LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO DE USUCAPIÓN. CARECE DE ELLA LA PERSONA TITULAR DE UNA INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 51/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, MÓNICA SALOMA PALACIOS Y VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: DULCE REBECA GONZÁLEZ OSORIO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Civil del Segundo Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si la persona a favor de quien se inscribe un bien inmueble mediante una inmatriculación administrativa realizada a solicitud de parte interesada, cuenta o no con legitimación pasiva en la causa en el juicio de usucapión, en términos del artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México.(1)
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el treinta de marzo de dos mil veintiséis, las personas integrantes de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, Primero y Segundo, al resolver los amparos directos 58/2025 y 376/2025, con el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo 253/2025.
4. Radicación del asunto. En proveído de seis de abril de dos mil veintiséis, se admitió a trámite la contradicción de criterios con el expediente 51/2026; se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados. De igual forma, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, consistente en “Determinar si, conforme a la legislación civil del Estado de México, la inmatriculación administrativa sobre un bien inmueble a nombre de una persona, constituye un título de propiedad y, por ende, la legitima para ser llamada al juicio en el que se ejercita la acción de usucapión”.
5. Asimismo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. Informes de vigencia. En acuerdos de presidencia de diez, catorce y dieciséis de abril de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Segundo, todos en Materia Civil del Segundo Circuito, respectivamente, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
7. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En acuerdo de presidencia de veintisiete de abril de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
8. Confirmación del turno electrónico. En acuerdo de presidencia de veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se confirmó el turno del asunto a la ponencia de la magistrada Mónica Saloma Palacios, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Aplazamiento. En sesión de veintiocho de mayo de dos mil veintiséis se determinó dejar en lista el asunto para ser incluido por segunda ocasión en la diversa de quince de junio siguiente.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados especializados en materia civil pertenecientes al segundo circuito, que corresponde a la demarcación territorial y especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por las personas magistradas integrantes de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quienes son parte en los juicios de amparo de los que derivaron los criterios en contienda, con el carácter de autoridad responsable.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo 58/2025, en sesión de once de junio de dos mil veinticinco.
a) Antecedentes del caso.
14. Compraventa. Una persona adquirió por compraventa un inmueble, el cual se encontraba inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad a favor de la parte vendedora derivado de una resolución de inmatriculación administrativa.
15. Juicio ordinario civil. La parte compradora demandó de la parte vendedora, en la vía ordinaria civil, la prescripción adquisitiva (usucapión) de dicho inmueble.
16. La demanda se radicó ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, cuya persona titular dictó sentencia el veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, en la que determinó improcedente la acción intentada por falta de legitimación pasiva en la causa de la parte demandada a quien absolvió de las prestaciones reclamadas, sin hacer condena en costas.
17. Recurso de apelación. En desacuerdo, la persona actora interpuso recurso de apelación, el cual se radicó ante la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuyas personas magistradas dictaron sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, sin hacer condena en costas.
18. Amparo directo. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con el expediente A.D. 58/2025.
19. En sesión de once de junio de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos, el pleno del citado tribunal colegiado resolvió negar el amparo.
b) Consideraciones del tribunal colegiado.
“(...)
60. SÉPTIMO.
(...)
70. Son insuficientes los argumentos sintetizados para combatir la totalidad de las consideraciones que dieron sustento al fallo reclamado.
71. Lo anterior, porque la sala responsable desestimó los agravios que expuso el ahí apelante, conforme a las siguientes consideraciones:
72. a) Respecto al agravio sobre la falta de análisis objetivo del Certificado de Inscripción, la Sala lo consideró infundado. Fundamentó su conclusión en las siguientes consideraciones:
• El apelante demandó la prescripción positiva (usucapión) de un inmueble en *******, Estado de México, manifestando haberlo adquirido mediante contrato de compraventa con la demandada.
• El apelante exhibió el Certificado de Inscripción del folio real electrónico ******** para demostrar que el inmueble está inscrito en el Registro Público a favor de la demandada. Este certificado goza de eficacia probatoria plena por ser un documento público expedido por autoridad facultada.
