ARRENDAMIENTO. AVISO DE TERMINACION. VICIOS DE LA DILIGENCIA RELATIVA, DEBEN ALEGARSE COMO DEFENSA EN LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y NO EN LA VIA INCIDENTAL.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 909/92.
México, Distrito Federal, a nueve de abril de mil novecientos noventa y dos.
VISTO para resolver el juicio de amparo directo número D.C. 909/92, promovido por Abundio Velazco Madrid, contra los actos reclamados del Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital y del director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistentes, respectivamente, en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil número 505/91, seguido contra la quejosa por Hiquingari Carranza Arriaga, sobre terminación de contrato de arrendamiento; y su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado el seis de mayo de mil novecientos noventa y uno, Hiquingari Carranza Arriaga inició juicio ordinario civil ante el Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el que demandó de Abundio Velazco Madrid, las siguientes prestaciones: a). La terminación del contrato de arrendamiento de fecha primero de enero de mil novecientos noventa, celebrado por las partes, respecto de la accesoria de la casa número 36, de la calle de José J. Casso, colonia Moctezuma de esta ciudad. b). La desocupación y entrega de la localidad. c). Los gastos y costas.
Fundó la demanda en los siguientes hechos: 1). Refiere la celebración del contrato de arrendamiento base de la acción. 2). Se convino que el término del contrato sería de un año forzoso. 3). Se estipuló que el precio de la renta sería por la cantidad de ochenta mil pesos mensuales, y que la localidad arrendada se destinaría para fonda. 4). El veintidós de febrero de mil novecientos noventa y uno, se le notificó judicialmente al inquilino, que era su voluntad dar por terminado el contrato de arrendamiento, concediéndole un término de sesenta días para desocupar y entregar la localidad arrendada. 5). No obstante lo anterior el demandado se ha negado a desocupar y entregar la accesoria arrendada, por lo que se ve precisado a promover el juicio.
SEGUNDO.- Admitida la demanda, se emplazó al demandado Abundio Velazco Madrid, quien al formular su contestación negó las prestaciones reclamadas, y en relación a los hechos, en lo conducente manifestó que la relación contractual entre las partes, se rige por un nuevo contrato de arrendamiento verbal de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa, en el que se estipuló que el mismo comenzaría a regir a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y uno. Hizo valer la defensa genérica de falta de acción, y opuso las excepciones de novación; la de conexidad, que hizo consistir en que en el Juzgado Vigésimo Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, se tramita el juicio ordinario civil número 70/91, en el que demandó del arrendador el cumplimiento del contrato verbal de arrendamiento de diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, por lo que procede la acumulación de ambos juicios finalmente opuso la excepción de litispendencia.
TERCERO.- El Juez del conocimiento, en auto dictado en audiencia el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y uno, declaró improcedentes las excepciones de conexidad y litispendencia, y seguido el juicio por su cauce legal, dictó sentencia definitiva de once de octubre de mil novecientos noventa y uno, en la que resolvió que el arrendador probó su acción, y el arrendatario no justificó sus excepciones; en consecuencia declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción y condenó al inquilino a desocupar y entregar al arrendador la accesoria arrendada, en un término de cinco días, contados a partir de que la sentencia sea ejecutable, apercibido de lanzamiento a su costa en caso de desobediencia; finalmente no hizo condena en costas. La sentencia se notificó al quejoso por Boletín Judicial del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno, la que surtió efectos el día veintiuno siguiente.
CUARTO.- Este es el fallo reclamado en el presente juicio de amparo, cuya demanda se presentó ante la responsable el doce de noviembre del año pasado, la que la remitió junto con su informe justificado y los autos originales del juicio a este tribunal colegiado, donde se admitió por auto del diecisiete de febrero anterior; se dio vista a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, y satisfecho el trámite legal, se turnó el expediente al magistrado ponente, con lo que quedó en estado de sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse un juicio ordinario civil, pronunciada en una sentencia definitiva, por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito.
SEGUNDO.- Quedó probado el acto reclamado con el informe justificado de la responsable y los autos originales del juicio natural.
