CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DELEGADOS DESIGNADOS POR EL ACTOR NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA AMPLIAR LA DEMANDA.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada bajo los rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN LAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."; y "AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DELEGADOS DESIGNADOS POR EL ACTOR, NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PLANTEARLA.".
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/97. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día trece de octubre de mil novecientos noventa y siete, Juan Jaimes Serrano, en su carácter de presidente municipal del Municipio de Tenancingo, Estado de México, y en representación del Ayuntamiento del citado Municipio, promovió demanda de controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"Entidad, poder u órganos demandados y su domicilio: a) El Gobierno del Estado de México, cuyo titular es el gobernador de dicho Estado, a quien también se le señala como principal emisor de los actos combatidos y como responsable de la promulgación y publicación del ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, con el secretario general de Gobierno, que intervino en el refrendo. Ambas autoridades tienen su domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de México, ubicado en las calles de Lerdo de Tejada, frente a la Plaza Cívica.-b) La H. Legislatura del Estado de México, con domicilio en el Palacio Legislativo, ubicado en el lado oriente de la Plaza Cívica, de la ciudad de Toluca, México.-Norma general cuya invalidez se demanda y el medio oficial en que fue publicada: Lo es la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, que fueron publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y se encuentran en vigor. Su inconstitucionalidad se hace valer en vía de acción, dentro de los treinta días siguientes al primer acto de aplicación que causa perjuicio al actor, al haberse admitido a trámite con base en dichas disposiciones la solicitud hecha por el Gobernador Constitucional del Estado de México a la H. LIII Legislatura del Estado, para solicitar la revocación del mandato de Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, Estado de México, previo el procedimiento correspondiente, precisamente por los mismos hechos que son materia de estudio en la diversa controversia constitucional número 15/97 que se encuentra en trámite ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a instancia del mismo actor.-Acto cuya invalidez se demanda mediante la controversia constitucional: Lo es la resolución administrativa pronunciada el nueve de octubre del presente año, emitida por la H. LIII Legislatura del Estado de México, por conducto de la Comisión de Instrucción y Dictamen, que dio trámite a la solicitud presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de México, para instaurar el procedimiento de revocación del mandato del presidente municipal de Tenancingo, ahora actor, con inexacta aplicación de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, 46, fracciones II, III y V, de la Ley Orgánica Municipal, 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política Federal, 61, fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, habiendo quedado registrado el expediente bajo el número 001/97."
SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes.
"I. Con fecha veinte de junio del año en curso, el ahora actor, en mi carácter de presidente municipal de Tenancingo y además, en representación del H. Ayuntamiento, promoví la controversia constitucional que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el expediente 15/97, en contra del Gobierno del Estado de México, de la H. Legislatura de la misma entidad, de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y de la Primera Sala Regional Toluca de dicho tribunal.-II. En dicha controversia constitucional se reclamó la resolución definitiva pronunciada el día veinte de mayo del presente año, en el recurso de revisión 334/97, tramitado ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a instancia del presidente municipal y secretario del H. Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México y en contra de la sentencia emitida por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los expedientes acumulados 153/97 y 157/97, referentes a los juicios administrativos promovidos por el síndico y regidores, cuya restitución en sus cargos pretende el Gobierno del Estado, sin fundamentación ni motivación alguna.-III. En virtud de que con motivo de la tramitación de la controversia constitucional 15/97, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la suspensión de los actos reclamados, por acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, el gobernador del Estado de México y la H. LIII Legislatura del Estado, manifestaron abiertamente su molestia y así procuraron mi comparecencia en la Subsecretaría ‘A’ dependiente de la Secretaría de Gobernación, para intimidarme a fin de que me desistiera de la controversia constitucional planteada, pues de lo contrario iniciaría juicio político en mi contra, para destituirme del cargo.-Asimismo, me solicitaron que diera cumplimiento inmediato a la resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pronunciada en el recurso de revisión 334/97, que fue deducido de los juicios contenciosos administrativos números 153/97 y 157/97 ventilados en la Primera Sala Regional Toluca de dicho tribunal y que me olvidara de la controversia constitucional.-Ante tal situación, intenté que el gobernador me diera audiencia de manera personal, para explicarle la situación; sin embargo, nunca me dio acceso y como no accedí a sus pretensiones, cumplió con la intimidación de la cual me hizo objeto, y así, por escrito de siete de octubre del año en curso, solicitó de la legislatura la revocación del mandato constitucional que me fue conferido como presidente municipal de Tenancingo.-Consecuentemente, se ha instaurado el procedimiento para revocar mi mandato constitucional como presidente municipal, con el expediente número 001/97, ante la H. LIII Legislatura del Estado de México, pero por los mismos hechos que fueron materia de controversia en los juicios contenciosos administrativos tramitados con los números 153/97 y 157/97 ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que se relacionan también con la controversia constitucional número 15/97 ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra sub júdice.-En estas condiciones, me veo en la necesidad de plantear la presente controversia constitucional, pues la instauración del procedimiento ante la legislatura para lograr la revocación de mi mandato, como presidente municipal, es ilegal, sin fundamentación ni motivación adecuada y con graves perjuicios en mi agravio, como se pone de manifiesto en los siguientes conceptos de invalidez."
