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Modo: Corpus Pro

EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 151, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ADUANERA QUE LO PREVÉ, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 426/97. · Registro digital (IUS): 7197
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COBRE DE PASTEJÉ, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, , Pág. 96.

AMPARO EN REVISIÓN 426/97. COBRE DE PASTEJÉ, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-En lo que es competencia de esta Primera Sala, se analiza en primer término el agravio único de la autoridad recurrente que impugna la concesión del amparo de la Justicia Federal otorgada respecto de los artículos 155 de la Ley Aduanera, vigente hasta mil novecientos noventa y seis, y el artículo 55, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde estimó el Juez de Distrito que el embargo precautorio de mercancía extranjera, cuando en una visita domiciliaria no se acredite la legal estancia en el territorio nacional, resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, al crear incertidumbre jurídica, puesto que la obligación no está determinada en cantidad líquida y no se tiene conocimiento de la contribución omitida para garantizar el interés fiscal, además de otorgar facultades omnímodas a la autoridad fiscal al dejar a su libre arbitrio el monto del embargo y los bienes motivo del mismo, pues no señalan las bases o los elementos a tomar en consideración para determinarlos, razón suficiente para declararlos inconstitucionales.

Previo al estudio del agravio señalado, conviene transcribir los artículos antes mencionados:

"Artículo 55. Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... XIV. Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo de mercancías de comercio exterior o sus medios de transporte, cuando no se acredite su legal importación, tenencia o estancia en el país; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, o del ejercicio de las facultades de comprobación efectuado por las aduanas, o por otras autoridades fiscales, así como, ordenar en los casos que proceda, la entrega de las mercancías embargadas, antes de la conclusión del procedimiento a que se refiere esta fracción, previa calificación y aceptación de la garantía del interés fiscal; autorizar a los almacenes generales de depósito para que presten el servicio de depósito fiscal, previa opinión que al efecto emita la Administración General de Aduanas, y para que en sus instalaciones se adhieran los marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas de importación; habilitar almacenes como recintos fiscales para uso de la autoridad aduanera.".-Artículo 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de esta ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este supuesto, el visitado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera practicado el embargo, deberá acreditar la legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo.-En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables las disposiciones de los artículos 152 y 153 de esta ley.".-Además: Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: I. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado. II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se descubran sobrantes de mercancías en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías. V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas.-En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, el medio de transporte quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se cumpla con los requisitos y las condiciones que establezca el reglamento.-Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada.-Se embargarán precautoriamente los medios de transporte, sin incluir las mercancías que los mismos transporten, cuando con ellos se ocasionen daños en los recintos fiscales, con el objeto de garantizar el pago de la multa que corresponda."

De los artículos antes transcritos, en síntesis, se desprende que se faculta a la Administración de Auditoría Fiscal para realizar el embargo precautorio de mercancías de procedencia extranjera que se internen en territorio nacional, o sus medios de transporte, cuando no se acredite su legal estancia en el país.

Como puede verse de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito concedió el amparo de la Justicia Federal con razones por las cuales el Tribunal Pleno sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al sostener que los preceptos combatidos prevén el embargo precautorio, sin que se encuentre determinado el crédito fiscal en contra del contribuyente.

Sin embargo, las razones que esgrime para sostener la inconstitucionalidad de los numerales que se combaten no resultan aplicables en la especie, habida cuenta que los artículos de la Ley Aduanera, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tienen vinculación directa e inmediata con la finalidad de hacer efectivo un crédito fiscal, sino que como puede advertirse de su redacción, la ratio legis de dichos numerales incide respecto a la importación o exportación de mercancías prohibidas o sujetas a regulaciones y restricciones cuando no se acredita su cumplimiento o el pago de las cuotas correspondientes.

En efecto, el embargo precautorio de las mercancías si bien protege el interés del fisco derivado de los créditos fiscales generados con motivo de la entrada y salida del territorio nacional de esas mercancías, primordialmente protege el interés social respecto al cumplimiento de las obligaciones que en la materia aduanera establecen las disposiciones legales aplicables. El objeto de la medida cautelar no lo es, por tanto, el asegurar el pago de las contribuciones al comercio exterior, sin que éstas estén determinadas o sean exigibles, sino el embargar las mercancías que se introduzcan por lugares no autorizados; que estén prohibidas o no estén amparadas con la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones que para su tenencia, transporte o manejo exigen las normas legales; que excedan de la cantidad declarada en el pedimento, o bien, que carezcan del pedimento correspondiente.