TERCERO.- Las consideraciones en que se apoya la resolución reclamada son: "II. La relación contractual existente entre las partes, quedó acreditada en autos con el contrato de arrendamiento exhibido por la actora, así como con la confesión expresa que hizo el demandado en la pregunta cuatro de la confesional a cargo de la actora, de las que se infiere que el demandado reconoce la existencia del contrato exhibido por la actora, razones por las que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 334, 335 y 402 del Código de Procedimientos Civiles. III. Toda vez que en autos quedó acreditado el aviso que en forma indubitable le hizo la arrendadora al inquilino de que era su voluntad dar por terminada la relación contractual que le vinculaba, como se desprende de las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria exhibidas, y que promovió ante el Juzgado Tercero del Arrendamiento Inmobiliario de esta ciudad, documentales que hacen prueba plena en términos de los artículos 327 fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles, y toda vez que el contrato base de la acción fue celebrado por el término de un año forzoso, como se advierte de su cláusula segunda, y dado que el mismo se firmó con fecha primero de enero de mil novecientos noventa, dicho término venció fatalmente el día último de diciembre del propio año, por lo que al no desocupar el inquilino a su vencimiento, ni haber existido oposición del arrendador, operó la tácita reconducción de dicho documento, y por lo mismo se transformó en un contrato de tiempo voluntario, resultando aplicable lo dispuesto por el artículo 2478 del Código Civil, esto es, que para darlo por terminado se requiere de un aviso previo con dos meses de anticipación, a efecto de que el inquilino desocupe la localidad arrendada, y considerando que la actora acreditó esta situación con las copias certificadas de las diligencias referidas, en las que consta que el aviso de referencia se practicó con fecha veintidós de febrero de mil novecientos noventa y uno, y presentó su demanda el día seis de mayo del mismo año, es incuestionable que dejó transcurrir en exceso el término de dos meses establecido por el artículo 2478 de la ley sustantiva, para que el inquilino desocupara la localidad arrendada; razones por las cuales es procedente declarar la terminación del contrato base de la acción y condenar al demandado a desocupar y entregar al actor la localidad a que se refiere este fallo, en un término de cinco días contados a partir de la fecha en que la presente resolución cause ejecutoria, apercibido de lanzamiento a su costa en caso de incumplimiento, con fundamento en el artículo 506 del Código Procesal de la Materia; sin que lo anterior se vea desvirtuado por las excepciones opuestas y por lo argumentado por el inquilino en el escrito de contestación a la demanda, ya que por lo que hace a las primeras, la de sine actione agis es improcedente, toda vez que si bien no constituye una excepción, sino que tan sólo es una negación de los hechos, y que tiene por objeto arrojar la carga de la prueba a su adversario y obliga al Juez a examinar si los elementos de la acción están acreditados, en el caso concreto, por lo expuesto y en términos del artículo 402 del código procesal de la materia, se tiene la certeza que los elementos constitutivos de la acción intentada por el actor se encuentran acreditados y lo argumentado por el demandado de que el contrato base de la acción no está vigente, es inoperante, por estar apoyado en una apreciación subjetiva carente de apoyo y consistencia jurídica que le sustente, más, cuando es de explorado derecho que la novación nunca se presume, ésta debe constar por escrito; la de novación es también inoperante en virtud de que de autos no se advierte ningún medio de convicción que apoyen la novación del contrato que pretende hacer valer el demandado; la de conexidad de la causa y la de litispendencia durante la secuela procedimental fueron desechadas por improcedentes; ahora bien por lo que se refiere a lo argumentado en el escrito de contestación a la demanda por el inquilino, los mismos resultan inoperantes ya que por lo que hace a la novación del contrato de arrendamiento ésta no se encuentra acreditada por ningún medio de prueba que apoyen dicha novación del pacto verbal que hace valer, máxime que como ya se indicó, la novación nunca se presume sino que ésta debe constar por escrito, a mayor abundamiento reconoce que el contrato base de la acción no fue renovado, como se advierte de la contestación que hizo a la posición cinco de la confesional a su cargo, aún más la testimonial ofrecida por el inquilino no la favorece, toda vez que en primer lugar el testigo Silvia Castañeda Romano, si bien manifiesta constarle la supuesta novación del contrato de arrendamiento; también lo es que dicha testigo manifiesta que le ayudaba a la esposa del demandado a servir y percibía un sueldo por esa ayuda, razón por la que se encuentra dentro de lo establecido por el artículo 363 del Código Procesal de la Materia, y a la suscrita no le merece confianza, y además por lo que se trata de un testigo singular y por lo mismo no es suficiente para acreditar la novación de contrato que pretende hacer valer el demandado, asimismo la confesional a cargo del actor no le favorece, puesto que de las posiciones calificadas de legales no se desprende elemento alguno de convicción que permita tener la presunción firme de que efectivamente existió la novación argumentada por el demandado; y por lo que hace al argumento del inquilino en el sentido de que se opuso a las diligencias de jurisdicción voluntaria en las que interpuso el recurso de apelación, tal aseveración es inoperante, puesto que se ignora el resultado de ese recurso al no haber rendido el demandado prueba alguna al respecto, y además porque la simple interposición de un recurso de apelación no puede objetar las diligencias referidas, y sí en cambio, con ellas se acreditó que se dio el aviso previo de terminación. IV. No estando el presente asunto comprendido en ninguno de los supuestos de ley, no se hace especial condena en costas."
