ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVA, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO QUE FACULTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE SU SUMINISTRO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 3294/98. ROSA IRIS MARTÍNEZ BELLO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El primer agravio aducido por la quejosa recurrente, que consistió básicamente en que sí contaba con interés jurídico para reclamar el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, toda vez que el oficio reclamado había sido emitido en aplicación del último párrafo de dicho precepto, es fundado atentas las siguientes razones y consideraciones.
El artículo 26 reclamado, es del tenor literal siguiente:
"Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo. V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo."
De la lectura del oficio reclamado (visible a fojas 9 del cuaderno principal), se advierte que el precepto reclamado, esto es, el antes transcrito artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sí se aplicó a la quejosa recurrente, pues, tal y como ella misma lo refiere, la notificación que se le hace por medio del oficio que impugna, se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del precepto referido.
Esto es, de dicha transcripción deriva que dicho acto sí constituye la aplicación concreta en perjuicio de la agraviada del artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, toda vez que con fundamento en dicho precepto, el organismo descentralizado la requiere y la apercibe que de no cubrir la cantidad adeudada que en el mismo se precisa, se procederá al corte inmediato del servicio. En consecuencia, el referido oficio sí constituye el primer acto de aplicación del citado precepto legal que afecta los intereses jurídicos de la quejosa, legitimándola para el ejercicio de la acción constitucional, sin que sea obstáculo para ello que en el texto de dicho acuerdo no se esté ordenando el corte de la energía eléctrica a las instalaciones de la ahora quejosa, sino que sólo se le requiere para que efectúe el pago correspondiente en ese documento, pues precisamente ese requerimiento es el que demuestra la aplicación del precepto combatido en tanto no se trata de una mera advertencia o exhortación para que la quejosa cumpla, sino de una orden o mandato que va a importar una sanción a su desacato, que ocasiona perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa, más aún si se tiene en cuenta que la ley no establece ningún otro supuesto de aplicación del precepto reclamado posterior a ese aviso previo, pues sólo resta su ejecución, esto es, que se proceda al corte del suministro de la energía eléctrica.
Es por lo anterior, que debe levantarse el sobreseimiento decretado por el a quo.
QUINTO. No obstante lo precisado en el considerando anterior, debido a que esta Suprema Corte ha sentado claramente su criterio en el sentido de que pueden estudiarse de oficio las causales de improcedencia en el recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de interés público, este Tribunal Pleno advierte que debe sobreseerse respecto de los actos reclamados de los CC. Superintendentes general y comercial División Centro Sur Zona Acapulco de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 11 del mismo ordenamiento legal.
La anterior consideración encuentra sustento en el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable por ser un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto, en términos de la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aprovechar los bienes y recursos naturales a fin de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación de un servicio público. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, y que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados; sin embargo, la referida comisión si bien es parte integrante de la administración pública paraestatal, dado que fue creada por decreto del Ejecutivo Federal como un organismo descentralizado, no forma parte del Poder Ejecutivo y su naturaleza es distinta a la del Estado. Ahora, en el caso que nos ocupa, el acto de aplicación consistente en la emisión del oficio No. 0260 derivado del expediente DG810, en el que se informa a la quejosa que de no cubrir la cantidad indicada se procedería a la aplicación del Reglamento del Artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se llevó a cabo por el organismo en comento y, por tanto, el acto de aplicación no se efectuó en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización provino de un organismo descentralizado que actúa por mandato expreso de la ley; por lo que, en este orden de ideas, lo procedente es, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento respecto de los actos reclamados a los CC. Superintendentes general y comercial División Centro Sur Zona Acapulco de la Comisión Federal de Electricidad.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la siguiente tesis plenaria:
"SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. SU SUSPENSIÓN POR LA CONCESIONARIA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD. La prestación de un servicio público concesionado está sujeta a las disposiciones de la ley que rige su organización y funcionamiento, disposiciones que comprenden no sólo derechos sino también obligaciones para el usuario del servicio, como la de pago, cuyo incumplimiento, por disposición de la propia ley, origina la suspensión del servicio, sin que ello importe algún acto de privación o molestia a la familia, persona, posesiones o derechos del gobernado, sino sólo la suspensión de un servicio por el incumplimiento de una obligación a su cargo. Lo anterior pone en evidencia que la concesionaria, al suspender el servicio de que se trate, no actúa como autoridad, sino únicamente aplica las consecuencias previstas por la ley, ante el incumplimiento de su contraparte." (Tesis No. P. LXXXIV/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 175).
