Corpus
Modo: Corpus Pro

FALTA DE INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO INDIRECTO. EL AUTO INICIAL ES EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA ADVERTIRLA CUANDO EL QUEJOSO EN PRISIÓN PREVENTIVA Y CONDENADO EN PRIMERA INSTANCIA EN EL SISTEMA MIXTO RECLAMA LA DILACIÓN DEL PROCESO POR LA OMISIÓN DE DESIGNAR AL ASESOR JURÍDICO DE LA VÍCTIMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 72/2025. · Registro digital (IUS): 33597
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-09-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1458.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 72/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. DISIDENTE: MAGISTRADO CASIMIRO BARRÓN TORRES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: ELBA FERNANDA VÁZQUEZ MÁRQUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al trece de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 72/2025, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los recursos de queja 44/2025 y 68/2025, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio recibido vía electrónica, el veintinueve de abril de dos mil veinticinco, la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, remitió a este Pleno Regional la denuncia de la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los recursos de queja 44/2025 y 68/2025, respectivamente, presentada por **********, quejoso y recurrente en los recursos de queja antes mencionados, por conducto de su representante legal **********.

2. Trámite ante este Pleno Regional. El treinta de abril de dos mil veinticinco la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, Presidenta de este Pleno Regional, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente. Asimismo, se remitiera la determinación respectiva (exceptuando al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito) y que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo. Ordenó hacer del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Asimismo, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

3. En el mismo proveído, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional señaló como posible tema de contradicción de criterios:

“DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN LOS CASOS EN QUE UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, RECLAME LA OMISIÓN DE LA PERSONA JUZGADORA DE NOMBRAR DE MANERA OFICIOSA UN ASESOR JURÍDICO A LAS VÍCTIMAS DENTRO DEL PROCESO PENAL Y, DE MANERA SIMULTÁNEA, LA PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O SU DILACIÓN, POR ESE MOTIVO.”

4. El ocho de mayo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el informe del Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en relación con el recurso de queja 68/2025, en el que señaló que giró instrucciones para poner a disposición de este Pleno la consulta del respectivo expediente electrónico y precisó que el criterio emitido se encontraba vigente.

5. Lo mismo ocurrió en relación con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en lo relativo al recurso de queja 44/2025, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veinticinco.

6. En acuerdo de trece de junio del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios alguna sobre el tema referido.

7. En la misma data, se confirmó el turno electrónico al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.

II. COMPETENCIA

8. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

9. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte quejosa y recurrente en los asuntos contendientes, a través de su apoderada general.(1)

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 44/2025.

12. Marco procesal. Mediante escrito presentado electrónicamente el diez de febrero de dos mil veinticinco, una persona privada de la libertad, por conducto de su representante, promovió amparo indirecto en contra de los actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, y del Titular de la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, consistentes en la omisión de nombrar de manera oficiosa asesor jurídico a las víctimas en el proceso penal ********** y acumulados, y la violación directa al derecho de asesoría técnica adecuada de la víctima.

13. Por cuestión de turno, de dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien en proveído de once de febrero de dos mil veinticinco, registró el expediente con el consecutivo 166/2025 y desechó de plano la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo; esto es, que el promovente carecía de interés jurídico. En contra de esa decisión, el quejoso, por conducto de su autorizado en términos amplios, interpuso recurso de queja.

14. El recurso en trato se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el expediente 44/2025; en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, su Presidente lo admitió a trámite y en sesión ordinaria de tres de abril de dos mil veinticinco, el Pleno de dicho Tribunal declaró infundada la queja.

15. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado calificó de infundados los agravios planteados por la parte recurrente.

16. Al respecto, después de hacer una relación de los antecedentes del amparo indirecto de origen, estimó que tal como lo había apreciado el Juez de distrito, se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la falta de interés jurídico del promovente.

17. En esencia, el cuerpo colegiado determinó que el juicio de amparo resulta improcedente porque no le irroga perjuicio alguno al quejoso que las autoridades responsables hayan sido omisas en designar representante de las víctimas en el proceso penal de origen, pues dichas omisiones afectan directamente a dicha parte y no al procesado; esto es, no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, en virtud de que tales actos omisivos no afectan su esfera jurídica.

18. Añadió que, como lo refirió el Juez de amparo, el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Federal, reconoce el derecho humano a favor de las víctimas u ofendidos de recibir asesoría y de ser informados de los derechos establecidos a su favor en la Constitución, lo que se reitera en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que prevé el derecho a favor de toda víctima u ofendido de contar con asesoría jurídica, aspecto que el Tribunal Colegiado desprendió del artículo 54 Bis de dicho ordenamiento.

19. Sin embargo, señaló que la codificación adjetiva para el estado de Puebla, no prevé la presencia obligatoria para la víctima u ofendido, ni la de su asesor jurídico, dentro del procedimiento penal tradicional, pues indicó que como lo establece el artículo 35 de la legislación mencionada, que está comprendido en la Sección Cuarta, intitulada “Formalidades del Procedimiento”, únicamente establece como obligatoria la presencia del representante social y del defensor.

