TRAMITE DE ASUNTOS QUE PASAN DE LAS SALAS AL PLENO. DEBE AJUSTARSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ACUERDO I/88 RELATIVO A LOS ASUNTOS DEL PLENO QUE DEBEN VERSE EN SALA.
Se publica íntegra la ejecutoria de la contradicción 39/90.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de mayo de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS; y RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa, el presidente de la Tercera Sala de este Alto Tribunal, Ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en la fracción II del acuerdo de "Reestructuración de las Dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ocupan de la Compilación y Difusión de las Jurisprudencias y Tesis Aisladas del Poder Judicial, así como de los sistemas que se aplican, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, y al efecto manifestó lo siguiente:
"SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIERREZ, Ministro presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como lo señalado en la fracción II del acuerdo de `Reestructuración de las Dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ocupan de la Compilación y Difusión de las Jurisprudencias y Tesis Aisladas del Poder Judicial, así como de los sistemas que se aplican, denunció la posible contradicción de tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, en relación con la tesis establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Morelia, del Estado de Michoacán, bajo las siguientes consideraciones: 1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver la improcedencia número 549/83, Julio Humberto Hernández Fonseca, con fecha seis de octubre de mil novecientos ochenta y tres, sostuvo la tesis que aparece publicada en el informe de mil novecientos ochenta y tres, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 175, en el sentido de que: `VIOLACION PROCESAL NO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. MEDIOS PARA OBTENER LA RECEPCION DE PRUEBAS.- Si la cuestión planteada en la demanda de amparo no se refiere a la admisión o desechamiento de una prueba, sino a los medios y la forma en que el Juez de primer grado pretende emplear para obtener su recepción o desahogo, consistentes en que el oferente lleve personalmente los exhortos correspondientes a su destino y presente ante los jueces exhortados a sus testigos, para el desahogo de la testimonial a su cargo, resulta indudable que tratándose de actos de naturaleza irreparable procede el amparo indirecto, de conformidad a lo prevenido por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, no siendo, por tanto, reclamable la violación en amparo directo.'. 2. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia número 54/90, Mario Alberto Silva Alemán, con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa, sostuvo por unanimidad de votos que es reclamable en amparo directo la violación procesal, de que al quejoso no se le reciban las pruebas conforme a la ley. En consecuencia, someto a consideración de la Sala la presente denuncia para que se le dé el trámite que en derecho proceda."
SEGUNDO.- Por acuerdo de veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa, el Presidente de esta Tercera Sala mandó formar y registrar el expediente respectivo; en el mismo proveído solicitó a los Tribunales Colegiados referidos remitieran los expedientes en los que se sostienen las tesis materia de la denuncia o, en su caso, copias certificadas de las sentencias pronunciadas en los mismos.
TERCERO.- Con fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó el acuerdo que en seguida se transcribe:
"VISTO lo de cuenta y tomando en consideración la certificación que antecede, en la que consta que los autos del juicio de amparo 549/83 se extraviaron con motivo de los sismos registrados en el año de mil novecientos ochenta y cinco, por lo expuesto, fórmese expedientillo con el oficio 3735 que remite el subsecretario de Acuerdos de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo dígase a la superioridad que no es posible remitirle los autos que solicita en virtud de lo asentado en líneas precedentes, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar."
CUARTO.- Con fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa, el secretario de Acuerdos de la Tercera Sala hace constar que en la página 175, Tercera Parte, del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y tres, aparece publicada la tesis número 46 con el RUBRO: "VIOLACION PROCESAL NO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. MEDIOS PARA OBTENER LA RECEPCION DE PRUEBAS."
QUINTO.- Por auto de doce de noviembre de mil novecientos noventa, y habiéndose recibido en este Supremo Tribunal las copias certificadas que se le solicitaron al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el presidente de esta Tercera Sala ordenó dar vista con las actuaciones relativas a la denuncia al procurador general de la República, a fin de que expusiera su parecer dentro del plazo de 30 días, y una vez cumplimentado lo anterior, turnar los autos al Ministro Ignacio Magaña Cárdenas.
Mediante proveído de quince de enero de mil novecientos noventa y uno, el Presidente de esta Tercera Sala ordenó returnar el asunto al Ministro Salvador Rocha Díaz, en virtud de que por acuerdo del Pleno de este Alto Tribunal de fecha ocho del mismo mes y año, el Ministro Ignacio Magaña Cárdenas pasó a integrar la Cuarta Sala.
