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Modo: Corpus Pro

MULTA FIJA. NO ES INCONSTITUCIONAL LA REDUCCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1830/99. · Registro digital (IUS): 6327
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSTRUCTORA GA-EL, S.A.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 40.

AMPARO EN REVISIÓN 1830/99. CONSTRUCTORA GA-EL, S.A.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-En principio se debe precisar que es inoperante el argumento que plantea la autoridad recurrente administradora local de Recaudación de Zacatecas, en el sentido de que la sentencia sujeta a revisión es violatoria de la garantía de seguridad jurídica contemplada en el artículo 16 de la Constitución General de la República.

Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión no es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución en el goce de las garantías individuales violadas, sino un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo. Luego, en este tipo de recursos, sólo se debe examinar si se hizo un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los agravios expuestos.

Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 2/97, página 5, Tomo V, enero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En otro aspecto refiere la administradora local de Recaudación de Zacatecas que incorrectamente el Juez de Distrito desestimó la causa de improcedencia que hizo valer, relativa a que en términos del artículo 1o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente procede en contra de actos de autoridad y no de particulares, ya que en el caso concreto la quejosa se autoaplicó el artículo 76, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, bajo su conocimiento y consentimiento; conducta de la promovente del juicio de garantías, que motiva el sobreseimiento del mismo.

Agrega que el a quo omite hacer pronunciamiento respecto de la tesis invocada por la recurrente en el informe justificado, la cual se identifica bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEY RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN SI ÉSTE FUE EFECTUADO POR UN PARTICULAR.".

Antes de dar respuesta al anterior agravio, conviene hacer referencia de igual modo al planteamiento de improcedencia que, de manera similar, formula la diversa autoridad recurrente presidente de la República, pues básicamente sostiene que debe sobreseerse en el juicio porque la quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que el acto que reclama no le causa agravio personal y directo, ya que el numeral impugnado de inconstitucional establece un beneficio en favor del contribuyente que admite haber incurrido en una omisión y paga la contribución omitida y sus accesorios, con lo cual evita que la autoridad le imponga la multa que prevé la fracción II, del propio artículo 76, del citado ordenamiento legal.

Agrega que si la quejosa efectuó el pago de la multa que establece la fracción I, del artículo 76, del Código Fiscal de la Federación, no puede considerarse como un perjuicio en su esfera individual, precisamente porque dicho pago no deriva de un acto autoritario, sino de un acto de voluntad del gobernado ejercido en forma unilateral.

Como se ve, aunque mediante distintos planteamientos, ambas autoridades recurrentes consideran que se debe sobreseer en el juicio de amparo del que deriva este toca, en virtud de que la aplicación del artículo impugnado deriva de un acto de voluntad de la promovente de la demanda de garantías y no de un acto de autoridad; por tanto concluyen que existe consentimiento de la quejosa en la aplicación de dicho precepto, lo que motiva la improcedencia del juicio.

Así se justifica el análisis conjunto de la improcedencia del juicio que hacen valer las autoridades recurrentes; proceder que además autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, amén de que, de otra manera se incurriría en inútiles reiteraciones respecto de un mismo planteamiento.

Precisado lo anterior, puede anticiparse que los agravios antes sintetizados, devienen infundados por lo siguiente:

De la demanda de garantías se advierte que la promovente impugna de inconstitucional el artículo 76, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, señalando como primer acto de aplicación de tal precepto, el pago que realizó el veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por concepto de impuesto sobre la renta y los respectivos accesorios, así como la multa prevista en el numeral citado, por corrección fiscal.

El contenido del artículo 76, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, es:

"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicarán las siguientes multas: I. El 50% de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la resolución que determine el monto de la contribución que omitió. ..."

De las constancias que integran el juicio de amparo, se desprende que la multa que pagó la quejosa tiene como antecedente el oficio número 324-SAT-R2-L17-1-1916, de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual el administrador local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, le solicita la información que en dicho oficio se detalla, para comprobar y verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado. El oficio que se menciona, en la parte que interesa dice:

"Constructora Ga-el, S.A.-General Francisco Munguía No. 206.-Col. Pánfilo Natera.-Zacatecas, Zacatecas.-Esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 17 de Zacatecas del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7o. ... se dirige a ese contribuyente para solicitarle la información que a continuación se señala, la cual se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones anteriormente invocadas le otorgan a esta secretaría, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto al valor agregado, por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997." (fojas 26 y 27).