20. De igual forma, precisó que debía acudirse a dicha legislación adjetiva local, en virtud de que el procedimiento penal no ha concluido, como lo había señalado el propio quejoso al indicar que el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria emitida en su contra, hasta ese momento, no había sido resuelto.

21. Además, refirió que de las disposiciones invocadas no se advierte que la víctima u ofendido tenga la obligación de comparecer a todas las audiencias que se lleven a cabo dentro del procedimiento penal mixto o tradicional.

22. En suma, el Tribunal Colegiado confirmó que los actos omisivos que reclamó el quejoso, en su calidad de sentenciado dentro del procedimiento penal, son derechos de una parte diversa dentro del proceso, como es la víctima, aunado a que la presencia de la víctima u ofendido no es indispensable para la celebración y continuación de las audiencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción I, del código adjetivo penal de Puebla.

23. El cuerpo colegiado puntualizó que, en su caso, al constituirse dicha víctima u ofendido en parte coadyuvante de la representación social, las consecuencias jurídicas únicamente atañen a dicha parte procesal, sin que afecte derecho alguno del procesado del entonces quejoso recurrente.

24. Por lo anterior, señaló que al actualizarse en la especie las causas de improcedencia invocadas, de manera notoria e indudable, el desechamiento de la demanda de amparo se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia.

25. Agregó que resultaban infundados los agravios en los que el recurrente aducía que conforme al artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el derecho a una defensa es correlativo del derecho a la asesoría jurídica, que está contemplado en el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Federal, por lo que se puede generar una violación donde las partes procesales no concurran de manera completa, y que conforme el artículo 105 del código adjetivo referido, el asesor jurídico debe acudir al juicio y al impedírsele dicho actuar, se evita que la relación procesal sea plena.

26. Para sustentar dicho aserto, el Tribunal Colegiado explicó que el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resultaba aplicable al procedimiento penal tradicional instruido en contra del recurrente, sino que regía la legislación local anterior, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto publicado en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, en tanto que el primero de los numerales citados prevé que ese Código Nacional de Procedimientos Penales se aplicará gradualmente; el segundo de ellos dispone que los procedimientos penales que estén en trámite antes de la entrada en vigor de la referida codificación nacional adjetiva, continuarán su sustanciación de conformidad con esa legislación, lo que se actualizaba en el caso, en tanto que el juicio de origen inició en dos mil diez.

27. Lo anterior, dijo, con independencia de que el derecho a una defensa técnica adecuada a favor del imputado, es correlativo al derecho que tiene la víctima u ofendido de gozar de una asesoría jurídica, en los términos que dispone el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no resultaba aplicable al asunto analizado.

28. También, el Tribunal Colegiado resaltó que, contrario a lo que alegó el recurrente, no se podría generar una violación si las partes no concurren de manera completa, pues, las consecuencias jurídicas inherentes, específicamente en relación con la víctima u ofendido y su asesor jurídico, no impactan en los derechos de las demás partes procesales.

29. De igual forma, estimó infundado el argumento del quejoso relativo a que la falta de interés jurídico no es manifiesta e indudable, en tanto que el promovente es parte procesal en la instancia de origen, en su carácter de imputado; sólo en caso de que ello no ocurriera, podría actualizarse la causal de improcedencia.

30. Al respecto, se explicó que la improcedencia del amparo por la razón antes apuntada, no se hizo depender de si el quejoso es parte o no en el proceso de origen, sino que resultaba notoria, al desprenderse de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda de amparo, e indudable, porque aun admitiendo la demanda de amparo y substanciado el procedimiento, no se llegaría a una conclusión diversa, independientemente de los elementos que llegaran a aportar las partes.

31. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 68/2025.

32. Marco procesal. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintidós de febrero de dos mil veinticinco, una persona privada de su libertad, por conducto de su representante legal, promovió amparo indirecto en contra de los actos del Juez Primero de lo Penal de Puebla y de la Titular de la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, consistentes en la omisión de nombrar de manera oficiosa asesor jurídico a las víctimas en el proceso penal ********** y acumulados, del índice de la responsable, y la violación directa al derecho a la asesoría técnica adecuada de la víctima.

33. Por cuestión de turno, de dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla; en proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, la registró con el número 221/2025 y la desechó de plano, por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, al no causarle perjuicio alguno al quejoso que las autoridades responsables fueran omisas en designar y representar a las víctimas en el proceso penal de origen. En contra de dicha decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, por conducto de su autorizado en términos amplios.

34. De dicho medio de impugnación correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; en acuerdo de presidencia de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco se admitió a trámite y en sesión ordinaria de diez de abril de dos mil veinticinco, el Tribunal en cita declaró fundado el mencionado recurso.

