DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. DRENAJE, DERECHOS POR DESCARGA A LA RED. EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REMITE, PARA EL CÁLCULO DEL DERECHO POR EL USO DE AQUÉLLA, A LA TARIFA QUE CORRESPONDE A LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DRENAJE, DESCARGA DE AGUA A LA RED. EL ARTÍCULO 264 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA BASE DE LOS DERECHOS POR EL USO DE AQUÉLLA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 251/96. PAPELERA IRUÑA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El presidente de la República expresó los siguientes agravios:
"PRIMERO. Violación de lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 78 y 79 de la Ley de Amparo, 196, 264 y 265 del Código Financiero del Distrito Federal.
"En la sentencia que se recurre, la juzgadora ha resuelto otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, al considerar que los artículos 264 y 265 del Código Financiero del Distrito Federal en los que se regulan los derechos de descarga de agua a la red de drenaje son desproporcionados, al considerar que es fundado el primer concepto de violación hecho valer por la quejosa, en el sentido de que '... el pago de derechos de descarga de agua a la red de drenaje, debe estar en relación entre el costo del servicio, uso o aprovechamiento del bien que preste el Estado y las cuotas o pagos fijados por tales conceptos. En el caso, la cuota de derechos se fija en un 75% del 80% del volumen del agua potable extraída, según el artículo 196, fracción I, inciso b), del ordenamiento legal impugnado, por lo que no existe relación entre el costo del servicio, uso o aprovechamiento de la red de drenaje, con la que se precisa para extraer agua potable y que el (sic) 80% de ésta, se tome el 75% para pagar los derechos por la descarga o uso de drenaje.'.
"Para llegar a la consideración anterior, la Juez de garantías manifiesta que tratándose del pago de derechos por el servicio que presta el Estado, también debe tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, pues de otra manera quedaría al arbitrio del propio Estado fijar el pago de esos servicios, pudiendo éste no corresponder a la naturaleza del servicio, siendo que el pago por los servicios que presta debe estar en razón de su costo, ya que de otra suerte se daría lugar al cobro por derechos, uso o empleo de los bienes del dominio público por particulares que no corresponderían a los medios económicos invertidos para prestarlos, pues estarán muy por encima de esa inversión, perjudicando al gobernado que se ve precisado a usar los servicios, sobre todo en aquellos casos en los que no tiene otra vía para satisfacer sus necesidades al ser el único satisfactor como ocurre con el servicio de agua.
"Igualmente, la juzgadora manifiesta que el artículo 264 del Código Financiero del Distrito Federal establece que el monto de los derechos de descarga de aguas a la red de drenaje se calcula sobre el 80% del volumen de agua extraída, mismo al que se aplica el 75% de la cuota que corresponde '... sobre tal extracción del 80% del agua potable', de donde se advierte que el pago de dichos derechos se establece en función de lo que se extrae de agua potable y no en razón de la instalación, uso y mantenimiento de la red del drenaje, razón por la cual no hay correspondencia entre el servicio prestado y la cuota que debe cubrirse, siendo cuestiones diversas el líquido y su desechamiento a través de la red de drenaje, con lo cual se rompe el equilibrio que debe existir entre la cuota que se paga y la prestación del servicio y, por lo mismo, no se permite observar la proporcionalidad en el monto de los derechos a cargo del gobernado.
"Por lo que se refiere al argumento de las responsables en cuanto a que el hecho de que se considere que la base para el pago del derecho es el 80% del volumen de agua extraída, atiende al volumen que del mismo, después de ser utilizado, habrá de ser descargado a la red y que el mayor volumen de descarga implica mayores gastos para el Distrito Federal, por las erogaciones que debe realizar para mantener la infraestructura necesaria, la Juez manifiesta que no contempla que la infraestructura por la que el Estado debe efectuar erogaciones en su adquisición, instalación y mantenimiento corresponda al derecho que cobra cuantitativamente, pues la base del pago de los derechos como lo ha sostenido nuestro más Alto Tribunal '... es directamente el servicio prestado y la utilidad que pudiera tener de ello el Estado, lo que va a dar como resultado la fijación del pago del servicio, con independencia del mayor o menor uso que los gobernados puedan hacer del mismo, de tal manera que mientras más usen los servicios es evidente que más pago deben realizar, con lo que el gobierno obtiene mayores ingresos para el sostenimiento de la infraestructura a que se refiere la responsable, de tal manera que en el caso se observa una desproporción con relación al sostenimiento de la infraestructura de drenaje de agua y la base que se pretende tomar en cuenta, de naturaleza muy diversa al servicio prestado, lo que rompe con la relación de retribuir los servicios en función del costo o importancia económica de los mismos.'.