El anterior oficio se notificó a la quejosa el diecinueve de febrero del año referido, según constancia que obra a fojas veintiocho y veintinueve del juicio de amparo.

Con motivo del anterior oficio, la quejosa antes de la notificación de la resolución que determinara el monto de las diferencias de contribuciones omitidas, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve efectuó el pago por concepto de impuesto sobre la renta y sus accesorios, así como la multa prevista en el artículo impugnado de inconstitucional.

El pago realizado por la quejosa motivó que concluyera la revisión que había iniciado la autoridad, según se puede advertir del diverso oficio 324-SAT-R2-L17-3-G-10506, de cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por la propia autoridad administrador local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, en el que entre otras cosas se menciona:

"Constructora Ga-el, S.A.-General Francisco Murguía No. 206.-Col. Pánfilo Natera.-Zacatecas, Zacatecas.-Esta Administración Local de Auditoría Fiscal Número 17 de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7o. ... se le comunica a usted que la revisión efectuada en las oficinas de esta autoridad, a los informes, datos, libros y documentos presentados por el ejercicio comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997, iniciada mediante oficio número 324-SAT-R2-L17-1-1916 de fecha 18 de octubre de 1999, girado por el administrador de la Administración Local de Auditoría Fiscal No. 17 de Zacatecas, C.P. y Lic. José Rosario Zavala Valdez, mismo que fue notificado legalmente al C. Francisco Gallardo Domínguez, en su carácter de representante legal, el día 19 de febrero de 1999, no habiendo mediado citatorio; en el ejercicio de las facultades de comprobación, se concluye la revisión en virtud de que la contribuyente revisada corrigió su situación fiscal, con las siguientes observaciones: ... por lo que una vez analizada esta información, esta autoridad observa que la contribuyente está amortizando en el renglón a letra ‘E’ de la página ‘2’ de la declaración del ejercicio de las personas morales, régimen general de ley, por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997, el que se refiere a ‘pérdidas fiscales de ejercicios anteriores’, la cantidad de $224,472.00 y esta autoridad una vez que realiza el procedimiento para determinar la amortización de perdidas fiscales de ejercicios anteriores, determina que debe de ser por la cantidad de $129,022.00, por lo tanto la contribuyente está amortizando una perdida fiscal de ejercicios anteriores que no le corresponde en cantidad de $95,450.00.-Asimismo, es necesario mencionar que la contribuyente revisada aportó declaración anual del ejercicio 1997, personas morales, actividad empresarial, régimen general de ley, de corrección fiscal a gestión de autoridad, durante el desarrollo de las facultades de comprobación, donde corrige las observaciones antes mencionadas, los cuales contienen los siguientes datos principales: ... haciendo constar, que la declaración anual del ejercicio de 1997, de las personas morales, actividad empresarial, régimen general del ley, fue presentada en la institución bancaria denominada ‘Bancrecer, S.A., sucursal Zacatecas, Centro’, el 20 de mayo de 1999, a gestión de autoridad.-Lo anterior, no impide a esta autoridad ejercer nuevamente sus facultades de revisión, en los términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y determinar contribuciones omitidas correspondientes al ejercicio antes referido, cuando se comprueben hechos diferentes, sin más limite que lo establecido en el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación vigente."

De acuerdo con lo antes precisado, es claro que la circunstancia de que la quejosa haya realizado el pago de la multa que establece el precepto reclamado no implica que la hubiera consentido, en virtud de que si bien la cubrió de manera voluntaria, ello se debe a que el pago anticipado a la resolución correspondiente por parte de la autoridad, es la única forma que tiene el contribuyente de cubrir, por concepto de multa, el monto que corresponda al 50% de las contribuciones omitidas, en lugar de cuando menos el 70% que se establece en la fracción II, del mismo precepto, como monto mínimo de la multa una vez determinado el crédito fiscal por las autoridades hacendarias.

