PRUEBA PRESUNCIONAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. EL JUZGADOR PUEDE ANALIZARLA AUN CUANDO NO HAYA SIDO OFRECIDA POR LAS PARTES.
INCIDENTE EN REVISIÓN 323/92. EMMA PREISSER DE ECHAURI.
En Virtud de la importancia del asunto, por acuerdo del tribunal se transcribe completos los considerandos.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, fracción I, de la Ley de amparo y 44, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El recurso fue interpuesto dentro del término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la interlocutoria combatida fue notificada por lista al ahora recurrente el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno, y el escrito en que se hizo valer dicho recurso fue representado en el juzgado del conocimiento el veintiséis de diciembre siguiente, debiendo descontarse en el cómputo respectivo, los días veintiuno, veintidós y veinticinco de diciembre, que fueron inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. TERCERO. La recurrente expuso como agravios, lo siguiente: "Primer agravio. La resolución recurrida viola en perjuicio de la suscrita recurrente los artículos 124 y 132 y relativos de la Ley de Amparo, así como el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo. Efectivamente, si se prueba la existencia de los actos reclamados y los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión de los efectos de tales actos, mientras no se decide sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es un derecho del quejoso, conculcado en el caso, en su perjuicio con la negativa ilegal." Ahora bien, la resolución recurrida en su conjunto pero en especial en su punto resolutivo único, en relación con su considerando único, es violatoria en perjuicio de la suscrita quejosa, del derecho a la suspensión consagrado por los preceptos legales invocados, porque la existencia de los actos quedó plenamente probada con el informe previo rendido por el C. Delegado del Departamento del Distrito Federal en Venustiano Carranza y su Subdelegado de Desarrollo Social, en el oficio No. SJ/UAC-199/91-9903 de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en el que confiesan que a solicitud de una junta de vecinos, que no tiene derecho ni facultad alguna para pedir la ocupación ilegal de un inmueble sin el consentimiento de su legítimo propietario, la delegación responsable con su personal, procedió a ocupar el inmueble de mi propiedad, a que se hace referencia en este amparo, con el pretexto de limpiarlo y que de, estando en la posesión del mismo después de despojármelo, se lo entregó a los terceros perjudicados, sin exigirles comprobación alguna de sus derechos para invadirlo. La autoridad responsable califica de invasores a los terceros a quienes directamente les entregó la posesión ilegal de mi terreno, admitiendo con ello una ingenua complicidad con el propósito evidente de confundir la opinión de su señoría, puesto que es inadmisible que teniendo en su poder el inmueble ocupado con supuestos propósitos de limpieza se los entregue irresponsablemente a unos invasores. Aunque lo nieguen las autoridades responsables confiesan los actos reclamados precisados en la demanda de amparo; confesión que tiene valor probatorio pleno en los términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo y conforme al criterio establecido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis No. 2a. pág. 284 de la jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, publicada por Editorial San Francisco Barrutieta, S. de R.L., México, 1985, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. AFIRMACIONES QUE CONTIENE, NO TIENEN CARÁCTER DE INCONTROVERTIBLES." (Se transcribe). Segundo agravio. La resolución recurrida como un todo pero en especial en su resolutivo único, en relación con su considerando único, viola en perjuicio de la suscrita quejosa los artículos citados 124, 132 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como el artículo 197 y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, porque me niega el derecho a la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no obstante que su existencia quedó plenamente aprobada, con la confesión sobre hechos propios que hacen las autoridades responsables en su informe previo rendido en el citado oficio No. SJ/UAC-199/91-9903 del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en relación con las otras pruebas consistentes en la documental pública que constituye la copia certificada de actuaciones practicadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades legales, en la averiguación previa No. 2A/5715/991-10 que se agregó a la demanda de amparo y cuyo cotejo con las originales se solicitó oportunamente en los autos de este incidente de suspensión, mediante escrito de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, que consta en este expediente incidental, la cual dejó de apreciar el C. Juez a quo en la resolución