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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU OBLIGACIÓN DERIVA EXPRESAMENTE DEL ARTÍCULO 4, PUNTO 3, DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE REFIERE TEXTUALMENTE QUE EN TODOS LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS ESTADOS PARTE, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL MEXICANO, CELEBRARÁN CONSULTAS ESTRECHAS Y COLABORARÁN ACTIVAMENTE CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUIDOS LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES QUE LOS REPRESENTAN. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUN CUANDO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO HAGA REFERENCIA EXPRESA AL DERECHO A DICHA CONSULTA EN LA ELABORACIÓN DE LEYES VINCULADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AL ESTAR RECONOCIDO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORMA PARTE DEL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UN DERECHO DE ESE GRUPO VULNERABLE. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA CONSULTA PREVIA EN MATERIA DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU AUSENCIA EN CUESTIONES RELACIONADAS CON ESTOS GRUPOS SIGNIFICARÍA NO CONSIDERARLOS EN LA DEFINICIÓN DE SUS PROPIAS NECESIDADES, VOLVIENDO DE ALGUNA MANERA A UN MODELO REHABILITADOR O ASISTENCIALISTA (INVALIDEZ DEL DECRETO 3010, POR EL QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, PUNTO 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO 3010, POR EL QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL DECRETO 3010, POR EL QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS LLEVE A CABO –CONFORME A LOS PARÁMETROS FIJADOS EN ESTA SENTENCIA– LA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL CASO, A QUIENES TIENEN LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA Y, POSTERIORMENTE, EMITA LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO 3010, POR EL QUE CREA LA LEY PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICU

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2024. · Registro digital (IUS): 33617
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.203.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 13 DE MARZO DE 2025. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad por medio de la cual demandó la invalidez de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno el veinte de marzo de dos mil veinticuatro mediante Decreto 3010.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 85/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veinte de marzo de dos mil veinticuatro mediante Decreto 3010.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, promovió acción de inconstitucionalidad por medio de la cual demandó la invalidez de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno el veinte de marzo de dos mil veinticuatro mediante Decreto 3010.

2. Conceptos de invalidez. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta, en su caso, en cada uno de los apartados destinados a su estudio.

3. Admisión y trámite. El veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor tuvo por presentada la demanda, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, a fin de que rindieran sus respectivos informes y requirió al segundo para que exhibiera un ejemplar o copia certificada del periódico oficial de la entidad de veinte de marzo de dos mil veinticuatro donde se publicaron los artículos impugnados. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República con el objeto de que formulara el pedimento respectivo.

4. Informe rendido en representación del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, por el Oficial Mayor del Congreso de la entidad, donde señaló:

• En la redacción de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur se cuidó que la referencia al certificado de habilitación no estuviese en el resto de la legislación, sin embargo, no se eliminó de la fracción III del artículo 3 de la ley señalada; entonces, al encontrarse la definición y no aplicarse en ningún otro artículo, no se actualiza ningún efecto legal que pudiera afectar.

• Con relación a la supletoriedad, se subsana la aparente deficiencia inconstitucional, estableciendo como norma supletoria la Ley General para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas con Espectro Autista, la única omisión se dio al no incorporar a la Ley de Planeación de la entidad.

• Finalmente señala, la función establecida en la fracción VI del artículo 14 de la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas con Espectro Autista de Baja California Sur, está sujeta a los fines que persigue la ley; lo cual no significa que la Comisión pueda realizar acciones arbitrarias.

5. Informe rendido en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, por el Subsecretario de la Consejería Jurídica de la entidad, donde señaló:

• Respecto del primer concepto de invalidez no le asiste razón al promovente, dado que la finalidad de la autoridad es salvaguardar la integridad de las personas con la condición del espectro autista y con ello puedan realizar una actividad económica.

• Con relación al segundo de los motivos de disenso manifestó que la única participación del Poder Ejecutivo Local consistió en la promulgación.

• Respecto del último de los argumentos señaló que esa disposición se encuentra armonizada con los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual es improcedente este medio de control constitucional pues no afecta los derechos humanos y garantías de los gobernados.

6. Informes que fueron glosados a los autos mediante acuerdo de once de junio de dos mil veinticuatro, y se tuvo al Poder Ejecutivo de la entidad remitiendo un ejemplar del Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

7. Alegatos. Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, se agregó el escrito de alegatos presentado por el delegado de la parte actora.

8. Cierre de instrucción. En proveído de tres de julio de dos mil veinticuatro se cerró la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, quedando en condiciones para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) aplicable en términos del Artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se expide la ley vigente;(3) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(4) Lo anterior, toda vez que el Ejecutivo Federal promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

II. OPORTUNIDAD

10. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal,(5) establece que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue, para efectos del cómputo del plazo aludido, que no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

11. En el caso particular, el Decreto número 3010 por el que se emitieron los artículos impugnados de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el miércoles veinte de marzo de dos mil veinticuatro, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el jueves veintiuno siguiente y venció el viernes diecinueve de abril de esa anualidad.