Esto es, la circunstancia de que el contribuyente se acoja al beneficio que establece la fracción I del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, no conlleva el consentimiento de la norma, en tanto que al detectar una omisión en el pago de contribuciones, lo único que la peticionaria de amparo hizo, fue regularizar su situación, a efecto de evitar ser sancionada con una multa en porcentaje mayor, puesto que de no hacerlo se habría colocado en el supuesto de la fracción II del propio artículo, de manera que el monto mínimo que habría tenido que cubrir sería de 70% de las contribuciones omitidas.

Es decir, el propio precepto impugnado establece que la única manera de sujetarse al 50% sobre el monto de las contribuciones omitidas, es la autoaplicación de la multa, realizando el pago antes de que sea notificada la resolución que pronuncie la autoridad encargada de determinar su monto e imponer la multa.

Así, es evidente que el pago de la multa en los términos comentados, deriva del cumplimiento de una obligación, que se vería incrementada cuando menos en un 20% en caso de no realizarse previamente a la notificación de la resolución que determine el crédito e imponga la multa; por tanto, para colocarse en la hipótesis de la fracción I del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, no necesariamente debe existir un acto de autoridad, como lo señalan las autoridades inconformes en sus agravios; antes bien, la impugnación de la norma en comento puede válidamente tener lugar a partir de que el contribuyente se la autoaplica.

Luego, no puede aceptarse que el juicio sea improcedente porque en la aplicación del numeral reclamado no existe un acto de autoridad, pues según se ha visto el contribuyente voluntariamente puede colocarse en el supuesto del citado precepto, a efecto de evitar que la multa que deba pagar se incremente cuando menos en un 20% más de las contribuciones omitidas.

En función de lo antes dicho, tampoco puede aceptarse que la autoaplicación del precepto aludido no afecta intereses jurídicos de la quejosa, pues si bien la peticionaria de amparo se acogió a su contenido, tal proceder tiende a evitar una multa mayor, es decir, la sanción subsiste por la omisión en el pago total o parcial de contribuciones, lo cual significa un perjuicio en contra del contribuyente que incurra en alguna de esas omisiones, y en todo caso lo que se procura con el pago antes de la notificación de la resolución que determine el monto de la contribución omitida es que el monto de la multa sea menor.

Lo antes dicho encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 67/97, publicada en la página 84, Tomo VI, septiembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN.-Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes."

De acuerdo con lo antes razonado, es claro que en el presente caso no cobra aplicación la tesis que cita la autoridad responsable administradora local de Recaudación de Zacatecas, en apoyo de su agravio, en virtud de que la autoaplicación que realizó la quejosa del numeral que impugna, tiene como finalidad evitar que la autoridad competente le imponga sanciones o medidas que le causen molestias, es decir, la conducta de la solicitante de amparo pretende evitar una multa en porcentaje mayor.

SEXTO.-En cambio se consideran fundados los argumentos que expresa la responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en los agravios segundo y tercero, en virtud de que como lo hace notar, el hecho de que el precepto legal en comento señale un porcentaje fijo, no basta para estimar la multa fija, ni violatoria del artículo 22 de la Constitución Federal.

Ciertamente, este Tribunal Pleno al resolver el amparo en revisión 1408/98, GE Equipo de Control y Distribución, Sociedad Anónima de Capital Variable, el ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de once votos, ponente Ministro Mariano Azuela Güitrón, sostuvo lo siguiente:

"Por otro lado, debe dejarse precisado que el Tribunal Pleno, al resolver el amparo en revisión 2071/93, promovido por Grupo de Consultores Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, fallado el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el tema relativo a las multas excesivas, emitió las siguientes consideraciones:

