SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
AMPARO EN REVISIÓN 58/2021. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.
Hechos. El diecisiete de marzo de dos mil quince se presentó una denuncia, al advertirse que se otorgaron contratos por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la empresa **********, de la cual el señor ********** era socio.
Derivado de esa denuncia el once de septiembre de dos mil diecisiete el Servicio de Administración Tributaria determinó que, en el ejercicio fiscal del año dos mil doce, el señor ********** omitió declarar ingresos acumulables, lo que implicó que no pagara el impuesto sobre la renta. Por ello el Servicio de Administración Tributaria formuló querella en su contra por el delito equiparable al de defraudación fiscal y se inició una investigación, en la cual el Ministerio Público, por medio de diversos oficios requirió información bancaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin contar con una autorización judicial previa.
El Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso, pero sostuvo que ello no impedía continuar con la investigación en contra del quejoso. En desacuerdo, el señor ********** promovió amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, porque se obtuvo su información bancaria sin autorización judicial previa. El Juez de amparo sobreseyó el juicio.
Inconforme, el señor ********** interpuso recurso de revisión y el presidente de la Republica interpuso recurso de revisión adhesiva, en relación con la constitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito. El Tribunal Colegiado de origen que recibió el recurso envió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el planteamiento de constitucionalidad realizado.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 58/2021, interpuesto por el señor **********, en contra del fallo dictado por la Jueza Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********.
La cuestión que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la regularidad constitucional del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito,(1) en el que se prevé que el procurador general de la República, o el servidor público en quien delegue facultades, podrá requerir información bancaria a las instituciones financieras para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad de la persona imputada.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Hechos. Mediante un escrito anónimo, presentado el veintisiete de marzo de dos mil quince ante la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía General de la República), se denunciaron hechos probablemente constitutivos de delito, derivados del otorgamiento de diversos contratos por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a favor de la empresa **********, Sociedad Civil, de la cual es socio el señor **********.
2. Carpeta de investigación. Con los hechos denunciados, la agente del Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación **********.
3. Opinión técnica contable. Con motivo de lo anterior, el Ministerio Público de la Federación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que designara a peritos en materia contable y financiera para que se impusieran de la indagatoria y emitieran una opinión contable correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil doce respecto del señor **********.
4. En cumplimiento a lo anterior, el once de septiembre de dos mil diecisiete, dos peritas adscritas al Servicio de Administración Tributaria, luego de imponerse de la indagatoria, emitieron una opinión técnica contable en la que determinaron que en el ejercicio fiscal de dos mil doce el señor ********** omitió declarar ingresos acumulables por la cantidad de $********** (**********), lo que implicó que no pagara el impuesto sobre la renta que asciende a la cantidad de $********** (**********).
5. Querella. En virtud de lo anterior, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República formuló querella ante el Ministerio Público en contra del señor **********, por el delito equiparable al de defraudación fiscal.(2)
6. El querellante atribuye al señor **********que reportó, en la declaración anual del impuesto sobre la renta de dos mil doce, ingresos acumulables por la cantidad de $********** (**********), siendo que en realidad obtuvo ingresos acumulables por $********** (**********), por lo que omitió pagar el impuesto sobre la renta que asciende a la cantidad de $********** (**********).
7. Requerimiento de información bancaria y financiera. Durante la integración de la carpeta de investigación, el titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, el director general de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República y la agente del Ministerio Público de la Federación, comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, solicitaron al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información bancaria y financiera del señor **********, a través de los siguientes oficios:
i. Oficio número **********, de veinticinco de mayo de dos mil quince.
ii. Oficio número **********, de diez de marzo de dos mil dieciséis.
iii. Oficio número **********, de diez de marzo de dos mil dieciséis.
