Corpus
Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. OPOSICION, MODO DE COMPUTARSE EL TERMINO. * * * ARRENDAMIENTO. TERMINACION, PRESENTACION DE LA DEMANDA DE. CONSTITUYE LA MAYOR OPOSICION A QUE EL INQUILINO CONTINUE EN EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE DESPUES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO FORZOSO DEL CONTRATO. - - -

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1266/92. · Registro digital (IUS): 674
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO LOBO CUÉLLAR.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, , Pág. 216.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 1266/92.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos.

VISTO para resolver el juicio de amparo directo número D.C. 1266/92, promovido por Francisco Lobo Cuéllar, contra el acto reclamado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva dictada en el toca de apelación número 2838/91, relativo al juicio de controversia en materia de arrendamiento de finca urbana destinada a la habitación, número 243/89, seguido contra el quejoso por la sucesión de Librado Caudillo Nájera, sobre terminación de contrato de arrendamiento. Acto que estimó violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, Librado Caudillo Nájera inició juicio de controversia en materia de arrendamiento de finca urbana destinada a habitación, ante el Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el que demandó de Francisco Lobo Cuéllar, las siguientes prestaciones: a). La terminación del contrato de arrendamiento de fecha primero de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, celebrado por las partes respecto del departamento número cuatro, del edificio número 429, de la calle de Campeche, colonia Condesa, de esta ciudad. b). La desocupación y entrega de la localidad. c). El pago de la cantidad de noventa y tres mil ciento cincuenta pesos, adicionales a la renta mensual, en concepto de pena convencional. d). Los gastos y costas.

Fundó la demanda en los siguientes hechos: 1). Refiere la celebración del contrato base de la acción. 2). Se estipuló una renta mensual de noventa y tres mil ciento cincuenta pesos. 3). Se estipuló que el término del contrato sería de un año forzoso para ambas partes. 4). A la fecha de la demanda concluyó el término forzoso del contrato, y con el objeto de evitar su tácita reconducción, demanda del inquilino la terminación del contrato.

SEGUNDO.- Por auto del diez de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, el Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar al inquilino demandado. Por escrito del once de febrero de mil novecientos noventa y uno, Ernesto Librado Caudillo Plascencia, en representación de la sucesión del arrendador Librado Caudillo Nájera, solicitó al juzgador que se practicara el emplazamiento al demandado; hecho lo cual el inquilino Francisco Lobo Cuéllar, dio contestación a la demanda, en la que negó la procedencia de las prestaciones reclamadas, y en relación a los hechos, en lo conducente, aceptó la celebración del contrato de arrendamiento base de la acción; en cambio negó que el contrato de arrendamiento esté concluido, porque en el caso operó la tácita reconducción y en consecuencia el contrato sólo puede concluir a voluntad de cualquiera de las partes previo el aviso a que se refiere el artículo 2478 del Código Civil; agrega que a fines de mil novecientos ochenta y ocho fue autorizado por el arrendador para realizar mejoras útiles en el inmueble arrendado y en compensación seguiría ocupando la localidad durante otros cinco años, contados a partir del vencimiento del contrato, pagando la misma renta. Hizo valer la defensa de falta de acción; y opuso las excepciones de falta de legitimación activa, la de falta de personalidad, las que se derivan de su contestación.

TERCERO.- Seguido el juicio por su cauce legal, el Juez del conocimiento dictó sentencia el siete de agosto de mil novecientos noventa y uno, en la que resolvió que la sucesión arrendadora justificó su acción, y el inquilino demandado no acreditó sus excepciones y defensas; en consecuencia declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción y condenó al demandado a la desocupación y entrega del departamento arrendado, en un término de treinta días, contados a partir de que se le notifique personalmente el auto de ejecución respectivo; también lo condenó al pago de la pena convencional pactada; y, finalmente, no hizo condena en costas.

CUARTO.- Inconforme con dicha resolución, el demandado Francisco Lobo Cuéllar interpuso recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que lo resolvió por sentencia definitiva del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la que confirmó la sentencia recurrida y condenó al demandado al pago de las costas de ambas instancias. La sentencia se notificó al quejoso por Boletín Judicial del diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la que surtió efectos el día siguiente.

