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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA (CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE HASTA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/96. · Registro digital (IUS): 5114
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 82.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, hoy Primero del propio circuito, al resolver los amparos directos números 44/89, 179/89, 510/88, 420/89 y 382/89 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación.-En virtud de que el quejoso alega entre las violaciones de fondo, la extinción de la acción persecutoria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo, este tribunal se aboca al estudio y resolución de tal cuestión.-La Sala responsable, en el considerando único de su sentencia, consideró la improcedencia de la prescripción de la acción penal en virtud de que, sostiene, el delito de despojo es un delito continuo, por lo que al no haber cesado la interrupción de la posesión que tenía la ofendida, no es válido decretar la prescripción solicitada.-La consideración anterior es inexacta, en atención a que el bien jurídico tutelado en el delito de despojo, es la posesión; de tal manera que cuando al pasivo se le priva de ella por cualquiera de los medios que establece el artículo 392, fracción I, del Código Penal, el delito se consuma o se agota, pues la acción de privación igualmente concluye, con independencia de que el activo permanezca en la ocupación ilegítima del inmueble, pues esto ya es un efecto distinto de la acción de apoderamiento ilícito realizado, o sea, que el acto de privación de la posesión ya existente del pasivo, objetivamente perfecciona el ilícito, toda vez que éste se consuma con una sola acción criminal que viene a ser el acto privativo considerado en sí mismo. No se trata de que la acción se prolongue sin interrupción, por más o menos tiempo, que es lo que caracteriza al delito continuo conforme al artículo 19 del Código Penal, pues es el acto privativo lo que constituye la acción y una vez que por efectos de esa acción el agraviado ya no se encuentra en posesión del inmueble, la acción criminal queda consumada.-Sentado lo anterior, procede examinar si en el caso la acción penal se encuentra prescrita, partiendo del supuesto de que el delito del que se acusa al quejoso es instantáneo y no continuo.-En términos generales, la acción es una petición de jurisdicción, entendida ésta como la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada cuestión jurídica controvertida.-Es cierto que tanto la acción como la jurisdicción son conceptos unitarios, pero el desenvolvimiento o ejercicio de las mismas es complejo y se actualizan a través del proceso, de tal forma que el inicio del ejercicio de la acción da origen al proceso y mediante diversos actos normados por éste, como efecto de la acción se desenvuelve asimismo la jurisdicción que culmina con el acto que es de su esencia y que no es otro que la sentencia.-No se puede confundir ninguno de esos conceptos: todos tienen esencia y contenido diferentes aun cuando se encuentran indisolublemente vinculados. Así, la acción es un deber del Ministerio Público, consistente en pedir la jurisdicción, para que el órgano juzgador determine si ha lugar o no a la pretensión punitiva del Estado por la comisión de un ilícito y contra de su autor. Como ya se advirtió, la jurisdicción es la facultad de dirimir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida; tal facultad no puede ejercerse por parte del juzgador sin que haya habido previamente como condición sine qua non, una acción deducida por quien la ley faculta para ello. El proceso es el medio del desenvolvimiento de la acción; lo constituyen todos aquellos actos necesarios para el conocimiento de la cuestión controvertida y para que ésta pueda ser resuelta por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, la acción, en su desarrollo, abarca desde su inicio con la consignación hasta el momento en que el proceso esté en estado de resolución con la citación para sentencia, momento en que la acción se agota, pues ya cumplió su fin específico esencial: solicitar que se emita el supremo acto jurisdiccional, es decir, la sentencia.-Lo anterior no son meras reflexiones teóricas, sino que encuentran sustento en la legislación positiva del Estado de Morelos.-En efecto, el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, norma los diversos actos que el Ministerio Público puede realizar en ejercicio de la acción penal, que principia con la iniciación del procedimiento judicial haciendo la consignación de las primeras diligencias y concluye con la solicitud de que se apliquen las sanciones respectivas, abarcando el ofrecimiento de pruebas para la comprobación de los delitos y la responsabilidad de los delincuentes, así como la aportación de aquellos elementos necesarios para proceder a la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública, por ser resultado del ejercicio de la acción penal.