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Modo: Corpus Pro

CONFESION FICTA A CARGO DEL TRABAJADOR. TIENE VALIDEZ PARA ACREDITAR HECHOS, AUN LOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRON TIENE OBLIGACION LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/90. · Registro digital (IUS): 402
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEXTO, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 109.

Se publica íntegra la ejecutoria de la contradicción de tesis 11/90:

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS, para resolver el expediente varios 11/90, formado con motivo de la denuncia de contradicción de tesis formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en relación con las ejecutorias pronunciadas por ese mismo Tribunal en el amparo directo 6726/89 y el Tercero y Segundo Tribunal Colegiados en la misma materia y Circuito, al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo 6903/88 y 2770/84; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por oficio número 371 de doce de febrero de mil novecientos noventa, la magistrada presidenta del Sexto Tribunal Colegiado, en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunció la contradicción de tesis en que incurrió la ejecutoria dictada por dicho Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 6726/89 y las sustentadas por el Tercero y Segundo Tribunales Colegiados en la misma materia y Circuito al resolver los amparos directos, números 6903/88 y 2770/84, respectivamente.

SEGUNDO.- Por acuerdo de la Presidencia de esta Cuarta Sala de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, se ordenó formar y registrar el presente expediente y se solicitó a los presidentes del Tercer y Segundo Tribunales Colegiados en materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito la remisión de los autos correspondientes a los amparos directos 6903/88 y 2770/84, respectivamente.

Por acuerdo de veinte de marzo de mil novecientos noventa, el presidente de esta Cuarta Sala ordenó dar vista al procurador General de la República, para los efectos señalados en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, designado para ese efecto, mediante oficio 2752 de treinta de abril de mil novecientos noventa, solicitó que prevalezca la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Finalmente, por acuerdo de cinco de junio de mil novecientos noventa se turnaron los presentes autos al Ministro ponente.

En sesiones de doce de septiembre y veinticinco de octubre de mil novecientos noventa se resolvió aplazar la vista del presente asunto.

Por acuerdo de dieciocho de enero de mil novecientos noventa y uno se returnó el asunto al Ministro Ignacio Magaña Cárdenas, quien substituyó en la Sala al Ministro Ulises Schmill Ordóñez.

En sesión de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno se aplazó la vista del asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Laboral.

SEGUNDO.- El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunciante de la contradicción de tesis en estudio, al resolver el juicio de amparo directo número 6726/89 promovido por Constructora Exacta, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto dictado por la Junta Especial Número Cinco Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, mediante la ejecutoria de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, cuya copia certificada obra en los presentes autos, consideró lo siguiente:

"TERCERO.- Los conceptos de violación segundo y tercero resultan substancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. En efecto, asiste razón al quejoso en cuanto aduce que la Junta responsable indebidamente condenó a la empresa al pago del aguinaldo correspondiente al año de mil novecientos ochenta y siete, sin tomar en cuenta ni valorar la confesión ficta del actor, lo anterior en virtud de que específicamente al formulársele la posición número quince, se estableció que el actor había cobrado la parte proporcional del aguinaldo reclamado, de acuerdo al tiempo que prestó sus servicios (fojas 40 vuelta), en consecuencia, la responsable debía haber estimado que la empresa acreditó con dicha confesional el pago de la prestación demandada. Al respecto, este Tribunal comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado, en la Tesis de Jurisprudencia número 4, visible en la página número 86 del Informe de Labores del año de 1985, que dice: `CONFESION FICTA, EFICACIA DE LA.-La confesión ficta del actor es eficaz para acreditar la jornada de trabajo aducida por la demandada, el pago de aguinaldo, vacaciones, prima de éstas, séptimos días y días festivos, toda vez que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no establece que únicamente con los documentos correspondientes que exhiba la parte patronal se acreditarán esos hechos, como se desprende de su texto, por lo que para ese fin puede aportarse cualquier medio de convicción'. En este sentido la confesional del actor también resulta eficaz para demostrar los salarios que percibía, ya que constituye un elemento probatorio con el cual la demandada acreditó las excepciones o afirmaciones que hizo valer, por lo que tomando en cuenta que el actor fue declarado fictamente confeso y toda vez que en las posiciones números ocho, nueve y diez (fojas 40 vuelta), quedó establecido que recibió el pago correspondiente al salario mínimo profesional en la categoría de herrero, durante todo el tiempo que prestó sus servicios, se debe estimar que al no obrar en autos prueba fehaciente que contradiga lo manifestado en la multicitada confesional, ésta adquiere pleno valor probatorio. Sirviendo de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 42, visible en la página 43, contenida en la Quinta Parte, Cuarta Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, que dice: `CONFESION FICTA. JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCION QUE LA ABROGADA.-Si bien es cierto que la tesis de Jurisprudencia número 31, visible en la página 41, Quinta Parte, del Volumen correspondiente a la Cuarta Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: `CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.-Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931', alude a la Legislación Laboral abrogada, cabe precisar que el criterio sustentado en dicha tesis sigue siendo aplicable, en tanto que la Ley vigente contempla sustancialmente la misma prevención que el artículo 527 de la Ley abrogada'. Consecuentemente, al ser violatorio de garantías el laudo impugnado, procede conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la Junta responsable dicte un nuevo laudo en el que resuelva que con la confesión ficta se acreditó tanto el pago de aguinaldo como el pago de salarios reclamados".

TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 6903/88, promovido por María Isabel Medina Silva y otros, contra el acto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, mediante la ejecutoria de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, misma que corre agregada a los presentes autos en copia certificada, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"TERCERO.- Los conceptos de violación que se hacen valer son infundados en parte y fundados en otra, mismos que se estudian además en relación a consideraciones supletorias de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante que la Junta no determina expresamente en el laudo a quien corresponde la carga de la prueba respecto a la acción principal, sin embargo, implícitamente se la imputa a la parte actora al externar que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de buena fe, determinación que aun cuando no trasciende en perjuicio de todos los trabajadores por el hecho de que analizó las pruebas de todas las partes, a pesar de ello su conclusión no perjudica a todos sino sólo a los trabajadores María Isabel Medina Silva, Ricardo Ramírez Barrios, Donato Martínez Pérez y Luis Vanegas Sánchez. En efecto, por lo que hace a Epifanio Pérez Tobón su determinación es correcta en cuanto sostiene que no fue despedido, en razón de que en la confesional a su cargo dicho actor aceptó no haber sido despedido (posición 8 fojas 104-V), y respecto a Alejo Lázaro Hernández y María de la Luz Hernández se les tuvo fictamente confesos en relación a que no fueron despedidos, y en autos no existe prueba en contrario que invalide la presunción derivada de ese elemento de convicción, de acuerdo con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 41, consultable a fojas cuarenta y dos, Quinta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: `CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.-Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos, de acuerdo con el artículo 789 de la Ley Federal del Trabajo 1970'. Por lo que hace a los trabajadores María Isabel Medina Silva, Ricardo Ramírez Barrios, Donato Martínez Pérez y Luis Vanegas Sánchez, su determinación es incorrecta por el hecho de considerar que el ofrecimiento de trabajo fue hecho de buena fe, lo cual resulta inexacto, ya que si bien es verdad que se controvirtieron algunas condiciones de trabajo y que a pesar de ello se hizo la oferta con la categoría y el salario invocados por la parte actora, sin embargo, en lo referente a la jornada de trabajo, es de advertirse que aun cuando aparentemente se hizo en términos correctos por el hecho de que el ofrecimiento se expresó con una jornada legal computada a partir de la hora en que todos los trabajadores iniciaban sus labores; pese a ello es de advertirse que la parte actora no precisó de que día a qué día prestaban sus servicios y la demandada tampoco aclaró esta situación, imprecisión que incide en la calificación de la oferta, en virtud de que con esa irregularidad puede considerarse que la jornada de trabajo expresada por la parte demandada se refiere a todos los días de la semana, esto es, a siete días, con lo cual se rebasaría la jornada legal y como consecuencia, la oferta debe considerarse efectuada de mala fe de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Al efecto se cita el criterio sustentado por este Tribunal al resolver los juicios de amparo directos números 1403/88 y 11183/88, en sesiones de veinte de abril y veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, del tenor siguiente: `OFRECIMIENTO DE TRABAJO, DEBEN PRECISARSE EN EL LAS CONDICIONES EN QUE SE PROPONE.-Si al ofrecer el trabajo el demandado no precisa las condiciones en que deba desarrollarlo el actor, pues solamente manifiesta que lo ofrece en los mismos términos y condiciones, debe estimarse que lo hizo con la finalidad de revertir la carga de la prueba del despido, lo cual no puede ocurrir en esas condiciones, porque no se está en el caso de que el trabajador se hubiere negado a aceptarlo ante el ofrecimiento que el patrón haga del trabajo formando la convicción de que realmente desea tenerlo laborando sin desconocerle los derechos que hubiere tenido reconocidos en el centro de trabajo'. Ahora bien, como el ofrecimiento de trabajo no fue hecho de buena fe en relación a los trabajadores señalados, la Junta sólo