TERCERO.-Por acuerdo de catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, respecto del cual correspondió fungir como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional y ordenó emplazar a las autoridades demandadas; dar vista al procurador general de la República y formar por separado el cuaderno incidental respectivo.
CUARTO.-Por oficio presentado el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Estrada Castro aduciendo tener el carácter de presidente municipal de Tenancingo, Estado de México, presentó desistimiento en la presente controversia constitucional solicitando en consecuencia que se sobreseyera en el mismo.
En auto de nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición precisada anteriormente, ya que justamente la materia que se combate es la titularidad del cargo de presidente municipal y, consecuentemente, será hasta la sentencia definitiva cuando se resuelva lo conducente con relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos impugnados que se hicieron consistir en la solicitud del gobernador para revocar el mandato de Juan Jaimes Serrano, como presidente del Municipio actor quien fue el que promovió la demanda de controversia constitucional; además, de que debe tomarse en consideración que conforme a lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, la representación jurídica del Ayuntamiento la tiene el síndico y éste no puede desistir, transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes municipales, sin autorización expresa del propio Ayuntamiento, de ahí que para la procedencia del desistimiento es necesario que se dé cumplimiento al citado precepto.
QUINTO.-La Legislatura del Estado de México, al formular su contestación de demanda, en síntesis manifestó lo siguiente:
a) Que Juan Jaimes Serrano, a esa fecha no contaba con la representación legal ni con la capacidad para representar al H. Ayuntamiento de Tenancingo, México, toda vez que se le revocó el mandato de Presidente Municipal Constitucional, por lo cual no puede ser parte en la presente controversia, atendiendo a que en las controversias constitucionales no se admite ninguna forma diversa de representación, tal como lo señala el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues mediante Decreto Número 34, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha dieciséis de octubre del año en curso, la LIII Legislatura del Estado de México, revocó el mandato que le fue otorgado a Juan Jaimes Serrano. Asimismo, en cumplimiento al decreto en cita, con esa misma fecha tomó protesta y asumió el cargo de presidente municipal de Tenancingo, México el doctor Carlos Estrada Castro.
b) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que a la fecha ya cesaron los efectos de la norma general o acto materia de la controversia, ya que con fecha quince de octubre del año en curso Juan Jaimes Serrano dio cumplimiento al acuerdo emitido por la Comisión de Instrucción y Dictamen de la LIII Legislatura, que le fue notificado personalmente el día nueve de ese mismo mes y año, sometiéndose con ello a la norma general y acto cuya invalidez reclama, aceptándolos tácitamente al comparecer ante la citada comisión a desahogar el procedimiento que establece el artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en base a lo estipulado en las fracciones II, III y V del artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, cesando con lo anterior los efectos de la norma general y acto que por esta vía se impugna. Más aún, con fecha quince de octubre del presente año, la LIII Legislatura, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXVIII, de la Constitución Política Local, resolvió revocar el mandato de Juan Jaimes Serrano.
c) Que el juicio es improcedente conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna, toda vez que Juan Jaimes Serrano, a la fecha de interponer la controversia constitucional no había agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
d) Que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con el artículo 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en virtud de que Juan Jaimes Serrano carece de la representación legal del Ayuntamiento de Tenancingo, México, ya que no cuenta con la capacidad para hacerlo, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
e) Que tanto las normas como la resolución que por esta vía se combaten son constitucionales, ya que la Legislatura del Estado se encuentra facultada, de conformidad con los artículos 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado de México y 42 de la Ley Orgánica Municipal, para revocar el mandato de los miembros del Ayuntamiento, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando se dé oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
f) Que el Ejecutivo del Estado de México, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 77, fracción XXXIX de la Constitución Política Local y 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en fecha siete de octubre del año en curso presentó a la legislatura solicitud de revocación del mandato que le fue otorgado a Juan Jaimes Serrano, para fungir como presidente municipal de Tenancingo, México, durante el periodo comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y siete al diecisiete de agosto del dos mil; fundamentando su solicitud en el artículo 46, fracciones II, III y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
g) Que la Legislatura del Estado de México, habiendo recibido y concedido la solicitud mencionada con anterioridad, integró la Comisión de Instrucción y Dictamen, constituida formal y legalmente en términos de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, procediendo a emitir la resolución de fecha nueve de octubre de este año, por lo cual, con fundamento en el artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México se le notificó a Juan Jaimes Serrano, personalmente la instauración del procedimiento respectivo, con motivo de la solicitud de revocación de su mandato como presidente municipal de Tenancingo, México, citándolo para que expresara lo que a su derecho conviniera, rindiera y desahogara pruebas y formulara alegatos; llevándose a cabo dicha audiencia a las 9:00 horas del día quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la cual hizo uso del derecho que consagra el propio artículo 125 del reglamento en cita.