8. El director general Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la información solicitada a través de los siguientes oficios:
a. Número **********, de cuatro de junio de dos mil quince, por el que remitió los informes que CI Banco S.A., Banco del Bajío S.A. y American Express Bank (México) S.A., le enviaron respecto a los estados de cuenta del periodo de febrero a marzo de dos mil doce del señor **********.
b. Número **********, de diez de junio de dos mil quince, por el que remitió los informes que Banco Santander (México) S.A. y American Express Bank (México) S.A. le enviaron respecto a los estados de cuenta del periodo de febrero a marzo de dos mil doce del señor **********.
c. Número **********, de doce de junio de dos mil quince, por el que remitió el informe que Banco Nacional de México S.A. le envió respecto a un contrato de apertura, expediente de identificación, registro de firmas y de estados de cuenta del año dos mil doce del señor **********.
d. Número **********, de dieciséis de junio de dos mil quince, por el que remitió el informe que Banco Nacional de México S.A. le envió respecto a un contrato de apertura, expediente de identificación, registro de firmas y de estados de cuenta del año dos mil doce del señor **********.
e. Número **********, de dos de julio de dos mil quince, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto a un contrato de apertura, expediente de identificación, registro de firmas y estados de cuenta del año dos mil doce del señor **********.
f. Número **********, de veinte de agosto de dos mil quince, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto del señor **********.
g. Número **********, de doce de abril del dos mil dieciséis, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto a los movimientos electrónicos realizados entre el año dos mil nueve y el año dos mil trece por el señor **********.
h. Número **********, de trece de abril de dos mil dieciséis, por el que remitió el informe que Banco Nacional de México S.A. le envió respecto a los estados de cuenta del señor **********.
i. Número **********, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que remitió el informe que Banco Nacional de México S.A. le envió respecto los estados de cuenta del año de dos mil doce del señor **********.
j. Número **********, de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto a los estados de cuenta del año dos mil doce del señor **********.
k. Número **********, de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto a los estados de cuenta del año dos mil doce del señor **********.
l. Número **********, de nueve de junio de dos mil diecisiete, por el que remitió el informe que Banco Nacional de México S.A. le envió respecto a la información del señor ********** como cuentahabiente.
m. Número **********, de catorce de junio de dos mil diecisiete, por el que remitió el informe que Scotiabank Inverlat S.A. le envió respecto a información del señor ********** como cuentahabiente.
9. El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, el señor ********** tuvo conocimiento de los oficios antes descritos, fecha en la que compareció ante la agente del Ministerio Público de la Federación, quien le informó de la investigación que desarrollaba en su contra y le entregó copia simple de la carpeta de investigación.
10. Primera solicitud de audiencia inicial. La agente del Ministerio Público de la Federación solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en turno, fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en contra del señor **********.
11. Primera audiencia inicial. El cinco de julio de dos mil diecinueve la Jueza de Control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur celebró la audiencia inicial en la causa penal **********, en la que la agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación y solicitó que se dictara auto de vinculación a proceso al señor ********** por la consignación de ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en su declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil doce, y la omisión del pago de $********** (**********), por concepto de impuesto sobre la renta, conducta que clasificó en el delito equiparable al de defraudación fiscal, previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado en el artículo 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de los hechos.(3)
12. Para sustentar la solicitud de vinculación a proceso, la Ministerio Público de la Federación empleó como datos de prueba los oficios que el director general Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió en respuesta a los requerimientos del titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, el director general de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República y la agente del Ministerio Público de la Federación, comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República, que contienen la información bancaria y financiera del señor **********.(4)
13. Auto de no vinculación a proceso. La Jueza de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor del señor **********, al considerar que los datos de prueba aportados por la fiscalía eran insuficientes para demostrar que se cometió el hecho con apariencia de delito que se le atribuyó, y mencionó que ello no impedía al Ministerio Público continuar con la investigación.
14. Apelación. Inconforme, la defensa del señor ********** interpuso recurso de apelación. El Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en funciones de tribunal de alzada, conoció del toca penal ********** en el que declaró inadmisible el recurso interpuesto, mediante auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve.
15. Segunda solicitud de audiencia inicial. El veintiséis de julio de dos mil diecinueve la agente del Ministerio Público de la Federación solicitó nuevamente audiencia inicial al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.
