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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 206/95 · Registro digital (IUS): 3686
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JAIME BARRERA PEÑA
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, , Pág. 667.

AMPARO EN REVISION 206/95. JAIME BARRERA PEÑA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- El primer agravio que se formula resulta esencialmente fundado.

En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada.

En el caso, se advierte de las actuaciones relativas a la orden de aprehensión reclamada que constan a fojas 288 y siguientes del juicio de amparo que se revisa, así como de la lectura del considerando tercero de esta resolución, en el que se observa que el Juez de Distrito prácticamente transcribe la misma; que dicho acto reclamado efectivamente carece del requisito de motivación que para todo acto de autoridad exige el artículo 16 constitucional, toda vez que el Juez responsable se concretó a relacionar las pruebas existentes en la averiguación previa, para concluir que las pruebas que refirió demuestran los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza, así como que hacen probable la responsabilidad de Jaime Barrera Peña (quejoso), René Flores Solís, Rebeca Barrera García y Cirilo Hernández del Aguila en su comisión por lo que decretó en contra de todos y cada uno de ellos la orden de aprehensión de que se trata, aquí reclamada por Jaime Barrera Peña.

Así pues, debe decirse que con lo anterior no se cumple con la motivación que debe contener todo acto de autoridad y que exige el primer párrafo del artículo 16 constitucional, ya que se omitió realizar el estudio de los hechos planteados a fin de establecer si éstos son o no constitutivos de cada una de las figuras delictivas materia del ejercicio de la acción penal, siendo conveniente destacar que por motivación debe entenderse que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen doscientos diecisiete, doscientos dieciocho, Séptima Epoca, Sexta Parte, página ciento noventa y cinco, que dice: "ORDEN DE APREHENSION. LA RELACION DE PRUEBAS NO CONSTITUYE LA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION QUE DEBE CONTENER.- Toda orden de aprehensión debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación, sin que baste que el Juez natural haga una referencia vaga de que tuvo a la vista los elementos en la averiguación, para estimar que se reunieron los requisitos prevenidos en el artículo 16 constitucional, sino que es preciso que la orden misma exprese los motivos en que se funda; es decir, no basta para tener por reunido tal requisito que el Juez diga en su resolución que ha tenido presentes los elementos de los cuales se infieran los hechos denunciados, sino que es preciso que en la propia orden se analice el contenido de esos elementos y se expresen las razones en que se apoye, para concluir que se llenaron los requisitos del precepto constitucional invocado, pues de no hacerlo, la orden de aprehensión viola esa disposición."

Ahora bien, ciertamente el Juez constitucional hizo un análisis de diversas constancias que obran en la averiguación previa para determinar que en el caso se acreditó la existencia de los delitos imputados, así como la probable responsabilidad del recurrente en su comisión; sin embargo, cabe establecer que no es dable a los tribunales de amparo asumir funciones jurisdiccionales propias de la autoridad judicial, pues lo único que debe analizar es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en función de la exacta aplicación de las leyes ordinarias que correspondan en relación con las garantías individuales que se estimen violadas; pero no debe subsistirse a la autoridad responsable motivando o fundando el acto que le fue atribuido y que precisamente por carecer de dichas formalidades se impugna en la vía constitucional, sin que en su caso, el otorgamiento de la Protección Federal atendiendo dichos motivos, signifique que la responsable queda impedida para emitir una diversa orden de aprehensión si estima que existen elementos legales razonados y suficientes para ello, como tampoco implica la obligación de la responsable para reiterarla.

Similar criterio ha sido sustentado por este cuerpo colegiado al resolver por unanimidad de votos entre otros, los siguientes asuntos: con fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 13/95-VI, promovido por Tomás Mendoza González, habiendo sido ponente el Magistrado Roberto Terrazas Salgado; con fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 24/95-VIII, promovido por Manuel Juárez López, habiendo sido ponente el Magistrado Guadalupe Méndez Hernández; y con fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el amparo en revisión 368/95-VI, promovido por Eliud Almaguer González y otros, habiendo sido ponente el Magistrado Roberto Terrazas Salgado.

En las relacionadas condiciones procede revocar el fallo sujeto a revisión y otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada, por ausencia de motivación en la orden de captura reclamada; sin que como se dijo, lo anterior signifique ni la obligación de la responsable de reiterarla, ni el impedimento para la misma de dictarla si estima que existen elementos razonados y suficientes para ello.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80 y 190, de la Ley de Amparo y 35, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Barrera Peña, contra las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, respecto del acto consistente en la orden de aprehensión de fecha veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, en el proceso penal 111/994.

Notifíquese como corresponda; anótese; con una copia de la presente resolución devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de la Magistrada Olga Iliana Saldaña Durán y Magistrados Roberto Terrazas Salgado y Lucio Antonio Castillo González, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3686-4d36f542/orden-de-aprehension-falta-de-fundamentacion-y-motivacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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