QUINTO.- Este es el fallo reclamado en el presente juicio de amparo, cuya demanda se presentó ante la responsable el veinte de enero del año en curso, la que la remitió junto con su informe justificado y los autos originales del juicio a este tribunal colegiado, donde se admitió por auto del dos de marzo anterior; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, y satisfecho el trámite legal, se turnó el expediente al magistrado ponente, con lo que quedó en estado de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio de controversia en materia de arrendamiento de finca urbana destinada a habitación, por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito.

SEGUNDO.- Quedó probado el acto reclamado con el informe justificado de la responsable y los autos originales del juicio natural.

TERCERO.- Las consideraciones en que se apoya la resolución reclamada son: "I. Por encontrarse íntimamente adminiculados los agravios primero y segundo expresados por el demandado, se estudian en su conjunto, y son infundados, porque el contrato de arrendamiento para habitación lo es del primero de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, el cual se celebró por el término de un año, mismo que feneció el último de enero de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que el arrendador, a fin de evitar que operara la tácita reconducción, presentó su demanda el dos de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, en tiempo y forma (foja 1 vuelta); es decir lo hizo dentro de los primeros diez días que ha estimado como término prudente el más Alto Tribunal de la Nación a fin de evitar que el contrato se convirtiera en indefinido o indeterminado. El criterio anterior encuentra su apoyo legal en la tesis jurisprudencial número 75 que aparece publicada en la página 183; Tercera Sala, Cuarta Parte, de los fallos de 1917-1985, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación la cual es del tenor literal siguiente: "ARRENDAMIENTO, TACITA RECONDUCCION DEL CONTRATO DE.- Los requisitos esenciales para que opere la tácita reconducción, según los artículos 2486 y 2487 del Código Civil para el Distrito Federal, son: La continuación del inquilino en el uso y disfrute de la cosa arrendada, después del vencimiento del contrato, y la falta de oposición del arrendador. La ley no precisa el plazo dentro del cual deba llevarse a cabo la oposición, por lo que la Suprema Corte ha considerado prudente fijar el de diez días, contados a partir de la fecha de vencimiento del contrato". De lo que se colige que en la especie no se violó en contra del recurrente el contenido de lo establecido en el artículo 2478 del Código Civil, no importando que la demanda la haya admitido el a quo hasta el diez de febrero de mil novecientos noventa y uno, así como tampoco importa que al enjuiciado se le haya notificado la demanda hasta el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y uno, lo que interesa es que el enjuiciado presentó su demanda con oportunidad, evitando como se dijo, la tácita reconducción. II. El tercer agravio es infundado, pues el hecho de que el inquilino haya efectuado mejoras en el inmueble alquilado a principios de mil novecientos ochenta y nueve, no implica impedimento legal alguno, para que el arrendador no pudiese ejercitar su acción de terminación de contrato al fenecimiento del mismo, como lo hizo válidamente; por ende puede afirmarse que en la especie el juzgador valoró correctamente las actuaciones del juicio, en relación con las demás pruebas aportadas por las partes, de conformidad con la recta interpretación de lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 81 del propio ordenamiento legal, dado que la sentencia es clara, precisa y congruente con la demanda, la contestación, así como con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. III. El cuarto y último agravio es inoperante, porque en éste combate propiamente el desechamiento que le hizo el a quo de la llamada prueba superveniente, consistente en las actuaciones del juicio especial de desahucio. Pero esa determinación la tomó el Juez natural en auto de doce de junio de mil novecientos noventa y uno, y en contra del mismo el demandado interpuso, haciendo valer ese cuestionamiento, recurso de apelación correspondiéndole el toca 2841/91, el cual fue resuelto por esta Sala con esta fecha, en el que se le declararon infundados sus agravios; es decir, es cosa juzgada y ahora no puede nuevamente hacer valer esa inconformidad en contra de la sentencia definitiva. En consecuencia, el a quo en forma atinada declaró terminado el contrato de arrendamiento de primero de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, respecto del departamento cuatro del edificio número cuatrocientos veintinueve, de las calles de Campeche, colonia Condesa, de esta capital; asimismo, en forma correcta condenó al demandado a la desocupación y entrega del inmueble arrendado en un término de treinta días contados a partir del momento en que se le notifique personalmente el auto que decrete la ejecución de su resolución, y conforme a derecho condenó a la parte demandada al pago de la pena convencional pactada (foja 108 v.); por lo que al no causarle agravio alguno al apelante, debe de confirmarse en sus términos la sentencia definitiva impugnada. IV. Toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 140 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, se condena al demandado al pago de las costas de ambas instancias."