• Del certificado se advierte que el inmueble inscrito en el folio real ******** se encuentra a nombre de ********* ****** *********, derivado de una inmatriculación administrativa resuelta el veinte (20) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993).
• La Sala explicó que la inmatriculación es la inscripción de un bien que carece de antecedentes registrales en el Instituto de la Función Registral (antes Registro Público de la Propiedad). Es el acto mediante el cual se materializa en el registro la primera inscripción de dominio a favor del inmatriculante.
• Sin embargo, y aquí radica una consideración central de la Sala, la inmatriculación por sí misma no genera el derecho sustantivo de propiedad ni puede considerarse un título de propiedad. Su finalidad es asignar un antecedente registral con efectos declarativos.
• Las inscripciones realizadas en el Registro Público son declarativas, no constitutivas de derechos reales. El derecho de propiedad o cualquier otro derecho real nace de un acto jurídico previo celebrado fuera del registro. La inscripción simplemente declara o refleja ese derecho ya nacido para hacerlo del conocimiento de terceros y dar certeza jurídica.
• La Sala citó jurisprudencia que apoya este principio fundamental del Registro Público:(3) la inscripción no es constitutiva de derechos; la traslación de dominio se hace por el acto jurídico celebrado entre las partes, y la inscripción es una mera declaración de lo realizado. Incluso, la falta de inscripción de una compraventa no implica la nulidad de la operación.
• Por lo tanto, la inscripción administrativa de la demandada no podía ser considerada un título de propiedad en el sentido que pretendía el apelante. El hecho de que solo se inscribiera la inmatriculación administrativa en la oficina registral no permite al accionante pretender inscribir el derecho de propiedad a su favor mediante la figura de la usucapión basándose en la interpretación que dio al certificado.
73. b) En cuanto al agravio sobre la supuesta falta de fundamentación y motivación, la Sala también lo consideró infundado. Argumentó que el Juez de primera instancia sí cumplió con la obligación de fundar y motivar su resolución. El Juzgador identificó el marco jurídico aplicable, señaló las disposiciones legales pertinentes y expuso de manera razonada las circunstancias que justificaron la aplicación de la norma al caso. La Sala distinguió entre la falta de fundamentación/motivación (violación formal) y la indebida o incorrecta fundamentación/motivación (violación material o de fondo), concluyendo que en el caso no hubo la primera, esto es, determinó que la sentencia sí estaba fundada y motivada.
74. c) En ese sentido, respecto de la falta de fundamentación y motivación esgrimida, que el al (sic) agravio sobre la inaplicabilidad de los criterios jurisprudenciales, la Sala lo calificó como inoperante por insuficiente. El apelante no demostró que la consideración sustancial del Juez (es decir, que el acto de inmatriculación administrativa no genera derechos sustantivos de propiedad) fuera incorrecta. Los conceptos de inconformidad resultaron insuficientes al no atacar los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el fallo, lo que impuso confirmarlo por la insuficiencia de los propios agravios.
75. Como se ve, en los conceptos de violación que se analizan se deja de cuestionar las consideraciones por las cuales se concluyó que la acción de usucapión debe promoverse en contra del propietario del bien que aparece en la institución registral respectiva, y no así en contra de quien carece de ese derecho y solo aparece como inmatriculante administrativo del bien que carecía de inscripción registral, registrando únicamente su posesión.
76. El quejoso insiste en señalar que la demandada sí tiene legitimación pasiva a pesar de contar solo con una inmatriculación administrativa, con lo cual reconoce que la demandada no tiene ningún derecho de propiedad inscrito registralmente, solo basta que aparezca como la persona que inscribió administrativamente el inmueble.
77. Sin embargo, con ello no se combate los motivos ni el fundamento legal que desde la sentencia de primer grado dio sustento a la decisión reclamada, entre ellos, el artículo 5.140 del Código Civil del Estado de México, que señala:
‘Legitimación pasiva en la usucapión
Artículo 5.140.- La usucapión de los bienes inmuebles se promoverá contra el que aparezca como propietario en el Registro Público de la Propiedad’.