A través de la medida cautelar se embargan precautoriamente las mercancías materia de infracción a las disposiciones legales aduaneras. No se trata del embargo precautorio de bienes de un causante para garantizar el pago de posibles contribuciones al comercio exterior, sino del embargo precautorio de mercancías materia de una infracción a las disposiciones aduaneras para garantizar el respeto al orden público y la satisfacción del interés social que exige el acatamiento a las normas legales respectivas y, por tanto, el impedir que se continúe su transgresión.

Para sustentar lo expresado, resulta pertinente transcribir el contenido de los artículos 146 y 176 de la Ley Aduanera que disponen:

"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos:

"I. Documentación aduanera que acredite su legal importación.-Tratándose de la enajenación de vehículos importados en definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquirente. En enajenaciones posteriores, el adquirente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país.

"(Reformada, D.O. 30 de diciembre de 1996)

"II. Nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la secretaría.

"III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la cual deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación.-Las empresas porteadoras legalmente autorizadas, cuando transporten las mercancías de procedencia extranjera fuera de la franja o región fronteriza, podrán comprobar la legal tenencia de las mismas con la carta de porte y los documentos que establezca mediante reglas la secretaría."

"Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:

"I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse.

"II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos a normas oficiales mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera otra regulación.

"III. Cuando su importación o exportación esté prohibida.

"IV. Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos a realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente.

"V. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos anteriores."

"(Reformada, D.O. 30 de diciembre de 1996)

"VI. Cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas para ello."

Como se advierte de la lectura de los preceptos antes transcritos, la tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el país o de mercancías de importación prohibidas constituye una infracción. Por tanto, el embargo que de ellas autorizan los preceptos reclamados no persigue, como inexactamente lo arguye el quejoso, garantizar el interés del fisco respecto del pago de contribuciones al comercio exterior sin que el crédito respectivo esté determinado y sea exigible, sino el impedir que se posean, transporten o manejen mercancías prohibidas o aquellas en relación con las cuales no se acredite su legal estancia, por constituir la conducta anterior una infracción a las normas legales aplicables.

Los preceptos reclamados no infringen, en consecuencia, las garantías protegidas por el artículo 16 constitucional porque no autorizan un embargo precautorio sobre los bienes del causante para garantizar un crédito no determinado ni exigible y desconociéndose, por tanto, las razones del embargo. Lo que aquel precepto autoriza es el embargo precautorio de las mercancías materia de una infracción para evitar que se continúen transgrediendo las disposiciones legales en la medida que el interés social exige el debido respeto al orden público y jurídico establecido.

Además, el artículo 151 reclamado establece con precisión los casos en que procede el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, mientras que los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera regulan la actuación de la autoridad al aplicar la medida cautelar, exigiéndole el levantamiento de un acta de inicio del procedimiento administrativo en el que se otorgue al afectado la posibilidad de acreditar la legal tenencia o estancia de las mercancías y de obtener su devolución en cuanto ello sea demostrado.

En efecto, los artículos 150 y 153 citados disponen:

"Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.

"En dicha acta se deberá hacer constar:

"I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia.

"II. Los hechos o circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.

"III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.

"IV. La toma de muestra de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.-Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción, apercibiéndolo de que, de no hacerlo o de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará.-Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga."

"Artículo 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dentro de los diez días siguientes al del levantamiento del acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación.-Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan sanciones ni se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional, en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva, la provisional tendrá tal carácter.-En los casos en que el interesado no desvirtúe mediante pruebas documentales los hechos y circunstancias que motivaron el inicio del procedimiento, así como cuando ofrezca pruebas distintas, las autoridades aduaneras dictarán resolución determinando, en su caso, las contribuciones y las cuotas compensatorias omitidas, e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta ley."

Por tanto, contrariamente a lo expresado por el Juez de Distrito en su sentencia, no es aplicable al caso la jurisprudencia del Tribunal Pleno que invoca y cuyo rubro es: "EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.", máxime si se toma en cuenta que la jurisprudencia aludida se refiere al artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente hasta el año de mil novecientos noventa y cinco, mismo que autorizaba el embargo precautorio de los bienes de un causante para asegurar el interés fiscal antes de que el crédito estuviera determinado o fuera exigible, cuando a juicio de aquélla hubiera peligro de que el obligado se ausentara, enajenara u ocultara sus bienes, o realizara cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento, supuesto diferente al aludido, como lo es el embargo precautorio de las mercancías de importación o exportación prohibidas y de las sujetas a regulaciones o restricciones cuando no se acredita su cumplimiento, con el objeto de evitar que se continúen infringiendo las disposiciones legales aplicables, entre ellas, las que obligan al pago de las contribuciones del comercio exterior, mas no con el fin específico de garantizar impuestos no determinados ni exigibles, según se ha determinado con anterioridad.

