ARRENDAMIENTO. LEGITIMACION DE LA ACTORA, TACITAMENTE RECONOCIDA AL RECONVENIR LA PRORROGA.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 1497/92.
México, Distrito Federal, a treinta de abril de mil novecientos noventa y dos.
VISTO, para resolver el juicio de amparo directo D.C. 1497/92, promovido por Francisca Sotelo Avila, contra la sentencia dictada por el Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, en el juicio ordinario civil 799/91, seguido contra la quejosa por Anastasio Saldaña Adame; y, la ejecución de dicha resolución a cargo del director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia en esta capital. Actos que estimó violatorios en su perjuicio de los artículos 14 y 16 constitucionales; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Mediante escrito presentado el dos de agosto de mil novecientos noventa y uno, el cual correspondió conocer al Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, Anastasio Saldaña Adame inició juicio ordinario civil en el que demandó de Francisca Sotelo Avila: a). La terminación del contrato de arrendamiento que Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez como arrendadores celebraron con Francisca Sotelo Avila como arrendataria el primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro respecto del local comercial ubicado en el edificio número 78, de la calle de Valladolid, colonia Condesa, en esta ciudad; b). La desocupación y entrega de la localidad arrendada; c). El pago de la cantidad de novecientos mil pesos, por concepto de rentas adeudadas y no cubiertas, correspondientes a los meses de abril a diciembre de mil novecientos noventa, y enero a julio de mil novecientos noventa y uno, cada una por la cantidad de sesenta mil pesos moneda nacional, más las que se sigan causando hasta la solución del conflicto; y d). El pago de gastos y costas que se originaran en el juicio.
Como hechos fundatorios de su demanda expresó: 1. El primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez como arrendadores y Francisca Sotelo Avila como arrendataria celebraron contrato de arrendamiento, respecto de la localidad comercial mencionada. 2. En dicho contrato se convino una renta mensual por la cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos, misma que se incrementó en el mes de abril de mil novecientos noventa a la cantidad de sesenta mil pesos. 3. También se pactó un término de duración de once meses. 4. Al concluir el plazo convenido, el arrendamiento continuó en las mismas condiciones pactadas en el documento base de la acción, operando la tácita reconducción, por tanto, el once de febrero de mil novecientos noventa y uno se notificó judicialmente a la inquilina la voluntad de la arrendadora de dar por terminada la relación contractual, concediéndole un plazo de dos meses para que desocupara y entregara el inmueble arrendado. 5. El siete de marzo de mil novecientos noventa, el demandante adquirió por contrato privado de compraventa la casa marcada con el número 78, de la calle de Valladolid y el lote de terreno en que se encuentra edificada, en la colonia Condesa en esta ciudad, motivo por el cual la parte actora se subrogó a los derechos y obligaciones de los arrendadores. 6. No obstante que han transcurrido los dos meses que le fueron concedidos a la arrendataria para que desocupara y entregara la localidad arrendada, la demandada no la ha realizado, por tanto, se le demanda la terminación del contrato base de la acción, así como la desocupación y entrega de dicha localidad, y el pago de las rentas causadas desde el mes de abril de mil novecientos noventa a la fecha de presentación de la demanda, a razón de sesenta mil pesos mensuales, más las mensualidades que se sigan venciendo hasta la total solución del conflicto.