78. Numeral a partir del cual, desde la primera instancia del juicio y cuya resolución fuera confirmada en apelación, se consideró que la persona que apareciera como aquella que estuviera inscrito el inmueble materia del juicio, tuviera efectivamente la calidad de propietaria y no solo de aquella que solo inscribió administrativamente el referido bien, al carecer de asiento registral.
79. Además, lo afirmado en el sentido de que el quejoso tiene conocimiento de que la demandada es la verdadera propietaria, se trata de un argumento subjetivo que no se encuentra corroborado, pues el disconforme deja de exponer los medios de prueba en los que apoya tal conclusión, máxime que la sala responsable confirmó la determinación del juez de primer grado, en donde se evidenció que la inmatriculación administrativa que llevó a cabo la demandada no le otorga derechos de propiedad, solo la inscripción registral con efectos declarativos.
80. En cuanto a las tesis que invoca el quejoso, con apoyo en las cuales agrega que la prescripción adquisitiva se debe dirigir contra quien aparece como propietario registral y también en contra del verdadero propietario, cuando no coincidan, si el poseedor sabe de antemano quién es este último: se trata de argumentos novedosos, pues no se hicieron valer ante la sala responsable a modo de agravios, a pesar de que estuvo en condiciones jurídicas y materiales de hacer valer tales cuestiones, pues desde la sentencia de primer grado se resolvió la falta de legitimación pasiva en la causa de la demandada, aunado a que como se ha visto, en el caso la reo natural únicamente tiene inscrito un derecho posesorio en el Registro Público de la Propiedad a virtud de su inmatriculación administrativa, por lo que en esa medida que su inconformidad, en la medida de lo que propone es ineficaz.
81. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169923, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de 2008, página 39, del rubro y texto siguientes:
‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. (...)
82. Sin que lo aseverado en torno a que se le niega ser declarado propietario por una circunstancia ajena al propio quejoso, consistente en que la demanda no hubiera consumado la usucapión de su inmatriculación administrativa, constituya un argumento por el cual se combata la calificación de infundados e inoperantes los agravios, pues con ello no se cuestiona el fundamento y motivación por el cual, desde la sentencia de primer grado, se determinó que dicha acción se debe promover en contra del propietario que aparece registralmente, y no solo en contra de quien llevó a cabo una inmatriculación administrativa que el propio quejoso reconoce.
83. Sin que la sala responsable se limitara a repetir lo dicho por el juzgador de primer grado, sino que expuso las razones y fundamentos por los cuales, por un lado, calificó de infundados e inoperante por insuficiente, los agravios que analizó, en los términos de las consideraciones que han quedado sintetizadas en párrafos anteriores; de ahí que no prospere el argumento examinado.
84. A más de que la sala responsable citó los artículos del Código Civil del Estado de México, abrogado, al referirse a las consideraciones que sobre esa cuestión analizó el juzgador de primera instancia, respecto de los efectos de la inmatriculación administrativa que se realizó bajo la vigencia de esa ley, sin que tal aspecto le causara perjuicio alguno al quejoso, ya que de cualquier manera esa institución (inmatriculación administrativa) conserva su naturaleza meramente declarativa ante el instituto registral, no así constitutiva del derecho de propiedad.
85. Y en torno a la aplicación de los criterios jurisprudenciales relacionados con la inmatriculación administrativa que citó el juez de primer grado, el quejoso indica que no son aplicables y expone las razones para ello; sin embargo, dicho argumento también fue expuesto como agravio ante la sala responsable, y esta lo calificó como inoperante por insuficiente, al considerar que el apelante no demostró que la consideración sustancial del Juez (es decir, que el acto de inmatriculación administrativa no genera derechos sustantivos de propiedad) fuera incorrecta y por ello los conceptos de agravio resultaron insuficientes al no atacar los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el fallo.
86. En ese tenor, el quejoso deja de exponer las razones por las cuales sus agravios respectivos no eran inoperantes por insuficientes, solo insiste en exponer los mismos argumentos que expuso como agravios; de ahí que en esta instancia constitucional también resulten inoperantes los conceptos de violación respectivos.