12. Entonces, si el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, su presentación es oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

13. De acuerdo con el invocado artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, el Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Consejería Jurídica, es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; aunado a ello, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(6) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello, y el párrafo tercero del referido precepto, señala que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el Secretario de Estado, por el Jefe del Departamento Administrativo o por el Consejero Jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio Presidente, considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley.

14. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal acude por conducto de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Federal(7) y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(8) de ahí que queda evidenciado que cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

IV. PRECISIÓN DE LA LITIS

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, en relación con el diverso 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) deben fijarse las normas generales impugnadas.

16. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal plantea la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción III, 9 y 14, fracción VI, de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de marzo de dos mil veinticuatro, mediante Decreto 3010, que son del tenor siguiente:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

(...)

III. Certificado de habilitación: Documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan;

Artículo 9. En todo lo no previsto en el presente ordenamiento se aplicarán, de manera supletoria:

I. La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista;

II. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur;

III. Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en Baja California Sur;

IV. Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur;

V. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; y

VI. La Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.

Artículo 14. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:

(...)

VI. Las demás que determine el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur expuso que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente porque no se afectan garantías o derechos humanos, planteamiento que debe desestimarse, puesto que entraña un pronunciamiento relacionado con el estudio de fondo que se desarrollará en el apartado correspondiente de la presente resolución.

18. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE".(10)

19. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia, se procede a analizar los conceptos de invalidez.

VI. ESTUDIO DE FONDO

20. En sus conceptos de invalidez, el accionante señala lo siguiente:

Primero. Si bien la fracción III del artículo 3 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, persigue una finalidad constitucionalmente imperativa que es proporcionar a las personas con la condición del espectro autista la integración a la vida laboral, también lo es que la medida no está ajustada a ese fin, dado que el certificado de habilitación se vincula con la capacidad de las personas en condición del espectro autista, es decir, se supedita el ejercicio de sus derechos a la obtención de un certificado de habilitación, sin que esa exigencia se solicite a las demás personas.

Aunado a que de la exposición de motivos no se desprende algún razonamiento por el cual las personas autistas requieran de una certificación que avale se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, a diferencia de las personas que cuenten con alguna otra discapacidad, lo cual las coloca en una situación de desventaja, contribuyendo a la formación o fortalecimiento de prejuicios y estereotipos sobre estas personas.

Establecer la necesidad de un documento, constituye un obstáculo injustificado para poder acceder a una vida productiva en las mismas condiciones y oportunidades que el resto de la población, lo que se traduce en una violación a los derechos humanos de libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil.

Segundo. El artículo 9 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur, establece un marco de supletoriedad distinto al previsto en la norma general, lo cual transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues las entidades federativas no están facultadas para establecer un régimen de supletoriedad en función de las leyes generales, ya que éstas son las que definen el contenido de las leyes locales y son de observancia general, de modo que no puede ser al mismo tiempo supletoria.

Tercero. La fracción VI del artículo 14 de la legislación impugnada, transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica dado que no permite tener certeza sobre cuáles son las facultades de la Comisión Intersecretarial para la Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, aunado a que permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado, pues autoriza que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal pueda otorgar funciones a la comisión de forma discrecional.

21. Ahora, con independencia de lo fundado o infundado que pudieren resultar esos argumentos, aunque el Poder Ejecutivo accionante no lo alega en sus conceptos de invalidez, este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que en el proceso legislativo que culminó con la promulgación de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista de ese Estado, no se llevó a cabo una consulta específica y estrecha a las personas con esa condición en el Estado de Baja California Sur, como lo dispone el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

22. La legislación impugnada establece las disposiciones que son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el Estado (artículo 1) y tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos (artículo 2); además de precisar la terminología necesaria para su aplicación (artículo 3), prevé el deber del Estado de asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con la condición del espectro autista (artículo 4), así como el de las autoridades del Poder Ejecutivo y municipales, de dar cumplimiento a la propia ley, implementando de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables (artículo 5); además de los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del fenómeno autístico tales como autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, inviolabilidad de los derechos, justicia, libertad, respeto, transparencia y los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de derechos humanos contenidos en el numeral 1 constitucional (artículo 6); la coordinación entre las autoridades estatales para la elaboración de programas, estrategias y acciones dentro de sus competencias (artículos 7 y 8), además de la legislación supletoria.

23. También reconoce la legislación como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables en los listados en veintidós fracciones del artículo 10, a saber:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado y Municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público estatal y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, al momento en que les sea requerida por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos; y XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.

