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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/89. · Registro digital (IUS): 237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LA TERCERA Y CUARTA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Agosto de 1991, , Pág. 7.

Se publica la ejecutoria de la contradicción de tesis 133/89 por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VARIOS No. 133/89 CONTRADICCION DE TESIS ENTRE LA TERCERA Y CUARTA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

MINISTRO PONENTE: JOSE MANUEL VILLAGORDOA LOZANO.

SECRETARIO: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

"México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de enero de mil novecientos noventa y uno."

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el día seis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve en la Subsecretaría de Acuerdos de este alto Tribunal, el señor ministro Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, presidente de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la contradicción de tesis sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de esta Suprema Corte al resolver, respectivamente, la contradicción de tesis número 3/89 y el amparo directo número 6438/82.

El texto de dicho escrito es el siguiente: "En sesión celebrada el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, esta Tercera Sala resolvió la contradicción de tesis 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, por unanimidad de cinco votos, y se acordó que debe prevalecer la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.- En consecuencia, se sustentó la tesis jurisprudencial número 28/89, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION DE APELACION QUE DECIDE LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD. (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 208, VISIBLE EN LA PAGINA 613, CUARTA PARTE DEL APENDICE DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917- 1985)".- Por su parte, la Cuarta Sala de este Alto Tribunal, con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, resolvió el amparo directo 6438/82, promovido por Armando Vallejos Robertos, contra actos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por mayoría de tres votos acordó que respecto al desechamiento de la excepción de falta de personalidad procede el amparo indirecto y reitera al efecto las tesis jurisprudenciales números 168, 169 y 170, visibles en las páginas 150 a 151, respectivamente, de la quinta parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, con los rubros siguientes: "PERSONALIDAD, CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". "PERSONALIDAD, CONTRA LOS ACUERDOS QUE LA TIENE POR ACREDITADA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". "PERSONALIDAD, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENE POR ACREDITADA LA.".- De lo anterior se desprende la existencia de un criterio diverso respecto de una misma cuestión jurídica, pues en tanto la Tercera Sala sostiene que la resolución que decide el desechamiento de la excepción de falta de personalidad es una violación procesal reclamable en el amparo directo, la Cuarta Sala aduce que es reclamable en el amparo indirecto o biinstancial, motivo por el que esta Tercera Sala acordó se hiciera la denuncia de contradicción de tesis sustentada por ambas Salas.- En cumplimiento del acuerdo aducido, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción de tesis sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver respectivamente, la contradicción 3/89 y el amparo directo 6438/82 mencionados en párrafos anteriores, con el objeto de que se determine cuál tesis debe prevalecer. Asimismo, esta Tercera Sala advierte que sí hay contradicción de tesis entre los criterios sustentados por las Salas referidas, aunque existen situaciones procesales diversas, ya que en materia civil existe la apelación y en materia laboral la decisión en estos casos de la propia Junta o Tribunal de Arbitraje y no existe apelación, lo que se traduce en una diferencia que no es trascendente en la presente contradicción de tesis. Por otra parte, como la diferencia esencial que se advierte entre los dos criterios mencionados radica en el distinto concepto de irreparabilidad que se sostiene por ambas Salas, es pertinente hacer notar que en la tesis jurisprudencial número 29/89, sustentada por esta Sala con el rubro: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL", se establecen las bases jurídicas para la interpretación y aplicación en materia de amparo del concepto de que se trata, de donde resulta que esta jurisprudencia constituye la fuente inmediata y directa de la que ahora es materia de contradicción. Por todos los efectos legales, se remiten los tocas motivos de la contradicción, así como copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas por las referidas Salas, por la vinculación que guardan entre sí.".

SEGUNDO.- Mediante proveído de fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Presidencia de este alto Tribunal, se ordenó formar y registrar el expediente "varios", relativo a la posible contradicción entre la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de esta Suprema Corte con el número 28/89, que resolvió la contradicción de tesis 3/89, y el criterio sustentado por la Cuarta Sala de este mismo Alto Tribunal al resolver el amparo directo 6438/82 promovido por Armando Vallejos Robertos, asimismo se ordenó dar vista al procurador general de la República y, una vez hecho lo anterior, turnar el asunto, para su estudio, al señor ministro José Manuel Villagordoa Lozano.

TERCERO.- El agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en el presente asunto, formuló pedimento en el sentido de que debe prevalecer la tesis sustentada por la Cuarta Sala.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas entre dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.- Ante todo, se estima necesario establecer si efectivamente existe la contradicción denunciada.