debió analizar las pruebas de la demandada respecto a la negativa del despido; pero es el caso que del examen de los elementos de prueba ofrecidos por esta parte aparece que son insuficientes para desvirtuar el despido que se le imputa, pues la confesional a cargo de los actores resulta contrario a sus intereses al indicar que fueron despedidos injustificadamente de su trabajo; asimismo, la testimonial ofrecida a cargo de los testigos Felipe Guzmán Fragoso, José Antonio Vera y Rigoberto Romo, tampoco es favorable a sus pretensiones en atención a que fue declarada desierta por no haber presentado a esos testigos; los avisos de inscripción de los actores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al contener únicamente los datos de los trabajadores y del patrón para efectos de su inscripción ante esa Institución de Seguridad Social no favorece a la parte demandada... `Por el contrario, tienen razón los quejosos en cuanto señalan que la Junta debió condenar a la parte demandada al pago de horas extras en favor de Ricardo Ramírez Barrios, Luis Vanegas Sánchez, María de la Luz Hernández y Alejo Lázaro Hernández. Del laudo combatido se advierte que la Junta absolvió a los demandados de pagar a los citados trabajadores dicha prestación. Es incorrecta la anterior conclusión de la responsable toda vez que al afirmar el actor Ricardo Ramírez Barrios que tenía un horario diario de labores de las cinco horas a las diecisiete horas, al sostener el trabajador Luis Vanegas Sánchez que prestaba sus servicios diariamente de las seis horas a cinco horas, y aducir Donato Martínez un horario diario de siete de la mañana a cuatro de la tarde, al controvertir los demandados los anteriores horarios, debieron aportar dentro del procedimiento laboral las tarjetas checadoras o controles de asistencia por no negar que las llevasen, en términos de la fracción III del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, lo que no hicieron, no obstante corresponderles la carga de probar la duración de la jornada de trabajo, de acuerdo con la fracción VIII del diverso 784 de la Ley en cita; y en tal virtud, al no acreditar los demandados que los actores Ricardo Ramírez Barrios, Luis Vanegas Barrios, Luis Vanegas Sánchez y Donato Martínez sólo laboraban la jornada invocada por los primeros, la responsable debió condenarlos al pago de las horas extras reclamadas; y al no hacerlo así, violó garantías en perjuicio de los quejosos. Por otra parte, la confesión ficta de los actores María de la Luz Hernández y Alejo Lázaro Hernández, no son idóneas para acreditar que prestaban sus servicios a los demandados en el horario aducido por éstos al negar la jornada de trabajo invocada por esos trabajadores; toda vez que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 804 de la Ley de la materia, el patrón tiene obligación de llevar controles de asistencia por no negar que los llevara, y por ello debió aportarlos dentro del procedimiento laboral como ya quedó apuntado, a efecto de acreditar el horario de labores que afirmó tenían dichos actores; y al no haberlo efectuado así, las confesiones fictas de las trabajadoras carecen de eficacia para acreditar la jornada de labores sostenida por la parte demandada, por no ser la prueba realmente idónea ni de mayor significación para demostrar la duración de la jornada de trabajo; y en tal virtud, la responsable debió condenar a los demandados al pago de las horas extras reclamadas por María de la Luz Hernández y Alejo Lázaro Hernández; y al no hacerlo así, violó garantías en perjuicio de los peticionarios. Apoya la anterior determinación el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable a fojas ciento trece, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XXII, aplicado por analogía del tenor siguiente: `SALARIO, PRUEBAS IDONEAS EN CUANTO AL MONTO DEL.-La prueba verdaderamente idónea y de mayor significación en cuanto al monto del salario, la constituyen precisamente los libros y documentos de la parte patronal, y no la confesión ficta de la parte obrera'. También resulta aplicable el criterio sustentado por la citada Sala del mencionado Alto Tribunal en la Jurisprudencia número 126, consultable a fojas ciento once del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, publicada bajo el RUBRO: 'HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA DE LAS'.

