REVISION CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, INTERPRETACION DE LEYES Y REGLAMENTOS COMO HIPOTESIS DE PROCEDENCIA DE LA.
REVISION FISCAL 2333/95. CODITEC, CORPORACION DE DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (RECURRENTE: SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL).
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Por razón de método, previamente a la transcripción de los agravios hechos valer por la parte recurrente, debe analizarse la procedencia del presente recurso de revisión fiscal, atendiendo a los requisitos de importancia y trascendencia establecidos en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.
En efecto, el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:
"ARTICULO 248.- Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva mediante escrito que presente ante este último dentro del término de quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, por violaciones procesales cometidas durante el juicio siempre que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, o por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias; cuando la cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de su emisión.
"En el caso de contribuciones que deben determinarse o cubrirse por períodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.
"Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. En materia de aportaciones de seguridad social, se presume que tienen importancia y trascendencia los asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso, cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Tratándose de resoluciones favorables al particular dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las autoridades podrán interponer el recurso de revisión, independientemente del monto o de la sanción de que se trate.
"El recurso de revisión también será procedente contra las resoluciones o sentencias que dicte la Sala Superior del tribunal, en los casos a que se refiere el artículo 239-BIS.
"En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
De acuerdo al precepto transcrito, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, cuando el monto del asunto sea superior a la cantidad resultante de multiplicar por tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la emisión de la sentencia impugnada, o cuando siendo la cuantía inferior o indeterminada, el negocio sea de importancia y trascendencia.
El primer supuesto contemplado en el artículo citado, en relación a la cuantía del negocio, no se actualiza en la especie, toda vez que en el caso que se analiza la cuantía es indeterminada, habida cuenta que la controversia se hizo consistir en determinar la legalidad de la resolución contenida en el oficio número 121/500/93-5867 de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, emitida por el director general de Fomento Industrial, a través de la cual se resuelve la invalidación de empresa autopartes, por los años de 1992 y 1993, respecto de la empresa CODITEC, CORPORACION DE DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
Atento a lo anterior, procede analizar los argumentos hechos valer para acreditar la importancia y trascendencia del presente recurso, en virtud de que conforme al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación la autoridad recurrente debe razonar la existencia de tales requisitos.
Al efecto, la autoridad recurrente para demostrar la importancia y trascendencia del asunto manifiesta lo siguiente:
"IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA.- A continuación, en términos de lo dispuesto por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad pasará a acreditar la importancia y trascendencia que el presente asunto reviste para esta dependencia del Ejecutivo Federal y ser sujeto del trámite respectivo, el presente recurso de revisión en los siguientes términos:
"IMPORTANCIA.- El presente asunto es importante porque está en duda la debida interpretación jurídica de los artículos 202, fracciones I, XI y XII y 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación, afectando con ello gravemente el sentido de la sentencia que por esta vía se recurre; circunstancia que por si misma hace que el asunto que nos ocupa sea realmente importante.
"En efecto, con la indebida interpretación de los artículos 202 y 203 de referencia, que hace la H. Sala responsable en la sentencia que se recurre, se están afectando las defensas de esta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo cual trasciende al sentido de la resolución recurrida, ya que no se toma en cuenta lo plasmado por el legislador en los preceptos legales antes citados incurriendo con ello la a quo en una grave omisión procedimental; razón más que suficiente que acredita la importancia del presente asunto y por tanto el recurso de revisión que se promueve debe admitirse a trámite por ese Tribunal Colegiado.
"TRASCENDENCIA.- Asimismo el presente asunto es trascendente ya que con la indebida interpretación jurídica de los preceptos legales antes señalados, realizada por la a quo se están violando flagrantemente las formalidades esenciales del procedimiento contencioso administrativo regulado por el Código Fiscal de la Federación, violaciones procedimentales que no pueden admitirse por ninguna circunstancia, ya que de ser así se estaría vulnerando la efectividad de un ordenamiento legal como lo es el Código Fiscal de la Federación, concretamente de sus artículos 202, fracciones I, XI y XII y 203, fracciones II y IV que en todo caso no tendrían razón de ser, dejando al libre arbitrio de las autoridades responsables de cumplir o no con los establecido por los artículos de referencia en las fracciones detalladas; circunstancia que iría en contra de la voluntad del legislador, acreditándose con lo anterior la trascendencia que tiene el asunto que nos ocupa, por lo que atento a ello el presente recurso de revisión debe ser admitido a trámite para su debido análisis.