CUARTO.- Los conceptos de violación aducidos por el quejoso son: "A). Con fundamento en el artículo 159 fracción III, se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de las violaciones que durante él se cometieron por la responsable, en perjuicio del quejoso, lo que aconteció desde el momento en el que se resolvió la excepción de conexidad de la causa opuesta por el quejoso, y que conforme a derecho es procedente, y se reciban y desahoguen las probanzas que durante el procedimiento, no obstante estar ofrecidas conforme a derecho no fueron admitidas y desahogadas en los términos que la ley establece, violándose en mi perjuicio las leyes del procedimiento, contenidas en los artículos que se mencionan más adelante, del Código de Procedimientos Civiles, y en consecuencia mis garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo anterior en virtud de lo siguiente: Durante el procedimiento del juicio natural, la responsable aplicó inexactamente las disposiciones contenidas en los artículos del Código de Procedimientos Civiles, violando con ello a mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que el primero de ellos reza que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y en el presente caso la ordenadora se abstuvo de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, y en contravención a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional de fundar conforme a derecho las resoluciones que trascendieron a la sentencia definitiva que me es condenatoria, violando con ello, la garantía individual que se consagra en tal numeral, según consta en los autos del juicio principal, toda vez: PRIMERO.- Se violan las disposiciones contenidas en los artículos 55, 39, 40 y 41 del Código de Procedimientos Civiles, así como el artículo 72 del mismo ordenamiento, los cuatro últimos por la aplicación inexacta que de ellos hace la ordenadora en la resolución de fecha 18 de junio del año en curso, ya que como se desprende de autos, al dar contestación a la demanda instaurada en mi contra, opuse como excepción la de conexidad de la causa, misma que se tuvo por opuesta, y con fecha 18 de junio del año en curso se llevó a cabo la inspección judicial ofrecida de mi parte. De la simple lectura del artículo 39, que en lo conducente dice: "Hay conexidad de causas, cuando hay identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas y cuando las acciones provengan de una misma causa", de lo que se deduce que el legislador previó, para que operara la conexidad, dos situaciones diversas: a). Cuando hay identidad de personas y acciones y b). Cuando las acciones provengan de una misma causa de no haberlo considerado así el legislador habría omitido la conjunción "y"; en el presente caso aplicó inexactamente tal disposición, porque no obstante que las acciones de terminación de un contrato de arrendamiento que se tramitó ante la ordenadora, y el cumplimiento del contrato de arrendamiento que se tramitó ante el Juzgado Vigésimo Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario, provienen de una misma causa; la relación arrendaticia de las partes sobre el inmueble materia de la litis, la ordenadora resolvió improcedente tal excepción, sin un razonamiento lógico-jurídico que lo apoyara, no obstante que en la inspección judicial consta que se trata de un mismo bien arrendado, es decir de una misma causa, dicha constancia de autos de fecha 18 de junio del año en curso, no fue analizada correctamente por la ordenadora, la que hizo caso omiso del contenido de dicha documental, y resolvió la improcedencia de tal excepción, conclusión a la que llegó, porque erróneamente consideró que no se daban los supuestos que establece el artículo 39, motivando inadecuadamente la resolución en que de la inspección "se desprende que en el juzgado 27 del arrendamiento inmobiliario se está tramitando el cumplimiento de un contrato verbal de arrendamiento de fecha 10 de diciembre de 1990, y en éste se está tramitando la terminación del contrato de arrendamiento respecto del contrato de fecha 1o. de enero de 1991, se dice el contrato de fecha 1o. de enero de 1990, el cual fue celebrado por Carranza Arriaga Hiquingari y Abundio Velazco Madrid"; deduciendo erróneamente la ordenadora que "no se reúne los requisitos del artículo 39 y 41 del Código de Procedimientos Civiles", lo que es contrario a las constancias de autos y a la interpretación de tales preceptos, si bien es cierto no se encuadra en el primer supuesto del artículo 39, este numeral prevé una segunda hipótesis: "... Y cuando las acciones provengan de una misma causa", la que en el presente caso, sí se aplica, ya que la causa es una misma, la relación de arrendamiento entre las partes respecto del mismo bien inmueble. Al no resolverlo así la ordenadora, viola en mi perjuicio tal precepto, y lo establecido por el artículo 55 del mismo ordenamiento, el que reza: "... Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por este código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciarse las normas del procedimiento", con dicha resolución la ordenadora me priva del derecho que tengo a ser juzgado conforme a las normas del procedimiento, que no son renunciables, dejándome sin defensa, lo que se tradujo a la postre en una sentencia definitiva adversa al suscrito, porque al declarar improcedente del (sic) excepción en la definitiva, ya no se entró al estudio de los hechos que se narraron en el juicio conexo, que se sigue en el Juzgado Vigésimo Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario, bajo el número de expediente 154/91, no obstante que dichos hechos constituyen la excepción principal opuesta de mi parte lo que así fue manifestado por el suscrito en la contestación a la demanda, solicitando en obvio de repeticiones innecesarias se tuvieran como insertos a la letra los mismos hechos narrados en el juicio conexo. Aplica inexactamente la responsable en dicha resolución, lo dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, porque la excepción de conexidad planteada de mi parte, por las razones asentadas anteriormente, no encuadran en tal disposición, ya que ni es frívolo, ni es improcedente tal planteamiento independientemente de que dicho numeral se refiere a la no admisión de excepciones frívolas e improcedentes, y en el presente caso sí fue admitida tal excepción, y es obligación de la responsable resolver conforme a derecho; al no hacerlo así la ordenadora y abstenerse de fundar adecuadamente su resolución, violenta en mi perjuicio lo establecido por el artículo 16 constitucional, motivo por el que se solicita la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se me repare la garantía constitucional violada y se me reponga el procedimiento. SEGUNDO.- Violación a las garantías individuales de legalidad, exacta aplicación de la ley y fundamentación, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; el primero que en lo conducente dice: "... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'. "... En los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho;" el último de los preceptos mencionados en lo conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Dicha autoridad violó en mi perjuicio tales garantías, porque se abstuvo de aplicar correctamente las disposiciones contenidas en los artículos: 55, 281, 282, 285, 289 y 357 del Código de Procedimientos Civiles, además del 120 del mismo ordenamiento; lo que se hizo patente en las resoluciones dictadas por dicha autoridad durante el procedimiento, de fechas 2 de agosto de 1991, 21 de agosto del mismo año, 10 de septiembre del año en curso y 3 de octubre del presente año, mismas que trascendieron a la sentencia definitiva de fecha 11 de octubre del mismo año. En efecto: El artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles, establece la irrenunciabilidad de las normas del procedimiento, el 281, fracción I, la carga que tienen las partes de probar sus pretensiones, el 282, fracción II, la obligación de probar, cuando la negación envuelva una afirmación expresa de un hecho; el 289 la admisibilidad de los medios de prueba, y el artículo 357 la obligación de las partes de citar a sus testigos, con la salvedad de que estuvieran imposibilitados para hacerlo, en cuyo caso lo manifestarán al juzgador bajo protesta de decir verdad, y pedirán a ésta se citen. En el presente caso, la autoridad ordenadora omitió su aplicación, no obstante que el caso se encuadraba en tales preceptos, en virtud de lo siguiente: Como se desprende de las constancias de autos, al dar contestación a la demanda instaurada en mi contra, opuse como excepción, que el contrato que se pretende dar por terminado por el actor, con fecha 10 de diciembre de 1990, se dio por terminado por acuerdo de ambas partes, ya que se celebró entre éstas un nuevo contrato con vigencia a partir del primero de enero de 1991, siendo esta negación un hecho que envuelve una afirmación, que debe ser probada por el suscrito. En tiempo ofrecí para probar mi dicho, entre dichas probanzas, la testimonial a cargo de los señores Silvia Castañeda Romano y Jersson Eman Montes, manifestando en mi escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha de presentación 3 de julio del año en curso, bajo protesta de decir verdad mi imposibilidad de presentarlos a declarar, y las razones de la misma, con lo que tal situación se encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 357, que en lo conducente dice: "... Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo cuando realmente estuviesen imposibilitados para hacerlos, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán se les cite."; la ordenadora violado en mi perjuicio tal disposición, dictó el auto de fecha 2 de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: "En preparación de la prueba testimonial a cargo de los señores Silva Castañeda Romano y Jersson Eman Montes, cítese a los mismos para que comparezcan personalmente el día y hora señalados a rendir su testimonio, apercibidos que de no comparecer sin justa causa se les impodrá un arresto de 3 días, quedando a cargo del demandado la preparación de dicha prueba para cuyo efecto se ponen a disposición las cédulas de notificación respectivas apercibidas que de no preparar tal probanza para el día y hora señalados se declarará desierta dicha probanza por falta de interés jurídico de su parte", de lo que se desprende que dicha autoridad aplicó inexactamente lo dispuesto por el artículo 120 y 357 del Código de Procedimientos Civiles, el primero de ellos establece la obligación de las partes de citar a los testigos, pero con una salvedad: que la ley disponga otra cosa y en este caso, la ley adjetiva de la materia en su artículo 357, dispone que las partes "cuando realmente estuvieran imposibilitados para presentar a sus testigos, lo manifestarán bajo protesta de decir verdad y pedirán que se le citen", lo que sí se hizo por el quejoso, según consta en el escrito de ofrecimiento de pruebas fechado el 3 de julio del año en curso, y la responsable se abstuvo de considerarlo así, y sin un razonamiento lógico-jurídico, haciendo caso omiso de tal disposición, ordenó la citación de los testigos propuestos de mi parte, por mi conducto, así como la preparación de tal probanza, lo que contraviene tal disposición, con lo que me dejó en estado de indefensión porque no me dejó en estado de indefensión porque no me permitió probar mi dicho, lo que trascendió a la sentencia definitiva, que en el considerando tercero, foja 2 vuelta que en lo conducente dice: "por lo que se refiere a lo argumentado en el escrito de contestación a la demanda por el inquilino, los mismos resultan inoperantes ya que por lo que hace a la novación del contrato de arrendamiento ésta no se encuentra acreditada por ningún medio de prueba que apoye dicha novación del pacto verbal que hace valer", lo anterior porque la ordenadora no me permitió allegar elementos probatorios que confirmaran mi dicho, en contravención a lo dispuesto por el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, siendo esta prueba testimonial de vital importancia ya que como hecho esencial de mis excepciones se manifestó que se celebró entre las partes un contrato verbal de arrendamiento, que consta a varias personas. Como consecuencia del mencionado proveído de fecha 2 de agosto del año en curso, en el que se me apercibió con declarar desierta la prueba testimonial, con fecha 10 de septiembre del año en curso, se me hizo efectivo tal apercibimiento por la ordenadora, privándome así del derecho de aportar elementos para probar mi dicho, de que con posterioridad al contrato base de la acción se celebró otro contrato de arrendamiento entre las partes, lo que desde luego trascendió a la sentencia definitiva, lo que se aprecia en el considerando tercero, foja 2 vuelta, razonamiento que motivó los resolutivos de tal sentencia, la que me condena a desocupar el inmueble materia de la litis, conculcando así en mi perjuicio lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales. En proveído dictado por la ordenadora con fecha 2 de agosto de 1991, acuerda la preparación de las pruebas ofrecidas de mi parte, en los apartados III, IV y V, consistentes en documentales, la primera de ellas