"Por último, el juzgador señala que los derechos de descarga de agua a la red de drenaje son desproporcionados, porque si bien no existe prohibición para que el legislador tome en cuenta una tarifa prevista respecto de un derecho para fijar otro, '... en el caso, como se advierte, se incumple con tal principio en el momento en que el legislador, en el precepto impugnado, se aparta precisamente de ese criterio, al permitir el que se tomen en cuenta cuotas para pago de otros derechos, como es el del agua potable, que no va en relación directa ni siquiera con el nombre de pago de derechos de descarga a la red de drenaje, ya que la descarga y el uso de ese drenaje es precisamente el servicio que se presta y por el cual se debe pagar.'.
"La sentencia del juzgador es ilegal, en virtud de que el mismo lleva a cabo una interpretación indebida de las disposiciones cuya constitucionalidad (sic) declara, en tanto que no es exacto que los derechos de descarga a la red de drenaje se causen por la prestación de un servicio como lo indica en su sentencia.
"En efecto, como se desprende del análisis de las disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir del día 1o. de enero del presente año, los referidos derechos se prevén en el título tercero de dicho ordenamiento, denominado 'De los ingresos tributarios', título en cuyo capítulo X, se prevén los 'derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público.'.
"Los derechos de descarga a la red de drenaje se establecen en la sección IV del referido capítulo, lo que significa que dichos derechos no se causan por la prestación de un servicio, sino por la utilización o aprovechamiento de bienes del dominio público, cuestión esta que no sólo se desprende de la denominación del capítulo y sección que han quedado señalados, sino también del artículo 24 del Código Financiero del Distrito Federal, en cuya fracción IV se precisa que son derechos las contraprestaciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Distrito Federal, así como por recibir los servicios que presta la entidad en sus funciones de derecho público.
"El artículo 264 del multicitado código, que regula los derechos de descarga a la red de drenaje, dispone que:
"'Artículo 264. Están obligadas al pago de estos derechos, las personas físicas y morales que utilicen agua de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, por las descargas de este líquido en la red de drenaje.
"'El monto del derecho se calculará tomando como base el 80% del volumen de agua extraída, al que se le aplicará el 75% de la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se refiere el artículo 196, fracción I, inciso b), de este código.
"'Cuando la descarga sea menor al porciento del volumen de agua extraída señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar, declarar y pagar este derecho, aplicando el 75% de la cuota mencionada, al volumen de agua efectivamente descargada en la red de drenaje. Para este propósito, los contribuyentes deberán, previamente, instalar dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, quedando bajo su responsabilidad la instalación y el costo de las adaptaciones y medidores que se requieran para dicha instalación, así como su operación y mantenimiento ...'
"Del análisis de la disposición anterior, se desprende, sin lugar a dudas, que los derechos de descarga a la red de drenaje no se causan por la prestación de un servicio por parte del Distrito Federal, pues para que ello fuese así, sería necesario que el propio Distrito Federal, a través de sus órganos de autoridad, tuviera que llevar a cabo determinadas conductas en el ejercicio de sus funciones de derecho público en favor de los gobernados, lo cual no sucede en el caso toda vez que, como se advierte del precepto citado, dicho gravamen se causa por el hecho de que el Distrito Federal permita la utilización a los contribuyentes de la contribución indicada, de uno de sus bienes del dominio público, como lo es la red de drenaje, razón por la cual, y toda vez que la Juez de garantías omitió atender a la naturaleza del derecho de referencia, procede se revoque su sentencia y no sólo eso, sino que además procede igualmente se niegue a la quejosa la protección constitucional que solicita, ya que como lo manifiesta la juzgadora textualmente en su sentencia, la misma sostuvo que los derechos de descarga a la red de drenaje se causan por la prestación de un servicio, lo cual como ya se demostró no es exacto.
