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Modo: Corpus Pro

CONCESIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PUERTOS, QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE OTORGARLAS DIRECTAMENTE A SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, ES CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1011/96. · Registro digital (IUS): 6509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LILIA TERÁN MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, , Pág. 119.

AMPARO EN REVISIÓN 1011/96. LILIA TERÁN MARTÍNEZ.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: GERMÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Juez sobreseyó en el juicio respecto de los actos que se reclaman del presidente de la República consistentes en el oficio 510.813.95 de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por el director general de Puertos; la toma de medidas conducentes a efecto de que la empresa Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., tenga plena posesión de las áreas cuya ocupación y tenencia de la tierra sean irregulares y la notificación que por medio del Diario Oficial de la Federación se pretendió hacer de la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., el día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; del secretario de Gobernación, la promulgación de la Ley de Puertos; del secretario de Relaciones Exteriores y del director general de Asuntos Jurídicos de esa secretaría, el permiso número 09039345, relativo al expediente 9309038717, folio 72650 de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres; del secretario de Comunicaciones y Transportes y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, la emisión del oficio 510-813-95 de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; del coordinador y el director general de Puertos ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el otorgamiento de la concesión a Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V. para la administración integral del Puerto de Tampico y que las tres últimas autoridades hayan tomado alguna medida para que la sociedad de referencia obtenga la plena posesión de las áreas irregulares, pues así lo manifestaron las autoridades en sus respectivos informes que obran dentro del expediente principal, sin prueba en contrario de parte de la quejosa que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, por lo que sobreseyó en el juicio en términos del artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo.

En su escrito de agravios específicamente en el primero de ellos, alude el quejoso que en relación al punto resolutivo primero de la sentencia recurrida donde el Juez de Distrito sobresee en el juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo, hace mención a diversos aspectos, pero en realidad de la lectura íntegra de esa primera parte, se desprende que fue omiso en hacer algún razonamiento lógico-jurídico para desvirtuar lo manifestado por el juzgador, en esta parte de la sentencia recurrida, luego entonces por falta de agravios hechos valer al respecto, debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez Federal relacionado con el resolutivo primero, en concordancia con el considerando primero de la sentencia impugnada, por cuanto a los actos reclamados a las siguientes autoridades: Del presidente de la República, consistente en la emisión del oficio número 510.813.95 de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por el director general de Puertos; la toma de medidas conducentes a efecto de que la empresas Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., tenga plena posesión de las áreas cuya ocupación y tenencia de la tierra sean irregulares y la notificación que por medio del Diario Oficial de la Federación se pretendió hacer de la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V.; del secretario de Gobernación respecto de la promulgación de la Ley de Puertos; del secretario de Relaciones Exteriores y director general de Asuntos Jurídicos de la propia secretaría, respecto del permiso número 09039345, relativo al expediente 9309038717, folio 72650; del secretario de Comunicaciones y Transportes y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, con relación al oficio 510-813.95 de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; del coordinador y director general de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con relación a la concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., para la administración integral del Puerto de Tampico; ni que las tres últimas autoridades hayan tomado alguna medida para que la sociedad de referencia obtenga la plena posesión de las áreas cuya ocupación y tenencia de tierra sean irregulares.

CUARTO.-Por cuanto al segundo y tercero de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se analizarán en su conjunto por estar relacionados entre sí; de la lectura íntegra de los mismos, se desprende que realiza algunas consideraciones respecto de las cuales estima le causa agravios a su representada y los relaciona con el considerando tercero del fallo impugnado; ahora bien, como se aprecia de la simple lectura, el recurrente fue omiso al no desplegar alguna razón para atacar la determinación del Juez Federal la que se hizo consistir en el análisis de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto a la concesión otorgada a la tercera perjudicada Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; al permiso número 09039345, expediente 9309038717, folio 72650 de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, suscrito por el subdirector de Sociedades de la Dirección de Permisos Artículo 27 Constitucional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como por la autorización que dio el Ejecutivo Federal por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público, para que se constituyera la sociedad mercantil de participación estatal mayoritaria, denominada Administración Portuaria Integral del Puerto de Tampico, S.A. de C.V., autorización contenida en el oficio número 101-1930 de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres, dado que el juzgador invoca que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Argumentando que se entiende por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos a que se refieren los numerales 21, 22 y 218 de la ley de la materia, en ese orden de ideas, al no existir algún razonamiento lógico-jurídico con el que se pueda desvirtuar lo asentado por el Juez Federal en esta parte del fallo impugnado, es de confirmarse el sobreseimiento decretado en atención a dicha causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por los actos y autoridades a que se alude.