87. Se comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XXI.1o. J/19, con registro digital 188866, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 1137, del rubro y texto siguientes:
‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS.' (...)
88. Al haberse desestimado los conceptos de violación, tampoco resultan aplicables, en el sentido en que lo pretende el quejoso, las tesis que invoca como sustento de aquellos, por vía de consecuencia.
Decisión
89. Ante lo inoperante de los conceptos de violación y sin que se advierta que el quejoso se coloque en algún supuesto de suplencia de la queja deficiente, se impone negar el amparo solicitado.
(...)"
B. Criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo 253/2025, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.
a) Antecedentes del caso.
20. Compraventa. El treinta de agosto de dos mil diecinueve, una persona adquirió por compraventa el inmueble inscrito en el entonces Registro Público de la Propiedad, a favor de la parte vendedora, mediante una inmatriculación administrativa de quince de mayo de dos mil diecinueve.
21. Juicio sumario de usucapión. El once de noviembre de dos mil veinticuatro, la parte compradora demandó de la parte vendedora, en la vía sumaria, la prescripción adquisitiva (usucapión) de dicho inmueble.
22. La demanda se radicó ante el Juzgado en Materia de Juicios Sumarios de Usucapión de Lerma, Estado de México, cuya persona titular en auto de veinte de noviembre de dos mil veinticuatro la admitió a trámite con el expediente *********.
23. El tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo a la parte demandada allanándose de las prestaciones reclamadas.
24. El diez de diciembre de dos mil veinticuatro, se dictó sentencia en la que se determinó que la parte demandada carecía de legitimación pasiva en la causa, por lo que quedaban a salvo los derechos de la parte actora, para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente.
25. Recurso de apelación. En desacuerdo, la persona actora interpuso recurso de apelación, el cual se radicó ante la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuyas personas magistradas dictaron sentencia el doce de febrero de dos mil veinticinco, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, sin hacer condena en costas.
26. Amparo directo. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con el expediente A.D. 253/2025.
27. En sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, por unanimidad de votos, el pleno del citado tribunal colegiado resolvió conceder el amparo.
b) Consideraciones del tribunal colegiado.
“(...)
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son esencialmente fundados, de acuerdo con las consideraciones jurídicas siguientes.
Certificado de inscripción en el Instituto de la Función Registral.
34. Contrariamente a lo indicado por la autoridad responsable, del análisis integral del certificado de inscripción que obra en el expediente de origen con folio real electrónico ***** del Instituto de la Función Registral de *************, Estado de México, se aprecia que ******* ****** ****** aparece como la persona inscrita respecto del inmueble materia del litigio.
35. Tal circunstancia no fue objeto de contradicción registral alguna, pues dentro del folio no se advierte asiento posterior, anotación preventiva, corrección, rectificación, reserva de derechos o cancelación que identifique a un tercero distinto como titular registral, sino que solamente se advierte una fe de erratas en el sentido de que no constaba la fecha de la inscripción de la inmatriculación administrativa.
36. De acuerdo con lo anterior, la sala responsable sustentó la falta de legitimación pasiva en la circunstancia de que el certificado de inscripción contenía una fe de erratas relacionada con una inmatriculación administrativa, la que no constituye derechos de propiedad y por ello el demandado carecía de legitimación pasiva, porque las inmatriculaciones administrativas solamente generan derechos declarativos mas no constitutivos de derechos.
37. Sin embargo, este tribunal colegiado no comparte esa consideración al considerar que sí está acreditada la legitimación pasiva del demandado de acuerdo con lo siguiente.
38. Es importante destacar que los artículos 8.1, 8.2 y 8.3 del Código Civil del Estado de México, disponen que el Registro Público de la Propiedad tiene como finalidad dar certeza y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, así como las demás finalidades previstas en el propio Código, en la Ley Registral y en el Reglamento.
39. Las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen del acto jurídico, pero no de su inscripción, cuya finalidad es dar publicidad y no constituir el derecho.