"No obstante que lo expuesto es suficiente para que se revoque la sentencia que se combate en esta vía, me permito manifestar que igualmente resulta inexacto que los derechos de descarga a la red de drenaje sean desproporcionados, como lo indica la juzgadora.
"Lo anterior es así porque, en primer término, la Juez de garantías llega a dicha consideración después de hacer un análisis indebido de la naturaleza y concepto de los derechos de descarga a la red de drenaje y, por lo mismo, concluye en su sentencia que dicha contribución es inconstitucional, con lo cual, y al desconocer la verdadera naturaleza de la contribución multicitada, deja a las autoridades responsables sin posibilidad de defensa.
"Para corroborar lo anterior, bastará con tomar en cuenta que la juzgadora señala expresamente en su sentencia que al establecerse en el artículo 264 del Código Financiero del Distrito Federal, que el monto del derecho en comentario se calculará sobre la base del 80% del volumen de agua extraída, al que se aplicará el 75% de la cuota que corresponda por tal extracción del 80% del agua potable y que, por tanto, no hay correspondencia entre el servicio que se presta y la fijación de la cuota por dicho concepto, ya que son cuestiones totalmente diversas la extracción del líquido que implica ciertos costos y su aprovechamiento a través de la red de drenaje, por lo que no hay correlación entre ambos y no se permite observar la proporcionalidad en el monto del pago de los derechos reclamados, perdiéndose el equilibrio que debe existir entre la cuota que se paga y la prestación del servicio, que en el caso es la descarga del agua a través de la red de drenaje y no el suministro o extracción de la misma, de donde resulta que el citado numeral no comprende la proporcionalidad entre el servicio prestado y los derechos a pagar por ello.
"La aseveración del Juzgado de Distrito, se insiste, es ilegal, pues los derechos de descarga a la red de drenaje se causan precisamente por la utilización de un bien de dominio público como lo es la propia red y, por lo tanto, no puede señalarse válidamente que la cuota que debe cubrirse por el uso de ese bien debe corresponder al costo del servicio, independientemente de que el hecho de que dicha contribución se calcule atendiendo a un porcentaje del volumen de agua extraída, mismo al que, una vez conocido se le aplica el 75% de la cuota que correspondería cubrir con motivo del suministro de agua potable, pues no puede pasar desapercibido que la inconstitucionalidad de una contribución, cualesquiera que ella sea, depende de que la misma resulte desproporcionada e inequitativa o violatoria del principio de legalidad en materia impositiva.
"Así pues, para que pudiera considerarse que los derechos de descarga de agua a la red de drenaje son desproporcionados, tendría que existir una falta total de correspondencia entre el beneficio que se obtiene con motivo del uso o aprovechamiento de la red de drenaje y lo que debe cubrirse por el mismo, situación de la cual no se hizo cargo la juzgadora, pues sólo considera que el gravamen que se comenta es desproporcionado, porque no hay correlación entre el suministro o extracción de agua potable y la descarga de aguas a la red de drenaje, criterio este a través del cual la juzgadora pretende que la correlación que debe existir en materia de derechos necesariamente habrá de ser conceptual, lo cual no resulta correcto, pues el legislador puede válidamente elegir el procedimiento que estime procedente para la determinación del monto a pagar por concepto de cualquier gravamen, con la única condicionante de que en el caso de los derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, dicho uso o aprovechamiento sea acorde con la cuota que debe cubrirse con motivo del mismo, cuestión que la juzgadora no considera, ya que únicamente determinó que los multicitados derechos son inconstitucionales por no haber correspondencia entre la cuota que se paga y la prestación del servicio.
"Independientemente de lo anterior, resulta necesario precisar que a pesar de que la juzgadora señala que puede existir cierta proporción entre el volumen de agua que consume el quejoso, en relación con lo que de la misma va a desechar a través de la red, concluye en forma indebida, que no se contempla que la infraestructura por la que tiene que realizar gastos el citado departamento, en su adquisición, instalación y mantenimiento, corresponda al derecho que cobra cuantitativamente, pues nuestro más Alto Tribunal ha señalado que lo que da como resultado la fijación del pago del servicio, es directamente el servicio prestado y la utilidad que pudiera obtener de ello el Estado, con independencia del mayor o menor uso que los gobernados puedan hacer del mismo, de tal manera que mientras más usen los servicios los propios gobernados, sea evidente que deban realizar un pago mayor pues, según dice, en el caso se observa una desproporción con relación al sostenimiento de la infraestructura del drenaje de agua y la base que se pretende tomar en cuenta que es de naturaleza muy diversa al servicio prestado, lo que rompe con la relación de retribuir los servicios en función del costo o importancia económica de los mismos.