"Con lo antes expresado esta autoridad acredita que el asunto que nos ocupa es realmente importante y trascendente para esta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya que si la sentencia que se recurre queda firme, dicha circunstancia sentaría un precedente totalmente contrario a derecho, es decir, con dicha circunstancia no tendrían razón de ser las fracciones I, XI y XIV del artículo 202 y II y IV del artículo 203 del Código Fiscal de la Federación; razones más que suficientes para que ese H. Tribunal Colegiado admita a trámite el presente recurso de revisión y previo análisis de los argumentos que esta autoridad hace valer en el escrito de cuenta, además de las constancias que obran en el expediente fiscal correspondiente, dicte la resolución que conforme a derecho proceda."
Son infundados los razonamientos hechos valer por el recurrente para demostrar la importancia y trascendencia del presente negocio de conformidad con las hipótesis de procedencia establecidas en el cuarto párrafo del artículo 248 del código tributario federal.
Ciertamente, el artículo 248 del ordenamiento jurídico antecitado, cuarto párrafo, establece:
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá interponer el recurso, cuando la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y, a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de su monto por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución."
Del precepto transcrito se desprende que se refiere únicamente a los casos en que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presume la importancia y trascendencia de un asunto.
Los supuestos específicos que prevé el cuarto párrafo del numeral del Código Fiscal Federal en comento para la procedencia del recurso de revisión como lo son que dicho medio de defensa sea interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación, que a juicio de la citada dependencia el asunto tenga importancia por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar los alcances de los elementos constitutivos de una contribución; tienen su razón de ser en el ánimo casuístico que el legislador quiso establecer para la procedencia del recurso de revisión en tratándose del caso especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior significa que queda excluida cualquier analogía con otra dependencia o entidad oficial aun cuando posean características semejantes, como sería el caso de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya que el párrafo del precepto en comentario rige para una situación concreta a la cual no se le pueda dar una aplicación genérica o extensiva.
Por consiguiente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no puede acogerse a la hipótesis normativa establecida en el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación por cuanto a la importancia y trascendencia de los asuntos para efectos de la procedencia del recurso de revisión.
Resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial emitida por este tribunal número I.3o.A.14. visible en la página ciento seis, Segunda Parte de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, números veintidós a veinticuatro, de octubre a diciembre de 1989, bajo la voz:
"ARTICULO 248 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- En forma alguna es posible equiparar al Instituto Mexicano del Seguro Social con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tratándose de la procedencia del recurso de revisión a que alude la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución, ni aún reconociendo el carácter fiscal autónomo de que goza la entidad primeramente identificada; ello porque, además de ser personas morales oficiales distintas, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a quien corresponde, en exclusiva, velar por el interés fiscal de la Federación, razón por la cual el legislador determinó con precisión, en el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, los supuestos específicos en que, por mandamiento expreso, ha de proceder el recurso de que se trata, que sea interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la resolución o sentencia afecte el interés fiscal de la Federación, que a juicio de la Secretaría el asunto tenga importancia, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento contencioso administrativo, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. De tal suerte que el ánimo casuista que orienta la procedencia del recurso de revisión, en el caso especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excluye, por sí mismo, cualquier analogía con otra dependencia o entidad oficial, aun y cuando posean algunas características semejantes, toda vez que se trata de disposiciones legales que rigen una situación concreta, sin tener una aplicación genérica."
De este modo, aun cuando la autoridad recurrente aduce que el asunto es importante, en tanto que se cuestiona la interpretación de los artículos 202, fracciones I, XI y XII; 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación, constituyen un argumento ineficaz para la procedencia del medio de defensa, en tanto que con independencia que no se trata de un asunto excepcional, puesto que puede hacerse en la mayoría o totalidad de los asuntos que se refieran a dichos preceptos, no se está en la hipótesis de procedencia prevista en el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que en tratándose de leyes como se ha indicado, el medio de defensa es procedente al interponerlo el Secretario de Hacienda y Crédito Público, lo que no acontece en la especie en que se trata de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Desde el diverso aspecto, cabe señalar que contrariamente a las aseveraciones de la parte recurrente, no se está en el caso de la interpretación de precepto legal alguno, sino que en todo caso, se trata de la determinación de no aplicación al caso concreto de los artículos 202, fracciones I, XI y XII; y 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación.
