MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. DECLARADA SU NULIDAD, GENERA EL PAGO DE INTERESES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 162/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 5 DE MARZO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cinco de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional consiste en determinar a partir de qué momento un pago efectuado por concepto de multa municipal declarada nula se considera pago indebido para los efectos de generar el derecho a intereses conforme al artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato: desde la fecha del pago o desde la firmeza de la sentencia que declara la nulidad; y, determinar si la anulación de una multa municipal da lugar al pago de lo indebido, susceptible de generar intereses, en términos del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio enviado al correo institucional de este Pleno Regional el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano jurisdiccional y el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y sede, al resolver los amparos directos 235/2024, 438/2024, 457/2024, 458/2024, 524/2024, 549/2024; 183/2024 y 562/2024, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por auto de presidencia de veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, este Pleno Regional registró la denuncia de posible contradicción de criterios con el número 162/2025. En la misma actuación se solicitó a los tribunales colegiados de circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; además, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de tribunal colegiado. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el informe proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, a través del cual hizo del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Omisión de tribunal colegiado. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, no atendió el requerimiento que se le dirigió para que informara si sus criterios sustentados en los amparos directos 235/2024, 438/2024, 457/2024, 458/2024, 524/2024 y 549/2024 seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; sin embargo, de las constancias de autos no se advierte el abandono de los criterios.
7. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el mismo proveído de diez de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
8. Confirmación del turno electrónico. En auto de diez de diciembre de dos mil veinticinco, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Amicus curiae. No se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
10. Aplazamiento. El veintiséis de enero de dos mil veintiséis, el asunto fue listado para verse en sesión de seis de febrero siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha; y,
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente;(1) 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(2) 6 fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4, del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023, que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa del Decimosexto Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente,(3) al ser formulada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver los amparos directos 183/2024 y 562/2024, cuyos criterios contienden en esta contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de poder determinar la existencia de la contradicción de criterios y debido a la cantidad de ejecutorias denunciadas y que en la mayoría de ellas se sostiene el mismo criterio al ser emitidas por un mismo tribunal, por economía procesal, únicamente se precisarán los antecedentes y las consideraciones del primer criterio emitido por cada tribunal y de los posteriores solo los antecedentes.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo 235/2024.
14. Juicio de nulidad. Por escrito presentado a través del Sistema Informático del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés una persona física reclamó la boleta de infracción con folio **********, así como la determinación de un crédito fiscal derivado de la referida multa.
15. La Sala Especializada del Tribunal citado registró la demanda con el consecutivo **********/Sala Especializada/23 y la admitió a trámite. Seguida la tramitación del juicio, el treinta de enero de dos mil veinticuatro, dictó sentencia con los puntos resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Esta Sala Especializada resultó competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto en el Considerando Primero de esta Sentencia.
SEGUNDO. NO SE SOBRESEE EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando Tercero del presente fallo.
TERCERO. Se declara la NULIDAD TOTAL del acto impugnado, conforme a lo establecido en el Considerando Cuarto.
CUARTO. SE RECONOCE EL DERECHO de la parte actora y se condena conforme a lo manifestado en el Considerando Quinto de esta sentencia.
Notifíquese a las partes.”
16. Juicio de amparo. Inconforme con esa determinación la parte actora promovió juicio de amparo directo, el que por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien lo registró con el número 235/2024 y lo admitió a trámite.
17. Sentencia. Seguidos los trámites de ley, en sesión de trece de febrero de dos mil veinticinco, el referido tribunal dictó sentencia en la que determinó negar el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
“(...)
OCTAVO. Estudio. El concepto de violación hecho valer es infundado, pero antes de proceder a darle respuesta, es necesario hacer las precisiones siguientes.
Antecedentes
(...)
Intereses moratorios
En contra de esta última determinación, como ya se expuso, la parte quejosa alega que contrario a lo que la Sala interpretó, el derecho a recibir intereses, cuando derive del cumplimiento a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, es exigible desde que se efectuó el pago, como lo establece el artículo 53, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, porque sólo así se restituye a los gobernados en el pleno goce del derecho transgredido.
El argumento es infundado.
En primer lugar, se explicará la naturaleza de los intereses, a fin de determinar a partir de cuándo procede su pago.
Como el propio quejoso lo advierte, el pago de intereses en materia fiscal, es una forma de resarcir al contribuyente por el perjuicio económico causado, al no disponer de la suma que la autoridad fiscal tuvo en su poder de manera indebida.
