Corpus
Modo: Corpus Pro

PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI POR ERROR ATRIBUIBLE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DESPUÉS DE HABER SIDO NIVELADAS AL SALARIO MÍNIMO EN SU MONTO, NO SE INCLUYEN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES O AYUDAS ASISTENCIALES, NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS DIFERENCIAS QUE SE RECLAMEN POR ESOS CONCEPTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 48/2025. · Registro digital (IUS): 33702
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-10-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE C
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.270.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, TODOS EN AUXILIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MANUEL BÁRCENA VILLANUEVA, ÓSCAR ESPINOSA DURÁN Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria presencial de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 929/2024 (cuaderno auxiliar 40/2025); el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 824/2024 (cuaderno auxiliar 51/2025); y, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 823/2024 (cuaderno auxiliar 154/2025).

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.

I. ANTECEDENTES

3. Mediante oficio 1013/2025, signado por el Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo, adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, denunció la presente contradicción de criterios.

II. TRÁMITE

4. En acuerdo de presidencia de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, se admitió a trámite la misma; se ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 48/2025, se solicitó al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito para que comunicara si los amparos directos de su índice, contendientes en este asunto, habían causado ejecutoria, o bien, si se encontraba pendiente algún recurso que se hubiera interpuesto en contra de las ejecutorias emitidas en estos y, en su caso, el estado procesal que guardaban.

5. Asimismo, se le requirió para que pusiera a disposición la consulta de los expedientes electrónicos de su índice, para poder vincularlos con el que se creó en este Pleno Regional (número 38738734 del expediente único nacional [NEUN]), mediante la herramienta denominada "Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen".

6. También se les pidió a los Tribunales Auxiliares contendientes, que informaran si el criterio que sustentaron seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello hubiera acontecido.

7. Además, se comunicó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de este asunto y se le solicitó que hiciera del conocimiento si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente; por último, se turnó electrónicamente la misma a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

8. Mediante proveídos de treinta de mayo y dos de junio, ambos del año en curso, se tuvo a los Tribunales Colegiados Auxiliares contendientes informando que sus criterios continuaban vigentes.

9. El once de junio de la presente anualidad, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tuviera relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

10. Por acuerdo de doce de junio siguiente, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, comunicó que en los juicios de amparo ********** y **********, de su índice, la parte quejosa Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión en contra de las ejecutorias dictadas en dichos asuntos; de igual forma, hizo del conocimiento que el primero de los mencionados había sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día en que se actuaba para el trámite correspondiente y el segundo, el pasado veintiséis de mayo, sin que a esa data obrara constancia alguna de lo resuelto por el Alto Tribunal.

11. Asimismo, informó que en el juicio uniinstancial **********, de su índice, hasta esa fecha no se había interpuesto algún recurso en contra de la sentencia emitida en el mismo. Así como que habían hecho disponible la consulta de esos expedientes electrónicos, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en consecuencia, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento formulado en el auto admisorio. En el mismo proveído se confirmó el turno a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.

12. A través del oficio SEADS/2561/2025, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de junio del año en curso, se acordó comisionar temporalmente al Magistrado Manuel Bárcena Villanueva a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la Magistrada Olga Estrever Escamilla, con efectos a partir del veintiséis de junio al treinta y uno de agosto de dos mil veinticinco, o antes si el Pleno del referido órgano administrativo lo determinara. De ahí que este órgano jurisdiccional durante el periodo comprendido del veintiséis de junio al treinta y uno de julio del presente año quedó integrado por los Magistrados Miguel Bonilla López, Manuel Bárcena Villanueva y Samuel Meraz Lares.

13. Por oficio SEADS/2787/2025, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el catorce de julio del año en curso, se acordó comisionar temporalmente a la Magistrada María Dolores Núñez Solorio a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del uno y hasta el seis de agosto de la presente anualidad. En consecuencia, en el periodo indicado, este órgano jurisdiccional quedó integrado por la Magistrada María Dolores Núñez Solorio y los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva y Samuel Meraz Lares.