SEGUNDO.- La demandada Francisca Sotelo Avila dio contestación a la demanda instaurada en su contra, negando que su contrario tuviera derecho a las prestaciones que reclama. En relación a los hechos, manifestó: 1. El hecho correlativo ni lo afirma ni lo niega en virtud de que el actor no precisa ni ubica el inmueble que refiere; además, manifiesta que efectivamente celebró contrato de arrendamiento con Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez, pero no con su demandante. 2. El hecho que contesta lo afirma con las aclaraciones a que se refiere en el punto anterior. 3. El hecho que contesta lo afirma, aclarando que en el año de mil novecientos ochenta y nueve celebró contrato verbal de arrendamiento con Maclovia Ruelas González, el cual empezó a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, y la duración del mismo sería de tres años, con una renta mensual de sesenta mil pesos. 4. El hecho correlativo lo afirma, aclarando que la tácita reconducción operó respecto de los arrendadores Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez, ya que jamás ha celebrado contrato con el actor, ni ha sido enterada de que Anastasio Saldaña Adame tenga el carácter de arrendador del inmueble que ocupa, pues tenía celebrado contrato verbal de arrendamiento con sus originales arrendadores por el término de tres años, además, no se le hizo saber su derecho del tanto que como arrendataria le correspondía sobre el inmueble de referencia. 5. El hecho correlativo ni lo afirma ni lo niega por no ser propio, pero de acuerdo a lo que manifiesta su demandante, la venta a que se refiere éste debe declararse nula, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2448-J del Código Civil, se le debió notificar su derecho del tanto y en el último de los casos, notificarle el cambio de arrendador. 6. El hecho que contesta lo afirma, aclarando que su relación contractual es con Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez y, por tanto, el actor carece de personalidad para reclamar las prestaciones que refiere. Opuso como excepciones y defensas: 1. Sine actione agis, ya que su demandante carece de acción y derecho para reclamarle las prestaciones que menciona, ya que nunca ha celebrado con él contrato de arrendamiento, ni se le ha notificado el cambio de propietario del inmueble que ocupa. 2. La falta de legitimación activa y pasiva de Anastasio Saldaña Adame, pues del contrato base de la acción se desprende que el demandante carece de tal calidad, tomando en cuenta que el contrato de arrendamiento lo celebró con las personas a que ha hecho mención. 3. La imprecisión y falta de identificación del inmueble arrendado. 4. El derecho del tanto que le corresponde, en virtud de que su relación contractual es con Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez, además de que no se le notificó su derecho del tanto, siendo procedente que se declare nula la compraventa que hizo Anastasio Saldaña Adame. 5. La excepción de pago. 6. La falsedad con que se conduce el actor.
TERCERO.- La demandada reconvino: a). La declaración judicial de su derecho del tanto respecto del inmueble arrendado; b). Que se le reconozca el contrato verbal del arrendamiento que celebró con Maclovia Ruelas González, el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, respecto de la accesoria "A", del edificio 78, de la calle de Valladolid, colonia Condesa de esta ciudad; c). El pago de las mejoras materiales que ha realizado en el inmueble aludido; y, d). El pago de gastos y costas que se originaran en dicha acción.
Como hechos fundatorios de su reconvención manifestó: 1. El primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, celebró contrato de arrendamiento con Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez, respecto del local comercial que menciona. 2. En dicho contrato se estipuló una renta mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos. 3. El término del arrendamiento sería de once meses a partir del primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, pero con posterioridad, el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, celebró contrato verbal de arrendamiento, por el término de tres años, con una renta mensual de sesenta mil pesos, el cual fenecería el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos. 4. Asimismo, en dicho contrato verbal de arrendamiento se convino que los arrendadores cubrirían los gastos que se realizaran en el inmueble arrendado, por tanto, como la reconvencionista ha efectuado reparaciones al inmueble de referencia y que ascienden a la cantidad de quince millones de pesos, toda vez que se han resanado paredes y techo, se ha pintado, arreglado las puertas, coladeras, lavabos, etcétera 5. Es el caso que Anastasio Saldaña Adame, le demanda la terminación del contrato de arrendamiento sin que se le haya notificado su derecho del tanto. 6. Asimismo, a Anastasio Saldaña Adame le constan las reparaciones materiales que se han realizado en dicho inmueble.
CUARTO.- El actor en el juicio principal dio contestación a la reconvención instaurada en su contra, negando que su contraria tuviera derecho a las prestaciones que contrademanda. En relación a los hechos manifestó: 1. El hecho correlativo lo afirma, aclarando que en el contrato base de la acción se menciona como objeto de dicha relación contractual el local pero no la accesoria. 2. El hecho correlativo lo afirma. 3. El hecho que contesta lo afirma, pero aclara que es falso que se haya celebrado contrato verbal de arrendamiento entre Maclovia Ruelas González y su contraria, pues el treinta de marzo de mil novecientos noventa, se entrevistó con su contrademandante, para informarle sobre el cambio de propietario del inmueble arrendado, y que a partir del mes de abril de dicho año, se incrementaría la renta, quedando de acuerdo en que se pagara por el alquiler de dicha localidad la cantidad de sesenta mil pesos mensuales, pero nunca se vio en la necesidad de reclamar las rentas en forma judicial. 4. El hecho correlativo que contesta lo niega. 5. También niega el hecho que contesta, aclarando que no era necesario que se le notificara respecto al derecho del tanto, puesto que no se está en presencia de una copropiedad, ya que no se pretende vender dicho inmueble. 6. El hecho sexto de la reconvención lo niega. Opuso como excepciones y defensas la falta de acción y de derecho, y las que se deriven del contenido de la contestación a la reconvención.