Ahora bien, el juzgador igualmente sobreseyó el asunto en términos de la casual de improcedencia contenida en la fracción V del numeral 73 de la Ley de Amparo, en lo tocante al artículo 21 de la Ley de Puertos y argumenta que de la lectura integral del oficio 510.813.95 de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco se desprende que no se advierte que dicho precepto se le haya aplicado al quejoso, por lo que estimó que dicho artículo 21 de la Ley de Puertos, no le afecta a su interés jurídico.

Ahora bien si bien es cierto que el quejoso asevera que el Juez interpreta erróneamente la jurisprudencia que cita en su fallo y para ello señala que en realidad la aplicable es aquella en la que apoya su agravio, o sea la que tiene el título "INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.", más adelante realiza una estudio de lo que dispone el numeral 21 de la Ley de Puertos, en relación con el 27 de la Constitución Federal, para apoyar sus argumentos, pero de las constancias que obran dentro del expediente principal se desprende que no aportó elemento de prueba alguno que pudiera ser suficiente para atacar lo manifestado por el Juez, dado que el artículo 21 de la Ley de Puertos y oficio a que se hace referencia número 510.813.95, de dieciséis de noviembre de 1995, suscrito por el director general de Puertos textualmente señalan:

"Artículo 21. Las concesiones a que se refiere la fracción I del artículo anterior sólo se otorgarán a sociedades mercantiles mexicanas.

"Las demás concesiones, así como los permisos, se otorgarán a ciudadanos y a personas morales mexicanos.

"La participación de la inversión extranjera en las actividades portuarias se regulará por lo dispuesto en la ley de la materia."

"C. Lic. Luis M. Correa Bugarín o Lilia Terán Martínez. Navarra 234-3 Col. Alamos. 03400. México, D.F.

"Me refiero a su escrito de fecha 1o. de junio del año en curso, mediante el cual solicita al C. Presidente de la República, ordene, entre otros, al secretario de Comunicaciones y Transportes se le otorgue permiso o concesión por 50 años para usar y aprovechar la zona federal marítimo terrestre colindante al predio de su propiedad, en Tampico, Tamps.

"Como es de su conocimiento, con apoyo en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Puertos, el Gobierno Federal constituyó una sociedad de participación estatal mayoritaria denominada Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., a la que se le otorgó la concesión, la cual tiene por objeto la administración portuaria integral del puerto de Tampico, mediante:

"El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación que integran el recinto portuario del puerto de Tampico.

"El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario y,

"La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata.

"De conformidad con el artículo 20 último párrafo de la Ley de Puertos, los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones o prestar servicios portuarios dentro de las áreas concesionadas a una administración portuaria integral, celebrarán contratos de cesión parcial de derecho o de prestación de servicios, según sea el caso, en los términos previstos en dicha ley y demás disposiciones aplicables.

"Por otra parte, cuando se trata de solicitudes cuyo proyecto se ubique fuera del área concesionada a la administración portuaria de referencia, corresponde a esta secretaría otorgar las concesiones o permisos respectivos, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) de la Ley de Puertos.

"En el supuesto anterior, las concesiones o permisos para construir, operar y explotar marinas artificiales o terminales de uso particular, así como para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás similares, se pueden adjudicar directamente por la secretaría a los propietarios de los terrenos que colinden con la zona federal marítimo terrestre conforme al procedimiento señalado por los artículos 17, 21, 22, 23, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Puertos.

"Por lo anterior es necesario precise ante esta dirección general la ubicación de su proyecto a fin de estar en posibilidad de atender su solicitud y, en caso de que se encuentre en el supuesto mencionado en el párrafo anterior y fuera del área concesionada a la citada Administración Portuaria Integral deberá presentar los requisitos que en hoja anexa se indican.

"Para el efecto de que presente dicha documentación, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se le otorga un plazo de tres meses contados a partir de la notificación del presente oficio, en la inteligencia que de no presentarla dentro de este plazo, se producirá la caducidad de su trámite y su solicitud se archivará como asunto totalmente concluido.

"Hago de su conocimiento lo anterior, con fundamento en los artículos 36, fracciones XIX y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 16, fracciones I y IV y 20, 38, 40 y séptimo transitorio de la Ley de Puertos; 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17, 21, 22, 23, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Puertos; y 27 fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes."