"Como ya se demostró, los derechos de descarga a la red de drenaje de ninguna manera se cubren por un servicio que preste el Estado, sino por el uso de la red de drenaje, aunado ello a que el sostenimiento de dicha red, a diferencia de lo que señala la juzgadora y, por lo mismo, la cantidad que debe cubrirse al Estado sí es proporcional a dicho uso.
"En efecto, como se observa tanto de la Ley de Ingresos del Distrito Federal como del Presupuesto de Egresos para el propio Distrito correspondientes al presente ejercicio fiscal, el ingreso por concepto de derechos por la prestación de servicios por el uso, suministro y aprovechamiento de agua, se estima en 799.8 millones de nuevos pesos, incluyéndose dentro de este derecho, de conformidad con lo que establece el artículo 196 del Código Financiero del Distrito Federal, tratándose del agua que provee el propio Distrito, entre otras, las erogaciones para el mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje.
"Por otra parte, por lo que se refiere a los derechos de descarga a la red de drenaje, se espera obtener un ingreso en este año de 44.4 millones de nuevos pesos.
"De conformidad con lo que establece el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el presente ejercicio, se harán erogaciones en materia de drenaje y tratamiento de aguas negras por N$637'811,900.00 (seiscientos treinta y siete millones ochocientos once mil novecientos nuevos pesos), lo que significa que no existe razón alguna para que la juzgadora considere que no hay proporción entre lo que se cobra por el derecho de descarga a la red de drenaje y el costo que implica el mantenimiento de esa red, en tanto bien del dominio público, pues incluso, como se puede observar, el monto de lo que se espera recaudar es la vigésima quinta parte, aproximadamente, de lo que habrá de erogarse, razón por la que es ilegal el criterio de la Juez de garantías, máxime si se considera que la quejosa ni siquiera demostró la desproporción del derecho, no obstante haber estado obligada a ello como lo ha sostenido nuestro más Alto Tribunal.
"En tal virtud, y al ser claro que la juzgadora desconoció la naturaleza y concepto del derecho cuya constitucionalidad fue controvertida ante ella y además desatendió al costo que representa para el Estado el mantenimiento de la red de drenaje, el cual debió armonizar con el ingreso que se espera obtener del derecho legalmente establecido, cuestiones que estuvo obligada a analizar por encontrarse en ordenamientos legalmente aprobados y que por lo mismo no son objeto de prueba, procede en derecho se revoque la sentencia que se recurre pues, por otra parte, resulta incorrecto que en el caso no sea factible tomar como base para el cálculo del gravamen un porcentaje de la cuota establecida tratándose del suministro de agua pues, a diferencia de lo que sostiene el juzgado, no todo el volumen de agua que recibe una persona se utiliza totalmente, sino que el mismo en una gran cantidad se descarga a la red, cuestión esta que ni siquiera está sujeta a prueba, aunado ello a que si dentro de los derechos de suministro de agua potable que provee el Distrito Federal se incluye una cantidad por la descarga de esa agua a la red de drenaje, es perfectamente válido que el pago de los derechos por el uso de esa red por quienes obtienen el agua de otras fuentes se sujete a las cuotas establecidas para aquéllos, pues sólo así se da un tratamiento igual a unos y otros."
TERCERO. No es materia de la revisión y, por ende, queda intocado el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en el resolutivo primero y considerando inicial de la sentencia recurrida, toda vez que no se formula agravio al respecto por la parte a quien perjudica ni se está en ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja, previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
CUARTO. Es innecesaria la transcripción y análisis de los agravios vertidos por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en atención a lo siguiente:
Por tratarse de una cuestión de examen preferente, debe determinarse si, por lo que ve al recurso interpuesto por dicha autoridad, ha operado o no la caducidad de la instancia en los términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIV, de la Constitución Federal y 74, fracción V, de la Ley de Amparo.