Esto es, es una indemnización o sanción por mora de la autoridad.
En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/2000-SS, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil, analizó la naturaleza de los intereses fiscales y su diferencia con la actualización.
En dicha sentencia, teniendo presente lo que debe entenderse por intereses, conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ese alto Tribunal explicó que los intereses son las ganancias o utilidades que se obtienen en forma accesoria al cumplimiento de una obligación.
Existen diversas clases, entre otros, los moratorios, que son los destinados a reparar el perjuicio resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una obligación.
Explicó que los intereses que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en su artículo 22, corresponden a los previstos como moratorios en la legislación civil, pues constituyen una indemnización al contribuyente por parte del fisco federal por la devolución inoportuna del pago de las contribuciones enteradas indebidamente o en exceso.
Señaló, en lo que aquí interesa, que, conforme a la naturaleza jurídica de los intereses por el monto del pago de lo indebido, son accesorios de la contribución pagada de manera incorrecta y tienen por objeto indemnizar al contribuyente por la devolución inoportuna de ese pago.
En este sentido, la Segunda Sala concluyó que los intereses previstos en materia fiscal con motivo de la devolución de contribuciones son de naturaleza moratoria, es decir, son los destinados a reparar el perjuicio resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una obligación.
De ahí que constituyen una indemnización al contribuyente por parte del fisco por la devolución inoportuna.
Pago indebido
Conforme a lo expuesto y como así lo reconoce la propia parte quejosa en su concepto de violación, el derecho al pago de intereses que reclama, nace directamente de devolver el pago de lo indebido, que también explica, ocurre cuando el contribuyente paga un crédito que posteriormente estima es indebido, por una equivocación cometida por él.
En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el pago de lo indebido como todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia.
Este criterio está contenido en la tesis 1a. CCLXXX/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 528, Décima Época, Registro digital: 2002346, del siguiente contenido:
PAGO DE LO INDEBIDO Y SALDO A FAVOR. CONCEPTO Y DIFERENCIAS. (Se transcribe).
En ese mismo orden de ideas, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la diversa tesis 2a. XXXII/2011, sostiene que la devolución del ‘pago de lo indebido’, que es el tema que aquí se analiza, tiene su origen en un principio: el contribuyente sólo debe lo que la ley ha establecido, de lo cual deriva que cuando se verifica un determinado hecho imponible, surge la obligación limitada al supuesto y a la cantidad que la ley ha querido imponer, pero si el gobernado ha pagado una cantidad distinta de la que la norma impone, por un hecho que no está previsto como supuesto de la obligación limitada al supuesto de la obligación, por el mismo principio de legalidad surge para el Estado la obligación de devolver, y nace, para el que ha pagado, el derecho de crédito para solicitar el pago de lo indebido.
De esta manera, explicó que el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso; es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia.
La tesis puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 669, Novena Época, Registro digital: 162440, que dice:
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES A DEVOLVER POR EL FISCO. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ DE MANERA DISTINTA SEGÚN DERIVE DE UN SALDO A FAVOR O DE UN PAGO DE LO INDEBIDO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe).
Bajo este orden de ideas, si el pago indebido son todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso –porque no las adeudaba al fisco- y que por consecuencia, tiene derecho a que se le devuelvan; es claro que una vez reconocido que el pago, efectivamente, es indebido, la negativa de hacer la devolución o bien, la omisión de efectuarla dentro de los plazos legales, es la conducta que se sanciona con el pago de intereses calculados a partir de la fecha en que se realizó el pago indebido.
Esto, tomando en consideración que los intereses moratorios en materia fiscal, son los destinados a reparar el perjuicio resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una obligación. En el caso, del deber de devolver o reintegrar, el cual surge de un pago indebido, es decir, de un pago que recibió el fisco, sin que exista obligación, de ahí que es indebido.
Estos mismos principios se encuentran reconocidos en el Código Fiscal para el Estado y la Ley de Hacienda para los Municipios de Guanajuato, que regulan el acto impugnado en el juicio de origen, de ahí que resulte aplicable al caso; concretamente, los artículos 40 y 41, fracción II, del Código Fiscal estatal, en lo que aquí interesa, prevén lo siguiente:
Devoluciones por pago de lo indebido y saldo a favor
Artículo 40. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate.
...
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del décimo quinto párrafo de este artículo.