16. Fijación y prórroga de la segunda audiencia inicial. La Jueza Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur, fijó el veintidós de agosto de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia inicial,(5) posteriormente la canceló y se prorrogó en distintas ocasiones.(6)
17. En auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, la Jueza reservó señalar la fecha para la celebración de la audiencia inicial hasta en tanto tuviera conocimiento de la resolución emitida en el juicio de amparo. Mediante diverso auto de veinte de agosto de dos mil veinte, la Jueza requirió a la Ministerio Público que le informara cuando la sentencia del juicio de amparo causara ejecutoria, a efecto de programar la audiencia. En auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza administradora afirmó tener conocimiento del trámite del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo, por lo que no se ha señalado fecha para su desahogo.
II. JUICIO DE AMPARO
18. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el señor ********** promovió un juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:(7)
a) Del Congreso de la Unión: la discusión y aprobación del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.
b) Del presidente de la República: la sanción y promulgación del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.
c) Del titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, del director general de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y de la agente del Ministerio Público de la Federación, comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, ambos de la ahora Fiscalía General de la República:
I. La emisión del oficio número **********, de veinticinco de mayo de dos mil quince, que consideró como el primer acto de aplicación del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, por el que las autoridades mencionadas en el párrafo anterior solicitaron la información bancaria y financiera del señor **********.
En respuesta a dicho oficio, el director general Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suscribió los oficios siguientes:
i. Oficio número **********, de cuatro de junio de dos mil quince.
ii. Oficio número **********, de diez de junio de dos mil quince.
iii. Oficio número **********, de doce de junio de dos mil quince.
iv. Oficio número **********, de dieciséis de junio de dos mil quince.
v. Oficio número **********, de dos de julio de dos mil quince.(8)
II. La emisión del oficio número **********, que se señala como un acto de aplicación ulterior del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitió a las mencionadas autoridades obtener la información bancaria y financiera del señor **********, a través del dato de prueba siguiente:
i. Oficio **********, de veinte de agosto de dos mil quince (sic), suscrito por el director general Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
III. La emisión del oficio número **********, de diez de marzo de dos mil dieciséis, que aduce como un acto de aplicación ulterior del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitió la obtención de información bancaria y financiera del señor **********, a través de los datos de prueba siguientes:
i. Oficio número **********, de doce de abril del dos mil dieciséis.
ii. Oficio número **********, de cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
iii. Oficio número **********, de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.
iv. Oficio número **********, de catorce de junio de dos mil diecisiete.(9)
IV. La emisión del oficio número **********, de diez de marzo de dos mil dieciséis, que se señala como un acto de aplicación ulterior del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permitió la obtención de la información bancaria y financiera del señor **********, a través de los datos de prueba siguientes:
i. Oficio número **********, de trece de abril de dos mil dieciséis.
ii. Oficio número **********, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis.
iii. Oficio número **********, de nueve de junio de dos mil diecisiete.(10)
d) Del director general Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la emisión de los oficios descritos en los apartados anteriores que comienzan con el número **********, por los que remitió la información bancaria y financiera del señor **********.
19. El señor ********** consideró violados en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 1o., 14, 16, 20, apartado B y 133 de la Constitución Política del País; 7.1, 8.2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2, 14.3 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9, 10, 11.1 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En sus conceptos de violación argumentó, en esencia, lo siguiente:
A. En relación con el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito:
• Vulnera el derecho a la privacidad e intimidad garantizados mediante el secreto bancario, reconocidos en los artículos 16 de la Constitución, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(11)
• Regula el secreto bancario y prevé que la información y documentación relativa a las operaciones realizadas por los usuarios o clientes del sistema financiero tienen carácter confidencial, por ende, las instituciones de crédito no pueden dar noticia o información de las operaciones que realicen sus usuarios.