De lo dispuesto en los preceptos antes mencionados se advierte que, para que opere la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en revisión, es necesario que el acto o actos en ellos reclamados sean del orden civil, administrativo o laboral en el que el recurrente sea el patrón y que transcurra un término de trescientos días incluyendo los inhábiles, sin que el recurrente promueva ni se realice acto procesal susceptible de interrumpir la caducidad de la instancia.
Ahora bien, en el presente caso el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, mandó recabar información de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, acerca de si se presentaron o no promociones para el presente asunto en revisión durante el lapso comprendido entre el seis de marzo de mil novecientos noventa y seis y el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete.
Con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, el jefe de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia expidió la siguiente certificación.
"José Luis Rojas y Rojas, jefe de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento al acuerdo de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, recibido en esta oficina el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete.
"Certifico: Que en la tarjeta de control de registros correspondiente al toca 251/96 de esta oficina, consta que en el periodo del seis de marzo de mil novecientos noventa y seis al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, se recibieron los documentos que siguen, para el toca mencionado, relativo al juicio de amparo promovido por Papelera Iruña, S.A. de C.V. contra actos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y otras autoridades: un oficio del secretario de Gobierno en ausencia del jefe del Departamento del Distrito Federal, en representación del presidente de la República Mexicana, el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis (número de entrada 15360) y un oficio del secretario de Gobierno, en ausencia del jefe del Departamento del Distrito Federal, en representación del presidente de la República Mexicana, el día ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis (número de entrada 26777).
"Expido este primer certificado en el Distrito Federal, el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, para el toca 251/96, de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. Rúbrica."
Con la certificación transcrita se mandó dar vista por el término de tres días a las recurrentes, a efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniere, según se ordenó en el propio auto de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, pronunciado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, vista que se notificó el día tres de marzo del citado año.
El término de tres días corrió del cinco al siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, sin que se hubiera presentado promoción alguna para este toca, según se advierte de la certificación que a continuación se transcribe:
"José Luis Rojas y Rojas, jefe de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento al acuerdo de fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, recibido en esta oficina el día diez de marzo de mil novecientos noventa y siete.
"Certifico: Que en esta oficina no obra constancia de haberse recibido documento alguno en el periodo del cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete al siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, para el toca 251/96, relativo al juicio de amparo promovido por Papelera Iruña, S.A. de C.V. contra actos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y de otras autoridades.
"Expido este segundo certificado en el Distrito Federal, el once de marzo de mil novecientos noventa y siete, para el toca 251/96, de la Subsecretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. Rúbrica."
De la primera de las certificaciones transcritas, se aprecia que la parte recurrente no presentó promoción alguna durante el lapso comprendido entre el seis de marzo de mil novecientos noventa y seis al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete; y como, además, de las constancias de autos no aparece que se haya realizado acto procesal durante dicho periodo, susceptible de interrumpir la caducidad de la instancia, resulta incuestionable que en el caso se surten los presupuestos necesarios para que opere la aludida caducidad de la instancia, en los términos de los artículos 107, fracción XIV, de la Constitución Federal y 74, fracción V, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que entre las fechas mencionadas transcurrió con exceso el término de trescientos días a que se refiere el último de los numerales citados.
Por otra parte, lo reclamado son ordenamientos de contenido administrativo.
Consecuentemente, al haber operado en la especie la caducidad de la instancia, es procedente declararlo así por lo que respecta a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
QUINTO. A continuación se analizan los agravios expresados por el jefe del Distrito Federal, en representación del presidente de la República, agravios que se estiman fundados.
En efecto, según se advierte de la lectura del considerando tercero de la sentencia recurrida, la Juez de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al estimar fundado el primer concepto de violación aducido por la quejosa; para ello considera, de manera esencial, que el derecho en cuestión viola la garantía de proporcionalidad tributaria consignada por el artículo 31, fracciónIV, constitucional, toda vez que la cuota que se fija por tal concepto no va en relación al costo que para el Estado representa prestar el "servicio" (sic); que el monto de la cuota del derecho por descarga en la red de drenaje se fija en función de lo que se extrae de "agua potable" (sic) y no en función de la instalación, uso o mantenimiento de la citada red de drenaje, por lo que no existe correspondencia entre el servicio que se presta y la fijación de la cuota por tal concepto, siendo cosas totalmente diversas la extracción del líquido y su desechamiento al drenaje.