QUINTO.- Seguido el juicio por su cauce legal, el Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario mencionado, dictó sentencia el diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, en la que resolvió: Primero.- Procedente la vía en la que el actor probó su acción y la demandada no acreditó sus excepciones, defensas ni su demanda reconvencional de las que se absuelve al arrendador. Segundo.- Declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción. Tercero.- Condenó a Francisca Sotelo Avila, a desocupar y entregar a la actora o a quien sus derechos represente el inmueble arrendado. Cuarto.- Condenó a la arrendataria al pago de las rentas que resultaren insolutas hasta que se desocupe y entregue el bien arrendado. Quinto.- Sin hacer especial condena en costas. Dicha resolución se notificó a la demandada el once del mismo mes de febrero, surtiendo sus efectos el doce siguiente.
SEXTO.- Esta es la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías, cuya demanda se presentó el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos ante el Juez responsable, quien la remitió junto con su informe justificado, constancia del emplazamiento practicado al tercero perjudicado, y las actuaciones del juicio natural, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este circuito, de donde se turnó al que actúa, en el que se admitió a trámites por auto de doce de marzo; se corrió traslado con una copia de la demanda de amparo al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento; y, por proveído de diecinueve del propio mes, se turnó el asunto al Magistrado relator, con lo que quedó en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario civil, por una autoridad jurisdiccional, residente en este circuito.
SEGUNDO.- La existencia de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado que rindió el Juez responsable y con las actuaciones del juicio natural que éste remitió.
TERCERO.- Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, son las que a continuación se transcriben: "III. Los elementos de la acción de terminación de contrato son los siguientes: a). La existencia de un contrato de arrendamiento; b). Que dicho contrato de arrendamiento sea voluntario para las partes respecto de su terminación de contrato, o sea en su caso, que haya transcurrido el término en lo pactado; c). Que una de las partes haya notificado a la otra con oportunidad pactada o legal en su caso que es su deseo dar por terminada la relación contractual; y, d). Que el término concedido para desocupar la localidad arrendada haya transcurrido sin que voluntariamente ocurra la desocupación. IV. El primer elemento de la acción intentada, o sea la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes se encuentra acreditado fehacientemente con el documento exhibido por la parte actora en el cual consta que las partes en el juicio celebraron un contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de esta controversia, documento al cual el suscrito le concede valor probatorio pleno en virtud de no haber sido objetado por la parte demandada y por así disponerlo el código adjetivo en sus artículos 402 y 403. V. El segundo elemento de la acción consistente en que el contrato de arrendamiento es voluntario para las partes con el contenido del mismo queda acreditado, pues en él consta que el término fijado al contrato fue voluntario para ambas partes, por lo cual como siguió ocupando la localidad arrendada operó la tácita reconducción y el contrato de arrendamiento se convirtió en voluntario o indefinido respecto de su terminación. VI. El tercer elemento de la acción consistente en el aviso de desocupación dado con la oportunidad debida, queda plenamente acreditado en autos mediante la copia certificada expedida por el Juzgado Décimo del Arrendamiento Inmobiliario, en el cual consta que el día once de febrero de mil novecientos noventa y uno, el notificador correspondiente hizo saber a la demandada que la voluntad de la actora era la de dar por terminado el contrato de arrendamiento entre ellos celebrado y que disponía de treinta días para desocupar la localidad, conforme a lo pactado en el contrato, documento éste que tiene el carácter de prueba plena por tratarse de una actuación judicial en los términos del artículo 403 del código adjetivo. VII. El cuarto elemento de la acción queda acreditado con el mero transcurso del tiempo en virtud de que, a partir de la fecha en que se practicó el aviso de terminación de contrato por conducto del notificador correspondiente y el día de la presentación de la demanda, el día dos de agosto de mil novecientos noventa y uno, transcurrió el término concedido para desocupar. VIII. Las probanzas rendidas por las partes, se valoran en su conjunto conforme dispone el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles y de su resultado se concluye que las excepciones, defensas y demanda reconvencional opuestas