24. Y como sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior a diversas instituciones (artículo 11). Además de prever la constitución de la Comisión Intersecretarial como una instancia de carácter permanente del Poder Ejecutivo Estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas se realice de manera coordinada (artículo 12); la integración de esa Comisión (artículo 13), sus funciones (artículo 14), la participación del titular de la Secretaría de Salud (artículo 15), su coordinación con los Directivos de Organismos Municipales de Salud para instrumentar y ejecutar las diversas acciones en la materia; además las acciones y omisiones que quedan estrictamente prohibidas para la atención y preservación de los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias (artículo 17); y que las responsabilidades y faltas administrativas, así como los hechos delictivos que eventualmente se cometan por la indebida observancia a la ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales aplicables (artículo 18).

25. A partir de lo anterior, en términos del artículo 71 de la Ley Reglamentaria,(11) se debe suplir la queja de los conceptos de invalidez planteados en la demanda y entrar al estudio de los efectos de la posible falta de consulta.

26. Criterio que no es novedoso, pues este Tribunal lo ha sostenido al fallar diversos asuntos, entre ellos la acción de inconstitucionalidad 1/2017 en sesión de uno de octubre de dos mil diecinueve,(12) donde determinó, de oficio, analizar la falta de consulta previa en el proceso legislativo llevado a cabo para publicar la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León.

27. Asimismo, el veinte de octubre de dos mil veinte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2016, advirtió de oficio y en suplencia de la queja, que durante el procedimiento legislativo que dio lugar a la emisión del Decreto 1447/2016 XX P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, no fue llevada a cabo una consulta a personas con discapacidad, lo que derivó en su invalidez.(13)

28. Además de la acción de inconstitucionalidad 48/2021 que se resolvió en la sesión correspondiente al catorce de febrero de dos mil veintidós, donde se concluyó en la invalidez del Decreto 443, por el que se reformó la Ley Estatal de Salud, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el diez de febrero de dos mil veintiuno, ante la falta de la consulta previa a personas con discapacidad, cuyo estudio se realizó en suplencia de la deficiencia de la queja.(14)

29. Por otra parte, aunque se trata de distinta materia, es oportuno traer a cuenta por su similitud, que al resolver la controversia constitucional 56/2021, en sesión correspondiente al dieciocho de agosto de dos mil veintidós, al analizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en la Octava Sección del Periódico Oficial de esa entidad el treinta de marzo de dos mil veintiuno, concretamente el capítulo denominado "DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS",(15) también se concluyó que el Tribunal Pleno debía analizar de oficio la falta de formulación de una consulta previa; postura replicada al fallar la diversa controversia constitucional 69/2021 en sesión de veintitrés de agosto de dos mil veintidós;(16) de manera que este lineamiento habrá de seguirse en el caso a estudio.

30. En este contexto, a fin de establecer la razón por la cual se concluye que existe un vicio de constitucionalidad que impacta en la legislación impugnada y provoca su invalidez, resulta necesario, en principio, atender la línea jurisprudencial que ha seguido esta Suprema Corte con relación a la consulta a personas con discapacidad.

31. Consulta a las personas con discapacidad. En múltiples precedentes construidos a partir de la acción de inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017,(17) así como en las diversas 68/2018 y 101/2016(18) la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la obligación de consultar a las personas con discapacidad deriva expresamente del artículo 4.3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(19) que refiere textualmente que en todos los procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados parte, entre los que se encuentra el Mexicano, celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan.

32. El derecho de consulta previa a este grupo vulnerable no se encuentra previsto en forma expresa en la Constitución ni en una ley o reglamento específico, sin embargo, atendiendo al criterio actual de este Pleno(20) y con base en el artículo 1 constitucional, que reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, es que el derecho de consulta en favor de las personas con discapacidad, reconocido en el numeral 4.3 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte del parámetro de regularidad constitucional, por lo que es deber de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigilar que sea respetado por los poderes legislativos.

33. Ahora bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(21) este Tribunal Pleno sostuvo que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esos grupos.

34. En ese asunto, se sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil y, más concretamente, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

35. Como se desprende de la acción de inconstitucionalidad 68/2018, la obligación de consulta a las personas con discapacidad consiste "en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad, donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda, favoreciendo un "modelo social" en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista."(22)

36. Lo anterior, implica que los legisladores puedan tomar en cuenta las manifestaciones de las personas con discapacidad y estar en mejor disposición de adaptar la ley a las respectivas necesidades.

37. Ahora, si bien no hay una legislación que establezca de manera precisa las etapas y requisitos que deben seguir las legislaturas y los poderes ejecutivos cuando van a regular cuestiones relacionadas con personas con discapacidad o emitir políticas públicas relacionadas con éstas, se han desarrollado criterios que dan guía a las autoridades y que permiten a los órganos jurisdiccionales analizar la adecuación de los procesos de consulta que realizan las autoridades, con el estándar aplicable.

38. En este sentido, en la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018 este Pleno adelantó que las consultas dirigidas a personas con discapacidad para el caso de medidas legislativas deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

• Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, deben contar con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

• Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesible

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33617-79df066d/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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