En efecto, este tribunal en torno del concepto de interpretación de leyes, como hipótesis de procedencia del recurso de revisión, ha sostenido la tesis consultable en las páginas seiscientos noventa y cinco y seiscientos noventa y siete, Tomo III, Segunda Parte-2, del período correspondiente de enero a julio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"- Si por interpretar debemos entender, según lo establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, `explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente, el de textos faltos de claridad', y tomando en consideración, como premisa de origen, el que toda norma jurídica tiene como condición de existencia el que sea formulable en un lenguaje, cuando el órgano aplicador del derecho imprime o asigna un determinado sentido o contenido al lenguaje normativo, por no estar expresamente comprendido en el texto del mismo, es indudable que lo interpreta, formulando sus conclusiones y llevándolo al caso concreto que es materia de su deliberación. Sin embargo, no en todos los casos en que se somete a la decisión de un órgano juzgador una específica causa litigiosa, este último, para cumplir con apego a sus atribuciones, ha de buscar desentrañar el sentido interno de la norma, pues en otros tantos asuntos, habrá también de agotar su función aplicadora del derecho cuando, previo un razonamiento intelectivo, advierta claramente la coincidencia y correspondencia del texto jurídico, con el hecho concreto que se le ha planteado, es decir, decide una controversia sin la necesidad de asignar, vía interpretación, un cierto significado a la norma subsumiéndola a la causa litigiosa en lo particular, aplicando, entonces, la consecuencia legal prevista en la disposición misma. Por tanto cuando el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación establece como condición de procedencia del recurso de revisión a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el asunto de que se trata verse sobre `interpretación de leyes o reglamentos', implica, necesariamente que el fallo a recurrir contenga, expresamente, el sentido que el órgano juzgador de primera instancia ha asignado a un precepto legal o reglamentario en lo específico, significado que le haya servido de apoyo para subsumir o no la hipótesis normativa al caso concreto y que, además, con dicha interpretación se encuentre inconforme la autoridad demandada para estimar que en la especie, la función interpretativa realizada se ha apartado de la verdadera finalidad que orientó al legislador a crear la disposición aludida. De tal suerte que, estimando que la ley se interpreta cuando, sin ser coincidente el hecho concreto con el texto escrito de la norma, sí lo es con la intención perseguida por el legislador (lo que lleva a que el órgano aplicador del derecho desentrañe su significado (ratio iuris) y asigne al caso específico de su conocimiento, la consecuencia que la ley previene); cuando se está en presencia de la aplicación de una norma a la cual la Sala de origen no le haya atribuido, por vía de interpretación, un determinado sentido, no se surtirá el supuesto de la primera hipótesis de procedencia del recurso de revisión en el juicio de nulidad fiscal, a que alude el cuarto párrafo del ya citado artículo 248 del código tributario federal. De no prevalecer el criterio que antecede y estimar que toda aplicación de la norma entraña, por naturaleza, una `interpretación de leyes o reglamentos', equivaldría a hacer nugatorio el contenido dado por el legislador federal al cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación pues, sin duda, toda resolución dictada por Tribunales de lo Contencioso Administrativo sería recurrible en revisión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el mero acontecimiento de fundarse en derecho, de donde resultaría inútil la enumeración de otras hipótesis de procedencia expuesta en la disposición ya indicada, en el caso cuando el asunto trate de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución. Aún más, esta fórmula tan genérica de procedencia contravendría también la finalidad perseguida por la reforma al artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en materia de rezago en la impartición de justicia, al permitir el acumulamiento de infinidad de asuntos cuya naturaleza no sea importante ni trascendente, presupuestos que justifican la existencia del recurso de revisión de que se trata. Apoya esta conclusión, el texto del dictamen rendido por las Comisiones Unidas de Hacienda, y tercera sección de la de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobado en sesión de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, quien, con motivo de la iniciativa de reformas al Sistema de Justicia Fiscal, apuntó: `Que en el año de mil novecientos ochenta y siete la Sala Superior del Tribunal Fiscal recibió aproximadamente 3,500 recursos de revisión (para cuya procedencia el anterior texto de la ley no imponía condición alguna por surtirse) y es previsible que durante mil novecientos ochenta y ocho se interponga, por lo menos el mismo número de recursos, aunque lo más probable es que aumente su número. Sería una grave consecuencia de esta reforma el que los Tribunales Colegiados de Circuito con sede en los lugares donde existen Salas Regionales, se vean saturados de asuntos fiscales, con detrimento serio para la impartición de Justicia Federal en otras materias y, desde luego, el consiguiente rezago. Para tratar de superar estos problemas, sin dejar indefensa a la autoridad, las Comisiones Dictaminadoras proponen que el recurso de revisión sólo proceda cuando la cuantía del asunto exceda de 3,500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente en el momento de la emisión de la resolución que se impugna. Al mismo tiempo, se propone también que se presuma esa importancia en determinados casos que, aunque no lleguen a esa cuantía, esté en litigio la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo, en tratándose de aportaciones de seguridad social o bien cuando a juicio del recurrente el asunto sea de importancia y trascendencia, pero en este caso deberá razonarlo así en la interposición de su recurso para efectos de su admisión. El mismo tratamiento se da para aquellos casos en que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la sentencia afecte el interés fiscal de la Federación y tenga importancia, por tratarse de interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución'."
