VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTICULO 45 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISION 505/94. ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.- Son parcialmente fundados los conceptos de violación antes transcritos para otorgar el amparo solicitado.
En efecto, los planteamientos sustanciales que se contienen en los conceptos de violación que expresa la quejosa atienden a establecer que las normas reclamadas son inconstitucionales, al facultar a las autoridades administrativas para decretar embargos precautorios pues: a) se permite la práctica del embargo sin que exista daño a alguna de las partes, créditos fiscales que garantizar u omisión de impuestos; y b) que con el referido embargo se priva a las personas del derecho de disponer de sus bienes.
Ahora bien, el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, señala lo siguiente:
"ARTICULO 40.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán indistintamente:
"I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
"II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.
"III.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente".
Por otra parte, los preceptos 45, 116, fracción X, 121-A y 124 de la Ley Aduanera, señalan:
"Artículo 45.- Las mercancías están afectadas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional.
"En los casos previstos por esta Ley, las autoridades fiscales las retendrán o procederán a perseguirlas o secuestrarlas, a menos que se compruebe que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos.
"Los medios de transporte quedan afectos al pago de los impuestos causados por la entrada o salida del territorio nacional, de las mercancías que transporten, si sus propietarios, empresarios o conductores no dan cumplimiento a las disposiciones mencionadas en el artículo 1o. de esta Ley".
"ARTICULO 116.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:
"X.- Practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los casos y con los requisitos a que se refieren los artículos 121-A de esta Ley...".
"ARTICULO 121-A.- La autoridad aduanera procederá al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:
"I.- Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado.
"II.- Cuando se trate de mercancía de importación o exportación prohibida o sujeta a las restricciones o regulaciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 127 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento.
"III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas".
"Artículo 124.- Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio, cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 121 de esta Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior. En este supuesto, el visitado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas, y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectuó el embargo.
"El visitado podrá solicitar a las autoridades aduaneras que efectúen la visita, la sustitución del embargo precautorio por alguna de las formas de garantía que establece el Código Fiscal de la Federación. Dichas autoridades podrán determinar el monto de la garantía, siempre que cuenten con los elementos suficientes para ello. En este caso, las autoridades aduaneras tomarán las muestras que permitan dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior y devolverán el resto de la mercancía una vez garantizado el posible crédito fiscal.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando se trate de mercancías que a juicio de la autoridad sean de importación o exportación prohibida o de mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias. Las mercancías que de conformidad con el presente artículo, no se pueda substituir su embargo ni devolverse, se entenderán secuestradas.
"En los casos de visita domiciliaria no serán aplicables las disposiciones de los artículos 122 y 123 de esta Ley."
El análisis de los preceptos señalados permite advertir que la razón no asiste a la quejosa, pues el embargo precautorio a que se refieren los artículos 40 del Código Fiscal de la Federación y 45, 116, fracción X, 121-A y 124 de la Ley Aduanera, tiene como propósito el aseguramiento provisional de las mercancías en tanto se acredita su legal estancia o internación al país y, por lo tanto, no supone la necesaria existencia de un crédito fiscal previamente determinado para que pueda decretarse; y porque, al constituir una medida de índole provisional, no implica la privación de los bienes o derechos de la quejosa.
Esos aspectos han sido analizados ya por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de un asunto jurídicamente similar, cuyos datos de identificación son los siguientes: Amparo en revisión 5390/90, promovido por The Coca-Cola Export Corporation, fallado el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, con la ponencia del ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, por mayoría de catorce votos de los ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Alba Leyva, Gil de Lester, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez, en contra de los votos de los ministros Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y González Martínez; ausentes los ministros Adato Green, Llanos Duarte y Montes García.