CUARTO.- Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el catorce de junio de mil novecientos ochenta y cinco el juicio de amparo número 2770/84, promovido por Roberto Pallares Mandujano, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya copia certificada obra en el expediente, consideró:

"IV.- Son infundados los anteriores conceptos, que se estudian juntos por estar relacionados, porque fue legal la valoración que la responsable realizó de la confesional ficta del actor y de la renuncia al trabajo ofrecida como prueba por la demandada. Lo anterior es así, porque como lo consideró esa autoridad la confesional ficta tuvo eficacia demostrativa en atención a que no estuvo en contradicción con ninguna otra prueba, de acuerdo con la jurisprudencia número 31 que aparece pubicada bajo el rubro `CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL', en la página cuarenta y uno de la quinta parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dice: `Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos, de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931', y con la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página veintiséis del informe de labores rendido por su Presidente al concluir el año de mil novecientos ochenta y uno, que textualmente dice: `CONFESION FICTA, JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCION QUE LA ABROGADA.-Si bien es cierto que la tesis de jurisprudencia número 31, visible en la página 41, Quinta Parte, del Volumen correspondiente a la Cuarta Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: `CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.-Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931', alude a la legislación laboral abrogada, cabe precisar que el criterio sustentado en dicha tesis sigue siendo aplicable, en tanto que la ley vigente contempla sustancialmente la misma prevención que el artículo 527 de la ley abrogada'. Ahora bien, por lo que hace a que no fue suficiente para acreditar la renuncia del actor a su trabajo en atención a que el documento que reconoció al absolver posiciones no reunía los requisitos de validez establecidos por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se hace notar que además de que la renuncia al trabajo no implica renuncia de los derechos derivados de la prestación del servicio, tampoco constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieran para su validez hacerse ante la junta correspondiente y ser aprobados por ésta, toda vez que dicha renuncia es un acto unilateral del trabajador, que de ese modo decide poner fin a la relación laboral. Son aplicables al caso la tesis relacionada con la jurisprudencia número 196 publicada en la página ciento ochenta y ocho de la Quinta Parte citada con anterioridad, que a la letra dice: `RENUNCIA AL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ NO SE REQUIERE APROBACION DE LA JUNTA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, y su correlativo 33 de la ley actualmente en vigor, todo acto de liquidación o convenio celebrado entre el obrero y el patrón, para tener validez, debe ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no es menos cierto, sin embargo, que la renuncia al trabajo presentada por el trabajador no constituye un convenio o algún otro acto de aquellos que conforme a la Ley Federal del Trabajo requieren para su validez hacerse ante la Junta y ser aprobados por ésta, sino que dicha renuncia constituye un acto unilateral del trabajador, que de ese modo decide poner fin a la relación de trabajo que lo ligaba con la empresa', y la jurisprudencia número 197 que aparece publicada bajo el RUBRO: `RENUNCIA AL TRABAJO. NO IMPLICA RENUNCIA DE DERECHOS', en la página mencionada con anterioridad y en la ciento ochenta y nueve del Apéndice ya citado, que textualmente dice: `Los trabajadores pueden válidamente renunciar al trabajo, sin que tal acto implique renuncia de derechos en los términos de los artículos 123, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución y 15 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, pues la renuncia al trabajo no presupone la de derecho alguno derivado de la ley o adquirido con motivo de la prestación de sus servicios, sino que constituye una simple manifestación de voluntad de dar por terminada la relación laboral, manifestación que para su validez no requiere de la intervención de las autoridades del trabajo, toda vez que surte sus efectos desde luego, y corresponde a los trabajadores cuando pretendan objetarla por algún vicio del consentimiento, demostrar tal extremo para obtener su nulidad'. A mayor abundamiento, se hace notar que en el período de ofrecimiento de pruebas de la audiencia inicial del juicio, a la que concurrió personalmente el actor, las firmas que calzan la renuncia ofrecida como prueba por la demandada fueron reconocidas expresamente por el apoderado de aquél en los términos siguientes: `Por cuanto a la documental del apartado cuarto, la misma se combate y se objeta no en cuanto a las firmas que contiene, las cuales en este acto las reconoce, las que obran en dicho documento, únicamente las, se dice, (sic) y se desconoce por completo y se rechaza el contenido mecanografiado y demás caracteres manuscritos, atento a que la empresa demandada por conducto del señor David Durán lo hizo firmar papeles en blanco, ignorándose el contenido que posteriormente les hicieran', de lo que se sigue tal reconocimiento implicó el de su texto, toda vez que no se acreditó con ninguna prueba que se hubiera firmado en blanco, como afirma el quejoso, motivo por el cual tuvo eficacia demostrativa por sí misma dicha renuncia, conforme a la jurisprudencia número 76 que aparece publicada bajo el RUBRO: `DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS.' en la página ochenta y tres de la referida Quinta Parte, misma que a la letra dice: `En caso de objeción de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, corresponde a éste acreditar la causa que invoque como fundamento de su objeción, y si no lo hace así, dichos documentos merecen credibilidad plena.', y la jurisprudencia número 78 que aparece publicada bajo el rubro : `DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE LOS.', en la página número ochenta y cinco de la misma Quinta Parte, que textualmente dice: `El hecho de reconocer como auténtica la firma contenida en un documento, implícitamente significa hacer lo propio con el texto del mismo, a menos que se demuestre su alteración o las causas o razones que se aduzcan para impugnar como no auténtico dicho texto'. Finalmente, la confesional ficta en cuestión sí fue eficaz para acreditar la jornada de trabajo aducida por la demandada, el pago de aguinaldo, vacaciones, prima de éstas, séptimos días y días festivos, toda vez que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no establece que únicamente con los documentos correspondientes que exhiba la parte patronal se acreditarán esos hechos, como se desprende de su texto, por lo que para ese fin puede aportarse cualquier medio de convicción. En este orden de ideas, procede negar al quejoso la protección constitucional que solicitó.".