privada, y las últimas públicas, para cuyo efecto ordena girar los oficios respectivos a los juzgados 27 y 3o. ambos del arrendamiento inmobiliario, asentando en tal proveído que "se ponen a mi disposición las cédulas de notificación respectivas" y "los oficios citados", lo que es contrario a las constancias de autos, ya que en momento alguno estuvieron a mi disposición, ni se elaboraron, lo que la autoridad responsable se abstuvo de valorar, no obstante mis requerimientos para que así se hiciera, y en contravención a lo dispuesto por el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles, que en lo conducente dice: "... las pruebas ya preparadas se recibirán, dejando pendientes para la continuación de la audiencia las que no hubieran sido", en lugar de dejar pendiente para su desahogo dichas probanzas, porque no se había preparado, ya que no se habían elaborado por el juzgado las cédulas de notificación respectivas y los oficios solicitados, con fecha 10 de septiembre del año en curso y tres de octubre del mismo año, las declaró desiertas, tanto la testimonial a cargo del señor Jersson Eman Montes, así como las documentales a que se ha hecho referencia, lo que trascendió a la sentencia definitiva, la que en el considerando tercero expresa como razonamiento para motivar sus resolutivos, que la "novación del contrato de arrendamiento no se encuentra acreditada por ningún medio de prueba", lo que se traduce en que se me condena a la desocupación del inmueble materia de la litis, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dejándome con ello en estado de indefensión y conculcando así en mi perjuicio lo establecido por el artículo 14 constitucional, motivo por el que se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de que se me restituya en el goce de la garantía individual violada y se reponga el procedimiento, para que en su oportunidad se valoren las pruebas aportadas de mi parte y se dicte nueva sentencia. TERCERO.- Durante el procedimiento, se violó por la ordenadora lo establecido por los artículos 8o., 14 y 16 constitucionales, en virtud de que se abstuvo de obsequiar mi petición formulada en el escrito de fecha 15 de agosto del año en curso y 10 de septiembre del mismo año, respecto a que se hiciera por la secretaria del juzgado, la certificación de la fecha en la que se pusieran (sic) a mi disposición las cédulas de notificación aludidas, y los oficios solicitados, lo anterior en virtud de que hasta esas fechas no habían sido elaboradas por el personal del juzgado las mismas, no obstante los requerimientos hechos de mi parte, pues si bien es cierto, mediante proveído de fecha 21 de agosto la ordenadora dice se encuentran a mi disposición las mismas, ello es contrario a las constancias de autos, y en proveído dictado en la audiencia de fecha 10 de septiembre de 1991, se limita a proveer el escrito en último término mencionado, diciendo: "... en cuanto a lo demás solicitado no a lugar acordar de conformidad debiendo estarse a las constancias de autos ..." De la simple lectura de tal proveído se desprende la falta de fundamentación y motivación de dicha resolución, con lo que la ordenadora me deja en estado de indefensión, porque de hecho me imposibilita para preparar las pruebas ofrecidas de mi parte, lo que da lugar a que sea declarada desierta en la misma fecha la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, argumentando la ordenadora, erróneamente, como fundamento los artículos 120 y 357 del Código de Procedimientos Civiles; ocurriendo lo mismo en la audiencia de fecha 3 de octubre del año en curso, en la que se me hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se dejan de recibir al suscrito las pruebas documentales a que se refiere mi escrito de ofrecimiento de pruebas en sus apartados III, IV y V, fundando erróneamente la responsable tal resolución en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, el que no es aplicable en el presente caso, porque si bien es cierto tengo la obligación de probar los hechos constitutivos de mis acciones o excepciones, el juzgador debió permitirme alegar elementos probatorios, al no hacerlo así me dejó en estado de indefensión, l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/673-51163f7a/arrendamiento-aviso-de-terminacion-vicios-de-la-diligencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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