Tales razonamientos de la Juez de Distrito se estiman incorrectos, en atención a las siguientes consideraciones:
En efecto, los artículos 264 y 265 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, a la letra establecen:
"Artículo 264. Están obligadas al pago de estos derechos, las personas físicas y morales que utilicen agua de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, por las descargas de este líquido en la red de drenaje. El monto del derecho se calculará tomando como base el 80% del volumen del agua extraída, al que se le aplicará el 75% de la cuota que corresponda por metro cúbico de agua potable a que se refiere el artículo 196, fracción I, inciso b), de este código. Cuando la descarga sea menor al porciento del volumen de agua extraída señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar, declarar y pagar este derecho, aplicando el 75% de la cuota mencionada, al volumen de agua efectivamente descargada en la red de drenaje. Para este propósito, los contribuyentes deberán, previamente, instalar dispositivos permanentes de medición continua en las descargas a la red de drenaje del agua que provenga de fuentes diversas a la red de suministro del Distrito Federal, quedando bajo su responsabilidad la instalación y el costo de las adaptaciones y medidores que se requieran para dicha instalación, así como su operación y mantenimiento. Los derechos correspondientes se calcularán en términos del párrafo anterior, a partir de la fecha en que se ejerza la opción ante la autoridad fiscal. En caso de que se ejerza la opción a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, el contribuyente deberá presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal y pagar los derechos en los formatos aprobados para tal efecto. Para calcular el pago, los contribuyentes efectuarán la lectura de los dispositivos de medición instalados en las descargas a la red de drenaje el primer día de cada bimestre y efectuarán el cálculo correspondiente. La autoridad fiscal podrá verificar en todo momento la precisión de los dispositivos instalados, y ordenar que el contribuyente realice las modificaciones que se requieran, a fin de que los mismos midan correctamente las descargas."
"Artículo 265. La determinación del derecho a que se refiere el artículo anterior, se hará por periodos bimestrales. La autoridad fiscal enviará la boleta respectiva, debiendo pagarse este derecho dentro de los veinte días de calendario siguientes a cada bimestre. Las boletas señaladas en el párrafo anterior serán enviadas mediante correo ordinario al domicilio del usuario, siendo obligación de los contribuyentes que no las reciban, solicitarlas en las oficinas fiscales autorizadas, ya que la falta de recepción de las mismas no los libera de la obligación de efectuar el pago dentro del plazo establecido para tal efecto, ni de los recargos y sanciones, que en su caso procedan. Para los efectos de esta sección, será aplicable en lo conducente, lo establecido en la sección primera del capítulo IX."
A su vez, el artículo 196 del propio cuerpo de leyes, en la parte que interesa, dispone:
"Artículo 196. Están obligados al pago de los derechos por el suministro de agua que provea el Distrito Federal los usuarios del servicio. El monto de dichos derechos comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir, distribuir el líquido y posteriormente su descarga a la red de drenaje, así como las que se realicen para mantener la infraestructura necesaria para ello, y se pagarán bimestralmente, de acuerdo a las tarifas que a continuación se indican:
"I. En caso de que haya instalado medidor, los derechos señalados se pagarán de acuerdo con lo siguiente:
"a) Tratándose de tomas de uso doméstico, que para efectos de este código son las que se encuentren instaladas en inmuebles de uso habitacional, el pago de los derechos correspondientes se hará conforme al volumen de consumo medido, de acuerdo a la siguiente:
Ver tarifa 1
"b) Las tomas de agua instaladas en inmuebles distintos a los señalados en el inciso anterior, se considerarán como de uso no doméstico para efectos de este código y el pago de los derechos correspondientes, se hará conforme al volumen de consumo medido en ese periodo, de acuerdo a la siguiente:
Ver tarifa 2
En diversas ejecutorias que integraron la tesis jurisprudencial de la voz: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4621-52192d01/derechos-por-servicio-de-agua-potable-para-examinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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