• Cualquier acto que implique la limitación o transgresión a los derechos a la vida privada e intimidad debe ser autorizado por el Juez de Control competente, pues la autorización judicial legitima la restricción de los derechos fundamentales y evita la obtención arbitraria de información bancaria y financiera, lo que confirma el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(12)
• Aceptar que la solicitud de información bancaria y financiera no requiere control judicial faculta al Ministerio Público para que unilateral y arbitrariamente decida en qué casos requerirá información directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• El Ministerio Público debe justificar la necesidad de obtener la información bancaria de manera fundada y motivada.
• Que el Ministerio Público tenga acceso a la información bancaria sin control judicial implica una potencial afectación del derecho a la autodeterminación de la persona titular de las cuentas.
• Aceptar que el acceso a la información bancaria requiere autorización judicial tiene sustento en el principio pro persona, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución, así como en lo sustentado por esta Suprema Corte en los amparos directos en revisión 1762/2018 y 502/2017.(13) • La información bancaria y financiera no forma parte de las facultades para irrumpir en la vida privada previstas en el artículo 16 de la Constitución ni de la facultad de investigación del Ministerio Público en términos del artículo 21 constitucional.(14)
• El artículo impugnado no supera el test de proporcionalidad, pues no satisface el estándar de necesidad debido a que existen medidas menos invasivas a los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales, así como medidas razonables como que un Juez de Control autorice la solicitud, lo que no entorpece las atribuciones del Ministerio Público.
• La norma tampoco supera el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, pues no justifica con beneficios concretos y asequibles el daño que ocasiona a los derechos humanos y si bien el Estado requiere instrumentos eficaces para perseguir y sancionar los ilícitos penales, lo debe llevar a cabo sin menoscabo de la protección y respeto por los derechos humanos.
B. Sobre el acto de aplicación
• El acto de aplicación consistió en los oficios mediante los cuales se solicitó y se obtuvo información bancaria protegida por el secreto bancario del señor **********.
• Los datos de prueba obtenidos con fundamento en el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, consistentes en la información bancaria obtenida por la Unidad Especializada en Análisis Financiero a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son pruebas ilícitas porque se obtuvieron sin autorización judicial y mediante violación a derechos humanos.
• La inconstitucionalidad de la norma tendrá como consecuencia declarar ilícitos y nulos los actos derivados de su aplicación, por lo que considera aplicable la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), de la Primera Sala, de rubro: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)."(15)
• El artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito establece un parámetro de fundamentación y motivación, ello implica que el Ministerio Público debe justificar su solicitud en la necesidad de comprobar un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de la persona indiciada, así como un vínculo entre el hecho y la información solicitada, su relevancia, pertinencia y relación con la causa objetiva que motivó la investigación. Cita la tesis aislada 1a. CXLI/2011 de la Primera Sala, de rubro: "SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO VIOLA LA GARANTÍA DE PRIVACIDAD."(16)
• El estándar exigido por el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito es una garantía de los derechos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales, pues asegura que la información bancaria se solicitará cuando exista justificación y que no se utilizará arbitrariamente.
• En el caso no se cumple el estándar de motivación referido, pues el Ministerio Público no justificó la petición por lo que su actuación fue arbitraria.
20. Desechamiento de la demanda. La Jueza Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México registró el expediente con el número ********** y desechó de plano la demanda mediante auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve. En el caso, consideró actualizada la causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.(17)
21. La Jueza de Distrito sostuvo que los oficios reclamados no afectaban los derechos sustantivos del señor ********** ni constituían un agravio personal y directo, pues se trataba de diligencias realizadas y desahogadas por el Ministerio Público en ejercicio de la facultad de investigación reconocida en el artículo 21 constitucional.(18) El sobreseimiento se hizo extensivo al reclamo sobre la inconstitucionalidad del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.
22. Recurso de queja. Inconforme con esa decisión, el señor ********** interpuso recurso de queja el veintinueve de julio de dos mil diecinueve. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito lo registró bajo el número **********.