Apoya igualmente lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis No. CXLIX/97, que este Tribunal Pleno hace suya, cuyo tenor literal es el siguiente:
"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS RECIBOS O FACTURAS QUE EXPIDE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. La citada comisión funge como auxiliar de la administración pública al aplicar las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero sin imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que los recibos o facturas por consumo de energía eléctrica que emite no constituyen actos de autoridad y, en su caso, tampoco lo constituye el corte de suministro de energía por falta de pago; y si bien es cierto que los referidos recibos o facturas constituyen un acto de aplicación del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que habilita al gobernado para reclamar la inconstitucionalidad de la norma a través del juicio de amparo, éste es improcedente contra los recibos o facturas por no constituir actos de autoridad." (Tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, página 368).
Por lo anterior, al no poderse reputar como acto de autoridad el oficio emitido por la Comisión Federal de Electricidad, debe declararse inatendible el segundo agravio aducido por la quejosa recurrente, en el que adujo que dicho oficio carecía de motivación y fundamentación.
Concluyendo el anterior razonamiento, se aclara que el hecho de que se tenga como acto de aplicación el que pretende ejecutar un organismo descentralizado como lo es la Comisión Federal de Electricidad, es sólo para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley que se reclama, en este caso, el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no obstante que tal aplicación no provenga de una autoridad, pues pensar lo contrario llevaría a sostener que en esos casos el afectado se vería imposibilitado para intentar la vía constitucional aun cuando se haya aplicado en su perjuicio un precepto legal, y deba esperarse a que la autoridad, en caso de incumplimiento del obligado, exija el cumplimiento forzoso del acto por medio de procedimientos coercitivos.
Tiene aplicación analógica al caso, la tesis sustentada por este Alto Tribunal, consultable en la página 126 del tomo 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice:
"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La referencia que el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley. En estos casos el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. Basta, pues, que el acto de aplicación se produzca y cause perjuicio al gobernado para que éste esté en posibilidad de intentar el juicio de amparo, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación al que ejecuta un particular, es sólo para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley impugnada, aunque tal aplicación no provenga de una autoridad; sostener lo contrario implicaría que en esos casos no podría promoverse el juicio de amparo, a pesar de que se había dado el acto de aplicación de la ley, sino que tuviera que esperarse, en el caso de incumplimiento del obligado, a que la autoridad, por medio de procedimientos coercitivos, tratara de obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias y perjuicios inherentes a ello. En consecuencia, sólo para efectos de la procedencia del amparo en contra de la ley, se atenderá a la fecha de aplicación de ésta cuando corresponda efectuarla a particulares, sin que sea necesario llamarlos a juicio como autoridades."
SEXTO. Puntualizado lo anterior, se aborda a continuación el estudio de los conceptos de violación cuyo estudio se omitió dado el sentido de la resolución recurrida.
En el primer aspecto de su primer concepto de violación, la quejosa refiere que el precepto reclamado de inconstitucional, artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es contrario al numeral 14 de la Carta Magna, pues permite a la Comisión Federal de Electricidad suspender el servicio de energía eléctrica a los usuarios sin haberlos oído y vencido en juicio.
Resulta infundado este aspecto en el que se aduce infracción a la garantía de previa audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.
El precepto citado dispone:
"Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..."
La garantía de audiencia que contempla el artículo 14 de la Constitución Federal está prevista única y exclusivamente para la realización de actos privativos de carácter definitivo y no para los actos de molestia, según lo ha establecido este Alto Tribunal en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, tomo 81, Tercera Parte, página 15, que dice:
"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional."
En el caso, la suspensión del servicio de energía eléctrica que contempla el precepto cuestionado, no constituye un acto de privación definitiva, sino de molestia, pues no priva de sus bienes, posesiones ni derechos a los gobernados.