Por diverso proveído de dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, el presidente de la Tercera Sala ordenó pasar los autos, para su estudio, al Ministro Mariano Azuela Güitrón, tomando en consideración que al Ministro Salvador Rocha Díaz se le concedió licencia por un año a partir del veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno.
El asunto se recibió en la ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón el diez de marzo del presente año.
CONSIDERANDO:
UNICO.- Esta Tercera Sala es incompetente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis planteada, debiéndose remitir al Pleno de la Suprema Corte. Conforme con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.
Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, establecen la competencia de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte, respectivamente, para conocer de las contradicciones entre tesis que en amparos en las materias penal, administrativa, civil y laboral sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, las expresiones que en estos preceptos legales se contienen "contradicciones entre tesis que en amparos en materia penal, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito ..."; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia administrativa ..."; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia civil ..."; y "contradicciones entre tesis que en amparos en materia laboral sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito ...", no deben interpretarse literalmente para concluir que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte se determina atendiendo a que las tesis se sustenten en amparos penales, administrativos, civiles o laborales, independientemente de los criterios que entren en contradicción al resolverse esos amparos. La especialidad de las Salas hace lógico que resuelvan las contradicciones cuando los criterios relativos se sustenten sobre temas penales, administrativos, civiles y laborales pero no cuando en amparos en esas materias se sustenten cualquier tipo de criterios que entren en contradicción con los sostenidos por otro Tribunal Colegiado de Circuito. Si el tema no es especializado sino de materia común, por un lado no se da la justificación de la especialidad de la Sala para conocer de la contradicción entre tesis en ese tema; y, por otro, se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver las contradicciones entre tesis de Tribunales Colegiados establecidas en amparo penales, administrativos, civiles y laborales, sobre un tema no especializado, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción.
Son aplicables las tesis jurisprudenciales números 9/91 y 9/92 emitidas por la Tercera Sala y por el Tribunal Pleno, respectivamente, que dicen:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN DIVERSA A LA PENAL, ADMINISTRATIVA, CIVIL Y LABORAL. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE.- Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no deben interpretarse literalmente para concluir que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito se determina atendiendo a que las tesis se establezcan en amparos penales, administrativos, civiles o laborales, independientemente de los criterios que entren en contradicción al resolverse esos amparos. La especialidad de las Salas hace lógico que resuelvan las contradicciones cuando los criterios relativos se sustenten sobre temas penales, administrativos, civiles y laborales pero no cuando en amparos en esas materias se sustentan criterios sobre otra clase de materias que entren en contradicción con los sostenidos por otro Tribunal Colegiado de Circuito. Si el tema no es especializado sino de materia común, por un lado, no se da la justificación de la especialidad de la Sala para conocer de la contradicción entre tesis en este tema; y, por otro, se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver las contradicciones entre tesis de Tribunales Colegiados establecidas en amparos penales, administrativos, civiles y laborales sobre un tema no especializado, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello y conforme lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre temas no especializados en las materias mencionadas."
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no a la del amparo en que se dicta la resolución. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a materias comunes, no se justifica que aquéllas conozca de este tipo de contradicciones; además, de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones."
Por las razones señaladas y conforme con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre temas no especializados en las materias penal, administrativa, civil y laboral.
En la presente denuncia de contradicción, los criterios sustentados se refieren a una materia común, como lo es la relativa a la violación procesal consistente en que al quejoso no se le reciban pruebas conforme a la ley.
En efecto, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha sentado la jurisprudencia que quedó transcrita dentro del primer resultando de este fallo.