por la arrendataria deberán declararse improcedentes e injustificadas, absolviendo de esta última al arrendador; las excepciones de falta de legitimación, la de falsedad y la de sine actione agis, resultan improcedentes, en virtud de que la actora comparece a juicio como causahabiente de la arrendadora, derivado del contrato privado de compraventa del inmueble del que forma parte la localidad arrendada, que obra a fojas cuatro a siete de autos; la de imprecisión e identificación de la localidad arrendada resulta también improcedente en virtud de que la arrendataria reconoció la existencia de la relación arrendaticia al desahogar la prueba confesional ofrecida por la actora, además de que la actora exhibió el contrato de arrendamiento respecto del cual demanda su terminación, el cual no fue objetado por la parte demandada; la excepción de "derecho del tanto" derivada del artículo 2448 J del Código Civil para adquirir la localidad resulta improcedente, en virtud de que dicho dispositivo legal tutela los derechos de preferencia de los arrendatarios tratándose de casa habitación, y en el caso a estudio se trata de un local comercial; y si bien el artículo 2447 del Código Civil otorga un derecho de preferencia en favor del arrendatario, el mismo reenvía a lo dispuesto por los artículos 2304 y 2305 del código sustantivo, de acuerdo con los cuales, la venta realizada con violación a ese derecho preferencial queda válida y sólo genera en favor del arrendatario una acción de daños y perjuicios que no fue intentada en este juicio. Por cuanto a la excepción de pago, deberá declararse improcedente, en virtud de que, si bien es cierto que de autos se desprende que la arrendataria ha consignado las rentas vencidas desde el mes de abril de 1990 hasta el mes de septiembre de 1991, también es cierto que la actora reclamó el pago de las rentas ya vencidas más las que se siguieran venciendo y conforme al artículo 259, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, uno de los efectos del emplazamiento es el de producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, luego entonces, la demandada estaba obligada a demostrar el pago de las subsecuentes, lo cual no hizo, a pesar de corresponderle la carga de la prueba por así disponerlo el artículo 1891 del Código Civil, consecuentemente, procede condenarla al pago de aquellas que resulten insolutas; por cuanto a la demanda reconvencional, resulta parcialmente improcedente, en virtud de que las probanzas rendidas son insuficientes para demostrar la supuesta celebración de un contrato de arrendamiento diverso del exhibido por la actora como documento base de la acción, pues al desahogarse la prueba confesional ofrecida por la arrendataria, la actora negó su existencia y la demandada no aportó probanzas suficientes para desvirtuar tal negativa, pues la prueba testimonial no es suficiente dado que, por una parte, la testigo Ana Cristina Velázquez Valente no conoce a las partes de este juicio y, por otra parte, la testigo Graciela Márquez Lozano, refiere que la relación contractual data del mes de abril de 1989, siendo inconsistente su testimonio, pues por una parte, no proporciona las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la supuesta celebración y, por otra es insuficiente pues no le consta que la supuesta concertación se haya llevado a cabo con la arrendadora original Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez, consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de tacha de testigos promovido por la parte actora, al resultar inatendibles los testimonios de los testigos mencionados; por cuanto al pago de las supuestas mejoras realizadas a la localidad, resulta improcedente puesto que, los peritajes rendidos son acordes en determinar que no existen las mejoras que se dijo se realizaron al inmueble, además de que no se acreditó con otras pruebas los supuestos gastos erogados ni el compromiso de la arrendadora de resarcirlos; por cuanto al derecho del tanto de la arrendataria para haber adquirido la localidad, reclamada reconvencionalmente al nuevo propietario del inmueble del que forma parte la localidad arrendada, resulta improcedente la acción intentada en su contra, toda vez que, como ya antes se indicó, el artículo 2447 del cuerpo de leyes citado, establece que el derecho del tanto deberá ser otorgado o en su caso, ejercitado con respecto del propietario de la finca arrendada, cuando éste requiera venderla, y en caso de que se vendiera sin respetar el derecho de preferencia, la venta es válida tal como dispone el artículo 2305 de dicho ordenamiento. IX. En tales circunstancias, procede declarar probada la acción intentada y que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes está terminado, condenando a la demandada a desocupar y entregar la localidad arrendada a la actora o a quien sus derechos represente, dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable".