Intereses por devoluciones fuera de plazo
Artículo 41. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 40, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 38 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada.
Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de:
...
II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito.
Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectuó el pago.
...
Por su parte, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda citada, son del tenor siguiente:
Artículo 52. Las autoridades fiscales estarán obligadas a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.
Los retenedores podrán solicitar la devolución, pero ésta se hará directamente a los contribuyentes.
Si el pago de lo indebido se hubiere efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiere quedado insubsistente.
Artículo 53. Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva.
Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución, la Tesorería Municipal deberá pagar intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 49 de esta ley. Los intereses se calcularán sobre las cantidades que proceda devolver, excluyendo los propios intereses y se computarán desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener de la Tesorería Municipal el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley de Ingresos del Municipio que corresponda para los recargos, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago.
En esta transcripción, se ven reiteradas las figuras jurídicas del pago indebido y de los intereses, estos últimos como una forma de indemnización en caso de mora.
También se advierte que cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo legal establecido, se pagarán intereses a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo; y que para el supuesto de que el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad, en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se pagó dicho crédito.
En cambio, cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos y por los posteriores, a partir de que se efectuó el pago.
Estas disposiciones se repiten en el precepto 52 de la Ley de Hacienda para los Municipios, en donde se establece que las autoridades fiscales estarán obligadas a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente.
Además, se hace la acotación de que el pago indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiere quedado insubsistente.
Ahora, sobre el pago de intereses, el artículo 53 reproducido, prevé que cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva.
Que, si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución, la Tesorería Municipal deberá pagar intereses, que se computarán desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado.
En otro apartado el precepto establece que el contribuyente que, habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad, obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener el pago de intereses, “sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago”.
Como se ve, este último precepto distingue dos supuestos en los que procede el pago de intereses, a saber: a) cuando previa solicitud de devolución, ésta no se realice dentro del plazo con motivo de la devolución de pagos indebidos, y b) Cuando existiendo pago de un crédito fiscal, el contribuyente interponga medio de defensa y obtenga resolución firme favorable total o parcialmente.
Sin embargo, en ambos casos se habla de pagos indebidos, esto es, cometidos por una equivocación, ya sea del propio contribuyente o de la autoridad fiscal, que así lo determinó; así como también se destaca el pago de intereses por causa de mora.
Multa por infracción al Reglamento de tránsito
Puntualizado lo anterior, cabe ahora precisar si como la quejosa lo alega, en el caso procede el pago de intereses desde que efectuó el pago.
Para tal efecto, cabe reiterar que el veintisiete de mayo de dos mil veintitrés, se levantó la boleta de infracción con número de folio **********, por parte de un elemento adscrito a la Dirección General de Tránsito Movilidad y Transporte Municipal de Guanajuato, capital, a cargo del demandante del amparo, **********, por la que se le impuso una sanción económica, que asciende a **********.
Como motivo de la infracción se asentó, por la conducta descrita como: “no porta logotipo...”; la cual se ubicó en el supuesto establecido en la fracción VI del artículo 223 del Reglamento de Movilidad para el Municipio de Guanajuato, la cual establece:
Artículo 223.- Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en los lugares siguientes:
...
VI. En los espacios destinados a los vehículos de personas con discapacidad o movilidad reducida, así como los de sus rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales, salvo que las placas del vehículo o el permiso correspondiente les acredite para el uso de dichos espacios;
...
El seis de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa pagó la sanción económica fijada, como se comprueba con el recibo número **********, que obra en autos (foja 7).
De acuerdo con lo anterior, la multa o sanción económica impuesta es un crédito fiscal, porque comparte la naturaleza de una contribución, en términos del artículo 4, último párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.
En ese sentido, es evidente que no constituye un pago indebido, porque su entero no deriva de un error aritmético, de cálculo o de apreciación de alguna obligación tributaria a cargo de la parte quejosa, es decir, no es una suma que no adeudara al fisco pero que aun así la pagó; sino que este acto se dio dentro del marco legal establecido por el Reglamento de Movilidad para el Municipio de Guanajuato, que resultó del hecho de que el gobernado no cumplió con la prohibición prevista en la fracción VI del artículo 223 de dicho ordenamiento, que le impide estacionarse en los espacios destinados a los vehículos de personas con discapacidad.