recurrida, conforme al criterio establecido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis No. 1a, pág. 382 de la jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, de la edición citada publicada bajo el rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE GARANTIAS, SON ADMISIBLES COMO TALES LAS COPIAS CERTIFICADAS DE PERITAJES Y DECLARACIONES TESTIMONIALES PROVENIETNES DE UNA AVERIGUACION PENAL. SU VALORACION." (se transcribe). Tercer agravio. La resolución recurrida en su conjunto, pero también en especial en su punto resolutivo único, en relación con su considerando único, viola en perjuicio de la suscrita quejosa el derecho a la suspensión que me conceden los artículos 124, 132 y relativos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 76, 78 y relativos de la misma Ley de Amparo y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, porque incurre el a quo en una inexplicable incongruencia, para negarme la suspensión a que tengo derecho, al considerar equívocamente en esta parte de la sentencia recurrida, que el amparo se promovió en contra de los terceros perjudicados como particulares, lo cual es totalmente equivocado si se lee la demanda de amparo. Manifiesta el a quo en esta parte de la sentencia recurrida, que las pruebas documentales y de inspección ocular de muestran que el terreno de que se trata está ocupado por particulares, que las propias pruebas a que alude demuestran sin lugar a dudas que se trata de los terceros perjudicados perfectamente identificados por las autoridades responsables en su informe previo. Claro, es evidente que en una amparo que busca la protección del derecho de posesión y de propiedad, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales, el inmueble desposeído sin fundamentación ni motivación legal, tiene que estar ocupado por los particulares tercero perjudicados a quienes las autoridades responsables les entregó la posesión como consecuencia de los actos reclamados. Resulta una inexplicable incongruencia que por encontrar a los tercero perjudicados en el terreno desposeído con actos verbales de autoridad, violatorio de las garantías individuales consagradas por los citados artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el C. Juez a quo, deforme los hechos y considere que el amparo se promovió en contra de dichos particulares y por ello resuelve negar la suspensión, que procede precisamente en estos casos conforme al criterio establecido por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis No. 227 pág. 376 de la citada edición de 1985, en la Novena Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la jurisprudencia y tesis relacionadas en materias en que cambió el sistema de competencias, publicada bajo el rubro: "SUSPENSION CONTRA LA PRIVACION DE LA POSESION (se transcribe)". Máxime si se toma en cuenta que en la inspección ocular, el C. actuario que la practicó dio fe de que existe una importante superficie de mi terreno que aún no pierdo porque aún no se ha consumado la invasión y que justifica precisamente la suspensión de los efectos de los actos reclamados que ilegalmente me niega la resolución recurrida, con grave perjuicio para la suscrita quejosa y con grave desvío de la institución del juicio de garantías en la materia de la suspensión. Cuarto agravio. La resolución recurrida como un todo, pero también en especial en su resolutivo único en relación a su considerando único, viola en mi perjuicio los artículos 124 y 132 último párrafo de la Ley de Amparo, porque no obstante darse en el caso la presunción de ser ciertos los actos reclamados, en los términos de mi escrito de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno por el cual se formulan objeciones al informe previo rendido por el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, en su oficio No. 21- 19/334(402)/2959-9757 de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que obra en los autos de este incidente de suspensión, la C. Juez a quo que me niega la suspensión a que tengo derecho considerando erróneamente que no probé la certeza de tales actos. Como está plenamente demostrado con el aludido informe previo, al C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, negó actos distintos a los reclamados, dando lugar con ello a que en el caso opere la presunción legal prevista en el último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, en los términos de la tesis 1a. pág. 285 de la citada edición de 1985 de la jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, publicada bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO NIEGA ACTOS DISTINTOS A LOS RECLAMADOS, OPERA PARA ESTOS LA PRESUNCION DE CERTEZA (Se transcribe)". Este criterio es aplicable al caso de la suspensión, por la misma razón que contiene la tesis expuesta y en atención además a lo previsto por la misma honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis No. 101, pág. 523, de la misma edición y en la misma