-Por lo que se refiere al proceso, éste queda regulado por el propio cuerpo de leyes y enunciados, en términos generales, por el artículo 3o. que dispone que el procedimiento penal tiene cuatro etapas, a saber: 1. El de averiguación previa, que son aquellas diligencias inicialmente practicadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Público indispensables para que éste resuelva la procedencia o no del ejercicio de la acción penal, por su naturaleza, este periodo es preparatorio de la acción, de tal forma que en él no se ejerce ésta, y concluye con la consignación de los hechos al tribunal solicitándole proceda desde luego contra persona determinada que aparezca ser presunta responsable de algún ilícito; 2. El periodo de instrucción, que comprende las diligencias practicadas por los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias de su ejecución y la responsabilidad o inocencia de los inculpados, mediante la coordinación de las pruebas; aquí la acción penal ya ha sido ejercida, pues para dar inicio al periodo de instrucción es necesario que se hayan sometido al tribunal, para su decisión, los hechos constitutivos de delitos y los presuntos responsables; la aportación de pruebas por parte de la representación social se hace en ejercicio de la acción penal, según la disposición del ya referido artículo 135 del Código de Procedimientos Penales; 3. El periodo de juicio, durante el cual el Ministerio Público funda su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales, y éstos valoran las pruebas para pronunciar su sentencia definitiva; este periodo se significa particularmente porque en él se concluye el ejercicio de la acción penal al presentar el Ministerio Público el fundamento de su acusación, solicitando la aplicación de sanciones mediante la valoración que de las pruebas haga el tribunal al emitir la resolución que constituye su acto de jurisdicción; 4. El periodo correspondiente al de ejecución, que se inicia en el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales y termina con la extinción de las sanciones que hubieren sido impuestas.-El artículo 6o. del Código de Procedimientos Penales es el que norma precisamente la jurisdicción, pues dispone que ‘Los periodos de instrucción y juicio constituyen el procedimiento judicial, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado, ya citados, resolver si un hecho es o no delito si debe sobreseerse dicho procedimiento; determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos o imponer las sanciones que procedan, con arreglo a la ley.’ lo anterior significa que es facultad exclusiva del Poder Judicial el ejercer la jurisdicción en materia penal, de tal forma que son los tribunales del Estado los que están facultados y obligados a resolver vinculativamente para las partes la cuestión que le somete el Ministerio Público en ejercicio de la acción penal.-Por lo que se refiere a la prescripción, ésta es una institución del derecho que permite la seguridad jurídica, ya que por su propia naturaleza impide que las cosas permanezcan indefinidamente insolutas; tratándose de prescripción extintiva, como en el caso de la acción penal, hay dos supuestos básicos para que opere: a) El transcurso del tiempo que marca la ley y, b) Que durante dicho lapso no se ejerza la facultad persecutoria que compete al Ministerio Público; así, el transcurso del tiempo extingue la acción por no haberse ejercido ésta, pero es evidente que una vez que se da el supuesto contrario, es decir, el ejercicio de la acción persecutoria, hasta en tanto ésta pueda ser desarrollada, no puede operar la prescripción, porque no existe abandono o inmovilidad atribuible al titular de tal acción, que es el Ministerio Público.-El artículo 115 del mismo código punitivo dice: ‘La prescripción no se interrumpe por las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, cualquiera que sea la situación jurídica que guarden éstos en el procedimiento penal.’.-Es este numeral el que ha dado origen a la interpretación errónea de que la acción penal prescribe en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia que cause ejecutoria, porque las actuaciones, según se sostiene, no interrumpen la prescripción.-Tal afirmación es inexacta: en ninguna forma pudo haber sido la intención del legislador que la prescripción abarcara todas las fases del procedimiento penal, el cual como ya se vio, consta de las cuatro etapas definidas por el artículo 3o. del Código de Procedimientos Penales.-En efecto, no puede considerarse que en la etapa del procedimiento penal llamada de ejecución pudiera operar la prescripción, puesto que en ese caso se ha agotado la acción penal y se ha emitido una sentencia ejecutoria, por lo que resultaría absurdo que prescribiera la acción después de que en virtud de ella se hubiere emitido el acto jurisdiccional; en todo caso, en este periodo de ejecución podría operar la prescripción de las sanciones, pero es evidentemente absurdo pretender que opere sobre la acción.