De donde se sigue que al ser fundado el agravio de la autoridad recurrente en el que alega que contrario a lo que sostiene el Juez en su sentencia, los dispositivos legales declarados inconstitucionales no prevén la práctica del embargo precautorio por la falta de pago de contribuciones, sino por la existencia de mercancías cuya legal estancia en el país no se acredite, independientemente de si su introducción al territorio nacional causó un impuesto y si éste se pagó o no, procede revocar la sentencia recurrida por cuanto concedió el amparo de la Justicia Federal por los artículos 55, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el 155 de la Ley Aduanera, para negar la protección constitucional solicitada, al no ser inconstitucionales los preceptos analizados por tales razones, que fueron las mismas que invocó la parte quejosa en su demanda de amparo y, por tanto, no cobra vigencia la tesis en que basó su razonamiento la sentencia impugnada.

En virtud de la conclusión alcanzada, procede entrar al estudio de los agravios hechos valer por la parte quejosa.

QUINTO.-Los agravios hechos valer por la parte quejosa, ahora recurrente, competencia de esta Primera Sala, deben estimarse infundados en atención a las consideraciones siguientes:

En el segundo agravio sostiene la recurrente que contrariamente a lo expresado en la sentencia acerca de lo que hizo valer en su segundo concepto de violación, el embargo precautorio a que hacen mención los artículos tildados de inconstitucionales viola la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, en virtud de que nadie podrá ser privado de sus papeles, propiedades, derechos y posesiones sin que medie juicio en el que sea oído y vencido, sin que en dicho precepto constitucional se haga distinción alguna entre los tipos de privación (cautelar, provisional, temporal o definitiva). Además de que de la interpretación conjunta con el artículo 16 de la Constitución Federal se debe conceder audiencia previa al posible afectado para que en el procedimiento de la legal tenencia de sus posesiones y una vez concluido el procedimiento respectivo, se resuelva lo procedente.

La garantía de audiencia es el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus bienes más preciados, como lo son la vida, la libertad, propiedades, posesiones o derechos.

Ahora bien, el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional lo es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso.

Así, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste.

Por lo contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida.

Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que se brinde al sujeto la referida garantía.

La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir en mayor o menor medida, directa e indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos deben generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia.

Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar.

Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; lo que no puede servir de base para distinguir entre ellos, pues ese efecto puede presentarse en ambos.

Tampoco puede estimarse que la distinción entre dichos actos esté constituida por su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas.

El análisis de la responsabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia.

De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional.

Por tanto, como se dijo, para concluir si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional debe atenderse a su finalidad.

Sobre el particular, cabe invocar el siguiente precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tercera Parte, Volumen 81, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.-En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.

"Amparo en revisión 1389/71. La Libertad, Compañía General de Seguros, S.A. y acumulado. 4 de septiembre de 1975. 5 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."

Del análisis de los preceptos combatidos se desprende que establecen una medida provisional consistente en el embargo precautorio materia de una infracción a las disposiciones aduaneras, dictada en un procedimiento administrativo que tiene como finalidad el evitar que se sigan cometiendo dichas infracciones.

Ahora bien, dicho secuestro tiene como fin principal la afectación de un bien con su consecuente indisponibilidad, mientras se resuelve en definitiva la procedencia de la infracción a las disposiciones aduaneras, afectación que se realiza cuando las autoridades respectivas advierten la existencia de mercancías de importación o exportación prohibidas o sujetas a regulaciones o restricciones cuando no se demuestre su cumplimiento o el pago de las cuotas correspondientes.

En estas condiciones, ese embargo precautorio es un acto que no produce privación en los derechos que se señalan en el artículo 14 constitucional, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla en el acto mismo con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento administrativo que es el que debe cumplir los requisitos que antes quedaron precisados, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el embargo que en forma precautoria y como medida de aseguramiento se decreta.

Por esta razón, carece de sustento el razonamiento de la quejosa atinente a que el artículo 14 constitucional no hace distinción entre privación leve, provisional o precautoria, ya que como se ha visto la privación a que se refiere el numeral en comento y que requiere de la garantía de audiencia, es aquella que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente, y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. Esto es, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso.

Respecto de las medidas cautelares como de la que se trata en la especie, el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 609/94, promovido por Antonio Faustino Reyes Pérez, en sesión del siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de diez votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán (no asistió el Ministro Juventino V. Castro y Castro, por estar disfrutando de vacaciones), sostuvo que las características procesales de estas medidas son: a) son medidas provisionales, en cuanto a que sólo duran hasta la co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7197-6c027a0c/embargo-precautorio-el-articulo-151-fracciones-ii-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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