En dicho precedente, el Pleno consideró:
"SEXTO.- Son infundados los restantes agravios puestos por la recurrente.- En efecto, los artículos 45, 116, fracciones VII y XXIV, y 123 bis, de la Ley Aduanera, y 44, fracción II, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, otorgan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades fiscales dependientes de la propia Secretaría, facultad para perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación, en los recintos fiscales o fiscalizados hasta que se obtengan los permisos de autoridad competente, se cumplan los requisitos especiales y se cubran los créditos fiscales, cuando se descubra que no se cumplía con la obligación de manifestar a las autoridades fiscales autorizadas para ello, la importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte de tales mercancías. Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone: `...En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a los que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos'.- De la anterior transcripción se advierte que el acto autoritario regulado por la garantía de seguridad jurídica contenida en esta parte del artículo 16 constitucional, estriba en el cateo, o sea, en el registro o inspección de sitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos para evidenciar determinadas circunstancias, de aprehender algún sujeto o de tomar posesión de un bien, y que para emitir una orden de tal naturaleza y para la práctica de la misma, se exigen los siguientes requisitos: a).- Que la orden de cateo emane de una autoridad judicial, es decir, de un órgano autoritario constitutivo del Poder Judicial, bien sea local o federal.- b).- Que dicha orden debe constar por escrito, por lo que un cateo ordenado o dictado en forma verbal, es violatorio del invocado artículo 16 constitucional.- c).- Que se señale el nombre de la persona o personas que en su caso hayan de aprehenderse, así como los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, esto es, tal orden nunca debe ser general, sino que debe versar sobre cosas concretas o personas determinadas.- d).- Que se señale el lugar que ha de inspeccionarse.- e).- Que al concluir la diligencia de que se trata, se levante un acta circunstanciada, o sea, dicha diligencia debe constar en un documento en que se asienten todas las circunstancias o hechos pertinentes, de naturaleza objetiva o real, que supongan o indiquen la inobservancia o el cumplimiento a la ley o el reglamento gubernativo correspondiente, por lo que la falta de la referida acta da lugar a que las apreciaciones subjetivas de la autoridad que practique la diligencia carezcan de validez, y, f).- Que la actuación se verifique en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.- En tales condiciones, resulta inexacto que se viole lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que los artículos reclamados 45, 116, fracciones VII y XXIV, y 123 bis, de la Ley Aduanera y 44, fracción II, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, otorguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades fiscales dependientes de la propia Secretaría, facultades para perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación.- En efecto, la disposición contenida en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias, no la constriñe al hecho de realizar únicamente su ejecución física, sino también a su antecedente y objeto lógicos, o sea, ordenar y exigir que se acaten las disposiciones fiscales, en virtud de que las normas constitucionales no sólo deben examinarse en rigor de acuerdo a la letra del texto que las contienen, sino que deben interpretarse atendiendo fundamentalmente a su verdadero sentido, a su fin real; por tanto, si en dicho precepto constitucional se establece que las visitas domiciliarias deben sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, es evidente que tal disposición no se refiere únicamente a la orden de cateo, la que por mandato constitucional solamente debe emanar de la autoridad judicial, sino a la orden de inspección o visita domiciliaria que debe ser emitida por la autoridad fiscal o administrativa, según sea el caso, pues el propio artículo constitucional invocado, en su primera parte, expresamente dispone que todo mandamiento escrito debe emanar de la autoridad competente, quien debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento.- Ahora bien, es cierto que respecto de la indicada disposición contenida en el artículo 16 constitucional, este alto tribunal sustentó el criterio de que en una visita domiciliaria la autoridad que la practique sólo está facultada exclusivamente, para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se acataron las disposiciones fiscales, pero no así para secuestrar dichos libros y papeles; sin embargo, tal criterio de manera alguna se contradice con los razonamientos expuestos en la presente resolución, pues aquel criterio y las razones que ahora se sustentan resultan ser totalmente distintas, ya que en tanto que en el primero se estableció la inconstitucionalidad del precepto que faculta a la autoridad hacendaria a secuestrar o sacar del domicilio del contribuyente, los libros y documentación correspondiente con el objeto de llevarlos a las oficinas de la propia autoridad, esto