h) Que una vez sustanciadas todas y cada una de las etapas del procedimiento señalado en el artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, constando en el expediente 001/97, relativo a la revocación de mandato de Juan Jaimes Serrano, como presidente municipal de Tenancingo, México, la Comisión de Instrucción y Dictamen emitió su opinión correspondiente, sometiéndolo a la consideración de la asamblea en sesión celebrada el quince de octubre del presente año, la que resolvió en esa misma fecha la revocación del mandato del citado Juan Jaimes Serrano como presidente municipal, lo anterior con fundamento en lo preceptuado en los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Carta Magna, 61, fracción XXVIII, de la Constitución Política Local y 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por considerar procedentes los cargos.
i) Que la Legislatura del Estado de México no conculcó en perjuicio del quejoso los artículos 14, 16 y 115 de la Carta Magna, ya que de la propia resolución que se combate se aprecia que se fundamentó entre otros artículos en los enunciados con antelación, dándose oportunidad a Juan Jaimes Serrano, de desahogar su garantía de audiencia con apego estricto a lo preceptuado por el artículo 125 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
SEXTO.-El gobernador y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de México, al formular su contestación de demanda, en síntesis señalaron lo siguiente:
a) Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que Juan Jaimes Serrano al promover la presente controversia constitucional, como presidente municipal de Tenancingo, México, carece de interés jurídico, legitimación activa y personalidad para proseguir y comparecer en representación de la parte actora, por habérsele revocado el mandato para fungir como presidente del Ayuntamiento del citado Municipio, pues a partir de la presentación de la demanda, han ocurrido hechos sobrevinientes que traen como consecuencia un cambio en la situación jurídica de la presente controversia constitucional, como son que: mediante Decreto Número 34, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, número 77, sección tercera, de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, la LIII Legislatura del Estado de México, revocó el mandato que le fue otorgado a Juan Jaimes Serrano, para fungir como presidente del Ayuntamiento de Tenancingo, México, durante el periodo comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y siete al diecisiete de agosto del dos mil; así como que en cumplimiento de este decreto, con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, el doctor Carlos Estrada Castro tomó protesta y asumió el cargo de presidente municipal de Tenancingo, Estado de México, en sustitución de Juan Jaimes Serrano.
b) Que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por tratarse de una controversia constitucional que se plantea en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, esto es, entre un Estado y uno de sus Municipios, las partes deben ser: como actor el Municipio de Tenancingo; como demandado el Estado de México; y, en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio de Tenancingo debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que con arreglo a las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo, y en el caso de conformidad con el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, corresponde a los síndicos: "Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal."; y de acuerdo con los artículos 48, fracción IV, y 50 de la citada ley orgánica municipal, el presidente municipal sólo puede asumir la representación jurídica de los Ayuntamientos en los litigios en que éstos sean parte, cuando el síndico esté ausente, se niegue a hacerlo o esté impedido legalmente para ello, y que el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece las reglas para normar las faltas y suplencias de los síndicos, por lo que el entonces presidente municipal de Tenancingo, carecía de facultades para comparecer a juicio en representación de ese Municipio, en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y, en consecuencia, la presente controversia constitucional es improcedente porque fue promovida por el entonces presidente municipal, sin acreditar que en el caso se estuviera en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para asumir la representación jurídica del Ayuntamiento.
c) Que el presente juicio constitucional lo promueve quien fuera presidente municipal, sin contar con el acuerdo expreso de los integrantes del Ayuntamiento, cuando en términos del artículo 48, fracción II, de la ley orgánica del Estado de México, el presidente municipal es un simple ejecutor de los acuerdos del Ayuntamiento, por lo que con fundamento en los artículos 10, fracción I, 11 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es improcedente la controversia constitucional.
d) Que en el presente asunto opera la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 22, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de una elemental lectura del escrito de demanda se desprende que no se reclama la invalidez de acto alguno proveniente del Ejecutivo del Estado, por lo que de los actos que se le atribuyen, se produce la improcedencia de la presente controversia constitucional.