Octava Parte que contiene la jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, publicada bajo el rubro: "PREUBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. (se transcribe)." Y considerando a mayor abundamiento que todas las pruebas expresadas fueron rendidas ante el C. Juez de Distrito, en términos de la tesis No. 229 de la misma edición citada, pág. 386, de la misma Octava Parte, publicada bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL AMPARO, SE RINDEN EN PRIMERA INSTANCIA. (Se transcribe)". Cuarto. En su primer y segundo conceptos de agravios argumenta la recurrente que la sentencia impugnada es violatoria de los artículos 124 y 132 de la Ley de Amparo, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que la Juez a quo negó la suspensión definitiva, pese a que la existencia de los actos reclamados quedó plenamente probada con el informe previo rendido por el delegado y subdelegado de Desarrollo Social, ambos de la delegación del Departamento del Distrito Federal en Venustiano Carranza y con la documental que exhibió la agraviada, consistente en la copia certificada de las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en la averiguación previa número 2a/5715/991-10, agrega la agraviada, que las autoridades responsables de la Delegación confiesan al rendir de manera conjunta su informe previo, que a solicitud de una junta de vecinos, procedieron a la ocupación del inmueble de su propiedad, sin su consentimiento, con el pretexto de limpiarlo, y asimismo admiten que los terceros perjudicados a quienes llama "invasores", están en posesión del terreno, lo que implica una complicidad entre las autoridades y los terceros perjudicados; además que, lo que se expresa en el informe previo constituye una confesión de hechos propios que hacen las autoridades responsables, y todo esto no lo toma en cuenta la Juez del conocimiento, sigue diciendo la recurrente que tampoco apreció ni valoró debidamente la a quo, la documental ofrecida consistente en la averiguación previa, cuyo cotejo y compulsa solicitó oportunamente en los autos del incidente de suspensión, y dejó de aplicar la tesis visible en la página 382, Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE GARANTIAS, SON ADMISIBLES COMO TALES LAS COPIAS CERTIFICADAS DE PERITAJES Y DECLARACIONES TESTIMONIALES PROVENIENTES DE UNA AVERIGUACION PENAL. SU VALORACION". Ahora bien, a juicio de este Tribunal son fundados los argumentos expresados por la agraviada, donde esencialmente aduce violación a los preceptos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor de las pruebas, que condujo a una resolución transgresora de los dispositivos que regulan la suspensión. En la especie, según se advierte de la demanda de garantías, la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "a) La orden y autorización otorgada a los terceros perjudicados para invadir, ocupar y apropiarse del terreno de mi propiedad, ubicado en la calle de Rolando Garros, lotes 24 y 25, manzana 30, en la colonia Aviación Civil de la Delegación Venustiano Carranza de esta ciudad de México, Distrito Federal. 2. La orden dada al personal dependiente de las mismas autoridades responsables, para que con herramientas, aparatos y camiones de las propias autoridades responsables, procediese a demoler y derribar la barda de mi propiedad que cierra a la calle el inmueble invadido indicado en el punto anterior. 3. La ejecución de la demolición de la barda de mi propiedad indicada en el punto anterior. 4 La ejecución de la orden de invasión usurpación del inmueble a que se refiere el punto 1) anterior. Por otro lado en el capítulo de suspensión del propio escrito inicial de demanda, la agraviada expresó "con fundamento en los artículos 122, 123, 124, 130 y demás relativos de la Ley de Amparo, atentamente pido a su señoría que se ordene la suspensión provisional de los efectos de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; y previa la tramitación del incidente correspondiente en los términos de la ley, ese honorable Juzgado de Distrito, resuelva en su oportunidad, concederme la suspensión definitiva conforme a derecho y porque no se causa perjuicio alguno a terceros". Por su parte, las autoridades responsables de la Delegación Venustiano Carranza, al rendir su informe previo negaron los actos que se les atribuyeron, lo cual llevó a la negativa de la suspensión definitiva, por estimar la Juez a quo que la parte quejosa no había ofrecido probanza alguna que desvirtuara las negativas expresadas en la propia resolución interlocutoria que en esta vía se impugna, la Juez agregó que las pruebas aportadas por la quejosa no desvirtúan la negativas de las autoridades, pues tales probanzas lo único que acreditaban era que el inmueble que defiende la agraviada se encontraba ocupado por algunos particulares (los terceros perjudicados), en contra de los que era improcedente decretar la suspensión, pero que de ninguna manera se