como consecuencia clara y efectiva o parte de la visita domiciliaria; en cambio, en el caso se estima que el artículo 123 bis, de la Ley Aduanera, así como los demás preceptos reclamados, 45, 116, fracciones VII y XXIV y 44, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no contravienen lo dispuesto por el invocado artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dichos artículos reclamados, concretamente en el 123 bis, de la Ley Aduanera, el legislador alude a lo que doctrinariamente se ha denominado como `responsabilidad objetiva', que se presenta cuando la cosa u objeto que se interna al país dando lugar a la realización del hecho imponible `responde' en primer término del crédito fiscal omitido por su importación, internación o simple tenencia, independientemente de la responsabilidad tributaria que le corresponde al sujeto pasivo o deudor directo. Es la disposición legal de naturaleza tributaria, la que atribuye a una persona la calidad de sujeto responsable de un crédito fiscal por una relación objetiva con el elemento material del hecho imponible, cuya realización puede atribuírsele a él o a otro contribuyente. Es el objeto o la cosa cuya tenencia o propiedad da lugar a la responsabilidad objetiva con el fisco federal; y, es precisamente al existir esta responsabilidad objetiva, cuando se faculta a la autoridad hacendaria asegurar provisionalmente la mercancía, mientras se acredita su legal internación o posesión. Máxime si se tiene en cuenta que el referido artículo 16 constitucional, sólo prohíbe secuestrar o sacar del domicilio visitado, los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pues como ya se dijo, sólo faculta a la autoridad hacendaria para exigir su exhibición en el propio domicilio del visitado; pero de manera alguna prohíbe dicho artículo 16 constitucional, que en las visitas domiciliarias de carácter fiscal se aseguren o secuestren provisionalmente bienes cuya importación o posesión en el país se estime ilegal, ya que de no llevarse a efecto ese aseguramiento, podrían aprovecharse o consumirse dichos bienes, si son de carácter perecedero o bien comercializarse o transformarse, lográndose así la evasión del tributo respectivo; y en el caso de que se llegare a demostrar el cumplimiento cabal a las obligaciones tributarias, la hacienda pública estará obligada a devolver al sujeto correspondiente los objetos o mercancía asegurada.- Consecuentemente, si se tiene en cuenta que la orden de inspección o visita domiciliaria tiene como objeto comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales, resulta claro que las facultades que se otorgan en los artículos reclamados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades fiscales dependientes de la propia Secretaría, consistentes en perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación, de manera alguna infringen el artículo 16 constitucional, ya que no debe perderse de vista que a través de tales facultades se persigue como único fin el de que se acaten las disposiciones fiscales.- Ciertamente, las facultades para perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación, contenida en los artículos reclamados, como ya se dijo, de ningún modo violan lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues atendiendo a que de acuerdo a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y por otra parte, que al Estado en ejercicio de su actividad financiera entendida ésta como aquella que desarrolla dicho ente con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos; le corresponde la facultad de establecer los tributos, por conducto del órgano legislativo correspondiente; de determinarlos, liquidarlos y finalmente recaudarlos, por conducto de las autoridades administrativas competentes; es de concluirse que dentro de ese cúmulo de facultades o potestad tributaria queda comprendida la facultad de ejercitar todos los actos previstos en la ley tendientes a vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales como puede ser la realización de visitas domiciliarias y la persecución de las mercancías relacionadas con la realización de un hecho imponible que pudiera generar responsabilidad fiscal para el contribuyente.- Las facultades contenidas en los artículos reclamados, sustentan además su constitucionalidad en los artículos 73, fracciones VII y XXX, y 131, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la fracción VII del artículo 73 se faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto; en dicho artículo 131 se faculta a la Federación para gravar las mercancías de importación o exportación; y en la fracción XXX del referido artículo 73 constitucional, se faculta al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias con el objeto de hacer efectivas tales contribuciones.- En tal virtud, se concluye que las facultades para perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación, en los recintos fiscales o fiscalizados, hasta que se obtengan los permisos de autoridad competente, se cumplan los requisitos especiales y los créditos fiscales, cuando se descubra que no se cumplió con la obligación de manifestar la importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte de tales mercancías, otorgadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las demás autoridades fiscales dependientes de tal Secretaría, por los artículos 45, 116, fracciones VII y XXIV, y 123 bis, de la Ley Aduanera, y 44, fracción II, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, se ajustan plenamente a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, como ha quedado precisado, este artículo concede a la autoridad administrativa facultades para ordenar y practicar visitas domiciliarias, con el objeto de comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales.- Por otra parte, tampoco tiene razón la recurrente cuando aduce que las facultades para perseguir, retener, embargar o secuestrar las mercancías de importación y exportación, violan en su perjuicio la garantía de audiencia, toda vez que esta garantía consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, debe interpretarse en el sentido de que lo que este artículo prohíbe es que se prive en forma definitiva a los gobernados de sus propiedades, posesiones o derechos, sin habérseles oído en defensa de sus intereses, por lo que si en un procedimiento administrativo de investigación fiscal o previamente al mismo, la autoridad competente retiene de manera provisional bienes que se encuentran en posesión del investigado, tal acto de retención no debe considerarse definitivo y menos aún violatorio de la garantía de que se trata, en virtud de que constituye una medida precautoria que en todo caso está supeditada a la resolución final que se dicte al concluir el procedimiento administrativo correspondiente, en el que el afectado esté en posibilidad legal de hacer valer sus defensas con la amplitud que exige el artículo 14 constitucional.- Sobre el particular, debe decirse que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis publicada en la página seiscientos noventa y dos de la primera parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, sustentó lo siguiente: `EMBARGO O SECUESTRO. GARANTIA DE AUDIENCIA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE.- Del texto del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de audiencia, se desprende que para que proceda la privación de alguno de los bienes tutelados por este precepto (propiedades, posesiones o derechos), es necesario que medie un juicio en el que el afectado, después de ser oído y admitidas sus pruebas, resulte vencido, caso en el cual ya no puede considerarse conculcada la garantía de audiencia. En esas condiciones, si dentro de un procedimiento o previamente a él una autoridad competente priva a un particular de una propiedad, posesión o derecho, no puede considerarse que dicha privación sea definitiva, y que con ello se viole la garantía de audiencia, pues, precisamente, el acto de embargo o secuestro tiene lugar dentro o previamente al procedimiento en el que se cita al afectado para que haga valer sus defensas, estando siempre sujeto el acto de privación a las resultas del procedimiento, para que en caso de que el afectado resulte vencido se lleve a cabo la privación definitiva'.- Además, no puede estimarse que los preceptos combatidos sean violatorios del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la garantía de audiencia debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que tratándose de actos administrativos, como sucede en el caso, se cumple con dicha garantía cuando la autoridad respectiva, previamente a la emisión de cualquier acto que implique la privación de derechos, respetando el procedimiento correspondiente, conceda al agraviado la oportunidad para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses.- En la especie, los artículos 121, fracciones V y VI, y 123 bis, de la Ley Aduanera establecen respectivamente:
"`Artículo 121.- Para el secuestro de mercancía y de los medios de transporte en el que se conduzcan, dentro de los lugares y zonas de inspección y vigilancia permanente, cuando no estén amparados con la documentación a que se refieren los artículos 117 y 118, las autoridades aduaneras levantarán acta en la que harán constar INCLUIR <197>Nombre y domicilio del tenedor o conductor de las mercanc!as que deberá ser manifestado por éste. Si se niega o señala un domicilio falso las notificaciones que deban hacérsele en el procedimiento administrativo de investigación se practicarán fijando los acuerdos respectivos a la vista del público en local que ocupe la autoridad aduanera competente para emitir resolución en el mismo y VI.- Notificación al particular de que se inicia el procedimiento administrativo de investigación y de que se le concede un plazo de diez días para expresar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas indicando la autoridad competente para llevar el procedimiento'. `Artículo 123 bis.- Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentran mercancías extranjeras cuya legal introducción estancia o tenencia en el país no se acredita la autoridad que la practique procederá a embargarlas o a secuestrarlas en las hipótesis señaladas por el artículo anterior y a consignar en el acta que al efecto se levante los hechos y circunstancias del caso así como a notificar al interesado que se inicia el procedimiento administrativo de investigación y audiencia en los términos previstos por el artículo 121 fracción V.