QUINTO.- Del análisis comparativo de las resoluciones transcritas se advierte que sí existe la contradicción de las tesis que se denuncia, puesto que en ellas se aprecia que dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen un criterio similar que a la vez es distinto del que sustenta otro tribunal con respecto a un mismo problema.

En efecto, los Tribunales Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver respectivamente los amparos directos 2770/84 y 6726/89, promovidos por Roberto Pallares Mandujano y Constructora Exacta, Sociedad Anónima de Capital Variable consideran que la prueba confesional ficta a cargo de los trabajadores sí debe tomarse en cuenta y otorgársele el valor probatorio correspondiente, para demostrar salarios, pago de aguinaldos, jornada de trabajo, vacaciones, primas de éstas, séptimos días y días festivos, ya que no obstante que el patrón no exhibió en juicio los documentos que tiene obligación de llevar, no sólo con los mismos pueden acreditarse los mencionados hechos, toda vez que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no establece que únicamente con los documentos correspondientes que exhiba la parte patronal se demostrarán esos hechos, como se desprende de su texto, por lo que para ese fin puede aportarse cualquier medio de convicción.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 6903/88, promovido por María Isabel Medina Silva y otros, determinó que la confesión ficta de dos de los trabajadores, no era la prueba idónea para acreditar la jornada de trabajo, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 804 de la ley de la materia el patrón tiene la obligación de llevar controles de asistencia, y si no negó que los llevara debió aportarlos dentro del procedimiento laboral a efecto de acreditar el horario de labores que afirmó tenían dichos actores.

Esta Sala considera que debe prevalecer el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por las razones que se expresan a continuación:

En efecto, en principio precisa tener en cuenta que los artículos 784, 804 y 905 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente:

"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:

I. Fecha de ingreso del trabajador;

II. Antigüedad del trabajador;

III. Faltas de asistencia del trabajador;

IV. Causas de rescisión de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37, fracción I y 53, fracción III, de esta ley;

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido;

VII. El contrato de trabajo;

VIII. Duración de la jornada de trabajo;

IX. Pago de días de descanso y obligatorios;

X. Disfrute y pago de las vacaciones;

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;

XII. Monto y pago del salario;

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y

XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda.

"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable;

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;

IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta Ley; y

V. Los demás que señalen las leyes.

Los documentos señalados por la fracción I, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.".

"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario".

De los preceptos transcritos se evidencia que la ley de la materia impone a la parte patronal determinadas cargas probatorias y la obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de documentos, todo ello relacionado con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral. Además, que para el caso de incumplimiento de tales imperativos se establece la consecuencia procesal consistente en que se presumirán ciertos los hechos que al respecto haya alegado el trabajador actor en su demanda, salvo prueba en contrario.

Sin embargo, resulta pertinente destacar que la omisión en que incurra el patrón al no exhibir en juicio los documentos que tiene la obligación de conservar de ninguna manera tendrá por efecto impedirle acreditar los hechos controvertidos relacionados con los documentos en cuestión, con algún otro elemento o medio probatorio que la propia ley de la materia reconoce y ad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/402-2ede3c99/confesion-ficta-a-cargo-del-trabajador-tiene-validez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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