CUARTO.- La quejosa expresa los conceptos de violación que a continuación se transcriben: "PRIMERO.- En este primer concepto de violación, se impugnan los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la citada sentencia, y se invoca la infracción de las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que dichos considerandos norman y rigen los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto del mencionado fallo, y se invoca igualmente a la infracción del artículo 2409 del Código Civil como ley secundaria. En efecto, el artículo 2409 del Código Civil, establece que si durante la vigencia del contrato de arrendamiento por cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato, y respecto del pago de las rentas, el arrendatario tendrá la obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato desde la fecha en que se notifique judicial o extrajudicialmente el haberse otorgado el correspondiente título de propiedad, en tales términos, y de acuerdo a las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales se puede concluir que el fallo reclamado mediante este juicio de amparo, viola específicamente las de exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica y el principio de congruencia que debe de contener todo fallo judicial, expresamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en concordancia a las garantías infraccionadas por el fallo dictado por la autoridad responsable y a la ley secundaria cuya infracción se invoca, que el arrendador no podrá ejercitar acción alguna y en especial la de terminación de contrato, si no ha notificado el nuevo propietario el cambio o transmisión de la propiedad, ello se encuentra debidamente especificado en jurisprudencia firme y sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: "... ARRENDAMIENTO. MORA EN CASO DE CAMBIO DE PROPIEDAD DEL PREDIO ARRENDADO." (la transcribe). Asimismo, también es aplicable al caso y para fundamentar este motivo de agravio la siguiente tesis igualmente sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "... ARRENDAMIENTO. MIENTRAS NO SE HAGA AL ARRENDATARIO LA NOTIFICACION, EN SU CASO, DEL CAMBIO DEL DUEÑO DEL INMUEBLE ARRENDADO. EL ADQUIRENTE CARECE DE TODA ACCION CONTRA AQUEL." (la transcribe). En términos de la jurisprudencia y ejecutoria anteriormente transcritas, se puede concluir que el presente concepto de violación es procedente y fundado, toda vez que como se desprende de autos, el actor y hoy tercero perjudicado, en ningún momento cumplió con la notificación a que se refiere el artículo 2409 del Código Civil, y por lo mismo, no se encontraba subrogado ni podía ejercitar acción alguna en contra de la suscrita, independientemente de que tampoco y en términos de la ejecutoria transcrita, llenó los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de cumplir con dicha obligación, requisitos que deben incluir el domicilio del nuevo adquirente o lugar donde deba pagarse la renta y a quien debe hacerse el pago, ello se contiene en la ejecutoria que a continuación se transcribe: "... 342. ARRENDAMIENTO.- El inquilino ha de saber el lugar y nombre de la persona a quien debe pagar el precio. El aviso o notificación que debe hacerse al inquilino en los términos del artículo 2409 del Código Civil respecto al pago de las rentas cuando el bien arrendado es traspasado durante la vigencia del contrato, debe incluir también el domicilio del nuevo adquirente o el lugar donde deba pagarse la renta y a quien debe hacerse el pago, cuando en el contrato no se haya estipulado que se cobre en el local arrendado.". Por lo anterior, se puede concluir que el acto reclamado es violatorio de las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales y en especial las de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley, y por ello, se deberá conceder a la suscrita quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO.- En este segundo concepto de violación, se impugnan los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia señalado como acto reclamado y se invoca la infracción de las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que dichos considerandos norman y rigen los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto del mencionado fallo y se invoca igualmente la infracción del artículo 1717 del Código Civil. En efecto, el artículo 1717 del Código Civil, establece que el albacea de una sucesión puede vender bienes de la herencia que representa siempre y cuando exista acuerdo unánime de los herederos, y si esto no fuera posible, con aprobación judicial, dicha norma secundaria no fue respetada por la autoridad responsable