demostraba la orden o autorización de las autoridades para invadir el terreno de referencia. Pues bien, como se dijo con antelación, a juicio de los suscritos magistrados la interlocutoria impugnada es violatoria de las normas reguladoras de la valoración de las pruebas previstas en los artículos 77, fracción I de la Ley de Amparo, 79, 93, 197 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el artículo 2o. Del ordenamiento citado en primer término. Esto es así, en razón de que la Juez del conocimiento no efectuó debidamente el examen de las pruebas que, analizadas en su conjunto, le habrían permitido apreciar con un criterio racional, a través de la prueba presuncional humana, la certeza de los actos reclamados del delegado del Departamento del Distrito Federal en Venustiano Carranza y subdelegado de Desarrollo Social de la propia dependencia, que se desprenden propiamente del análisis de las pruebas antes mencionado, y de los hechos deducidos de éstas por medio de los indicios, estableciendo entre ellos una relación lógica y natural para llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. La afirmación que antecede no se ve disminuida por el hecho de que la recurrente no haya ofrecido la prueba presuncional en el incidente de suspensión, pues la Suprema Corte ha establecido que la presunción que se derive de los elementos probatorios aportados al juicio, debe, ser tomada en cuenta por el juzgador aunque no hubiese sido ofrecida como prueba, tal como se corrobora con la tesis Jurisprudencial número 1404, visible en la página 2260 y 2261 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes, que a la letra dice: PRESUNCIONES, DEBEN ESTUDIARSE DE OFICIO. Basta que existan las presunciones para que se examinen, sin necesidad de que las partes las ofrezca expresamente como pruebas, toda vez que siendo las consecuencias que se infieren de otros hechos, al ofrecerse las tendientes a la demostración de estos últimos, necesaria y tácitamente se tiende a demostrar los que se deduzcan de ellos, e implícitamente se ofrece también la prueba de presunciones". Establecido lo anterior este Tribunal procede a hacer una relación de las pruebas que obran en el cuaderno relativo al incidente de suspensión que lo condujeron a formular la conclusión antes indicada. 1. Documental pública consistente en copia de las diligencias practicadas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en la Segunda Agencia Investigadora del Departamento "I", Sector Venustiano Carranza, en la averiguación previa número 2/5715/991-10, iniciada con motivo de la denuncia formulada por la quejosa, por los delitos de "despojo, daño en propiedad ajena y I.q.r.", donde se advierte lo siguiente: a)Inspección ocular realizada en el terreno de la parte quejosa, en la que entre otras cosas se hizo constar: "...mismo que se encontró con una barda de concreto que por la acción del tiempo se nota que ya tiene muchos años de construida y que protege a dicho predio, pero haciéndose la aclaración que parte de esta barda en su lado sur en un área aproximada de 8.0 metros por 2.0 metros en forma irregular, barda que se observó está recientemente derribada y en esa parte fue cubierta por láminas, al tocar fuimos atendidos por un señor que se negó a dar nombres y quien manifestó que llamaría a los ocupantes del predio ya que él estaba sólo de visita, saliendo posteriormente varias señoras y quienes se les indicó el objeto de nuestra presencia y se negaron a dar dato alguno y sus nombres, enseguida se escucharon tres detonaciones al parecer de cohetes mismos que salieron del interior del predio, indicándonos las personas antes mencionadas todas mujeres, que era la señal de emergencia; llegando enseguida la que dijo llamarse Ana María Rivera, en compañía de otras tres señoras y en cuestión de segundos fuimos rodeados por aproximadamente cincuenta personas de ambos sexos mismas que ratificaron haber acudido a la señal de alarma, al tratar de interrogarles sobre su presencia en dicho predio de inmediato una de dichas personas dijo que pertenecían a una organización denominada Coordinadora de Cat Ucay Oriente, además se logró saber que el predio es ocupado por veinticuatro familias y la señora que responde al nombre de Ana María Rivera y dos personas más manifestaron que estaban allí porque les había dado posesión el señor Cabrera quien es funcionario de la delegación política Venustiano Carranza y quien labora en forma muy cercana al titular de la misma y que era con dicho funcionario y con ninguna otra persona con quien se tenía que tratar el asunto del predio... Al volver al interrogatorio a estas personas, varias de ellas alcanzaron a manifestar: la posesión del predio nos la dio el señor Cabrera quien además les había dado órdenes de que por ningún motivo ni ante la presencia de nadie desalojaran dicho predio ya que se les iba a otorgar en virtud de que dicho predio tenía varios años de estar abandonado y que la forma en que habían entrado al predio fue de que el mismo señor Cabrera envió camiones de la propia delegación política y que incluso personal de la misma delegación tiró la barda y ellos mismos se iban a encargar de limpiar todo el terreno..""