A).- De la copia certificada de la ejecutoria pronunciada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve en el amparo directo número 6438/82, aparece lo siguiente:

Por escrito presentado el diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y dos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto del subprocurador Fiscal de la Federación, solicitó autorización para dar por terminados los efectos del nombramiento que ostenta Armando Vallejos Robertos, como oficial Administrativo "H" de base, adscrito a la Dirección General de Oficinas Federales de Hacienda y comisionado en la Oficina Federal de Hacienda en Mérida, Yucatán.

El demandado Armando Vallejos Robertos al producir su contestación opuso, entre otras, la excepción de falta de personalidad, la cual se hizo consistir en el hecho de que el procurador Fiscal de la Federación carece de personalidad para promover a nombre y representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que no la acreditó conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Seguidos los trámites legales del caso, el citado tribunal dictó el laudo correspondiente el día tres de mayo de mil novecientos ochenta y dos, el cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- El titular actor probó su acción y el trabajador demandado no acreditó sus excepciones y defensas, en consecuencia:"

"SEGUNDO.- Es de autorizarse y se autoriza al secretario de Hacienda y Crédito Público a dar por terminados los efectos del nombramiento que ostenta Armando Vallejos Robertos como oficial administrativo de base adscrito a la Dirección General de Oficinas Federales de Hacienda, en el que pudiere obtener por ajustes presupuestales, retabulaciones, nombramientos escalafonarios o por cualquier otro motivo durante la tramitación de este procedimiento y hasta que se declare firme el presente laudo".

"TERCERO.- Notifíquese personalmente, ...".

Inconforme con tal resolución, el demandado interpuso en su contra demanda de amparo directo de la cual conoció la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, en sesión de veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, resolvió, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros López Contreras, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Martínez Delgado y Suárez Torres, negar el amparo solicitado, y, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Díaz Romero, Martínez Delgado y Suárez Torres, que se declare inoperante el concepto de violación relacionado con la excepción de falta de personalidad interpuesto por el demandado, contra los votos de los señores Ministros López Contreras y Schmill Ordóñez, quienes formularon voto particular al respecto. Fue ponente el ministro López Contreras y elaboró el engrose el ministro Díaz Romero.

Las consideraciones en que se sustentó el fallo antes citado, en la parte que interesa relativa al concepto de violación que hizo valer la parte quejosa respecto de la excepción de falta de personalidad que planteó, son del tenor siguiente:- "QUINTO.- El concepto de violación que el quejoso formuló en contra de la desestimación de la cuestión de falta de personalidad que planteó, es inoperante porque las resoluciones dictadas por las autoridades laborales en materia de personalidad deben impugnarse en amparo indirecto de acuerdo a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; en tal virtud, el presente juicio de amparo directo no es la vía legal idónea para su reclamación.- Se reiteran al respecto, las tesis jurisprudenciales números ciento sesenta y ocho, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, visibles en las páginas ciento cincuenta y ciento cincuenta y uno, respectivamente, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, que establece lo siguiente: "PERSONALIDAD, CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- Si se estima que la resolución de la Junta a través de la cual se desecha la excepción de falta de personalidad opuesta, causa algún agravio, debe impugnarse, en su caso, en amparo indirecto ante un Juez de Distrito que es la vía procedente, atento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, pues tal acto no es reparable en el laudo, si se toma en cuenta que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 816 de la Ley Federal del Trabajo".- "PERSONALIDAD, CONTRA LOS ACUERDOS QUE LA TIENEN POR ACREDITADA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.- Las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que tienen por acreditada la personalidad de los comparecientes como representantes de las partes, son actos que no pueden repararse en el laudo, por lo que deben impugnarse en amparo indirecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo" .- "PERSONALIDAD, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENEN POR ACREDITADA LA.- Las resoluciones en que la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene por acreditada la personalidad de las comparecientes como representantes de las partes, son actos que no pueden repararse en el laudo, y en estas condiciones deben impugnarse, no al promoverse el juicio de amparo directo contra el propio laudo, sino mediante el amparo indirecto".- El criterio contenido en las tesis jurisprudenciales acabadas de transcribir se reitera por las razones fundamentales que a continuación se relacionan en forma breve, advirtiéndose que el caso en examen se rige por la Ley de Amparo anterior al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En primer lugar, porque al establecer el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías procede en contra de actos en un juicio "... que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación", no debe entenderse que la irreparabilidad sea física o material sobre las personas o las cosas, criterio que reduciría la aplicación de la norma a casos insólitos, sino que debe interpretarse como "cumplimiento irreparable", tal como lo ha establecido la tesis jurisprudencial veintiuno (Compilación de mil novecientos ochenta y cinco, Octava Parte)".- En segundo lugar, porque cuando se decide dentro de un juicio sobre la personalidad de las partes, se dirime un presupuesto procesal que no puede recibir el trato común que merece la mayor parte de los actos procesales, en virtud de que cualquiera que sea la resolución que se dicte en aquélla, se causa de manera cierta e inmediata un perjuicio a una de las partes, mientras que en otros actos, como por ejemplo los acuerdos sobre pruebas, el perjuicio no se causa, ni se conoce sino hasta el laudo, esto es, trasciende hasta el resultado del fallo, como establece el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional.- En tercer lugar, y como corolario de lo anterior, debe tenerse en cuenta que si el acuerdo o resolución que decide sobre la personalidad de una de las partes en el juicio es de cumplimiento irreparable, causando perjuicio desde luego, no puede obligarse al afectado a esperar el laudo para, en su caso, acudir al amparo directo, porque se le coloca en el riesgo de indefensión en lo que atañe a dicho presupuesto procesal.- En efecto, si la contraparte del afectado con la resolución incidental pierde la cuestión de fondo, sólo planteará ésta en el amparo directo y no el aspecto sobre personalidad que, así, queda enterrado y sin esperanza de ser planteado por el afectado con ella si su contraparte gana el amparo sobre el fondo.- Aunque existiendo otras razones, éstas se consideran suficientes para reiterar el criterio de las jurisprudencias y declarar inoperante el concepto de violación aludido".