14. Mediante oficio SEADS/2947/2025, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el seis de agosto pasado, se acordó comisionar temporalmente al Magistrado Óscar Espinosa Durán a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Magistrado Miguel Bonilla López, con efectos a partir del dieciséis y hasta el treinta y uno de agosto actual o antes si el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determina. Por tanto, durante el lapso precisado este órgano jurisdiccional se encontrará integrado por los Magistrados Manuel Bárcena Villanueva, Óscar Espinosa Durán y Samuel Meraz Lares.

15. En Acuerdo General del Pleno del Consejo de Judicatura Federal de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, se determinó prorrogar todas las comisiones de las personas magistradas que contaran con titularidad en plazas 2027 (no insaculadas), hasta el quince de septiembre de la presente anualidad o antes si el Órgano de Administración Judicial así lo determinara, caso en el que se encontraban los Magistrados integrantes de este Pleno Regional. En consecuencia, se continúa con la integración antes precisada.

16. Se hace la precisión, que de una revisión realizada en el apartado de Consulta de Datos de Expedientes de la Dirección General de Gestión Judicial del Portal Consejo, se pudo advertir que los recursos de revisión interpuestos en los juicios de amparo directos ********** y **********, del índice de Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, fueron desechados por el Alto Tribunal en autos de veintiséis de mayo y doce de junio, ambos de dos mil veinticinco, lo que se corroboró en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar la búsqueda de los amparos directos en revisión ********** y **********.

17. En la página del Portal Consejo también se pudo advertir que en el diverso juicio de amparo directo **********, no se promovió recurso alguno en contra de la sentencia dictada en el mismo, pues el veinte de junio del año en curso, se emitió el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

III. PRESENTACIÓN AMICUS CURIAE

18. Conforme a lo establecido por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento del algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

19. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

20. Este órgano colegiado es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de la Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.

21. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la región centro-norte en asuntos del orden laboral, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

V. LEGITIMACIÓN

22. La presente denuncia de contradicción de criterios, proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez de Distrito Especializado en Materia de Trabajo adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán.

VI. CRITERIOS EN CONFLICTO

23. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios en comento, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

24. En el caso se advierten supuestos fácticos comunes que en obvio de repeticiones innecesarias se relatarán de forma conjunta.

Antecedentes

Supuestos fácticos comunes

25. Personas físicas que demandaron del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras prestaciones, la modificación o nivelación de la pensión por cesantía de edad avanzada y las diferencias entre lo pagado y lo que debió de pagarse. En todos los casos el Instituto Mexicano del Seguro Social en las resoluciones respectivas otorgó indistintamente el pago de asignaciones familiares y ayuda asistencial, pero no de manera autónoma al monto de las pensiones.

26. El Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a quien correspondió conocer de las demandas laborales, al resolver los juicios correspondientes determinó condenar al instituto demandado a adicionar a la pensión de cesantía de edad avanzada de la parte actora los conceptos de asignaciones familiares o ayuda asistencial, así como los pagos retroactivos generados al incluir las mismas, en lo que interesa y en esencia, bajo lo siguiente:

• Luego de analizar las pruebas que obraban en el sumario, estimó que el importe de las pensiones calculadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social resultaba correcto, en virtud de que se ajustaron al salario mínimo conforme al artículo 168 de la Ley de Seguro Social abrogada; sin embargo, advirtió que luego de igualar las pensiones a dicho salario, no se adicionaron, para dos de los casos, las asignaciones familiares y en otro, las asistencias familiares, sino que la demandada únicamente ajustó el monto total de las pensiones, incluidas las asignaciones familiares, a un salario mínimo, lo que se consideraba jurídicamente incorrecto, con base en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 122/2018 (10a.), de rubro: "ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDAS ASISTENCIALES. SU PAGO ES AUTÓNOMO A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA), CUANDO SU MONTO SE CALCULE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO (ARTÍCULOS 164, 166 Y 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997)."(1)

