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SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO CORRESPONDIENTE A LA REFORMA QUE SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 17 DE JUNIO DE 2016, VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 119/2025. · Registro digital (IUS): 33523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1239.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 119/2025. 21 DE MAYO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La recurrente fue sentenciada por su responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal ahora Ciudad de México; inconforme, interpuso recurso de apelación; en los agravios planteó la vulneración al derecho a la intimidad, argumento que se declaró infundado por el Tribunal de Alzada. En su contra, promovió amparo directo; en los conceptos de violación precisó que se vulneró el derecho a un debido proceso, pues se otorgó valor probatorio al testimonio de la perito que elaboró un dictamen en contabilidad; sin embargo, los estados de cuenta que se utilizaron para realizarlo, se obtuvieron sin control judicial, lo que vulneraba sus derechos fundamentales, en específico, el derecho a la intimidad, el “secreto bancario”. El Tribunal Colegiado declaró infundado el argumento, esencialmente al estimar que si bien existían criterios de la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecían el control judicial previo, a la fecha en que se obtuvo la información, aún no se habían pronunciado; luego determinó negar el amparo que se solicitó. Resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la cual, se resuelve el Amparo Directo en Revisión 119/2025, que se interpuso contra la resolución que dictó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, en el Amparo Directo **********.(1)

El problema que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si el Tribunal Colegiado ajustó su resolución a la doctrina constitucional desarrollada con relación al derecho fundamental a no ser juzgado a través de pruebas obtenidas de manera ilícita, que se consagra en la fracción IX, del artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal; y en caso de que no haya sido así, verificar la constitucionalidad de la fracción II, del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. De las constancias de autos, se desprende:

i) El primero de noviembre de dos mil doce, **********, celebró contrato de arrendamiento, con el carácter de arrendador, y la persona moral **********, S.A de C.V., como arrendataria, respecto de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle Centro, Ciudad de México. Entregó el contrato a **********, para que lo llevara a la arrendataria y lo firmara; lo que ésta no realizó, sino que elaboró otro contrato, en el que cambió diversas fechas y las cláusulas acordadas por las partes; falsificó la firma del arrendador, y lo hizo llegar a la arrendataria.

Conducta que repitió el treinta de noviembre de dos mil quince, respecto de la renovación del contrato anterior; y con motivo de los contratos de arrendamiento que celebró **********, el treinta de noviembre de dos mil quince, respecto de otro inmueble ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; y de primero de diciembre de dos mil quince, con la persona moral ********** S.A. de C.V., como arrendataria, respecto de un inmueble ubicado en colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

ii) Hechos por los que se integró la correspondiente carpeta de investigación por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 230, fracción V, del Código Penal para el Distrito Federal.(2)

iii) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Control, emitió auto de apertura a juicio oral en la carpeta judicial **********, seguida en contra de **********, por el delito de fraude genérico, en agravio de **********, y ordenó remitirlo al Tribunal de Enjuiciamiento de la Unidad de Gestión Judicial Número Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.

iv) En contra de esa resolución, **********, promovió amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, donde se registró con el número **********.

Y en audiencia constitucional de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, respecto del auto de apertura a juicio oral, en el que el Juez de Control no excluyó -por haberse obtenido de manera ilícita-, diversos medios de prueba ofrecidos por la Representación Social -estados de cuenta bancarios de la quejosa y dictamen pericial efectuado con base en esos estados de cuenta-, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

Ello, bajo el argumento de que no se trataba de un acto que afectara materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano fuera parte; sino que sólo se afectaban solo derechos procesales de las partes en el juicio.

Esto es, el acto reclamado era una violación de carácter formal (procesal) que no afectaba de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascendía en el interior o trámite del juicio natural; por lo que contra esa violación resultaba improcedente el amparo indirecto. Además de que el acto reclamado no tenía una ejecución de imposible reparación.

En auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo causó ejecutoria.