En efecto, en el ya transcrito artículo 26 de la ley reclamada, se faculta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar el corte inmediato del servicio de energía eléctrica, cuando advierta que alguno de los usuarios está en los casos de las fracciones II, V y VI; y, asimismo, a dar un aviso previo, cuando se den los supuestos de las fracciones I, III y IV. Las facultades otorgadas a la aludida comisión para suspender el servicio de energía eléctrica, no constituyen actos privativos de carácter definitivo en virtud de que no implica la terminación de manera definitiva del contrato respectivo, de forma tal que los usuarios pierdan de manera total y absoluta su derecho a que les sea suministrada dicha energía, pues si bien se suspende o limita temporalmente el suministro, los usuarios quedan en posibilidad de solicitar la reanudación del mismo en los términos del artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que dispone:
"Artículo 36. Para que se reanude el suministro se procederá como sigue: I. Para los casos previstos en el artículo anterior, se requerirá que el usuario pague la cuota de reconección autorizada y además que: a) Para la fracción I, el usuario liquide su adeudo y solicite la reanudación del suministro; b) Para la fracción II, el usuario haya corregido las instalaciones que alteraban o impedían el funcionamiento normal de los equipos de control y medición del suministrador y pague el importe de la energía consumida ilícitamente y la correspondiente indemnización al suministrador, en los términos establecidos en el artículo 42 de la ley; c) Para la fracción III, el usuario acredite haber adoptado las medidas correctivas necesarias y solicite la reanudación del suministro con la tarifa correspondiente al uso que vaya a dar al suministro; d) Para la fracción IV, el usuario solicite la reanudación del suministro con la tarifa correspondiente al uso que vaya a dar al suministro y celebre nuevo contrato; e) Para la fracción V, se celebre el contrato respectivo; se pague la energía consumida ilícitamente y la correspondiente indemnización al suministrador, en los términos establecidos en el artículo 42 de la ley, y f) Para la fracción VI, se solicite la reanudación del suministro, con la tarifa correspondiente y, en su caso, se celebre nuevo contrato de suministro. II. La reanudación del suministro se hará dentro de los plazos mencionados en el artículo 23."
En consecuencia, no teniendo carácter de actos privativos definitivos los relativos al corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, tales actos no se rigen por el artículo 14 constitucional ni requieren, por ende, que previamente a su ejecución se otorgue la garantía de audiencia, de lo que se sigue que el precepto reclamado no infringe el precepto constitucional citado por no establecer tal garantía previamente a los actos de suspensión referidos.
También resulta infundado el segundo aspecto del primer concepto de violación en donde se aduce violación al artículo 17 constitucional, porque en el precepto reclamado se permite a la Comisión Federal de Electricidad, hacerse justicia por sí misma y ejercer violencia para reclamar su derecho.
En efecto, si bien es cierto que el precepto impugnado otorga al organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de suministrador del servicio de energía eléctrica, en términos del artículo 7o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la facultad para suspender el suministro de energía eléctrica en los distintos supuestos que en el mismo se establecen, no lo es menos que ello no implica que se permita a dicho organismo que se haga justicia por sí mismo ni que ejerza violencia para reclamar su derecho, en virtud de que la prestación del servicio público de energía eléctrica no se realiza de acuerdo con el libre arbitrio del organismo referido, pues se sujeta a los lineamientos establecidos por el legislador en los ordenamientos legales que regulan la organización y funcionamiento de ese servicio, en los que se establecen reglas concernientes no sólo a su organización y funcionamiento, sino también en relación con la contraprestación que debe pagarse por su suministro y con las facultades para suspenderlo a quienes no cumplan con el pago del importe que cause la prestación del mismo; además, el derecho de obtener el suministro de energía eléctrica no es absoluto e ilimitado, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de diversas reglas previstas en las normas legales aplicables, así como en el contrato celebrado entre el suministrador y el usuario, previamente conocidas por las partes, de modo tal que la circunstancia de que dicho organismo haga uso de ellas no implica que se haga justicia por sí mismo, ni que esté ejerciendo violencia para reclamar su derecho, más aún si se toma en cuenta que en el precepto impugnado no se faculta al organismo referido para que, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, exija coactivamente el cumplimiento de la obligación de pago no cubierta, sino solamente para suspender el servicio de energía eléctrica por las razones que en el mismo se indican.
Finalmente, la quejosa aduce en su segundo y último concepto de violación, que el oficio reclamado es inconstitucional por ser inmotivado y no cumplir con los requisitos de los actos de autoridad que causan molestia a los gobernados.
Este concepto de violación deviene inoperante atento el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados a los CC. Superintendentes general y comercial División Centro Sur Zona Acapulco de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del considerando quinto de esta resolución.
De conformidad con todo lo manifestado, resulta procedente modificar la sentencia recurrida; sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados a los CC. Superintendentes general y comercial División Centro Sur Zona Acapulco de la Comisión Federal de Electricidad y negar el amparo solicitado contra el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados a los CC. Superintendentes general y comercial División Centro Sur Zona Acapulco de la Comisión Federal de Electricidad.
TERCERO.-Con la precisión anterior, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa Iris Martínez Bello en contra de las autoridades y de los actos precisados en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza (ponente) y presidente Góngora Pimentel; no asistió el señor Ministro Aguinaco Alemán, por licencia concedida de la Presidencia.
Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis P./J. 140/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 7.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6506-85b49291/energia-electrica-el-articulo-26-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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