-Tampoco puede prescribir ésta durante el periodo de juicio; éste comienza, conforme al artículo 3o. fracción III, del código procesal ya referido, con el fundamento de la acusación por parte del Ministerio Público, es decir, con sus conclusiones; éstas en sí mismas, constituyen el acto por el cual la representación social agota la acción penal; de ello se sigue que inmediatamente al comienzo de tal periodo se agota el ejercicio de aquélla, resulta igualmente evidente la imposibilidad de que prescriba lo que ya concluyó, por lo que el legislador no pudo referirse tampoco a que operara la prescripción dentro de esta fase del procedimiento penal.-El legislador tampoco estableció que las actuaciones llevadas a efecto en el periodo de instrucción no interrumpen la prescripción; esto, en virtud de que precisamente es durante esta etapa que la representación social aporta pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad del procesado, lo cual se hace en ejercicio de la acción penal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, por lo que no puede operar la prescripción de la acción en virtud de que la misma se está ejerciendo; consecuentemente, las actuaciones llevadas al cabo durante esta fase sí son interruptoras del término prescriptivo.-Por excepción, en tal periodo instructivo pudiera llegar a plantearse la prescripción de la acción; esto sucederá cuando haya imposibilidad jurídica de que pueda seguirse ejerciendo, como es el caso, por ejemplo, de que el procesado se sustraiga a la potestad del juzgador, pues entonces se está evadiendo precisamente la acción y ésta no puede seguirse desarrollando, por lo que, excepcionalmente, puede operar la prescripción en esta fase del procedimiento penal, pero ello es en virtud de la imposibilidad de seguirse practicando actuaciones que sí impiden que aquélla se consume.-Al utilizar el legislador el término cualquiera que sea la situación jurídica que guarden éstos (los delincuentes) en el procedimiento penal, únicamente se está refiriendo al periodo del procedimiento relativo a la averiguación previa. Esto es así, porque las actuaciones llevadas a efecto durante esta etapa no implican el ejercicio de la acción penal; consecuentemente, sí es factible que ésta pueda extinguirse por el transcurso del tiempo, pues los dos supuestos básicos quedan debidamente configurados; es ésta la diferencia que existe entre la legislación de esta entidad y las demás vigentes en la República, las que disponen, contrariamente a la ley punitiva morelense, que las actuaciones llevadas a efecto en la averiguación previa sí interrumpen el término prescriptivo, dado que sí puede operar la prescripción por el no ejercicio de la facultad persecutoria y la averiguación previa es meramente una fase preparatoria del ejercicio de aquélla.".-AD. 179/89: "CUARTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación.-En virtud de que los quejosos alegan, entre otras violaciones de fondo, la extinción de la acción persecutoria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo, este tribunal se aboca al estudio y resolución de tal cuestión, no obstante que los quejosos no la hicieron valer ante la Sala responsable.-El artículo 103 del código punitivo del Estado de Morelos, que invocan los quejosos en este concepto de violación, establece que por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones. Es obvio que los quejosos se refieren aquí a la prescripción de la acción, o sea la de la facultad persecutoria, lo que se advierte del alegato de que si el ilícito se cometió el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, a la fecha de la demanda de garantías habían transcurrido las dos terceras partes del máximo de la sanción, es decir, la prescripción la computan a partir de la fecha del ilícito y no la de la condena, de donde la que pretenden que les beneficie es la de la acción y no la de la sanción.-En términos generales, la acción es una petición de jurisdicción, entendida ésta como la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada cuestión jurídica controvertida.-Es cierto que tanto la acción como la jurisdicción son conceptos unitarios, pero el desenvolvimiento o ejercicio de las mismas es complejo y se actualiza a través del proceso, de tal forma que el inicio del ejercicio de la acción da origen al proceso y mediante diversos actos normados por éste, como efecto de la acción se desenvuelve asimismo la jurisdicción que culmina con el acto que es de su esencia y que no es otro que la sentencia.