2. Juicio penal. El veintiséis de septiembre siguiente, la Directora de la Unidad de Gestión Judicial, recibió el auto de apertura a juicio oral, y registró el asunto como carpeta judicial **********. En auto de veintiséis de septiembre posterior, el Juez de Juicio Oral en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio -Coordinador-, recibió el auto de apertura a juicio oral, y determinó que la integración del Tribunal de Enjuiciamiento sería de manera colegiada.

A. Previo al inicio de la audiencia de juicio oral, se presentaron, entre otras cuestiones, lo siguiente:

i) En sendos escritos que se recibieron el dos de mayo de dos mil diecinueve, en la Unidad de Gestión Judicial, la víctima y la Fiscalía solicitaron que se designara Juez de Control para que se desahogara de manera anticipada el interrogatorio de **********, porque fue nombrado Embajador de México en la República de Honduras.

ii) En auto del día siguiente, el Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial, recibió los escritos y señaló fecha para la celebración de la audiencia para el desahogo de la prueba anticipada, que luego de diferirse en diversas ocasiones por la inasistencia de la defensa de la imputada, finalmente se celebró el veintidós de mayo posterior, en la que sucedió lo siguiente:

- Se individualizaron las partes: Ministerio Público, asesor jurídico privado, la víctima **********, la imputada **********, y su defensa particular.

- La víctima y la acusada, refirieron conocer sus derechos constitucionales y procesales para esa audiencia.

- El Juez de Control le dio el uso de la voz al Ministerio Público para que justificara el desahogo de la prueba anticipada -consistente en el testimonio de la víctima-.

El Ministerio Público manifestó que en la carpeta **********, se encontraba pendiente de resolver la recusación interpuesta por la acusada,(3) por lo que no se había iniciado la audiencia de juicio; la víctima no podría concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, ya que había tomado protesta como Embajador y se iría del país; la prueba era fundamental para la resolución del asunto, ya que derivado de ella se incorporaría la información que en su momento tendría que valorar el Tribunal de Enjuiciamiento.

- El asesor jurídico indicó que se cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 304 para el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el desahogo de la prueba anticipada.

- La defensa particular, solicitó que el Juez de Control se abstuviera de conocer del asunto; y expresó que si bien a la víctima se le encargó una comisión oficial, ello no significaba que tuviera que vivir en otra parte, por lo que se le podría citar, a través de su superior jerárquico, para que lo autorizara comparecer al juicio.

- El Juez determinó procedente llevar a cabo el desahogo de la prueba anticipada a cargo de la víctima, porque fue designada como Embajador de México en la República de Honduras, en tanto que la carpeta judicial ya había sido radicada en la Unidad de Gestión Judicial Número Siete, y para dar prontitud al derecho de acceso a la justicia de la víctima y de la acusada, se llevaría a cabo una prueba anticipada, sin valoración; por lo que se produjo el testimonio de la víctima.

- Y ordenó que con copia de la diligencia -grabación-, se corriera traslado a la carpeta del Tribunal de Enjuiciamiento para su resguardo y de ser posible, llevar a cabo su reproducción; en caso de que ya no hubiera impedimento para la comparecencia de la víctima, se quedaría sin efecto y se procedería al desahogo de la prueba ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

iii) La víctima, en escrito que se recibió en la misma fecha, en la Unidad de Gestión Judicial, manifestó que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fue ratificado por el Senado de la República como Embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Honduras, por lo que el veinticuatro de mayo, tendría que trasladarse a vivir en ese lugar, motivo por el que no podría acudir a las audiencias; por ello, autorizaba apoderados legales, para que de manera conjunta o separada actuaran en su nombre con la calidad de víctima y ofendido del delito.

iv) Por auto de veintitrés de mayo subsecuente, el Juez Coordinador, recibió el escrito de mérito; y reservó su acuerdo hasta en tanto se resolviera la recusación que interpuso la acusada.

v) El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, emitió el acuerdo 43-34/2019, en el que determinó que a partir del primero de octubre de dos mil diecinueve, se reestructurarían los órganos jurisdiccionales de esa Unidad de Gestión Judicial; concretamente, respecto de dos de los Jueces que fungían como Jueces de Tribunal de Enjuiciamiento.

vi) Por ese motivo, en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Presidente, estableció que el Tribunal de Enjuiciamiento, en diversa integración, actuaría de forma colegiada.