De la transcripción anterior, se desprende que es atinada la determinación del Juez de Distrito cuando manifiesta que no le fue aplicado el numeral 21 de la Ley de Puertos al quejoso, más aún como igualmente se menciona, el recurrente no aportó elemento de prueba alguno en el que se acredite que se le hubiere aplicado el precepto legal en comento; en ese orden de ideas al no existir prueba que desvirtúe lo manifestado por el Juez Federal en su fallo, debe confirmarse el sobreseimiento así decretado en la sentencia combatida, respecto de la causal de improcedencia contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con la aplicación del precepto 21 de la Ley de Puertos.

Finalmente, por cuanto hace al cuarto de los agravios hechos valer por la parte recurrente resultan inoperantes y por ende ineficaces para combatir la negativa del amparo dictada en la sentencia impugnada, atentas las siguientes razones y consideraciones:

Del cotejo analítico de los motivos contenidos en el considerando cuarto de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, en que se apoyo para negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Lilia Terán Martínez, con los señalamientos que la parte quejosa recurrente expuso en su agravio marcado con el número cuatro se pone de manifiesto lo siguiente:

En forma sintética dicho agravio contiene en esencial los puntos que a continuación se citan y que son la materia de estudio:

1. Que el juzgador no apreció debidamente los actos reclamados ni los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías ya que una simple lectura de la sentencia recurrida y la demanda de amparo, lleva al conocimiento de que el a quo, introduce una cuestión que jamás fue alegada por la quejosa y que oficiosamente lo llevan a concluir en el sentido de que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Federal, corresponde al Estado la rectoría económica del desarrollo nacional, situación que no se discute ni se pone en tela de juicio, por lo tanto no es materia de la litis; en consecuencia, si de acuerdo con los principios fundamentales y reglamentarios que rigen el juicio de amparo no le está permitido al Juez de Distrito resolver sobre cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, su resolutivo segundo en las consideraciones que formuló al respecto para negar el amparo al quejoso, debe revocarse.

2. Que la controversia radica en que no existe ningún precepto constitucional que faculte al Estado a concesionar la administración de los bienes del dominio público de la Federación que integran el puerto de Tampico y que la conclusión del juzgador es imprecisa y contraria al mismo artículo 28 de la Constitución Política Federal, en virtud de que el espíritu de este precepto es universal esto es, contempla la totalidad de los bienes del dominio público de la Federación y de ninguna manera se refiere a un grupo de estos bienes en particular excluyendo a otros grupos, por lo que es totalmente incorrecta la apreciación del juzgador.

3. Que el juzgador se convirtió en Poder Legislativo y Ejecutivo, al derogar el artículo 5o. de la Ley de Inversión Extranjera que se refiere a las actividades reservadas y que asume facultades reservadas al Poder Ejecutivo al desarrollar todo un discurso político en el considerando octavo de la sentencia que se revisa y defender apasionadamente la política económica del Gobierno Federal, en cuanto a la reestructuración del sistema portuario nacional, a fin de contar según manifiesta con una administración y operación eficiente, para obtener más altos niveles de productividad y propiciar condiciones que hagan más competitivos a los puertos, limitándose a derogar el artículo 5o. fracción XIII de la Ley de Inversión Extranjera, suprimiéndole el carácter de áreas estratégicas reservadas de manera exclusiva al Estado y convirtiendo los puertos en áreas prioritarias, no obstante que el artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales no deja ninguna duda en cuanto que las concesiones sobre bienes del dominio público no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicios de terceros el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, y de acuerdo con el artículo 16 de la misma ley, los particulares y las instituciones públicas sólo podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los derechos regulados en esta ley y las demás que dicte el Congreso de la Unión (pero que sean congruentes con la Constitución y no supriman los derechos y libertades que en ella se contienen en favor de los gobernados).

4. Que el a quo debió tomar en consideración que el quejoso expresa sus conceptos de violación, en el sentido de que la Ley de Puertos carece del principio de generalidad, abstracción e impersonalidad, por lo que es una ley privativa que viola las garantías consagradas en el artículo 13 constitucional y que para una correcta contestación y análisis de los conceptos de violación, es necesario precisar que del artículo séptimo transitorio se desprende palmariamente que el Ejecutivo Federal, para llevar a cabo la reorganización portuaria excluye totalmente a la iniciativa privada y al sector social, siendo que de acuerdo con los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución deben concurrir en el desarrollo económico nacional, por lo que la Ley de Puertos priva totalmente de sus derechos y garantías individuales a todos los gobernados distintos a las empresas mercantiles creadas por el Ejecutivo Federal denominadas administración portuaria integral, todas ellas sociedades anónimas de capital variable y estas empresas son las únicas que pueden obtener concesiones para la administración portuaria integral de un puerto o conjunto de puertos, en virtud de que, al constituirlas el Ejecutivo Federal les adjudicará directamente la concesión de administración portuaria integral.