-No se puede confundir ninguno de esos conceptos; todos tienen esencia y contenido diferentes aun cuando se encuentran indisolublemente vinculados. Así, la acción es un deber del Ministerio Público, consistente en pedir la jurisdicción, para que el órgano juzgador determine si ha lugar o no a la pretensión punitiva del Estado por la comisión de un ilícito y contra de su autor. Como ya se advirtió, la jurisdicción es la facultad de dirimir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida; tal facultad no puede ejercerse por parte del juzgador sin que haya habido previamente, como condición sine qua non, una acción deducida por quien la ley faculta para ello. El proceso es el medio del desenvolvimiento de la acción; lo constituyen todos aquellos actos necesarios para el conocimiento de la cuestión controvertida y para que ésta pueda ser resuelta por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, la acción, en su desarrollo, abarca desde su inicio con la consignación hasta el momento en que el proceso esté en estado de resolución con la citación para sentencia, momento en que la acción se agota, pues ya cumplió su fin específico esencial: solicitar que se emita el supremo acto jurisdiccional, es decir, la sentencia.-Lo anterior no son meras reflexiones teóricas, sino que encuentran sustento en la legislación positiva del Estado de Morelos.-En efecto, el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, norma los diversos actos que el Ministerio Público puede realizar en ejercicio de la acción penal, que principia con la iniciación del procedimiento judicial haciendo la consignación de las primeras diligencias y concluye con la solicitud de que se apliquen las sanciones respectivas, abarcando el ofrecimiento de pruebas para la comprobación de los delitos y la responsabilidad de los delincuentes, así como la aportación de aquellos elementos necesarios para proceder a la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública, por ser resultado del ejercicio de la acción penal.-Por lo que se refiere al proceso, éste queda regulado por el propio cuerpo de leyes y enunciado, en términos generales, por el artículo 3o. que dispone que el procedimiento penal tiene cuatro etapas a saber: 1. El de averiguación previa, que son aquellas diligencias inicialmente practicadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Público indispensables para que éste resuelva la procedencia o no del ejercicio de la acción penal; por su naturaleza, este periodo es preparatorio de la acción, de tal forma que en él no se ejerce ésta, y concluye con la consignación de los hechos al tribunal solicitándole proceda desde luego contra persona determinada que aparezca ser presunta responsable de algún ilícito; 2. El periodo de instrucción, que comprende las diligencias practicadas por los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias de su ejecución y la responsabilidad o inocencia de los inculpados, mediante la coordinación de las pruebas; aquí la acción penal ya ha sido ejercida, pues para dar inicio al periodo de instrucción es necesario que se hayan sometido al tribunal, para su decisión, los hechos constitutivos de delitos y los presuntos responsables; la aportación de pruebas por parte de la representación social se hace en ejercicio de la acción penal, según la disposición del ya referido artículo 135 del Código de Procedimientos Penales; 3. El periodo de juicio, durante el cual el Ministerio Público funda su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales, y éstos valoran las pruebas para pronunciar su sentencia definitiva; este periodo se significa particularmente porque en él se concluye el ejercicio de la acción penal al presentar el Ministerio Público el fundamento de su acusación, solicitando la aplicación de sanciones mediante la valoración que de las pruebas haga el tribunal al emitir la resolución que constituye su acto de jurisdicción; 4. El periodo correspondiente al de ejecución, que se inicia en el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales y termina con la extinción de las sanciones que hubieren sido impuestas.-El artículo 6o. del Código de Procedimientos Penales es el que norma precisamente la jurisdicción, pues dispone que los periodos de instrucción y juicio constituyen el procedimiento judicial, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado, ya citados, resolver si un hecho es o no delito; si debe sobreseerse dicho procedimiento; determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos e imponer las sanciones que procedan, con arreglo a la ley; lo anterior significa que es facultad exclusiva del Poder Judicial el ejercer la jurisdicción en materia penal, de tal forma que son los tribunales del Estado los que están facultados y obligados a resolver vinculativamente para las partes la cuestión que le somete el Ministerio Público en ejercicio de la acción penal.-Por lo que se refiere a la prescripción, ésta es una institución del derecho que permite la seguridad jurídica, ya que por su propia naturaleza impide que las cosas permanezcan indefinidamente insolutas; tratándose de prescripción extintiva, como en el caso de la acción penal, hay dos supuestos básicos para que opere: a) El transcurso del tiempo que marca la ley y, b) Que durante dicho lapso no se ejerza la facultad persecutoria que compete al Ministerio Público; así, el transcurso del tiempo extingue la acción por no haberse ejercido ésta, pero es evidente que una vez que se da el supuesto contrario, es decir, el ejercicio de la acción persecutoria, hasta en tanto ésta pueda ser desarrollada, no puede operar la prescripción, porque no existe abandono e inmovilidad atribuible al titular de tal acción, que es el Ministerio Público.