B). Ahora bien, de la copia fotostática de la ejecutoria dictada por la Tercera Sala de este alto Tribunal en la contradicción de tesis número 3/89, se desprende lo siguiente:-Mediante oficio número 9193 de fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho tribunal y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.

El texto de dicho oficio es el siguiente: "En sesión celebrada el nueve de junio del año en curso, este Tribunal, al resolver el toca RC-1438/87, relativo al recurso de revisión interpuesto por la tercera perjudicada Instituto Mexicano Norteamericano, Asociación Civil, en el amparo indirecto promovido por Félix Besauri Suberbie contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia y de otra autoridad del Distrito Federal, sostuvo la tesis contenida actualmente en el sistema de cómputo del Poder Judicial Federal bajo el rubro: "PERSONALIDAD. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LA EXCEPCION DE FALTA DE. (INTERRUPCION DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA PUBLICADA CON EL NUMERO 208 EN LA PAGINA 613, CUARTA PARTE, APENDICE 1917-1985)". El Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito Judicial, mediante oficio número 6030 de dieciséis de noviembre del presente año, dirigido al toca citado, acompañó copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, el diecisiete de octubre pasado, en el toca 1117/88, relativo al recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la quejosa Promotora Mezquital del Oro, sociedad anónima de capital variable, en el amparo que promovió contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, de cuyo fallo se desprende la existencia de un criterio diverso respecto de una misma figura jurídica, pues en cuanto el tribunal que actúa sostiene que la resolución que decide la excepción de falta de personalidad es una violación procesal reclamable en amparo directo, el segundo aduce que es reclamable en amparo indirecto o bi-instancial, motivo por el que, el veintiocho de noviembre anterior, se acordó se hiciera la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por ambos órganos jurisdiccionales, comisionándose para ese efecto al presidente de este cuerpo colegiado.--En cumplimiento del acuerdo de mérito y de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción de tesis sustentadas entre este tribunal y el segundo del mismo ramo de este circuito al resolver, respectivamente, los amparos en revisión mencionados en párrafos precedentes, con el objeto de que se determine cuál tesis debe prevalecer.--Por otra parte, como la diferencia esencial que se advierte entre los dos criterios mencionados radica en el distinto concepto de irreparabilidad que se sostiene por ambos tribunales, es pertinente hacer notar a esa Superioridad que este tribunal, en la tesis de jurisprudencia número uno, también capturada en el sistema de cómputo de este Poder bajo el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL)", establece las bases jurídicas para la interpretación y aplicación en materia de amparo del concepto que nos ocupa, de donde resulta que esta tesis de jurisprudencia constituye la fuente inmediata y directa de la que ahora es materia de contradicción.- Para todos los efectos legales, se remite el toca aludido en primer término, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 304/88, que es el primer negocio de los cinco que forman la tesis de jurisprudencia arriba citada, por la indisoluble vinculación que guardan entre sí". La citada Tercera Sala, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros Azuela Güitrón, Carpizo Mac Gregor, Rocha Díaz, Magaña Cárdenas y presidente Chapital Gutiérrez, resolvió que sí existía contradicción de tesis entre los tribunales colegiados antes citados y declaró que debe prevalecer la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Las consideraciones en que se sustenta dicha resolución son del tenor literal siguiente "CUARTO.- Como es claro y se desprende de los anteriores considerandos, en este caso sí existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados, respecto de un mismo problema jurídico, divergencia que se da en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones normativas vertidas en torno al desechamiento de la excepción de falta de personalidad: a) La resolución de segunda instancia que confirma la interlocutoria de la primera instancia, puede considerarse como violación al procedimiento, análoga a las contenidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, y por tanto, sólo impugnable en el amparo directo, en su caso, hasta dictarse sentencia definitiva; o, b) por el contrario, como una violación procesal cometida dentro del juicio, cuyos efectos son de imposible reparación, que admite ser combatida sin tener que esperar a la resolución definitiva, mediante la interposición del juicio de amparo indirecto. Luego entonces, configurándose en lo substancial la contradicción de tesis, procede