al dictar el auto reclamado y que motiva este juicio de amparo, toda vez que como se desprende del encabezado del contrato privado de compraventa exhibido por el hoy tercero perjudicado, se establece textualmente lo siguiente: "... Contrato privado de compraventa que celebran los señores María del Consuelo Rodríguez Ruelas viuda de Miranda, Emma Rodríguez Ruelas de Feito, Susana Rodríguez Enríquez, Roberto Rodríguez Enríquez y las Sucesiones de los señores Enrique Rodríguez Ruelas, José Rodríguez Ruelas e Ismael Rodríguez Ruelas, representados todos por su apoderado el señor José Antonio Rodríguez Más, en su carácter de vendedores, de una parte y por la otra, como comprador, el señor Contador Público Anastasio Saldaña Adame, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes: ...". De la anterior transcripción, se establece que como vendedores acudieron las Sucesiones de los señores Enrique Rodríguez Ruelas, José Rodríguez Ruelas e Ismael Rodríguez Ruelas, asimismo, del propio texto del contrato no se puede colegir que hayan dado su aprobación o autorización los herederos de las sucesiones antes mencionadas para celebrar dicha compraventa y tampoco se puede establecer ni se acompaña la autorización judicial para el caso de que no exista el consentimiento de los herederos, asimismo, nuestro más Alto Tribunal en forma sostenida ha establecido que los albaceas no pueden celebrar actos de dominio sin los requisitos antes apuntados, lo anterior se sostiene en las tesis que a continuación se transcriben: "... 222. ALBACEAS. CARECEN DE FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO." (la transcribe). "... 226. ALBACEAS, FACULTADES DE LOS." (la transcribe). En términos de lo anterior, se puede concluir que dicho contrato privado de compraventa es nulo de pleno derecho o inexistente, toda vez que siguiendo el principio de que nadie puede vender lo que no es de su propiedad y al no existir el consentimiento de los herederos de las sucesiones mencionadas en este motivo de agravio, o en su defecto la autorización judicial correspondiente, dicha compraventa no surtió a la vida jurídica, siendo igualmente procedente que en este concepto de violación, la suscrita puede alegar la nulidad de dicho instrumento aun siendo un tercero, puesto que tengo interés en virtud de que resultó perjudicada con la operación antes indicada, en dicho sentido, también se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que a continuación se transcribe: "... 1655. NULIDAD, PROCEDENCIA DE LA SOLICITADA POR TERCEROS." (la transcribe). Por las razones expresadas en este concepto de violación, se puede llegar a la conclusión de que el acto reclamado es violatorio de las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, y como consecuencia de ello, se me deberá de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. TERCERO.- En este tercer concepto de violación se invoca la infracción de las garantías defendidas por los artículos 14 y 16 constitucionales y en especial las de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley y los principios de congruencia y de fundamentación y motivación que debe de contener todo acto de autoridad, en efecto, la autoridad responsable le dio pleno valor probatorio al contrato privado de compraventa exhibido por el actor en el juicio natural y tercero perjudicado en este juicio de amparo, a pesar que de acuerdo a la legislación vigente y al propio criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la compraventa de un inmueble de las características al que es objeto de dicho instrumento debe otorgarse en escritura pública, en tales términos, el mencionado y mal llamado contrato privado de compraventa a que he aludido anteriormente, sólo es una minuta para los efectos legales que en el mismo se contiene, establecido lo anterior y al ser dicho contrato privado simplemente una minuta, el tenedor de la misma no tiene más derecho que el de exigir a su otro contratante el que le otorgue la escritura pública correspondiente, pero mientras no se llene dicha formalidad, el contrato no está perfeccionado ni el adquirente investido de los derechos que le puede conceder, en términos de lo anterior, se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia y tesis precedental que a continuación se transcribe: "... 1579. MINUTAS.- El tenedor de una minuta no tiene más derecho, si pretende que su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/675-46850dae/arrendamiento-legitimacion-de-la-actora-tacitamente-reconocida-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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