Del criterio de mérito, se desprende que la interpretación de un precepto tiene lugar en tratándose de: a) la explicación de un texto que se encuentra falto de claridad, b) el hecho concreto no es coincidente con el texto escrito de la norma, empero coincide con la intención perseguida por el legislador, c) el juzgador imprime o asigna un determinado sentido o contenido a la norma por no estar comprendido en su propio texto.
Sin embargo, como lo señala tal criterio, a diferencia de la interpretación de una norma, se advierte que no en todos los casos en que se somete a la decisión de un órgano juzgador una específica causa litigiosa, dicho órgano ha de buscar desentrañar el sentido interno de la norma, sino que en otros tantos asuntos habrá de agotar su función aplicadora, cuando previo un razonamiento intelectivo, advierta la coincidencia y correspondencia del texto jurídico con el hecho concreto.
Estimar lo contrario, traería como consecuencia que toda aplicación normativa por su propia naturaleza, entrañaría una interpretación de leyes o reglamentos, lo que equivaldría a hacer nugatorias las hipótesis de procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 248, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya que toda resolución sería recurrible en revisión por el solo hecho de fundarse en derecho.
En la especie, de las constancias que corren agregadas en autos, se desprende que no se está en el caso de interpretación de los artículos 202, fracciones I, XI y XII; y, 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación, ya que no se trata de la explicación de su contenido por falta de claridad; porque sea el caso de un hecho que no coincide con el texto escrito de la norma; o que el tribunal hubiese imprimido un sentido o contenido a la disposición jurídica por no estar comprendido en su texto.
Por lo contrario, en el considerando de la sentencia combatida, la Sala del conocimiento apoyó su sentido decisorio en la siguiente consideración:
"SEXTO.- Respecto de la causal de improcedencia que hace valer la demandada y solicitud de sobreseimiento a través del oficio número 110-II-B-1-94-11976 de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con apoyo en los artículos 202, fracciones I, XI y XII y 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que el oficio número 5867 de 21 de diciembre de 1993 que constituye la resolución impugnada, se dejó sin efectos a través del diverso número 4935 de 14 de septiembre de 1994, y que por lo tanto ya no se afectan los intereses jurídicos del demandante, se manifiesta:
"(...) esta Sala estima improcedente la solicitud de sobreseimiento que hace la demandada, toda vez que de la resolución número 4935 con la que señala que deja sin efectos la resolución impugnada en este juicio no se desprende que se haya revocado la resolución controvertida, ya que únicamente se cambia la redacción del oficio, pero sin que efectivamente se haga revocación alguna para estimar que se deja sin efectos la resolución contenida en el oficio 5867 de 21 de diciembre de 1993, en consecuencia no es de sobreseerse el presente juicio, toda vez que en el primer y segundo párrafos de la resolución impugnada se señala que derivando de la visita de inspección realizada a CODITEC, CORPORACION DE DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., y de la información que ésta proporcionó a la autoridad demandada en respuesta al oficio número 4828 emitido por la demandada el 8 de noviembre de 1993, se dejan sin efectos las operaciones realizadas durante los años modelo 1991 y 1992 por haber incumplido con el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotríz de 11 de diciembre de 1989; por otra parte, en la resolución que dejó sin efectos la resolución impugnada, también en su primer párrafo se señala visto para resolver el expediente abierto de CODITEC, CORPORACION DE DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., mediante la información que ésta proporcionó a la demandada para determinar si se cumplió con el Decreto para el Fomento y Modernización de laIndustria Automotríz de 11 de diciembre de 1989, durante los años modelo 1991 y 1992 y en el resolutivo tercero señala que se dejan sin efectos todas y cada una de las operaciones que hayan realizado con la industria automotríz durante los años modelo 1992 y 1993, además en el segundo resolutivo cancela los requisitos otorgados a través de los oficios números 4190 de 7 de octubre de 1992 y 5189 de 2 de diciembre de 1992 como empresa de la industria nacional de autopartes para los años modelo 1992 y 1993.