-El artículo 115 del mismo código punitivo dice: ‘La prescripción no se interrumpe por las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes, cualquiera que sea la situación jurídica que guarden éstos en el procedimiento penal.’.-Es este numeral el que ha dado origen a la interpretación errónea de que la acción penal prescribe en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia que cause ejecutoria, porque las actuaciones, según se sostiene, no interrumpen la prescripción.-Tal afirmación es inexacta; en ninguna forma pudo haber sido la intención del legislador que la prescripción abarcara todas las fases del procedimiento penal, el cual como ya se vio, consta de las cuatro etapas definidas por el artículo 3o. del Código de Procedimientos Penales.-En efecto, no puede considerarse que en la etapa del procedimiento penal llamada de ejecución pudiera operar la prescripción, puesto que en ese caso se ha agotado la acción penal y se ha emitido una sentencia ejecutoria, por lo que resultaría absurdo que prescribiera la acción después de que en virtud de ella se hubiere emitido el acto jurisdiccional; en todo caso, en este periodo de ejecución podría operar la prescripción de las sanciones, pero es evidentemente absurdo pretender que opere sobre la acción.-Tampoco puede prescribir ésta durante el periodo de juicio; éste comienza, conforme al artículo 3o. fracción III, del código procesal ya referido, con el fundamento de la acusación por parte del Ministerio Público, es decir, con sus conclusiones; éstas en sí mismas, constituyen el acto por el cual la representación social agota la acción penal; de ello se sigue que inmediatamente al comienzo de tal periodo se agota el ejercicio de aquélla, resulta igualmente evidente la imposibilidad de que prescriba lo que ya concluyó, por lo que el legislador no pudo referirse tampoco a que operara la prescripción dentro de esta fase del procedimiento penal.-El legislador tampoco estableció que las actuaciones llevadas a efecto en el periodo de instrucción no interrumpen la prescripción; esto, en virtud de que precisamente es durante esta etapa que la representación social aporta pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad del procesado, lo cual se hace en ejercicio de la acción penal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, por lo que no puede operar la prescripción de la acción en virtud de que la misma se está ejerciendo; consecuentemente, las actuaciones llevadas al cabo durante esta fase sí son interruptoras del término prescriptivo.-Por excepción, en tal periodo instructivo pudiera llegar a plantearse la prescripción de la acción; esto sucederá cuando haya imposibilidad jurídica de que pueda seguirse ejerciendo, como es el caso, por ejemplo, de que el procesado se sustraiga a la potestad del juzgador, pues entonces se está evadiendo precisamente la acción y ésta no puede seguirse desarrollando, por lo que, excepcionalmente, puede operar la prescripción en esta fase del procedimiento penal, pero ello es en virtud de la imposibilidad de seguirse practicando actuaciones que sí impiden que aquélla se consume.-Al utilizar el legislador el término cualquiera que sea la situación jurídica que guarden éstos (los delincuentes) en el procedimiento penal, únicamente se está refiriendo al periodo del procedimiento relativo a la averiguación previa. Esto es así, porque las actuaciones llevadas a efecto durante esta etapa no implican el ejercicio de la acción penal; consecuentemente, sí es factible que ésta pueda extinguirse por el transcurso del tiempo, pues los dos supuestos básicos quedan debidamente configurados; es ésta la diferencia que existe entre la legislación de esta entidad y las demás vigentes en la República, las que disponen, contrariamente a la ley punitiva morelense, que las actuaciones llevadas a efecto en la averiguación previa sí interrumpen el término prescriptivo, dado que sí puede operar la prescripción por el no ejercicio de la facultad persecutoria y la averiguación previa es meramente una fase preparatoria del ejercicio de aquélla.".-AD. 510/88: "CUARTO.-Son parcialmente fundados los conceptos de violación que el quejoso expresó, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Como en términos de lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Amparo el estudio de la extinción de la acción persecutoria es preferente, debe señalarse en primer lugar que es infundado el concepto de violación en el que plantea la prescripción de la acción penal.-En términos generales, la acción es una petición de jurisdicción, entendida ésta como la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada cuestión jurídica controvertida.