B. En la audiencia de juicio oral, entre otras cuestiones, aconteció:

i) El tres de agosto de dos mil veintiuno, inició la audiencia de juicio oral, en la que el Juez Presidente estableció el cambio del Tribunal de Enjuiciamiento.

El Ministerio Público indicó que la víctima se encontraba presente de forma excepcional, pero que no se preparó para que se desahogara su testimonio, porque la jornada se señaló sólo para alegatos, además de que se volvería a ausentar del país, por lo que pidió que subsistiera el desahogo de la prueba anticipada.

El Juez Presidente, hizo del conocimiento de la imputada los hechos de la acusación y su clasificación jurídica; las partes técnicas expusieron sus alegatos de apertura, y la acusada se reservó su derecho a declarar, señalando que esperaría el desfile probatorio, para saber si le convenía hacerlo.

ii) En continuación de audiencia de juicio oral, de diecisiete de agosto siguiente, se desahogó, entre otras, la testimonial técnica de la experta en contabilidad **********, en los términos siguientes:

“PERITO: soy perito oficial en materia de contabilidad de la hoy fiscalía general de la Ciudad de México [...]

FISCAL: gracias ahora podría indicar al Tribunal cuál es el motivo de su comparecencia el día de hoy.

PERITO: sí el día 28 de febrero de 2017, emití un dictamen respecto de la carpeta 35 de agos (sic), de junio del 2016.

FISCAL: eh quien le solicitó este dictamen.

PERITO: de la fiscalía, agente del ministerio público de la fiscalía de investigación de asuntos especiales.

FISCAL: cuál fue el planteamiento del problema.

PERITO: que se determinará el detrimento patrimonial de ********** respecto de las rentas no depositadas a sus cuentas bancarias, por concepto de rentas de los inmuebles rentados.

FISCAL: dentro de qué periodo fue ese.

PERITO: de por el periodo de 2011 a, de enero de 2011 a junio del 2016.

FISCAL: bien, y cuál fue su material de estudio que usted tomo en cuenta para elaborar su dictamen.

PERITO: ...la denuncia del señor **********, en donde manifiesta que no se le ingresaron la totalidad de sus rentas cobradas y entre otros..., las facturas fiscales, los recibos electrónicos en su caso según él lo que esté aportado y copias certificadas del estado de cuenta, perdón copias certificadas aportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del estado de cuenta de ********** a nombre de ********** y contratos este por el mismo periodo a nombre de ********** SA DE CV, ********** y **********principalmente.

[...]

FISCAL: y cuál fue el resultado de ese análisis que usted realizó.

PERITO: ...una diferencia de rentas cobradas y no depositadas, he, inclusive este depósitos y transferencias que no se depositaron a las cuentas de la hoy víctima, por la cantidad de $********** pesos con ********** centavos, de conformidad a la documentación aportada a la carpeta.

[...]

FISCAL: bien, y qué era lo que le reflejaban estas este, estados de cuenta que refiere que en copia certificada emitió la comisión nacional bancaria de valores de la cuenta Bancaria HSBC a nombre de **********.

PERITO: se localizaron varios este, depósitos, que se que se observan en la cuenta de la de ********** y que no fueron ingresados o reportados a las cuentas de el señor **********.

DEFENSA: nos dirá la perito si es usted tan amable, si los estados de cuenta de las cuentas de ********** de la institución ********** que utilizó para emitir su peritación, fueron obtenidos mediante control judicial.

PERITO: no es mi facultad

DEFENSA: sí, perito tiene usted conocimiento de cómo se obtuvieron los estados de cuenta de ********** de la institución ********** que usted utilizó para emitir su peritaje.

PERITO: los aporta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de copias certificadas.