• Además, determinó que era infundada la excepción opuesta por la parte demandada, referente a la prescripción de la acción, en virtud de que las diferencias reclamadas eran un error atribuible al instituto demandado, no imputable a algún patrón del asegurado o a este y, en tal hipótesis no operaba dicha figura, lo que sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 57/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA ABROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFERENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN."(2)

27. Inconforme con tales resoluciones el instituto demandado en sendos juicios laborales promovió demanda de amparo, de las cuales conocieron los Tribunales Colegiados contendientes, que al resolver, determinaron, dos de ellos, negar el amparo solicitado, y uno más, conceder la justicia de la Unión.

28. Los órganos colegiados en contienda, en sus respectivas resoluciones desestimaron los motivos de disenso a través de los cuales se combatió la consideración de la autoridad responsable relativa al deber del instituto demandado de aplicar el porcentaje que correspondía a las asignaciones indicadas sobre el salario mínimo que servía de base para el pago de la pensión y sumarse a su monto, de conformidad con el criterio sostenido por Segunda Sala del más Alto Tribunal en el país, en la jurisprudencial 2a./J. 122/2018 (10a.).

29. Por lo que la presente contradicción de criterios se centra en la parte relativa de la sentencias en las que los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron respecto de los conceptos de violación en los que el Instituto quejoso combatió la decisión del Tribunal Laboral responsable de declarar infundada la excepción de prescripción de la acción, tal como lo destacó el juez denunciante, las cuales se resumen a continuación.

A) El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, al resolver el amparo directo 929/2024 (cuaderno auxiliar 40/2025), en sesión de seis de marzo de dos mil veinticinco, en esencia estimó:

30. Que la determinación de la responsable de declarar infundada la excepción de prescripción de la acción se encontraba ajustada a derecho, toda vez que, en cuanto al tópico en estudio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 31/2018, analizó el contenido de los numerales 273 y 279 de la Ley del Seguro Social abrogada, y concluyó que, tratándose de los casos relativos a las modificaciones de las pensiones, el segundo de los dispositivos legales en cita preveía, a diferencia del primero, un procedimiento especial para los casos en que dichos cambios fueran atribuibles al Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal manera que modificaran su cuantía o condiciones, ya que su liquidación se regía de forma expresa por ese precepto.

31. Que el Alto Tribunal también enfatizó que para aplicar el procedimiento en cuestión, debía atenderse al tipo de error: i) Los de naturaleza estrictamente aritmética, cuyo origen fuera completamente ajeno a posibles datos equivocados que hubieren sido proporcionados por el patrón y ii) Aquéllos que integraban la pensión o de aparentes inexactitudes en la información patronal brindada, en cuyo caso la controversia debía ventilarse ante los Tribunales laborales en los que sí aplicaba la excepción de prescripción prevista por el normativo 279 de la Ley del Seguro Social abrogada.

32. Por lo que la Segunda Sala determinó, que en los casos en que se modificara la pensión por un error atribuible al Instituto Mexicano del Seguro Social a favor del asegurado y que repercutiera en su cuantía, en términos del artículo 273 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, era inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/2017 (10a.)11, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.", donde se realizó pronunciamiento en torno a los diversos numerales 300 de la legislación de la materia actual y 279 de la abrogada, porque dichas disposiciones normativas se referían al supuesto en el que el interesado –asegurado– demandaba el pago de una pensión de la cual aún no gozaba, o bien, cuando disfrutando de ella no demostraba que el pago incompleto que reclamó provenía de errores del instituto mencionado.