CUARTO.- Los conceptos de violación aducidos por el quejoso son: "Durante el procedimiento se impugnaron diversas violaciones a las leyes del procedimiento, mediante los recursos ordinarios correspondientes, integrándose los tocas números 2839/91, 2840/91, 2841/92, 2842/91 y 2843/91, en los que la Segunda Sala confirmó las resoluciones del a quo. En consecuencia, se reclaman en esta vía de amparo que se promueve contra la sentencia definitiva, en los términos siguientes: I. Se reclamó la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, ya que la demanda original de terminación de contrato de arrendamiento, promovida ante el Juzgado Noveno del Arrendamiento Inmobiliario por el actor Caudillo Nájera Librado, en contra del suscrito, expediente 243/89, fue notificada con fecha 27 de febrero de 1991; en lugar distinto al que habita el suscrito, habiéndome enterado de la misma según lo expresó en el escrito en el que promoví el incidente, con fecha 5 de marzo de 1991, cuando sólo faltaba un día para que concluyera el plazo de cinco días que concede la ley para dar contestación a la demanda. En consecuencia, aunque pude dar contestación a la misma, y lo hice ad cautelam, no dispuse del plazo completo para preparar mi defensa, por lo que consideré violadas las leyes del procedimiento en lo que se refiere al emplazamiento, y promoví el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones. El a quo, sin respetar el procedimiento establecido en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles, y formar artículo de previo y especial pronunciamiento, desechó de plano el incidente mediante auto de fecha 14 de marzo de 1991. Contra esta resolución se interpuso el recurso de apelación que fue admitido, y que se tramitó ante la Sala responsable del Tribunal Superior de Justicia, cuando se remitieron los autos originales con motivo de la apelación contra la sentencia definitiva dictada por el a quo, integrándose el toca número 2839/91 en el que con fecha 9 de diciembre de 1991, se dictó la resolución que se combate y cuyo primer punto resolutivo determina: `PRIMERO.- Se confirma el auto de catorce de marzo de mil novecientos noventa y uno, pronunciado por el C. Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el juicio ordinario civil seguido por Caudillo Nájera Librado en contra de Francisco Lobo Cuéllar'. La resolución anterior viola las leyes del procedimiento, al tenor de lo dispuesto por las fracciones I, V y VI del artículo 159 de la Ley de Amparo. En efecto, en el considerando I de la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del D.F., que confirma el auto recurrido del inferior, señala que el a quo actuó correctamente al considerar que el demandado contestó en tiempo la demanda y aun cuando la notificación se hubiera hecho en forma irregular, ésta había surtido todos sus efectos al haber comparecido a juicio. Se apoyó la Segunda Sala en una tesis jurisprudencial que transcribió en los siguientes términos: "NOTIFICACIONES IRREGULARES.- Si la persona notificada indebidamente, se manifestara en juicio sabedora de la providencia la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviera legalmente hecha". Ahora bien, se invocó la violación al artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles, que consigna en el caso, la formación de artículo de previo y especial pronunciamiento, ya que el a quo desechó de plano y sin más trámite la nulidad de actuaciones promovida. La Sala ni siquiera tomó en consideración este agravio, ni procedió a su estudio para resolver en lo conducente. En tal virtud, se violó este precepto legal, tomando en consideración que el procedimiento es de orden público y que debe estarse a lo dispuesto por la ley para su trámite. En el caso, debió formarse artículo de previo y especial pronunciamiento en los términos del artículo 74 del ordenamiento invocado y su falta de aplicación implica su violación por la autoridad responsable. Por otra parte, la autoridad responsable se apoya en una tesis jurisprudencial "NOTIFICACIONES IRREGULARES", que no es aplicable al caso. En efecto, la tesis citada se refiere, en los términos del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles, a las notificaciones que surten sus efectos cuando la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, distintas al emplazamiento, ya que deberán reclamarse en la actuación subsecuente, conforme al artículo 77 del ordenamiento invocado. Es evidente que cuando falta el emplazamiento a éste es irregular, no