- Lo dispuesto por este artículo es aplicable también a los casos en que las mercancías de importación o exportación prohibidas sean descubiertas durante el despacho por la autoridad aduanera o puestas a su disposición por las autoridades postales cuando el despacho se realiza por la vía postal'.- Por tanto resulta infundado el argumento de la parte recurrente en cuanto que los artículos reclamados violan la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que conforme a lo antes expuesto se advierte que la propiaLey Aduanera concretamente en sus artículos 121 fracciones V y VI y 123 bis antes transcritos se establece el procedimiento administrativo de investigación y audiencia dentro del cual la parte que se considere afectada tiene la oportunidad de defenderse rindiendo pruebas y expresando los alegatos que estime pertinentes con lo cual se cumple debidamente con lo dispuesto por el citado artículo 14 constitucional pues la garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse y esa intervención se resume en dos aspectos esenciales que son: 1.- La posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y 2.- La de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes.- En efecto no es exacto que los artículos que se impugnan mediante el presente juicio de garantías sean contrarios a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional pues además de que la propia Ley Aduanera establece el denominado procedimiento administrativo de investigación y audiencia en el que se da la oportunidad a la parte que se estima agraviada de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga también se le otorga un término de treinta días para que pueda desahogar sus pruebas pudiendo la autoridad aduanera ampliar ese término hasta por tres meses para el caso de que así fuese necesario; es más dicha autoridad puede de oficio decretar diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Aduanera que dice: `Artículo 124.- El desahogo de las pruebas en el procedimiento administrativo de investigación y audiencia deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes al en que se haya hecho el ofrecimiento. Las autoridades aduaneras podrán prorrogar dicho plazo hasta por tres meses y decretar diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos'.- Consecuentemente no pueden tildarse de inconstitucionales los artículos reclamados cuando en los propios preceptos se impone a la autoridad administrativa la obligación de notificar a la parte afectada el acto que da origen al procedimiento administrativo de investigación y audiencia; el momento en que comienza tal procedimiento la autoridad ante quien se tramitará el mismo y el derecho que tiene para ofrecer pruebas y alegar lo que estime pertinente antes de que se le prive a dicha parte afectada de sus bienes o mercancías que le fueron retenidos o embargados por la autoridad fiscal y cuya legal estancia en el país no haya acreditado fehacientemente. Por tanto no puede hablarse de privación de derechos cuando la autoridad fiscal en uso de las facultades que le otorga la Ley Aduanera retiene o embarga la mercancía del afectado hasta en tanto justifica su legal permanencia en el país.- Por otra parte es cierto como lo señala la recurrente que el desahogo de pruebas tiene lugar durante el procedimiento administrativo de investigación y audiencia; sin embargo tal situación de manera alguna conduce a declarar la inconstitucionalidad de los artículos reclamados pues aun cuando tal actuación sea posterior al secuestro de bienes acto que es de naturaleza precautoria lo cierto es que previamente a que se emita la resolución que determine la privación de derechos se le da la oportunidad a la parte afectada de ofrecer las pruebas que estime pertinentes y de argumentar lo que a su derecho e interés convenga"..V.
Tomando en cuenta el citado precedente que resulta aplicable al caso, se concluye que son infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa pues, como se dijo, por su carácter de medida cautelar el embargo precautorio a que se refieren los preceptos reclamados no precisa de la existencia de un crédito fiscal previamente determinado y porque dicha medida no infringe la garantía de audiencia.
Por otra parte, es infundado el cuarto concepto de violación que expone la parte quejosa, respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 40 del Código Fiscal de la Federación y 45, 116, fracción X, 121-A y 124, de la Ley Aduanera, en el que expresa que sin estar determinado el crédito fiscal respectivo, los visitadores responsables pretenden secuestrar, embargar y sustraer la mercancía de la quejosa lo que se traduce en una confiscación de sus bienes, pues contrariamente a lo que afirma, es inexacto que en la especie, no existe "interés fiscal" a garantizar previamente a la determinación del crédito, en virtud de que dicho interés surge desde el momento en que nace la obligación fiscal, es decir, cuando se realiza el hecho imponible, independientemente de que se encuentre o no determinada dicha obligación.
En efecto, el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, establece en su parte conducente:
"ARTICULO 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3388-aa7909e8/visitas-domiciliarias-el-articulo-45-del-codigo-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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