33. Por tanto –señaló el Tribunal Colegiado–, si el demandado al cuantificar la pensión a pagar al tercero interesado, en lugar de sumar el 15 % (quince por ciento) de la cuantía de la pensión de cesantía en edad avanzada que atañía por el tópico de asignaciones familiares (correspondiente a la esposa del asegurado) determinó ambos conceptos con base al salario mínimo, entonces no podría considerarse que dichas asignaciones estuvieran incluidas en el monto de esa cantidad, dado que las asignaciones eran autónomas de las pensiones, tal como lo sostuvo la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 223/2018. 34. De ahí que el porcentaje que correspondía por las asignaciones indicadas debió aplicarse sobre el salario mínimo que sirvió de base para el pago de la pensión y sumarse a su monto, entonces, al no haberse efectuado de esa manera el cálculo de la pensión del actor, era evidente que el ente asegurador quejoso incurrió en un error aritmético que únicamente le podía ser imputable a aquel, lo que obligaba al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar las diferencias respectivas desde la fecha en que otorgó esa prestación.

35. Que el referido hecho quedaba patentizado con lo argumentado al dar contestación a la demanda, donde confesó de manera expresa que "incluyó al pago de la pensión un total del 15 % de ayuda asistencial al pago de cesantía en edad avanzada, lo cual se observa de manera clara en la resolución de pensión de cesantía en edad avanzada aportada por el propio actor en el capítulo de pruebas respectivo (...)".

36. Lo que –dijo–, efectivamente corroboró la autoridad laboral responsable del análisis que efectuó a la resolución de otorgamiento de pensión que las partes ofrecieron como prueba en común, pues quedó de manifiesto que el error aritmético en la cuantificación de la pensión del actor, era imputable al ente asegurador quejoso; por ende, no era procedente la excepción de prescripción –de un año– que opuso, al resultar inaplicables los normativos 279 de la Ley del Seguro Social abrogada y su correlativo 300 de la actual, ni el criterio 2a./J. 23/2017 (10a.), de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 57/2018 (10a.), de rubro: "PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA ABROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFERENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN.".

37. Precisó, que si bien dicha tesis se refería al artículo 273 de la Ley del Seguro Social abrogada, lo cierto era, que ese numeral era de contenido similar al artículo 293 de la legislación vigente.

B) El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, al resolver el amparo directo 824/2024 (cuaderno auxiliar 51/2025), indicó:

38. Que las consideraciones de la sentencia reclamada se encontraban ajustadas a derecho, pues tal como decidió la autoridad responsable, en el particular existió un error aritmético en el cálculo de los pagos de la pensión atribuible al instituto quejoso, y no un error de interpretación de leyes como lo pretendía hacer ver; de ahí que resultara correcto que la excepción de prescripción opuesta por el organismo quejoso se declarara infundada.

39. Para evidenciar lo anterior, el órgano colegiado trajo a colación los argumentos de la sentencia reclamada en la que se valoró la resolución mediante la cual el instituto demandado otorgó al actor pensión por cesantía de edad avanzada y advirtió que luego de que se igualó la pensión al salario mínimo, no se adicionaron las asignaciones familiares, sino que la demandada únicamente ajustó el monto total de la pensión, incluyendo las asignaciones familiares a un salario mínimo.

40. Por lo que estimó correcto que se hubiera considerado que la forma en que el instituto quejoso calculó el pago de la pensión al actor era jurídicamente incorrecta, pues con base en las consideraciones que integraron la jurisprudencia 122/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDAS ASISTENCIALES. SU PAGO ES AUTÓNOMO A LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA), CUANDO SU MONTO SE CALCULE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO (ARTÍCULOS 164, 166 Y 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).", las asignaciones familiares debían adicionarse de forma autónoma después de elevar la pensión al salario mínimo.

41. Por ende, a la cantidad que se determinó como pensión, debía adicionarse el monto correspondiente a las asignaciones familiares (en un 15% quince por ciento), por lo que no le asistía razón al quejoso, pues el error en la interpretación de la ley a que hacía referencia derivaba de la interpretación incorrecta de la ley que aquél pretendía realizar, al señalar que las diferencias existentes partían de un cálculo distinto al realizado por él, en el cual se apartó de lo previsto en los numerales 164, fracción IV, y 167, de la Ley del Seguro Social abrogada, y el artículo Décimo Cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno; y, 168 de la citada legislación, lo cual evidenció el Tribunal Colegiado nuevamente con base en las consideraciones sustentadas en la citada jurisprudencia 2a./J. 122/2018.