es la actuación subsecuente en la que se va a reclamar, sino cuando el afectado se enteró de que ese emplazamiento se hizo en forma diferente a lo estipulado en la ley. En el caso, la reclamación se hace por falta de emplazamiento, ya que éste se llevó a cabo en forma diferente a lo estipulado por los artículos 114, fracción I, y 117 del Código de Procedimientos Civiles, y aunque el demandado se hizo sabedor de la existencia de la demanda, por comunicación que tuvo de sus familiares, este conocimiento lo obtuvo un día antes de que feneciera el plazo para dar contestación a la demanda. En consecuencia, no tuvo el término completo, que es de cinco días, para preparar su defensa, y la ley lo que protege es que el reo disponga del tiempo completo que señala la ley para preparar su defensa. En conclusión se puso a la consideración de la Segunda Sala, la falta de emplazamiento, y el hecho de que no se tramitó el incidente de nulidad de actuaciones respectivo, la cual, sin estudiar si efectivamente existió esta falta de emplazamiento, y sin determinar si el a quo había observado el procedimiento respectivo, procedió a confirmar el auto del inferior, por lo que se han violado las disposiciones que se han precisado. II. Se ofreció en el juicio principal seguido ante el Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario del D.F., una prueba documental superveniente, consistente en la copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo en el juicio especial de desahucio seguido por Caudillo Nájera Librado en contra del suscrito Francisco Lobo Cuéllar, ante el C. Juez Trigésimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario, respecto a la misma localidad arrendada. En la copia certificada de referencia se encuentra la demanda relativa al mencionado juicio de desahucio, lo cual establece en sus puntos 1 y 3 del capítulo de hechos, lo siguiente: `1. Con fecha 1o. de febrero de 1988, el Sr. Francisco Lobo Cuéllar ahora demandado, en su carácter de arrendatario y el actor como arrendador celebraron contrato de arrendamiento respecto del departamento No. 4, del edificio marcado con el No. 429, de la calle de Campeche, Col. Condesa, de esta ciudad. 2. ... 3. Con fecha 2 de marzo de 1989, celebraron las partes en este juicio convenio para prorrogar por 12 meses más la duración del arrendamiento a que se refiere el hecho 1. ...' La prueba documental superveniente a que se ha hecho referencia se ofreció con apoyo en lo dispuesto por el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que se refiere a que los documentos cumplan con el requisito de "1o. Ser de fecha posterior a dichos escritos (los de demanda y contestación)". Mediante auto de fecha 12 de junio de 1991, el Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario desechó la prueba documental superveniente, argumentando que "... en virtud de que en la fecha de que tuvo conocimiento la demandada del documento exhibido como probanza superveniente, corría el término de la dilación probatoria para las partes y tuvo en esta etapa, la demandada la oportunidad de poderla ofrecer". En contra del auto anterior, se interpuso el recurso de apelación, el cual se tramitó, al remitirse los autos originales a la Segunda Sala del Tribunal Superior del D.F., mediante el Toca No. 2841/91. Con fecha 9 de diciembre de 1991, la Segunda Sala resolvió la apelación anterior, confirmando el auto dictado por el a quo, se suscribe el primer punto resolutivo de dicha resolución: `PRIMERO.- Se confirma el auto de doce de junio de mil novecientos noventa y uno; pronunciado por el C. Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el juicio ordinario civil seguido por Librado Caudillo Nájera en contra de Francisco Lobo Cuéllar'. La resolución anterior viola las leyes del procedimiento, en los términos de la fracción III del artículo 159, de la Ley de Amparo. En efecto, la documental superveniente, que se invocó para acreditar que el contrato de arrendamiento objeto de la controversia se había prorrogado, según confesión expresa del actor Librado Caudillo Nájera en juicio diverso, fue ofrecida con apoyo en lo dispuesto por el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el caso 1o. (sic) a que se refiere dicha disposición, que exige que los documentos sean de fecha posterior a los escritos de demanda y de contestación, situación que se acreditó debidamente ya que el escrito de contestación a la demanda fue presentado el día 6 de marzo de 1991, y el documento que se ofrecía