(fojas 15 vuelta y 16). b) La comparecencia y declaración del apoderado de la hoy quejosa Alfonso Echauri Preisser, quien en relación con los hechos denunciados en la averiguación penal declaró entre otras cosas: "Se trasladó al lugar de los hechos y al llegar a donde se encuentra el predio se pudo percatar (sic) frente a su terreno estaba un trailer del Departamento del Distrito Federal, color blanco, con emblema de la (sic) se dice con las iniciales D.D.F., marca Dina 800 placas 7710-AL, un camión también del Departamento con su emblema que dice D.D.F., placas de circulación 4011-AZ color blanco y un trascabo color amarillo con neumáticos Michigan 85 del Departamento y en ese momento el trascabo está (sic) tirando la barda que protegía el terreno de su propiedad, por lo que el de la voz inmediatamente se dirigió directamente a los operadores de las mencionadas unidades y le manifestaron al disidente que él aclarara, que el de la voz preguntó quién lo mandó hacer esos movimientos de tirar la barda puesto que yo soy el dueño y a lo que dichos operadores le contestaron el señor delegado de la Venustiano Carranza, el señor licenciado Roberto Abores Guillén, por lo que el que les solicitó a dichos operadores que pararan su trabajo y se dirigieran con el delegado para aclarar la situación, por lo que aclara el de la voz, que ya en ese momento ya había gente dentro del predio (sic) una tienda de campaña cubierta con nylon rojo y que incluso el de la voz se percató que el trascabo ya había emparejado parte del suelo del terreno, lo anterior lo corrobora en esta acta exhibiendo fotografías de dichos hechos, los cuales el propio declarante tomó con su cámara fotográfica por lo solicita sean anexadas dichas fotografías que en total son 30 treinta, pero aclara que parte de dichas fotografías ya habían sido tomadas, también por su hermano..." (fojas 16 vuelta y 17). C) La declaración de otro testigo de los hechos denunciados, señor José Luis Archundia Treviño quien declaró: "....con fecha trece de octubre siendo aproximadamente las 10:00 diez horas se presentó en dicho predio un camión de volteo que decía ciudad de México, del Departamento del Distrito Federal, con placas 4011-AZ y trabajadores del mismo empezaron a sacar tierra y desperdicio del predio a través de muro y lo echaban a dicho camión, habiéndose hecho dos viajes y se retiraron; que el día 14 catorce del mes en curso, entre las 11:00 once o 12:00 doce horas, el de la voz se encontraba en su domicilio cuando oyó un fuerte ruido en la calle golpeando contra algo, por lo que el declarante salió a la calle y se percató que en primer lugar que habían empujado una camioneta de su propiedad para poder romper con una máquina amarilla (trascabo) la barda del predio del hoy denunciante, siendo esto de frente del lado izquierdo, por lo que el de la voz se dirigió a una de las personas que estaba encargada de hacer la demolición de la barda a quien le preguntó que con qué autorización movían su camioneta puesto que estaba estacionada en la vía pública y sin estorbar ninguna entrada y ese trabajador le contestó lo hacemos con el fin de no pegarle con las piedras a la camioneta del declarante por que luego el decente se retiró del lugar y se percató que esta el dueño del predio, es decir el ingeniero Echauri hablando con uno de los trabajadores a quien le preguntaba que por órdenes de quién estaban metiendo la máquina y tumbando la barda, para lo que el trabajador contestó al ingeniero que iban de parte del delegado de la Venustiano Carranza, retirándose el que habla."(Fojas 20 y 20 vuelta). d) La declaración del señor José de Jesús Muñoz Gutiérrez, testigo de los hechos, en relación con el delito denunciado, declaró: Que en fecha 6 seis de octubre del año en curso siendo aproximadamente las 04:00 cuatro o 05:00 cinco horas el declarante se encontraba durmiendo en su domicilio, cuando escuchó procedentes de la calle diversos ruidos especialmente como que golpeaban algo duro, por lo que como esto continuó por varios minutos, al de a voz le llamó la atención y se levantó y salió a la calle y se pudo percatar que habían diversas personas frente a un terreno que se localiza exactamente frente a su domicilio el cual está bardeado desde hace muchos años, y que entre estas personas habían mujeres y niños, y que asimismo se percató que aproximadamente cuatro personas, hombres y niños, y que asimismo se percató que aproximadamente cuatro personas, hombres, estaban abriendo con cinceles un hueco de la barda de dicho terreno y esto a un costado, del lado izquierdo, siendo este boquete de aproximadamente medio metro de ancho por 1.0 un metro de altura, por lo que dicha maniobra