Por su parte, en el considerando relativo de la sentencia dictada en la improcedencia civil 54/90, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito sostuvo el siguiente criterio:
"Mario Alberto Silva Alemán, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y al relatar los antecedentes de su demanda, afirmó que ante el Juzgado Quinto Civil de esta ciudad, le fue demandada la terminación del contrato verbal de arrendamiento celebrado sobre el inmueble en que tiene su domicilio; que al dar contestación a la demanda ofreció, como prueba de su parte, los autos de los expedientes relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre ofrecimiento de pago y consignación de rentas, números 2468/86 y 455/89, y que el juez instructor, en proveído de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, le negó la admisión de tales medios de convicción, motivo por el cual interpuso en contra de él, recurso de apelación; que al resolver sobre el mismo, la autoridad responsable confirmó la determinación del a quo, mediante una resolución contradictoria en la que persistió en la negativa a admitirle de plano las pruebas, por lo cual promovió la queja constitucional. La determinación que es materia del presente recurso, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, desechó la demanda de garantías, por la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, aduciendo el a quo: "... tomando en consideración que los actos reclamados se hacen consistir en la sentencia dictada por ese Magistrado en el Toca número I-159/989, que confirmó un acuerdo dictado con fecha diecisiete de julio del mismo año por el Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad en el juicio ordinario civil número 747/989, en el que se negó que se `tuvieran a la vista' dos expedientes relativos a diligencias de jurisdicción voluntaria que fueron tramitados en ese juzgado con los números 2468/986 y 455/989, y que aun cuando los actos reclamados derivan de un determinado procedimiento judicial no puede estimarse que sean de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que esa negativa de tener a la vista dos expedientes equivale a un desechamiento de prueba documental que de admitirse podría no influir en el sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio que dio origen a los actos reclamados, ya que ésta bien puede ser favorable a sus intereses ...". Los agravios que impugnan lo así resuelto, son infundados. En efecto, según se advierte de la lectura de los antecedentes de la demanda, que relató el quejoso, la resolución combatida por medio del juicio de garantías, modificó el proveído materia de la apelación en los siguientes términos: "... Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 1989. Vista la certificación ... Por otro lado y con apoyo en el artículo 366, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles y de tramitarse en este juzgado como lo afirma el ocursante se mandan agregar a este juicio los autos de los expedientes números 2468/986 y 455/989, relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria que sobre ofrecimiento de pago y consignación de rentas promovidas a favor de Pedro Rodríguez Chávez y Celia Jiménez Patricio, si su estado procesal lo permite, para que sean tomados como medio de prueba de la parte demandada, en su momento procesal oportuno ...". El artículo 159, de la Ley de Amparo, establece que: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley." Del contenido del precepto legal antes transcrito, claramente se desprende que la fracción III contiene dos hipótesis, la primera de ellas referida a los casos en que no se le reciban al quejoso las pruebas que legalmente haya ofrecido, y la segunda cuando no se le reciban conforme a la ley, que es el caso de la violación procesal reclamada por el ahora recurrente, siendo que, además, los conceptos de violación señalan infractor de garantías el acto reclamado, por el proceder de la responsable de sujetar a dos condiciones la orden de que se agreguen al juicio principal los autos de los expedientes números 2468/86 y 455/89, relativos a las diligencias de consignación de rentas. En esas condiciones, al resultar infundados los agravios formulados, lo procedente es que se confirme la resolución recurrida."
En consecuencia, esta Tercera Sala resulta incompetente para conocer del presente asunto porque los criterios contradictorios de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, sostenidos en las respectivas improcedencias, no se refieren a la materia civil sino a una materia de amparo.
Debe destacarse que la multiplicación de tribunales colegiados lógicamente provoca que la contradicción entre tesis sostenidas por unos y otros, sean un fenómeno que sólo puede superarse a través de la denuncia respectiva, la que debe resolverse a la brevedad posible por tratarse de una afectación a la seguridad jurídica.
Por estas razones debe remitirse el presente asunto al Pleno de la Suprema Corte para que el propio Ministro ponente designado por la Sala, que ya estudió el tema, presente el proyecto respectivo, dándose prioridad a su vista en el orden que corresponda, lo que se fundamenta en la aplicación analógica del acuerdo I/88 relativo a los asuntos de la competencia originaria del Pleno que deben pasar a las Salas pues si en él se establece que cuando se dé alguna de las hipótesis para tomar esa medida el asunto que se remita deberá conservarlo en Sala el mismo Ministro designado como ponente respecto del Pleno, puesto que existe la misma razón ya expresada de que habiéndose lógicamente estudiado el asunto por un Ministro y por ello debe aplicarse igual disposición, además de que carece de sentido que se envíe a otro pues con ello se afectaría la garantía de celeridad en la administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución. Además, por los mismos motivos, debe determinarse con base en la aplicación analógica del acuerdo aludido que debe seguirse tramitación similar a la que en él se especifica, con la única diferencia de que en el caso el asunto, radicado originalmente en la Tercera Sala pasa al Pleno, bajo la responsabilidad del propio ponente.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Esta Tercera Sala es incompetente para resolver la denuncia de contradicción de tesis, debiéndose remitir al Pleno de la Suprema Corte para los efectos de su competencia.
SEGUNDO.- Conforme al trámite simplificado señalado en Acuerdo I/88 del Pleno de este Alto Tribunal formúlese el proyecto de acuerdo de radicación y turno al propio ponente y pásese a firma del presidente de este Alto Tribunal.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/339-f6f4544c/tramite-de-asuntos-que-pasan-de-las-salas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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