal de Enjuiciamiento no le concedió valor probatorio al estimar que el lugar señalado por el testigo no era congruente con el sitio en donde ocurrió el hecho, así como que no dio los nombres completos de **********y **********, siendo que sí existe congruencia con el lugar, pues si venía por ********** tuvo que tomar Avenida ********** y dar vuelta para llegar a la taquería, la cual se encuentra en contra esquina de donde sucedieron los hechos.(13)
• Asimismo, refieren que el testigo se puso nervioso al estar presionado por la Fiscalía, no señalando los apellidos de los responsables porque los desconocía, pero sí mencionó que los ubicaba perfectamente por ser personas de la misma localidad en la que vivió, siendo esto lógico.
• De esta forma, sostienen que, si bien las pruebas deben valorarse por el juzgador de manera libre y lógica, lo cierto es que no debe perderse de vista que el estándar probatorio debe ser alto, quedando probado el hecho delictivo y la responsabilidad de quien lo cometió más allá de toda duda razonable, es decir, debe existir plena convicción sobre su culpabilidad, siendo que en el caso la Fiscalía logró persuadir al juzgador con dos simples testimoniales plagadas de inconsistencias.
• Por otro lado, manifiestan que la Fiscalía no logró acreditar coautoría, pues si bien señaló que, en consenso y con codominio funcional o conjunto del hecho, supuestamente privaron de la vida a la víctima, lo cierto es que no acreditó que hubiera una división de acciones delictivas ni que existiera un acuerdo previo, en virtud de que el argumento consistió en que al ser hermanos y vivir juntos se pusieron de acuerdo, no aportando prueba al respecto.
• Señalan que la actuación funcional para convertir al agente como coautor debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho delictivo, siendo absurdo que el conducir una motocicleta se haya considerado de esta índole, además de que tampoco se probó que quien manejaba poseyera bajo su control directo la decisión total de llegar al resultado ni que tuviera al alcance la posibilidad de materializar o cesar el hecho, ya que de acuerdo con el dictamen pericial en materia balística y el video aportado por su defensa en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, los disparos se realizaron desde una sola arma de fuego que estaba en posesión de la persona que se bajó de la motocicleta.
11. Sentencia del Tribunal Colegiado. De dicha demanda correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien registró el asunto como juicio de amparo directo ********** y en sesión de once de abril de dos mil veinticuatro, por mayoría de votos, resolvió negar el amparo a los quejosos, con base en las consideraciones siguientes:
• Análisis de los planteamientos sobre infracciones cometidas en etapas previas a la de juicio. Declara inoperantes las manifestaciones en torno a la medida cautelar que les fue impuesta durante el proceso penal y a medios de prueba que fueron desahogados en etapas previas a la de juicio oral pero que no fueron desahogadas en juicio.
• Señala que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 669/2015, analizó si conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la ley de la materia, es posible ejercer revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo, en relación con transgresiones a derechos fundamentales, cuando se dice que éstas han ocurrido durante las etapas previas a la audiencia de juicio oral; apuntando que las partes se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente y, de no hacerse así, se entiende por regla general que se ha agotado la oportunidad de solicitarlo, siendo que sólo podrá ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo la violación al derecho en cuestión, cuando la misma se materialice durante la tramitación de la etapa de juicio oral.
• De esta forma, indica que, si la pretensión de los quejosos es que se analicen la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o diversos medios de prueba que no fueron desahogados como pruebas en la etapa de juicio oral, dichas manifestaciones son inoperantes, pues sólo es materia del amparo directo lo acontecido en etapa de juicio y lo desahogado en ella, no así lo atinente a estadios anteriores.
• Examen de los requisitos de carácter procesal. Aduce que no observa violación a las formalidades esenciales del procedimiento, ya que al revisar las constancias escritas y videograbadas relativas a la causa de juicio oral y toca de apelación, se constató que se respetaron, pues en el auto de apertura a juicio oral se relató la acusación ministerial, por lo que los quejosos estuvieron enterados del procedimiento iniciado en su contra; de la secuencia de la audiencia de juicio, se pone de manifiesto que se les hicieron saber los derechos que establece a su favor el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, dentro de ellos, el de designar defensor, ya que se constató que siempre estuvieron asistidos de licenciados en derecho; y, durante la audiencia de juicio se desahogaron las pruebas previamente admitidas, se observaron los principios de publicidad, contradicción, e inmediación, siendo que respecto a este último, el juez que presenció el desahogo de las pruebas fue el mismo que dictó la sentencia de primera instancia.
• En ese sentido, estima fundado pero insuficiente el concepto de violación referente a que las audiencias no se llevaron a cabo en términos de los principios de concentración y continuidad, dado que, en efecto, los segmentos de la audiencia de juicio oral no se celebraron a más tardar al undécimo día natural –después de señalada la fecha para continuación de cada audiencia– conforme a lo previsto por el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí lo fundado; sin embargo, lo insuficiente radica en que tal violación procesal no conlleva a que se ordene la reposición del juicio oral.
• Así, explica que no pasa por alto la jurisprudencia PR.P.CN. J/17 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro: "SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 351 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE COMPUTARSE EN DÍAS NATURALES.", sin embargo, de su análisis no se advierte que se hubiere precisado el ámbito temporal de aplicación, siendo que el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, prohíbe la aplicación de la jurisprudencia siempre y cuando tenga un efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona, por lo que la emisión del criterio de referencia impacta en la seguridad jurídica de las partes, pues las personas que, dentro del procedimiento penal hubieren tenido una sentencia favorable para sus intereses –en sentido absolutorio (para el acusado) o en sentido condenatorio (para la víctima u ofendido, ya que con ello lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33518-223aac91/presuncion-de-inocencia-las-pruebas-de-cargo-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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