e) Que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones VII y VIII, en relación con el 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a que la norma general cuya invalidez se demanda es la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y como no se cuestiona en lo particular la constitucionalidad de alguno o algunos de los preceptos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, debe entenderse que se controvierte en lo general el texto de este ordenamiento legal, siendo que el Ayuntamiento de Tenancingo, México, electo para el periodo comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y siete al diecisiete de agosto del dos mil, desde el inicio de su gestión administrativa se ha sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, como lo demuestra la existencia de diversos actos de gobierno y administrativos que ha expedido precisamente con fundamento en las disposiciones de esta ley; y, si bien, se señala como primer acto de aplicación de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el acuerdo de la Legislatura del Estado por el que se le da trámite a la solicitud del gobernador del Estado para revocar el mandato de Juan Jaimes Serrano, como presidente municipal de Tenancingo, México, sin embargo, la expedición de diversos actos jurídicos del Ayuntamiento de Tenancingo, México, conforme con las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, denota su sometimiento y aceptación expresa a las normas de esta ley. Por lo tanto, no es exacto que el citado acuerdo de la Legislatura del Estado de México sea el primer acto de aplicación de las disposiciones legales de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y, por ende, resulta extemporánea la demanda presentada por el entonces presidente municipal de Tenancingo y deviene la improcedencia de la controversia constitucional por el consentimiento tácito y expreso de la parte actora de las disposiciones legales de la ley cuya inconstitucionalidad ahora reclama.
f) Que en el caso se surte la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, ya que el artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dispone que el procedimiento para la revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos se sustanciará en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, en sus artículos 75, 103, 104 y 105, establecen las disposiciones generales que lo norman: la existencia del órgano sancionador, la actuación del órgano sustanciador y el procedimiento para el conocimiento de la solicitud y la determinación de la procedencia de la revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos; y, por último, el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en sus artículos 123 al 125, establece las reglas para la sustanciación del procedimiento para la revocación del mandato de los miembros de los Ayuntamientos, dentro de las que se destaca el desahogo de la garantía de audiencia de los miembros a quienes se les imputen las causas graves previstas en la Ley Orgánica Municipal y, en el caso, la controversia constitucional se planteó contra el acuerdo de la Legislatura del Estado por el que se citó a Juan Jaimes Serrano para que compareciera ante la Comisión de Instrucción y Dictamen de la Legislatura del Estado de México para desahogar la garantía de audiencia en términos de ley, por lo que bajo estos presupuestos es evidente que la parte actora debió esperar la decisión de la asamblea, antes de promover la presente controversia constitucional y, al no hacerlo así, se surte la causa de improcedencia del juicio constitucional.
g) Que el acto cuya invalidez se demanda, consistente en la citación a Juan Jaimes Serrano para que compareciera ante la Legislatura del Estado de México a deducir sus derechos, no era un acto definitivo, sino que estaba sujeto al dictamen de la comisión respectiva y a la aprobación del voto calificado del Pleno de la Cámara de Diputados y, en consecuencia, en el caso se está en presencia de un acto consumado, toda vez que como se tiene dicho, la Legislatura del Estado, mediante Decreto Número 34, publicado en la Gaceta del Gobierno el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, revocó el mandato que le fue otorgado a Juan Jaimes Serrano, para fungir como presidente del Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, México, lo cual constituye por sí mismo una causa de improcedencia de la controversia constitucional.
h) Que también se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la presente controversia constitucional se plantea en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Carta Magna. En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de la citada ley reglamentaria, en todo caso debió haberse demandado a la persona moral de derecho público denominada Estado de México y, en consecuencia, el gobernador del Estado de México, el secretario general de Gobierno y la Legislatura del Estado, carecen de legitimación procesal pasiva para ser parte demandada.
i) Que en cuanto a que se señala también como demandado al Gobierno del Estado de México, debe precisarse que esta expresión es un concepto socio-político que carece de significación jurídica, toda vez que en términos de los artículos 43, 115, 116, 117, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las partes integrantes de la Federación y personas morales de derecho público con personalidad jurídica para ejercer derechos y asumir obligaciones, son los Estados.
j) Que en el caso debe sobreseerse el juicio con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el presente asunto corre agregada la solicitud de desistimiento formulada por el presidente municipal de Tenancingo, México, petición que se reitera con el acuerdo de Cabildo por el que el Ayuntamiento de Tenancingo, México, resuelve de manera expresa desistirse de las controversias constitucionales promovidas por Juan Jaimes Serrano, quien fungió como presidente municipal hasta el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete.
k) Que los actos que se demandan del gobernador del Estado de México y del secretario general de Gobierno, que se hacen consistir, respectivamente, en la promulgación, publicación y refrendo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, no se impugnan por vicios propios, sino que su invalidez se hace derivar de una supuesta inconstitucionalidad de la ley y, en consecuencia, debe declararse su validez, ya que en términos del artículo 116, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77, fracción III, y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es obligación del gobernador del Estado promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos que expida la legislatura, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; y todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y, en general, los documentos que suscriba el goberna
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5531-8a7a266f/controversia-constitucional-los-delegados-designados-por-el-actor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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