-Es cierto que tanto la acción como la jurisdicción son conceptos unitarios, pero el desenvolvimiento o ejercicio de las mismas es complejo y se actualizan a través del proceso, de tal forma que el inicio del ejercicio de la acción da origen al proceso y mediante diversos actos normados por éste, como efecto de la acción se desenvuelve asimismo la jurisdicción que culmina con el acto que es de su esencia y que no es otro que la sentencia.-No se puede confundir ninguno de esos conceptos: todos tienen esencia y contenido diferente aun cuando se encuentran indisolublemente vinculados. Así, la acción es un deber del Ministerio Público, consistente en pedir la jurisdicción, para que el órgano juzgador determine si ha lugar o no a la pretensión punitiva del Estado por la comisión de un ilícito y contra su autor. Como ya se advirtió, la jurisdicción es la facultad de dirimir, con fuerza vinculativa para las partes una determinada situación jurídica controvertida; tal facultad no puede ejercerse por parte del juzgador sin que haya habido previamente, como condición sine qua non, una acción deducida por quien la ley faculta para ello. El proceso es el medio del desenvolvimiento de la acción; lo constituyen todos aquellos actos necesarios para el conocimiento de la cuestión controvertida y para que ésta pueda ser resuelta por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, la acción, en su desarrollo, abarca desde su inicio con la consignación hasta el momento en que el proceso esté en estado de resolución con la citación para sentencia, momento en que la acción se agota, pues ya cumplió su fin específico esencial: solicitar que se emita el supremo acto jurisdiccional, es decir la sentencia.-Lo anterior no son meras reflexiones teóricas, sino que encuentran sustento en la legislación positiva del Estado de Morelos.-En efecto, el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, norma los diversos actos que el Ministerio Público puede realizar en ejercicio de la acción penal que principia con la iniciación del procedimiento judicial haciendo la consignación de las primeras diligencias y concluye con la solicitud de que se apliquen las sanciones respectivas, abarcando el ofrecimiento de pruebas para la comprobación de los delitos y la responsabilidad de los delincuentes, así como la aportación de aquellos elementos necesarios para proceder a la reparación del daño, la cual tiene el carácter de pena pública, por ser resultado del ejercicio de la acción penal.-Por lo que se refiere al proceso, éste queda regulado por el propio cuerpo de leyes y enunciado, en términos generales, por el artículo 3o. que dispone que el procedimiento penal tiene cuatro etapas, a saber: 1. El de averiguación previa, que son aquellas diligencias inicialmente practicadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Público indispensables para que éste resuelva la procedencia o no del ejercicio de la acción penal; por su naturaleza, este periodo es preparatorio de la acción, de tal forma que en él no se ejerce ésta, y concluye con la consignación de los hechos al tribunal solicitándole proceda desde luego contra persona determinada que aparezca ser presunta responsable de algún ilícito; 2. El periodo de instrucción, que comprende las diligencias practicadas por los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias de su ejecución y la responsabilidad o inocencia de los inculpados, mediante la coordinación de las pruebas; aquí la acción penal ya ha sido ejercida, pues para dar inicio al periodo de instrucción es necesario que se hayan sometido al tribunal, para su decisión, los hechos constitutivos de delitos y los presuntos responsables; la aportación de pruebas por parte de la representación social se hace en ejercicio de la acción penal, según la disposición del ya referido artículo 135 del Código de Procedimiento Penales; 3. El periodo de juicio, durante el cual el Ministerio Público funda su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales, y éstos valoran las pruebas para pronunciar su sentencia definitiva; este periodo se significa particularmente porque en él se concluye el ejercicio de la acción penal al presentar el Ministerio Público el fundamento de su acusación, solicitando la aplicación de sanciones mediante la valoración que de las pruebas haga el tribunal al emitir la resolución que constituye su acto de jurisdicción; y 4. El periodo correspondiente al de ejecución, que se inicia en el momento en que causa ejecutoria la sentencia de los tribunales y termina con la extinción de las sanciones que habían sido impuestas.-El artículo 6o. del Código de Procedimientos Penales es el que norma precisamente la jurisdicción, pue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5114-18d64f0d/accion-penal-prescripcion-de-la-codigo-penal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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