[...].

iii) En escrito que se recibió el trece de octubre subsecuente, el defensor particular de la acusada, manifestó que era ilícita la prueba pericial en contabilidad a cargo de la perito **********, porque se obtuvo con violación a derechos fundamentales, pues para elaborar su dictamen, tuvo acceso a la información bancaria de la acusada, sin que la solicitud del Ministerio Público a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hubiera estado precedida de autorización judicial.

iv) En audiencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, la defensa particular manifestó que solicitaba la nulidad de la pericial en contabilidad, porque la perito obtuvo información bancaria de la acusada sin autorización judicial.

Al respecto, hubo debate entre las partes técnicas; y el Juez Presidente resolvió que la nulidad se debió plantear en la etapa intermedia, pues en el juicio oral sólo se podía cuestionar el valor de las pruebas, lo que se debía plantear en el alegato de clausura.

Ante la petición del Fiscal de que se proyectara la prueba de la testimonial de la víctima desahogada de manera anticipada, el Juez Presidente estableció que el artículo 306, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(4) disponía que se debía verificar si las condiciones que motivaron la prueba anticipada continuaban vigentes; por lo que se generó el debate correspondiente, y al advertir que no se contaba con una forma de constatar que continuaba vigente la circunstancia que motivó la prueba anticipada, se aplazó la audiencia.

v) El veintiséis de noviembre siguiente, el Ministerio Público, citó datos de prueba para sustentar que subsistía el obstáculo que dio lugar a la prueba anticipada, y solicitó que se reprodujera; se generó el debate, y el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que debido a que la víctima continuaba en su cargo, había impedimento para que compareciera al juicio, por lo que autorizó la reproducción de la prueba anticipada.

vi) En audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, las partes expresaron sus alegatos de clausura; luego, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo de condena; y el dieciséis de mayo siguiente, se emitió la sentencia por escrito, que culminó, en otros, con los puntos resolutivos siguientes:

PRIMERO. Este Tribunal de Enjuiciamiento, actuando de manera colegiada declara que el ministerio público, probó el delito de fraude genérico, perpetrado en agravio de **********, así como la responsabilidad penal de la sentenciada ********** en su comisión y en calidad de autor material.

SEGUNDO. Por tal concepto, peculiaridades exteriores de ejecución y concurrentes del ilícito, se estima justo y equitativo imponerle a la sentenciada de referencia, una pena de 10 diez años, 10 meses, 15 quince días de prisión, a la que deberá descontarse los días que en que la sentenciada ha estado privada de su libertad con motivo de los presentes hechos, asimismo se le impone a la sentenciada de referencia 1,350 MIL TRESCIENTAS CINCUENTA DÍAS MULTA, misma que en caso de insolvencia debidamente acreditada, la multa impuesta se le sustituirá por 675 SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO JORNADAS DE TRABAJO [...].

3. Recurso de apelación penal. Inconforme con esa resolución, la defensa particular de la sentenciada, interpuso recurso de apelación, del que conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se registró como toca de apelación **********; y en sentencia de diez de abril de dos mil veintitrés, modificó el fallo recurrido, respecto del grado de culpabilidad, y le impuso a la sentenciada, una pena de ocho años, cinco meses, quince días de prisión, y mil treinta y cuatro días multa.(5)

4. Con relación al agravio en el que se argumentó que se vulneró el derecho a la intimidad -secreto bancario-, se precisó:

“Si bien existen las tesis invocadas por la Defensa en su alegato de clausura... no obstante, las mismas son aisladas, no obligatorias para la Autoridad Judicial, ya que con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria la jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los Tribunales Colegiados de Circuito.

Aunado a ello, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor, establece:...

Mientras que con fundamento en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se requiere autorización previa del Juez de Control para que el Agente del Ministerio Público requiera información a las Instituciones de crédito; precepto legal que establece:...