23. El Tribunal Colegiado declaró fundada la queja mediante resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve. Determinó que la causal de improcedencia invocada por la juzgadora no es notoria ni manifiesta. Señaló que la facultad ejercida por el Ministerio Público sí podría afectar los derechos sustantivos del señor **********, específicamente su derecho a la privacidad, intimidad y datos personales. Por tanto, ordenó a la Jueza de Distrito que se pronunciara de nueva cuenta sobre la admisión de la demanda de amparo.
24. Prevención de la demanda de amparo. En cumplimiento, la Jueza de Distrito previno al señor ********** para que precisara la denominación del Congreso de la Unión, y para que señalara las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo.
25. Desahogo de la prevención. El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el señor ********** precisó que la denominación del Congreso de la Unión correspondía a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, a ambas autoridades les atribuyó la discusión y aprobación del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito; y señaló, de nueva cuenta, como autoridad responsable al presidente de la República a quien atribuyó la promulgación y publicación de la norma.
26. Trámite del juicio de amparo. La Jueza de Distrito tuvo por cumplida la prevención, admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
27. Primera ampliación de la demanda de amparo. El señor ********** amplió la demanda de amparo mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en la que reclamó:
a) Del titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, del director general de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República y de la agente del Ministerio Público de la Federación, comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República:
i. La emisión del oficio número **********.
b) Del director general Adjunto de Atención a Autoridades "D", de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
i. La emisión del oficio número **********, de veinte de agosto de dos mil quince.
28. En su escrito de ampliación de demanda, el señor ********** formuló los siguientes conceptos de violación:
• El artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito establece un parámetro de fundamentación y motivación, que implica que el Ministerio Público señale en su solicitud que la información bancaria que requiere tiene como única finalidad comprobar un hecho que la ley señala como delito y la probable responsabilidad de la persona indiciada, así como un vínculo entre el hecho y la información solicitada, justificar que es relevante y pertinente, y que está vinculada con la causa objetiva que dio motivo a la indagatoria. Sólo bajo este parámetro se vela por la excepcionalidad de la medida, consideró aplicable la tesis aislada 1a. CXLI/2011 de la Primera Sala, de rubro: "SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO VIOLA LA GARANTÍA DE PRIVACIDAD."(19)
• El estándar que exige el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, configura un mecanismo de control de las autoridades, de manera que la facultad de requerir información financiera o bancaria únicamente se ejerza cuando se justifique, no se utilice arbitrariamente y garantice de manera razonable los derechos humanos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales.
• En el caso no se cumple el estándar de motivación referido, pues el Ministerio Público no justificó la petición, por lo que su actuación fue arbitraria.
29. La Jueza de Distrito previno al señor ********** para que aclarara el acto reclamado consistente en la emisión del oficio **********, mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. En cumplimiento, el señor ********** insistió en reclamar la emisión de dicho oficio, mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil diecinueve.
30. La Jueza de Distrito tuvo por ampliada la demanda en auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve.
31. Segunda ampliación de la demanda de amparo. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el señor ********** amplió la demanda por segunda ocasión, reiteró los actos reclamados y los conceptos de violación de la primera ampliación.(20)
32. Mediante auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, la Jueza de Distrito advirtió que los actos reclamados en la segunda ampliación de la demanda eran los mismos que se reclamaron en la primera ampliación, por lo que requirió al señor ********** que aclarara esta circunstancia. Por escrito de dieciséis de diciembre siguiente, el señor ********** expuso que conoció el contenido del oficio ********** hasta que se le dio vista con los informes justificados, por lo cual estaba en aptitud de ampliar la demanda por segunda ocasión respecto de los conceptos expuestos en la primera ampliación.
33. La Jueza de Distrito tuvo por ampliada la demanda mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
34. Resolución del juicio de amparo. Seguida la secuela procesal, la Jueza de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Resolvió sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el diverso artículo 61, fracción XVII, relativa a un cambi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31843-7e9dad41/secreto-bancario-el-articulo-142-fraccion-i-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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