"De la comparación anterior se desprende que el fin de la demandada era verificar el cumplimiento de las obligaciones de CODITEC, CORPORACION DE DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., por los años modelo 1991 y 1992, y por no haberse cumplido con los lineamientos del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotríz se dejaron sin efectos las operaciones realizadas esos años por lo que en este sentido no se encuentra variante alguna frente a las dos resoluciones, es decir, con la resolución impugnada y con la que deja sin efectos, únicamente se hace una manifestación más por la demandada en el sentido de que además de dejar sin efectos las operaciones señaladas cancela los registros que se le otorgaron a la actora precisamente para efectuar esas operaciones por los años modelo 1992 y 1993, de donde se concluye que estamos frente a la misma situación, es decir, al cancelar los registros con los cuales tenía la autorización para realizar operaciones por no haber cumplido con el Decreto señalado anteriormente como consecuencia deja sin efectos las operaciones realizadas por esos años.
"En el segundo párrafo de la resolución impugnada señala la demandada que la enjuiciante no cuenta con instalaciones productivas que posibiliten la fabricación nacional de los productos asentados en su registro de fabricante y en el segundo párrafo de la resolución que deja sin efectos a la resolución impugnada señala que la enjuiciante no demuestra que sea fabricante de los productos registrados en 1992; de la comparación anterior se desprende que la demandada sostiene que la actora no cuenta con instalaciones para fabricación de los productos que tiene registrados, por lo que no hay variante en esos párrafos en cuanto a la resolución impugnada con la que la deja sin efectos.
"Por lo que respecta al cuarto párrafo de la resolución impugnada en cuanto a que el dato del valor agregado nacional es superior al 95% y que no ha sido auditado por despacho de auditores públicos y no se reportan ventas de productos automotrices a la industria terminal, y las importaciones rebasan el total de ventas totales; en relación con la resolución que deja sin efectos a la impugnada se señala en el párrafo quinto y sexto que la demandada no cumplió con los reportes auditados de su valor agregado nacional y que las empresas de la industria electrónica no cuentan con un valor agregado nacional tan alto como el que reporta la actora respecto de las exportaciones con un más del 90% para los años modelo 1992 y 1993; en esta comparación encontramos que tampoco hay variante entre las dos resoluciones ya que en ambas se señala que el valor agregado nacional reportado por la actora es superior y que dicha información no fue auditada por contadores públicos, respecto de las exportaciones de los años modelo 1992 y 1993; por lo que tampoco hay revocación alguna de la resolución impugnada.
"En estas consideraciones y por la comparación efectuada con la resolución impugnada y con la resolución que la deja sin efectos, se desprende que la demandada realmente no hace ninguna revocación de la resolución controvertida, ya que únicamente modifica la redacción en la resolución que pretende dejar sin efectos la resolución impugnada y en el fondo deja en los mismos términos la resolución controvertida, es decir, no efectúa revocación alguna, por lo que resulta improcedente la solicitud de sobreseimiento de la autoridad demandada, como lo manifiesta la actora al contestar la vista que se mando dar."
De ahí que no se esté en presencia de la interpretación de los artículos 202, fracciones I, XI y XII; y 203, fracciones II y IV del Código Fiscal de la Federación, sino de la determinación de que no son aplicables al caso concreto, por lo que, no puede estimarse que tal motivo se trate de una "interpretación", como incorrectamente sostiene la parte recurrente y, que por tanto, el caso a estudio sea importante y trascendente.
Finalmente, la inconforme para justificar dichos requisitos manifiesta, esencialmente, que la importancia y trascendencia del asunto radica en que de subsistir el criterio sustentado en la sentencia recurrida dicha circunstancia sentaría un precedente totalmente contrario a derecho.
Ahora bien, el anterior argumento es ineficaz para acreditar la importancia y trascendencia del negocio, toda vez que la importancia de un negocio implica que el mismo sea de especial entidad y de carácter excepcional y, su trascendencia, que la resolución que se pronuncie derivara en resultados de índole grave.
Atento a lo anterior, y si entendemos por importancia de acuerdo con lo que explica el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3566-8fa73cd3/revision-contra-resoluciones-del-tribunal-fiscal-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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