"‘... El artículo 22 constitucional que prohíbe cierto tipo de multas no clarifica cuáles son las excesivas a las que específicamente se refiere. Por ello debe intentarse su deslinde.-Si bien el artículo 22 constitucional prohíbe la multa excesiva, lo cual habría de conformarse en los casos pertinentes, otorgando la protección constitucional a aquellas personas a las cuales una autoridad impusiera una multa que presente dichos excesos, el propio artículo 22 no nos proporciona un concepto de excesividad, sino que para ello es necesario relacionar armónicamente esta disposición con los conceptos de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional.-Es cierto que la multa, como sanción, no tiene equivalencia real con la contribución para los gastos públicos a los cuales se refiere la fracción IV del artículo 31, pero además de que el último párrafo del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación equipara su naturaleza jurídica con las contribuciones, no cabe duda que la Federación, el Distrito Federal, el Estado o los Municipios obtienen, de contribuciones y multas, fondos que deberán aplicar a los gastos públicos, y es entendible que en ambas situaciones aparezcan reglas protectoras de las personas que deben cubrir tanto unas como otras.-Más todavía, los conceptos de proporcionalidad y equidad establecidos por la Constitución en su artículo 31, fracción IV, por extensión lógica, deben regir, en armonía con el citado artículo 22, no solamente las multas fiscales sino también las de carácter administrativo, porque en todas ellas se hace imprescindible la necesidad de individualizar la sanción.-En un primer concepto, por lo tanto, debe entenderse que es criterio deducido del propio sistema constitucional, que para que una multa no resulte atentatoria para los derechos y garantías de las personas -o sea, excesiva-, se requiere que las multas se ajusten a un criterio protector de proporcionalidad y de equidad, tal y como ocurre en las contribuciones.-Efectivamente, para que una multa no resulte excesiva y por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional, resulta necesario facultar a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber: a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor, y b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta.-Por consiguiente, no basta que el ordenamiento respectivo establezca sólo alguno de los elementos mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa excesiva. De ahí que, si bien importa la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que ocasionó al Estado en materia tributaria, también importa el grado de responsabilidad o de intención en la conducta del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, como la situación económica en que se encuentra el infractor.-Resulta necesario fijar, no sólo para este caso concreto sino para los futuros, un concepto de excesividad para que se califique a una multa.-De la acepción gramatical del vocablo excesivo, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: A) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal.-B) Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable.-C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.-D) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.-E) La garantía de prohibición de multas excesivas, contenida en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.-F) La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.-El sistema impositivo de multas por omisión en el pago de contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, viola por parte del Poder Legislativo la prohibición constitucional de imponer multas excesivas, contenidas en el artículo 22 de la Carta Magna.-El artículo 76 del código establece un sistema de multas fijas, esto es, no contiene mínimos y máximos, conforme a los cuales la autoridad administrativa que impone la sanción pueda sancionar, ni existe ningún otro precepto legal dentro del código que obligue a la autoridad fiscal a razonar la imposición de multas, ni éstas deben ser impuestas, tomando en cuenta cuestiones como la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el perjuicio causado a la colectividad, etc. Lo anterior significa que el legislador no otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de cuantificar las multas.-De la lectura del artículo 76, tal como se encuentra redactado, vemos que una misma infracción era sancionada con multas de los porcentajes del 50%, 100% y 150%, sobre las contribuciones omitidas.-La cuantía de la multa, no está referida a ninguna circunstancia especial o individualizada del infractor, sino a la rapidez con la que éste decide pagar la multa. Lo que se traduce en que un infractor de la misma naturaleza, puede ser sancionado con multas diversas en su cuantía, dependiendo ese monto de la fecha en que el mismo decida pagar. La posibilidad de ser sancionado con una multa menor, depende no de la gravedad de la infracción o de las condiciones económicas del sujeto, sino de su menor o mayor temor a tener que afrontar una multa que no puede pagar.