40. En conclusión, los derechos reales sobre inmuebles, como el derecho de propiedad, deben inscribirse para dar publicidad al acto jurídico; en caso contrario, surten efectos entre las partes, sin que puedan causar perjuicio a terceros, quienes sí podrán aprovecharlo en cuanto les sea favorable.
41. La inscripción de un acto jurídico en el Registro Público o Instituto de la Función Registral no convalida la validez de actos realizados en forma contraria a las disposiciones legales, pero sí protege los derechos adquiridos por terceros de buena fe ya inscritos, provenientes de un acto jurídico celebrado con el titular registral.
42. Por ello, es pertinente resaltar que el Instituto de la Función Registral se rige por los aludidos principios de publicidad, rogación, tracto sucesivo, legalidad, consentimiento, inscripción, especialidad, prelación, legitimación y fe pública registral, porque la inscripción relativa tiene por objeto dar estabilidad, así como seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, ya que su función es dar a conocer la verdadera situación jurídica respecto del derecho de propiedad, así como de las cargas o derechos reales que pueda reportar, a fin de evitar la existencia de posibles fraudes en las enajenaciones.
43. En ese orden, el principio de la fe pública permite establecer que las inscripciones inmobiliarias gozan de una presunción de veracidad que beneficiará a los terceros adquirentes de buena fe, da certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes y su transmisión.
44. El artículo 8.2 del Código Civil del Estado de México dispone que las inscripciones de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos; por tanto, la prerrogativa de propiedad no se origina por esa inscripción del título o documento, que solo tiene el efecto de darle publicidad a un derecho previamente existente.
45. Con base en ese principio de la fe pública registral, el tercero de buena fe adquiere un bien inmueble del titular registral; sin embargo, es posible que cuando diversa persona controvierta el título de propiedad otorgado por aquél y sea anulado el título del vendedor, por regla general, se protege el derecho de propiedad adquirido a título oneroso por el tercero de buena fe, sobre el derecho de quien haya sido el legítimo propietario, pero que no aparecía como tal en el Registro Público de la Propiedad, siempre y cuando la causa de la nulidad no se desprenda del título del vendedor o del propio registro.
46. En ese orden, se concluye que la inscripción de los actos jurídicos en la oficina registral da seguridad jurídica a los adquirentes, a efecto de evitar fraude a terceros de buena fe, porque da veracidad y certeza jurídica del bien inscrito.
47. De esta manera, la inscripción en el Registro Público prueba la titularidad y determina a la persona que aparece frente a terceros como titular del derecho real inscrito, aun cuando dicha inscripción tenga efectos exclusivamente declarativos.
48. Esto último se sustenta en la tesis I.3o.C.600 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte por este órgano jurisdiccional, del rubro y texto siguientes:(4)
‘REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LO RIGEN. El Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni tampoco es el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar, a ser ‘un reflejo’ de un derecho nacido extraregistralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes, y la causa o título del derecho generado es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, se declara así para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. Por las razones aludidas, en el Registro Público de la Propiedad existen una serie de principios fundamentales, a saber: El de publicidad, conforme al cual el público además de tener acceso a las inscripciones, también tiene el derecho de enterarse de su contenido; el de inscripción, por el que los derechos nacidos extraregistralmente pueden ser oponibles a terceros; el de especialidad, que exige determinar en forma precisa el bien o derecho de que se trate; el de consentimiento, en virtud del cual sólo puede modificarse una inscripción, con la voluntad de la persona titular, y el titular del registro debe consentir la modificación de ese asentamiento; el de tracto sucesivo, que impide el que un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, a menos que se trate de copropiedad, puesto que toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva; el de rogación, que prohíbe al registrador practicar inscripciones de motu proprio, pues es necesario para ello que quien lo solicite se encuentre legitimado, esto es, debió ser parte en el acto o bien tratarse del notario autorizante de la escritura o el Juez del conocimiento; el de propiedad, que es uno d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34283-b7fe6984/legitimacion-pasiva-en-el-juicio-de-usucapion-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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