35. Consideraciones que sustentan el criterio. En primer término, el Tribunal Colegiado precisó, en suplencia de la queja deficiente, que debía fijarse correctamente el acto reclamado interpretando en su integridad la demanda de amparo, pues de su estudio, evidenció como tal la paralización o dilación procesal en que ha incurrido el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla y la Titular de la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, por no nombrar de manera oficiosa asesor jurídico a las víctimas en el proceso penal de su índice.

36. Puntualizó que conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador que conoce del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y de advertir alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

37. A partir de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano colegiado consideró que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, en el momento que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

38. En atención a esas premisas y atendiendo las razones expuestas por la Jueza de distrito, el Tribunal de amparo calificó de fundados los agravios expuestos por el recurrente.

39. Al respecto, acudió a los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que en relación con el diverso artículo 107, fracción I, constitucional, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia.

40. El Tribunal Colegiado indicó que de la interpretación de los mencionados preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la persona quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto que se genere perjuicio al gobernado; esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado.

41. Precisó que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.

42. Señaló que en el caso en análisis, se reclamó la omisión de nombrar de manera oficiosa asesor jurídico a las víctimas en el proceso penal de origen, del índice del juzgado responsable, así como la violación directa al derecho a la asesoría técnica adecuada de la víctima; asimismo, que el quejoso refirió que la falta de asesoría jurídica de los ofendidos, ha servido como excusa al juez del proceso para la dilación del procedimiento, pues ha estado en la etapa de instrucción por más de catorce años, además, de las posibles nulidades que podría implicar esa violación y el alto costo al sistema. 43. Desde esa perspectiva, el Tribunal señaló que las omisiones reclamadas en el recurso de queja sí podían afectar el interés jurídico del quejoso, como lo es su derecho a que se le administre justicia pronta y expedita, y a que se le juzgue dentro del plazo de un año, salvo que solicite mayor plazo para su defensa, como lo señalan los artículos 17, párrafo segundo y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable al sistema tradicional.

44. Por ende, consideró que contrario a lo dicho por la Jueza de Distrito, no era manifiesto ni indudable que la omisión reclamada no causara perjuicio alguno al quejoso, pues podía ocurrir que, como lo menciona en la demanda, exista una paralización total del procedimiento penal de origen o una dilación en su resolución con motivo de que no se ha designado asesor jurídico a las víctimas. Para poder determinar con certeza si la omisión reclamada genera o no dicha afectación a los derechos que también corresponden al quejoso (de que la justicia se imparta en los plazos que fija la Constitución), es necesario contar con mayor información que aporten las autoridades responsables durante el trámite del juicio de amparo.

45. El Tribunal Colegiado añadió que el interés jurídico debe estar acreditado fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, por lo que no podía sostenerse que la persona quejosa carece de interés jurídico, sin darle oportunidad para que en el procedimiento del juicio constitucional demuestre lo contrario; es decir, que la omisión de designar asesor jurídico a las víctimas sí está generando una paralización del proceso penal de origen.

46. Lo anterior lo fundamentó en la tesis con registro digital: 324194, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis con registro digital 257080 emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubros: “PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.”, e “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, LA DEMANDA DEBE ADMITIRSE CUANDO LA FALTA DE, DEL QUEJOSO, NO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE.”, respectivamente.

47. El órgano colegiado agregó que no era manifiesta ni indudable la causa improcedencia sostenida por la Jueza de Distrito, porque de la información que se obtiene de la demanda de amparo, no advirtió, en específico, si está acreditado o no el interés jurídico de la persona quejosa por razón de que no se le cause algún agravio a sus derechos fundamentales, sino que eso tendría que ser dilucidado con mayores pruebas que se alleguen al juicio.

48. Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja y ordenó que la Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, proveyera sobre el trámite de la demanda en el juicio de amparo indirecto de origen.

V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

49. Sintetizadas las decisiones contendientes debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es posible resolver cuál es el que debe prevalecer, o bien, cuál es el razonamiento conforme al cual debe resolverse el fondo del asunto.

50. Para que exista materia a dilucidar en una contradicción de criterios debe, cuando menos formalmente, haber una oposición de decisiones jurídicas en las que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

51. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el razonamiento adoptado por órganos jurisdiccionales mediante argumentos lógico-jurídicos que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito no constituya jurisprudencia debidamente integrada, pues ello no será requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

52. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo XII, en noviembre de 2000, consultable en la página 3219, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados.”

53. De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa que motiva la solución de los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios, sin exigir el cumplimiento de una serie de características formales o fácticas.

54. Entonces, para determinar que una contradicción de criterios es procedente, se requiere verificar si existe la necesidad de unificar criterios; es decir, si hay una posible discrepancia en las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito sustentadas durante el proceso de interpretación que llevaron a cabo los referidos órganos jurisdiccionales.

55. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción denunciada, es necesario analizar detenidamente cada una de las consideraciones interpretativas involucradas –no los puntos resolutivos– con el objeto de identificar si en los respectivos razonamientos, en relación con un mismo punto de derecho se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

56. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXXII, en agosto de 2010, consultable en la página 7, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33597-002fef5e/falta-de-interes-juridico-en-amparo-indirecto-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.