-El legislador, a través del artículo 76 del código, estableció para sancionar la infracción de que se trate, multas invariables e inflexibles que se aplican igual para todos, de lo que resulta que el infractor con excelentes condiciones económicas no sufre sanción alguna; el de medianos recursos económicos, una multa ligera; y aquel sin recursos económicos, una multa muy grave, produciéndose así una desigualdad absoluta e injusta entre personas que cometieron el mismo ilícito fiscal e incluso entre personas en que la gravedad de la infracción es distinta.-Así, no existiendo en el Código Fiscal de la Federación ningún precepto legal conforme al cual la autoridad administrativa que impone la sanción pueda adecuar su monto de acuerdo a las circunstancias especiales del caso, deteniéndose en el punto que crea conveniente, inspirándose el ejercicio de su facultad en esas circunstancias, sino por el contrario, al establecer multas inflexibles e invariables para todos, está violando la prohibición constitucional establecida en el artículo 22, referente a multas excesivas.-Las multas que contiene el precepto comentado, no son excesivas porque se estime que lo son los porcentajes del 50% o del 100%, o del 150% que antes se establecía. No, aisladamente, si se comparan esos porcentajes con las cantidades que en el anterior Código Fiscal de la Federación se establecían como cuantía de las multas, que eran hasta de tres tantos de la prestación fiscal omitida, tal parecería que el sistema adoptado por el Código Fiscal de la Federación vigente es más benigno. Sin embargo, con independencia de los porcentajes establecidos, el hecho de que en ese ordenamiento legal, conforme al cual se sancionan todas las infracciones por omisiones de contribuciones federales cometidas en el país, a excepción hecha de la omisión de contribuciones al comercio exterior, contenga un sistema rígido e inflexible para la imposición de multas, en el que no se obligue a la autoridad administrativa en el ejercicio de su facultad sancionadora, a individualizar el monto de la multa que imponga, dentro de máximos y mínimos, tomando en cuenta circunstancias como la gravedad de la infracción o la capacidad económica del infractor, hace que el Código Fiscal de la Federación sea violatorio de la referida garantía individual contenida en el artículo 22 constitucional, lo que se traduce en que el Poder Legislativo creó multas excesivas a través de ese ordenamiento legal.-En otras palabras, el Código Fiscal vigente contiene multas excesivas, no por el porcentaje que se establece, sino porque crea un sistema rígido para la imposición de sanciones en el que cualquier persona es sancionada en la misma forma, bastando para ello el que omita el pago de una contribución y ésta sea descubierta a través de las facultades de comprobación de la administración pública.-La definición gramatical del término excesivo, conlleva la idea de algo que puede ser comparado entre sí, y solamente se puede ir más adelante de lo debido, lo lícito o razonable, cuando existe algo que es debido, lícito o razonable.-Al crearse un sistema de multas fijas, no existe forma, desde el punto de vista legal, de saber cuándo una multa es excesiva, o sea, cuándo va más allá de lo razonable, ni mucho menos cuándo es arbitraria o desproporcionada, «razonable» conforme a qué?, «arbitraria o desproporcionada» conforme a qué?-Es en ese sentido, que se considera que el sistema que contiene el Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 22 constitucional, pues instala un sistema rígido para la imposición de sanciones, sin que se establezca para la autoridad administrativa el deber de individualizar el monto de la sanción al caso concreto.-De la lectura del artículo 76, tal como se encontraba antes de la última reforma, se tiene que realmente la única multa que la autoridad aplicaba, era la del 150% de las contribuciones omitidas, pues en los casos del 50% y del 100%, dicha autoridad no estaba obligada a emitir resolución alguna fijando la multa, y ni en este extremo estaba obligada a razonar esa cuantía.-Es por ello que las multas del 50% o del 100%, no pueden considerarse como mínimas, en relación a la multa del 150%, porque su aplicación no está en función de circunstancias conforme a las cuales se individualice la multa por la autoridad administrativa, sino que su cuantía depende de la decisión particular de pagar lo más rápido posible.-Debe concluirse que la introducción en el Código Fiscal del sistema de las multas fijas, pareciera haber sido hecha simplemente para que las autoridades administrativas no tuvieran el problema de razonar el monto de la multa impuesta, lo cual es notoriamente injustificado ...’.-La ejecutoria transcrita dio lugar a la jurisprudencia que enseguida se transcribe, integrada al resolverse los amparos en revisión 900/94, promovido

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6327-b42d9d33/multa-fija-no-es-inconstitucional-la-reduccion-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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