De esta manera, el pago de la multa no lo efectuó por un error ni por una cantidad a la que no estuviera obligado, sino que lo hizo por haber sido sancionada por una infracción de tránsito que cometió; esto es, el pago surgió por la aplicación de una sanción económica a la que sí estaba obligado a pagar, mas no por un exceso o error, que define al pago indebido.
Esto es así, porque como la Sala responsable lo señaló, conforme al artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la sanción económica derivada de una infracción de tránsito, como acto administrativo que es, gozaba de la presunción de legalidad; de ahí que la quejosa se vio conminada a efectuar el entero de la multa impuesta por la infracción cometida.
Luego, si como se explicó, el pago indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco; resulta que, en el caso particular, el entero de la multa no fue un pago indebido, porque sí se adeudaba en ese momento.
Por consiguiente, aun cuando en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de la multa por un vicio formal, como es la indebida motivación, su entero no puede considerarse que fue un pago indebido, porque éste no se realizó por un error, sino en cumplimiento a una sanción impuesta por una infracción a las normas de tránsito.
Por tanto, el planteamiento del quejoso en el sentido de que tiene derecho al reembolso de intereses sobre la cantidad pagada indebidamente, calculados a partir de que efectuó el entero, es infundado, porque contrario a lo que alega, en la sentencia reclamada no se declaró la existencia de un pago indebido, sino sólo se advirtió que el acto administrativo impugnado está indebidamente motivado, por lo que, ante tal vicio legal, se declaró su nulidad; pero esto de ningún modo implica que la autoridad deba resarcir al gobernado, toda vez que la autoridad fiscal recibió y tuvo en su poder la cantidad pagada de manera debida, puesto que fue con motivo de la multa impuesta, que hasta ese momento en que se efectuó el pago, el seis de junio de dos mil veintitrés, gozaba de la presunción de legalidad.
Ahora, como se explicó, tomando en consideración que el pago de intereses en materia fiscal, tienen por objeto indemnizar al contribuyente por el perjuicio económico por mora, es decir, por el cumplimiento inoportuno o extemporáneo de la obligación de devolver un pago indebido; resulta entonces, que, en el caso, hasta este momento, no hay perjuicio económico alguno qué subsanar, porque la autoridad fiscal estará obligada a reintegrar la suma pagada, hasta que la sentencia reclamada cause ejecutoria, lo que no ha sucedido.
Es así, que la responsable actuó con apego a derecho al resolver que la nulidad del acto impugnado por un vicio formal, no es motivo para que se sancione a la autoridad, con una condena al pago de intereses moratorios desde que se cubrió la multa, pues no es el caso del reintegro de un pago indebido, extemporáneo o fuera del plazo.
Lo anterior, pues se insiste, es hasta que se dictó la sentencia de nulidad -y no antes, como la responsable lo apuntó-, cuando nació a la vida jurídica el derecho de la quejosa a que se le reintegre la cantidad relativa, pero derivado de la declaración de nulidad, mas no por un pago improcedente que surge de manera inmediata, como ocurre con el pago indebido que se realiza en exceso por error y que, por lo mismo, da lugar a su devolución, junto con el pago de intereses, de no reintegrarse en el plazo legal, luego de haberse solicitado, en términos del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado.
En ese sentido, contrario a lo argumentado por la peticionaria del amparo, la responsable estuvo en lo correcto al resolver que para resarcir a la contribuyente de la ilegalidad cometida, basta con que la autoridad demandada devuelva la cantidad enterada debidamente actualizada, esto es, con su valor real en la fecha en que se realice el reintegro correspondiente; y que sólo procederá el pago de intereses, si, una vez que se declare que la sentencia ha causado ejecutoria, la autoridad no realiza el reintegro dentro del plazo de cinco días que le fue concedido, pues sólo ante este supuesto, se le deberá indemnizar por los perjuicios que ocasiona la falta de pago oportuno.
De este modo, es inexacto que la responsable resolvió teniendo como premisa, que el derecho al pago de intereses reclamado, surgió por el trámite de una solicitud de devolución de pago indebido.
De igual forma, es infundado que la Sala restringió el derecho del quejoso a ser resarcido de los daños que sufrió al haber efectuado un pago indebido, pues ya quedó establecido que no existe tal, toda vez que el pago de la sanción económica no fue un error, si la multa fue impuesta por la autoridad administrativa con la facultad de imperio y dentro del marco previsto en el Reglament
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34159-9fb2a8f8/multa-por-infraccion-de-transito-en-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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