a continuación determinar por esta Tercera Sala el criterio que deba prevalecer, con carácter de tesis de jurisprudencias. El presente conflicto involucra necesariamente el problema relativo a la procedencia del juicio de amparo en general cuando los actos reclamados provienen de tribunales judiciales, o sea, del llamado amparo judicial, cuyo enfoque habrá de concretarse a la materia civil. La no Constitución de 1917, desde el inicio de su vigencia, admitió con toda claridad el amparo judicial en materia civil, incluso para las violaciones procesales. Así, se superaba una vieja polémica, pero al mismo tiempo se abría una nueva discusión. La Constitución distinguió entre: a) las violaciones a las leyes de procedimiento cuando se afecten las partes substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso, esta es la regla general y en la cual procede el amparo directo y, b) los actos de la autoridad judicial fuera de juicio o después de concluido, o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecten a personas extrañas a juicio, éstas son las excepciones a la regla general anterior y en las cuales procede al juicio de amparo indirecto.- Para los efectos de la resolución de la controversia planteada en este asunto la expresión constitucional que nos es importante es la de los actos cuya ejecución sea de imposible reparación", la cual tiene una serie de importantes antecedentes.- -En octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, Don Ignacio Mariscal, Ministro de Justicia de don Benito Juárez, presentó al Congreso Federal un proyecto para una nueva ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 constitucionales, en la cual existía un capítulo referente al "amparo en negocios judiciales".- El dictamen de las comisiones legislativas respectivas recogió esas ideas y en su artículo octavo fue claro en ordenar que el amparo sólo procedía contra la sentencia definitiva que hubiera causado ejecutoria. En la exposición de motivos de esas comisiones diáfanamente se exponía la razón de tal artículo: los abusos verdaderamente escandalosos que se venían haciendo del juicio de amparo, empleándose éste para combatir cualquier acuerdo o interlocutoria dictado en el juicio ordinario con lo que se estaba propiciando el desquiciamiento de la administración de justicia. Las discusiones para la nueva ley de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve fueron fuertes y reñidas. El resultado final fue radical. En la nueva ley de amparo de mil ochocientos sesenta y nueve el artículo 8 quedó redactado en los términos siguientes: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales".- La Suprema Corte fue contraria al mencionado artículo 8 y en la Ley de Amparo de mil ochocientos ochenta y dos se suprimió esa prohibición categórica a la procedencia del amparo judicial, situación que se reiteró, en el aspecto que se viene analizando, en el Código de Procedimientos Federales de mil ochocientos noventa y siete.- Bien conocido es que la Suprema Corte durante la presidencia de Don Ignacio L. Vallarta, limitó el amparo judicial civil al determinarse que la garantía de la exacta aplicación de la ley, contenida en el artículo 14 de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, no incluía a los juicios civiles.- La discusión de tantos años sobre la procedencia o no del amparo judicial y si éste incluía los juicios civiles y las violaciones de carácter procedimental, va a tener una importante precisión en la obra que en mil novecientos siete publicaron los juristas Isidro Rojas y Francisco Pascual García: (Se transcribe).- De lo anterior se desprende que en las reformas que proponen los citados juristas, se afirma que procede el amparo contra resoluciones que causen ejecutoria o que por su naturaleza puedan ser de inmediata ejecución; comprenden por una parte todas las resoluciones con que de hecho puedan violarse las garantías individuales y, por la otra, se dejan fuera del caso de amparo todas aquellas otras, que aunque puedan conducir a una violación o dar origen a una resolución que la importa, de pronto no la causan en el terreno de los hechos, por existir una mera posibilidad de violación constitucional. El doce de noviembre de mil novecientos ocho, se reformó el artículo 102 de la Constitución para quedar redactado así: "Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.- Cuando la controversia se suscite con motivo de violación de garantías individuales en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los tribunales de la Federación después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación".- Don Venustiano Carranza, en la ciudad de Veracruz el veintiocho de septiembre de mil novecientos quince reformó el artículo 102 constitucional y para lo cual hizo las siguientes consideraciones: "Que la edición que por decreto de diecisiete de octubre de mil novecientos ocho se hizo al artículo 102 de la Constitución Federal, para que el recurso de amparo en materia civil no pueda proponerse sino después de pronunciada la sentencia que ponga fin al litigio y contra la cual no conceda la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación, tuvo expresamente por objeto, según se dijo de una manera clara y terminante en la exposición de la iniciativa del Ejecutivo del primero de mayo del mismo año antes citado, poner coto al "abuso" que del recurso de amparo se había hecho en los negocios judiciales del orden civil, produciendo los efectos de enervar y dilatar la acción de los tribunales civiles, menoscabar la responsabilidad de la justicia del orden común y aun desalentar a los encargados de ministrarla, y lo asentaron las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Diputados en su dictamen del veintidós de mayo del repetido año, en el que la reforma constitucional indicada por el Ejecutivo, venía a poner coto a un mal que era creciente y trascendental, tomando un término medio entre la opinión que ve en el amparo el medio para toda clase de deficiencias en la administración de justicia, y aquella que, por el contrario considera que el amparo en juicios civiles es perturbador de la administración de justicia, invasor de la soberanía de los estados y recurso peligroso que, fundándose en una garantía de imposible realización como es la aplicación exacta de la ley en materia civil, trae en realidad más males que bienes.- Que una experiencia de varios años, constante en múltiples ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vino a demostrar que las restricciones para la promoción del amparo en materia civil, eran notoriamente inadecuadas y, por lo tanto, ineficaces para corregir los males que señalaban el Ejecutivo y las comisiones dictaminadoras; porque aparte de que dejó en pie la debatida cuestión, contradictoriamente resuelta por la Suprema Corte, respecto de la procedencia del amparo por inexacta aplicación de la ley en materia civil, los mismos términos de la adición permitieron a la malicia de los litigantes y a la diversidad de criterios en la Corte, dar a las expresiones "sentencias que pongan fin al litigio y contra la cual no concede la ley ningún recurso, cuyo efecto pueda ser la revocación", una amplitud que dio como pavoroso resultado que se amparara contra autos, providencias y aun simples actos negativos y disposiciones de mero trámite, dándose entrada al juicio de amparo, aunque constara en los autos que no se habían interpuesto los recursos comunes para la revocación.- Que, además de esto, con la adición de que se trata, poniendo restricciones para la promoción del amparo en juicios civiles, se dejaron intencionalmente sin correctivo inmediato, las violaciones de otras garantías distintas de la tercera que otorga el artículo 14 constitucional, cuya resolución se aplazaba indefinidamente, y en muchos casos de un modo irreparable hasta que se pronunciase la sentencia definitiva y se agotasen todos los recursos comunes.- Que el aplazamiento del recurso de amparo en materia civil por violación de garantías diversas de la exacta aplicación de la ley, se convirtió en un poder medio de opresión, de la autoridad judicial, pudo impunemente cometer toda clase de atentados contra la propiedad, los derechos de las personas y de las familias.- Que otro de los males que produjo la adición del artículo 102 fue el de que con frecuencia se siguieron juicios de rebeldía en los que el emplazamiento vicioso o deficiente, daba por resultado que se pronunciasen sentencias sin que los demandados pudieran defenderse, ejecutándose aquéllas en sus bienes de una manera irremediable, supuesto que siempre se alegaba que el amparo no procedía por no haberse interpuesto en tiempo hábil los recursos comunes.- Que para remediar los males antes expuestos, es necesario restituir el artículo 102 constitucional a su primera forma, conservando íntegro el pensamiento del legislador que quiso hacer del amparo un recurso constitucional y no un recurso extraordinario, a reserva de que una ley especial inspirada en un alto sentimiento de justicia y con amplio criterio científico, señale los límites del amparo en materia civil, y las condiciones que deben regular su interposición, de manera a la vez que proteja todos los derechos, reprimiendo las arbitrariedades del poder, ponga coto a las maliciosas promociones de los litigantes". Con motivo de esta reforma de Carranza, el artículo 102 de la Constitución regresó a la redacción que le había dado el Constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis, mil ochocientos cincuenta y siete.- Sin embargo, las anteriores consideraciones de Carranza son extraordinariamente importantes para comprender el artículo 107 de su proyecto de Const

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/237-c3083561/personalidad-en-contra-de-la-resolucion-que-desecha · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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