42. Refirió que el instituto demandado pretendía traer a colación un tema novedoso en cuanto a la existencia de un error en la interpretación de leyes, pues en el particular existió error en el cálculo de los pagos de la pensión, es decir, se trataba de un error de hecho y no de derecho como incorrectamente lo quería hacer ver.

43. Reiteró que contrario a lo alegado por la parte quejosa, había resultado ajustado a derecho que en el fallo reclamado se hubiera determinado que las diferencias advertidas se trataban de un error atribuible al Instituto Mexicano del Seguro Social, no imputables a algún patrón del asegurado o a éste, en cuya hipótesis no operaba la figura de la prescripción, conforme a lo sustentado en la criterio jurisprudencial 2a./J. 57/2018 (10a.) emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 273, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA ABROGADA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LO OBLIGA A PAGAR LAS DIFERENCIAS RESPECTIVAS DESDE LA FECHA EN QUE OTORGÓ ESA PRESTACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA IMPUTABLE EL ERROR ARITMÉTICO EN SU CUANTIFICACIÓN Y NO PROVENGA DE DATOS INCORRECTOS PROPORCIONADOS POR EL PATRÓN."

44. Que en congruencia con lo anterior, no le generaba el beneficio que pretendía con la cita de la jurisprudencia 2a./J. 23/2017 (10a.), de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES. LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DE SUS DIFERENCIAS VENCIDAS ESTÁ SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN.",(3) ya que precisamente en la diversa 2a./J. 57/2018 (10a.), se determinó que la primera de las mencionadas no resultaba aplicable en aquellos asuntos en los que los pensionados que ya gozaran de una pensión y demostraran fehacientemente que, por errores del Instituto Mexicano del Seguro Social, habían recibido una cantidad menor a la que tenían derecho, supuesto en el cual debería retrotraerse el pago completo que les correspondía al momento en que dicho organismo se equivocó en la cuantificación de esa prestación; circunstancia que se había presentado en el particular.

C) El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito, al resolver el amparo directo 823/2024 (cuaderno auxiliar 154/2025) señaló:

45. Que era esencialmente fundado el concepto de violación en el que se combatió la decisión de la responsable de declarar infundada la excepción de prescripción de la acción, pues la inclusión del concepto ayuda asistencial antes o con posterioridad a elevar la pensión al mínimo garantizado legalmente, no correspondía a un error aritmético cometido de su parte, sino a una cuestión de interpretación de leyes que; por ende, hacía oponible la prescripción en términos del artículo 273 de la Ley del Seguro Social abrogada, por lo que al no haberse considerado así en la sentencia reclamada, la misma devenía ilegal y debía concederse el amparo para los efectos que más adelante se indicarían.

46. A fin de explicitar dicha conclusión, el órgano jurisdiccional refirió que en la contradicción de tesis 223/2018, de la que surgió la multicitada jurisprudencia 2a./J. 122/2018 (10a.), en que se sustentaba la sentencia reclamada, se determinó que: "(...) las asignaciones familiares y la ayuda asistencial no forman parte de las pensiones por invalidez, por vejez, o por cesantía en edad avanzada, pues si bien es cierto que para la procedencia de aquéllas es necesario el otorgamiento de las pensiones señaladas, también lo es que la concesión de éstas no implica que necesariamente se deban conceder dichas asignaciones familiares o ayuda asistencial, pues éstas son independientes de tales pensiones. Además, que para el otorgamiento de las precitadas asignaciones es necesario que se cumplan diversos requisitos".

47. Además, en dicha ejecutoria se señaló que: "(...) si el monto de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con base en el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en la fecha de su otorgamiento, en términos del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, y además el asegurado acreditó cumplir con los requisitos derivados de las reglas contenidas en los artículos 164, fracciones IV y V, y 166 del ordenamiento citado, ti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33702-d1de401a/pensiones-de-invalidez-vejez-y-cesantia-en-edad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.