En consecuencia, es infundado el segundo agravio expuesto por la Defensa, ya que como quedó establecido, la Ley de Instituciones de Crédito en vigor y el Código Nacional de Procedimientos Penales no requieren control judicial para que la autoridad ministerial investigadora solicite información de las instituciones de crédito, quienes están obligadas a dar las noticias o información requerida para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad; en consecuencia, no se vulneró el derecho a la intimidad –secreto bancario–, ni el principio del debido proceso en perjuicio de la acusada. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no procede declarar la nulidad de la prueba, por no haberse acreditado que sea ilícita por haberse obtenido con violación de los derechos fundamentales de la acusada. [...]”. 5. Demanda de amparo. En contra de lo resuelto, la sentenciada, en escrito que se presentó ante el Tribunal de Alzada, el diecinueve de mayo siguiente, promovió amparo directo, en el que señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; narró los antecedentes del acto reclamado, y planteó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

6. Sentencia del Tribunal Colegiado. Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; y en auto de su Presidencia de veinticuatro de mayode dos mil veintitrés, se registró con el número **********, y se admitió a trámite.

7. En escrito que se presentó ante la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado el nueve de junio subsecuente, la defensa particular de la quejosa, amplió la demanda de amparo; lo que se acordó en auto de Presidencia del Órgano Colegiado, de trece de junio de ese año.

8. Luego, en sesión virtual de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, se dictó resolución en la que, por unanimidad de votos, se negó a la quejosa el amparo que se solicitó.

9. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la quejosa y su defensa particular, en escrito que se presentó el ocho de agosto siguiente, ante la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, interpuso recurso de revisión, que se remitió a este Alto Tribunal.

10. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de diez de enero de dos mil veinticinco, ordenó formar y registrar el recurso de revisión con el número 119/2025, lo admitió a trámite, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

11. La Ministra Presidenta de la Primera Sala, en auto de cuatro de febrero siguiente, ordenó avocarse al conocimiento del recurso y lo envió a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno;(6) con relación a los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal,(7) toda vez que el recurso se interpuso contra una sentencia que pronunció un Tribunal Colegiado en amparo directo, cuya resolución no requiere la intervención del Pleno de la Suprema Corte.

II. OPORTUNIDAD

13. El recurso de revisión se interpuso en tiempo y forma, porque la sentencia recurrida se notificó de manera personal a la quejosa,(8) el seis de agosto de dos mil veinticuatro, por lo que surtió efectos el siete siguiente, de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo.

14. Así, el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho de agosto al seis de noviembre de dos mil veinticuatro.(9)

15. Ello, sin contar del diecinueve de agosto al treinta y uno de octubre, por no correr términos, de conformidad con las Circulares 22/2024 y 23/2024 del Consejo de la Judicatura Federal; así como el primero de noviembre; y los días diez, once, diecisiete y dieciocho de agosto, dos y tres de noviembre de dos mil veinticuatro, por ser inhábiles –sábados y domingos–, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

16. Como de autos se desprende que el recurso de revisión se presentó el ocho de agosto de dos mil veinticuatro, ante la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -según se observa del sello de recibo-, su interposición resultó oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

17. La quejosa cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que ese carácter se le reconoció en el Amparo Directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO

18. Para estar en aptitud de resolver el recurso, resulta necesario reseñar en síntesis y en lo que interesa, los conceptos de violación que se plantearon en la demanda de amparo directo y en su ampliación; las consideraciones que al respecto se sustentaron en la sentencia recurrida, y los agravios que se expresaron en su contra.

A. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

EN LA DEMANDA DE AMPARO

Primero. El acto reclamado vulneró la fracción II, del artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los principios de debido proceso y de interpretación estricta de la ley penal. Ello, porque en el recurso de apelación se planteó:

• El desahogo de la prueba anticipada a cargo de **********, vulneró el artículo 304, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del principio de debido proceso, porque se demostró ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que ya no subsistía el impedimento para que se presentara a testificar a la audiencia de juicio.