lo hicieron en aproximadamente media hora, y que asimismo como a las 08:00 ocho horas, las mismas personas empezaron a sacar a paladas escombros del interior del terreno, así como basura y subían el mismo en una camioneta se dice, camión de volteo que tenía el logotipo del Departamento del Distrito Federal, con placas de circulación 4011-AZ, y que para esto ya se encontraba presente al parecer uno de los propietarios del terreno el señor Alfredo Echauri, a quien el de la voz auxilió para sacar algunas fotografías de los hechos que se estaban desarrollando en ese mismo momento, y que esto se vino desarrollando hasta el día 14 catorce de octubre del presente mes, ya que para eso ya se encontraba presente el otro dueño del predio el señor Alfonso Echauri, y el de la voz le acompañó a efecto de preguntar a las personas que estaban ocupando el predio que quiénes les habían dado permiso de ocuparlo y por qué habían tirado dicha barda, y que para esto como a las 11:00 o 12:00 horas del día catorce de octubre el de la voz volvió a escuchar desde su domicilio que volvían a golpear algo duro volviendo a salir se percató que en la calle habían diversas unidades con el logotipo del Departamento del Distrito Federal, y además entre estas vio un enorme trascabo cargando un trailer del Departamento del Distrito Federal, aclara que dichos trascabo tiraba la barda del terreno y procedía a cargar el escombro de dicha barda para echarlo a uno de los camiones de carga que estaban allí, para eso ya se encontraba presente el señor Alfonso quien de inmediato solicitó al personal del Departamento que pararan dicho trabajo y que le informaran quién les había dado órdenes de tirar la barda y entre algunos de dichos trabajadores le contestaron que iban por órdenes del delegado de la Venustiano Carranza, por lo que el señor Alfonso a pesar de que en diversas ocasiones les solicitó que no siguieran tirando la barda, estos trabajadores al parecer por ordenes del delegado, siguieron tirándola, pero sólo hicieron tirar parte de la misma ya que inclusive la gente que ocupa el predio pusieron mantas..." (fojas 21 y 21 vuelta del expediente). 2. Informe previo rendido conjuntamente por el delegado del Departamento del Distrito Federal en Venustiano Carranza y por el subdelegado de Desarrollo Social de la propia dependencia, en el cual después de negar los actos reclamados consistentes en la orden y autorización a los terceros perjudicados para invadir y apropiarse del terreno de la quejosa, a manera de declaración agregaron que con fecha 3 de octubre de 1991, la Subdelegación de Desarrollo Social recibió por escrito la petición de la junta de vecinos (de la cual señalan, acompañan copia certificada, pero no fue así), donde se solicitó que fuera retirando el cascajo y basura de un predio baldío, pues unos vándalos, en días pasados habían tirado parte de la barda de dicho predio y lo utilizaron con el fin de drogarse y consumir bebidas embriagantes, y, que por tal motivo "se procedió a realizar el retiro de cascajo y basura del citado predio, siendo que al finalizar la limpieza del mismo, fue invadido por miembros de la organización de "Cuartos de Azotea de Tlatelolco. Cuartos de Azotea e inquilinos del Distrito Federal Sección Aviación Civil", quienes dirigidos por el C.P. Pablo Muñoz Ferrer, y el C. Gerónimo Arredondo; por consecuencia en el momento en que se presentó el propietario a reclamar en el predio a los invasores el motivo por el cual están invadiendo su terreno respondieron éstos "mañosamente" que la delegación por medio de la Subdelegación de Desarrollo Social, les había autorizado la entrada al predio..." (fojas 82 y 83). 3. Acta de fecha 12 de diciembre de 1991, levantada con motivo de la inspección ocular practicada por el actuario del juzgado del conocimiento, en el terreno de la averiguada, donde hace constar: "...que en el predio o predios materia de la litis, que (sic) en la fachada se observa barda en construcción del lado izquierdo de aproximadamente nueve metros armados de varillas en los castillos sin colar, por el lado poniente, existen cinco construcciones de material de tabiques hormigón; por el lado sur de dichos predios, también existen otras tres en vías de construcción del mismo material, que apenas se están levantando, a un lado de las mismas construcciones hay montones de tabiques que al parecer van a ser utilizados para construir las viviendas por el mismo lado sur, existe una pequeña construcción, compuesta de muros de lámina y techos de láminas de asbesto, al parecer un baño provisional; asimismo, puede apreciar que en el terreno materia de la litis, se encuentra otra construcción de aproximadamente diez metros de fondo por cuatro metros d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5906-f022e003/prueba-presuncional-en-el-incidente-de-suspension-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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