como superveniente (la demanda del juicio de desahucio), fue entregado el 11 de abril de 1991; sin embargo, la Segunda Sala no toma en cuenta este argumento, no lo estudia ni lo analiza, y sólo confirma el auto recurrido, apoyando el criterio del a quo, en el sentido de que puede ofrecer tal prueba por estar dentro de la dilación probatoria. Ahora bien, el agravio se expresaba en relación con el artículo 98 del Código Adjetivo, y es lo que debió estudiar la Segunda Sala sobre su procedencia o aplicabilidad. Al no hacerlo así viola dicha disposición. Por otra parte, la Segunda Sala argumenta que el término de ofrecimiento concluía el día 12 de abril de 1991, y que tomando en consideración que tuve conocimiento de la prueba que ofrecía como superveniente, el día 11 de abril de 1991, fecha en que se notificó la demanda de desahucio, la pude ofrecer el 12 de abril, fecha en que concluía la dilación probatoria. Se estima incorrecta esta apreciación de la Segunda Sala, por los siguientes motivos: a). En primer lugar, la prueba se ofreció con fundamento en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles, respecto al caso que señala como requisito el de ser de fecha posterior a los escritos de contestación a la demanda, supuestos que se cumplieron debidamente, ya que la documental ofrecida es de fecha posterior al escrito de contestación a la demanda, en más de 35 días. Por otra parte, el artículo 99 de dicha Ley adjetiva señala que: "No se admitirá documento alguno después de iniciada la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos". En el caso, no se había iniciado dicha audiencia por lo que el ofrecimiento de la documental superveniente, en los términos del artículo 98 del ordenamiento invocado, resultaba procedente. b). La Segunda Sala responsable señala que el término de la dilación probatoria terminaba el 12 de abril de 1991, y que habiendo tenido conocimiento de los hechos contenidos en la documental ofrecida como superveniente, con fecha 11 de abril de 1991, "... bien pudo ofrecer esa prueba precisamente el día siguiente o sea el doce, cuando todavía no se vencía el término para hacerlo; ..." No es válido el argumento anterior. Para empezar, la Sala no funda legalmente el argumento de que disponiéndose de un día del periodo de ofrecimiento de pruebas, deba ofrecerse, precisamente en este último día las pruebas de que se tuvieron conocimiento del día anterior. Por otra parte, recordemos que el suscrito se encuentra confinado en el Reclusorio Preventivo Oriente del D.F., según se encuentra acreditado en los autos del juicio principal, y cualquier notificación personal que se le haga por conducto de sus familiares, en la localidad objeto del juicio, llegará a su conocimiento, si acaso, al día siguiente de la misma. Si esta situación de por sí acortará los plazos legales que la ley concede, no podemos aceptar que todavía se pretenda acortarlos aún más, y que los diez días señalados como término para el periodo de ofrecimiento de pruebas, se limite a un solo día. Independientemente de que, como ya se expresó, tiene aplicación al caso 1o. (sic) previsto en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles. Finalmente, cabe manifestar que la Sala responsable no hace análisis alguno respecto al agravio marcado con el número 3. En tal agravio se expresa: "Independientemente de lo anterior, cabe destacar que en toda controversia no se busca la llamada "verdad formal" sino la real, la que corresponde a los hechos. Al respecto, resulta pertinente señalar que los tribunales tienen la facultad de investigar la verdad sobre los puntos controvertidos. En tal sentido se orientan las disposiciones contenidas en los artículos 278, 279 y 289 del Código de Procedimientos Civiles. Con la prueba documental superveniente se acredita que el contrato de arrendamiento base de la acción no estaba terminado sino que, por manifestación expresa del actor en diverso juicio, incluso mediante declaración bajo protesta, se había prorrogado por convenio de las partes contratantes y, por lo tanto, se encontraba en plena vigencia. Para llegar al conocimiento de la verdad real, el a quo tenía el documento que lo acercaba a ese conocimiento y, en tal virtud, podía usar las facultades que le conceden los artículos 278, 279 y 289 citados, para tal fin. Al rechazar la admisión de dicha probanza, viola las disposiciones señaladas. La Segunda Sala responsable, según se expresó, ignoró este agravio, como si no existiera, y al no aplicar las disposiciones