5. Que los monopolios o concesiones de administración portuaria integral, sólo pueden ser obtenidos por las sociedades mercantiles 100% del capital del Gobierno Federal o Estatal, por disposición del artículo séptimo transitorio de la inconstitucional Ley de Puertos, y esto es así, porque el Ejecutivo Federal al constituirlas les adjudicó directamente dichas concesiones, fomentando la concentración que contraría el interés público y, por ende violando el artículo 28 constitucional que en su párrafo décimo le ordena al Estado evitar estos monopolios, y por lo tanto, conculcan las garantías individuales del quejoso y de todas las personas físicas y morales que son las que realmente ocupan las instalaciones portuarias.

En cuanto a la parte marcada con el número 1 del citado cuarto agravio, en donde la recurrente refiere que el Juez Federal introduce una cuestión que no fue alegada como lo es el estudio del artículo 25 constitucional, argumentando que la circunstancia de que corresponde al Estado la rectoría económica del desarrollo nacional, no se discute ni se pone en tela de juicio, por lo que no es materia de la litis.

No le asiste la razón a la quejosa y por lo mismo es infundada dicha parte del agravio, por virtud de que en principio el Juez Federal, no introduce cuestión alguna que no fue alegada, como se señala, pues el hecho de que mencione el artículo 25 constitucional en su fallo, no quiere decir que esta involucrando nuevas cuestiones, sino que este numeral le sirve para motivar su fallo de entre otros razonamientos, puesto que no es la única circunstancia que sirve para negar el amparo, dado que en su conjunto el considerando cuarto materia de análisis contiene los fundamentos y motivos por virtud de los cuales contó el Juez Federal para negar el amparo.

Lo anterior se demuestra fehacientemente cuando el Juez de origen señala en su sentencia de amparo "... Por su parte el artículo 28 constitucional en su párrafo cuarto, después de enumerar las actividades económicas que forman parte de las áreas estratégicas, establece que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 constitucional y que el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia; mientras que su párrafo quinto establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.-En virtud de lo anterior y contrariamente a lo señalado por la parte quejosa, el hecho de que el artículo 28, párrafo décimo de la Constitución Federal, establezca que ‘El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas leyes prevengan. ...’, no implica que esté limitando o prohibiendo al Estado el dar en concesión otros bienes o servicios públicos de dominio de la Federación, como puede ser en el caso que nos ocupa, la administración de los puertos ...".

La transcripción anterior no es otra cosa que un análisis que llevó a cabo el Juez Federal con el objeto de dar respuesta a los conceptos de violación expresados por la propia quejosa en su demanda de amparo.

En cuanto al razonamiento que contiene el punto número 2 del referido cuarto agravio, resulta también infundado.

Para llegar a la aseveración anterior, resulta conveniente precisar lo que al respecto señala la Constitución Federal, en los artículos respectivos que, en su parte interesante, establecen:

"Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

"Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

"Art. 27. ... Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

"Art. 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

"...

(Reformado, D.O. 2 de marzo de 1995)

"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

(Derogado quinto párrafo, D.O. 27 de junio de 1990)

"El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

"...

"El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

"La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

"Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta."

Por su parte la Ley General de Bienes Nacionales establece:

"Artículo 1o. El patrimonio nacional se compone de:

"I. Bienes de dominio público de la Federación, y

"II. Bienes de dominio privado de la Federación."

"Artículo 2o. Son bienes de dominio público:

"I. Los de uso común; ..."

"Artículo 16. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y no estarán sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional. Los particulares y las instituciones públicas sólo podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los derechos regulados en esta ley y en las demás que dicte el Congreso de la Unión. ..."

"Artículo 20. Las concesiones sobre bienes de dominio público no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de la concesión. ..."

"Artículo 29. Son bienes de uso común:

"...

"VIII. Los puertos, bahías, radas y ensenadas;

"...

"XI. Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público; ..."

De la interpretación armónica de las transcripciones anteriores se advierte, por una parte, que como lo afirmó en su sentencia el Juez de origen, al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional; la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución, así como la concurrencia en el desarrollo económico nacional del sector público, el sector social y el sector privado.

Por otra parte, que existen áreas estratégicas y áreas prioritarias. Son áreas estratégicas las señaladas en el artículo 28 constitucional relativas a correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; miner

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6509-d517c991/concesiones-para-la-administracion-portuaria-integral-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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