• Si bien la prueba anticipada procedía cuando se estimaba de manera probable que un testigo no podría acudir a la audiencia; en términos del citado precepto, el Tribunal tenía la obligación de cerciorarse que subsistía el impedimento; en caso de advertir que no subsistía, debía ordenar el desahogo de la prueba a cargo del testigo en la audiencia de juicio. Situación que no cumplió el Tribunal de Enjuiciamiento.

• El testigo acudió personalmente a la audiencia de juicio en diversas jornadas; por tanto, él mismo demostró que era inexistente el impedimento para presentarse a declarar a la audiencia de juicio; por ello, debió acudir al desfile probatorio, a fin de que fuera interrogado y contra interrogado.

• El Tribunal de Enjuiciamiento, estimó que subsistía el impedimento del testigo para presentarse a la audiencia de juicio, por ser el Embajador de México en Honduras, y por esa razón, tuvo por desahogada la prueba anticipada.

• Por ello, la prueba anticipada se desahogó ilegalmente; lo que trascendía a la resolución impugnada.

Manifestaciones que no fueron debidamente atendidas por el Tribunal de Alzada responsable.

Segundo. El acto reclamado vulneró el debido proceso, pues se otorgó valor probatorio a la prueba pericial contable, no obstante que se obtuvo con violación de derechos fundamentales de la quejosa; en específico, su derecho a la intimidad, establecido en el llamado “secreto bancario”.

En el recurso de apelación se planteó:

• El Tribunal de Enjuiciamiento realizó la valoración de lo manifestado por la perito en contabilidad **********.

• Respecto de esa prueba, se solicitó audiencia para declarar su nulidad por resultar ilícita, pues tanto la perito como el Fiscal, reconocieron que los estados de cuenta que se utilizaron para la elaboración del dictamen pericial de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se obtuvieron sin control judicial.

• En el debate de los alegatos de clausura, nuevamente se planteó la ilicitud de la prueba; el Fiscal señaló que en el tiempo en que los estados de cuenta se solicitaron, no existía obligación de contar con autorización judicial, y ese argumento lo reiteró el Tribunal de Enjuiciamiento.

• La Suprema Corte se había pronunciado por la necesidad de control judicial, para que el Ministerio Público estuviera en condiciones de solicitar información bancaria de una persona acusada de un juicio de naturaleza penal. El hecho de que ese pronunciamiento no existiera en dos mil diecisiete, no convalidaba el uso actual de los estados de cuenta obtenidos sin la autorización judicial.

• No importaba que la solicitud de información por el Ministerio Público a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hubiera realizado en dos mil diecisiete, pues las razones de ilicitud de la prueba, eran exactamente las mismas en ese entonces, que las señaladas por la doctrina relativa.

Manifestaciones que no fueron tomadas en consideración por la Sala responsable.

EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA

• Ante el Tribunal de Enjuiciamiento, se desahogó la prueba pericial en contabilidad forense, ofrecida por el Ministerio Público, incorporada a través de la perito **********, quien expresó que en la etapa de investigación inicial, recibió la información bancaría de la quejosa, solicitada a instancias de la Representación Social; sin embargo, no precisó que se contara con autorización judicial.

• Con esa prueba pericial, concatenada con las desahogadas en la etapa de juicio, y con la prueba anticipada a cargo de la víctima, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró que existían pruebas idóneas y pertinentes, que en su conjunto eran suficientes para establecer la responsabilidad penal de la quejosa en el delito que se le imputó.

Sin embargo, la Sala responsable no fundó ni motivó su determinación de confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la licitud de dicha prueba pericial.

• Máxime que la defensa promovió ante el Tribunal de Enjuiciamiento, el incidente de nulidad, al tratarse de una prueba ilícita, por no contar con autorización o control judicial; en específico, en cuanto a la petición de los estados de cuenta de la quejosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la institución **********; sin que el incidente fuera acogido por el Tribunal, argumentando que correspondía a la etapa intermedia.

• El Tribunal de Enjuiciamiento y la Sala responsable, debieron atender al artículo 264 del Código Nacional de Pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33523-d90a2d71/secreto-bancario-el-articulo-142-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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