de la ley adjetiva señalada, también incurre en la violación de las mismas. III. En la audiencia celebrada el 21 de junio de 1991, el Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario, declaró desierta la prueba testimonial a cargo del testigo Gilberto Parra, de la parte demandada, "toda vez que resultó inexacto el domicilio proporcionado ..." Asimismo, en la misma audiencia el a quo declaró la deserción de la prueba testimonial a cargo del otro testigo de la parte demandada, Sr. Julio Zúñiga, "por falta de interés jurídico del oferente ..." Finalmente, y en la misma audiencia señalada, se citó para sentencia definitiva. Los acuerdos dictados en la audiencia que se menciona, fueron apelados con toda oportunidad, y para su trámite se integró el toca número 2842/91, resolviendo la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, con fecha 9 de diciembre de 1991, mediante la confirmación de los acuerdos del a quo. El primer punto resolutivo dice: "PRIMERO.- Se confirman los autos dictados en audiencia de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y uno, por el C. Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, en el juicio ordinario civil seguido por Caudillo Nájera Librado en contra de Francisco Lobo Cuéllar." La anterior resolución viola las leyes del procedimiento, de acuerdo con lo establecido por las fracciones III y VI del artículo 159 de la Ley de Amparo. Durante el periodo de ofrecimiento, en el juicio ordinario civil, terminación de contrato de arrendamiento, seguido por Caudillo Nájera Librado, en contra del suscrito quejoso ante el C. Juez Noveno del Arrendamiento Inmobiliario, se ofreció la testimonial, por parte del demandado, a cargo de los señores Gilberto Parra y Julio Zúñiga, con la manifestación de no poderlos presentar, y el pedimento de que fueran citados por el juzgado. Respecto al testigo Gilberto Parra, el notificador asentó razón en el sentido de que en el domicilio proporcionado le habían informado que no vivía persona con ese nombre. En la audiencia celebrada el 21 de junio de 1991, el a quo dio vista a las partes para que se manifestaran en relación con la razón del notificador, por el término de tres días, pero sin esperar a que la notificación de ese acuerdo se notificara al demandado, en la misma audiencia y a petición del actor que compareció a la misma, acordó y declaró desierta la testimonial a cargo del testigo Gilberto Parra. La Segunda Sala, en su considerando I de su resolución, señala que 2. ...el criterio del juzgador de todas formas es correcto, pues la prevención no quedó condicionada al desahogo de la vista que se diera a las partes en caso de que algún domicilio del ateste resulta inexacto..." En tal caso cabe preguntar: para qué se molestó el a quo en dar vista a las partes por tres días, en relación con la razón del notificador, si el desahogo de la misma carecería de relevancia ya que se había tomado la determinación, con o sin manifestación de las partes, en especial del demandado. La Segunda Sala señala que la prevención no quedó condicionada al desahogo de la vista, lo cual resulta evidente, ya que el a quo no sabía que tendría que darla, de acuerdo con las circunstancias del caso, resulta por lo tanto absurda y carente de sentido de esa consideración del ad quem, de que la prevención de declarar desierta la probanza no quedó condicionada al desahogo de la vista, ya que evidentemente, el término concedido a las partes de tres días, era para que manifestaran lo conducente en relación con la razón del C. notificador, y a continuación el juzgador determina lo procedente respecto a la situación del testigo Gilberto Parra. La Segunda Sala, al confirmar el fallo del a quo, viola, como aquél, el artículo 14 constitucional, ya que privó a la parte demandada del ejercicio de un derecho que previamente se le había concedido. También viola el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, ya que autoriza que el a quo modifique su resolución de conceder un plazo de tres días a las partes para que hicieran manifestaciones, y posteriormente niega ese derecho a la parte demandada, además de que no estudia el agravio en donde se expresa la violación a este precepto. Tampoco estudia la Segunda Sala, la violación que se hace valer como agravio, del artículo 398 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, que establece la obligación de los tribunales de mantener la mayor equidad entre las partes en la audiencia de pruebas y alegatos. El a quo notificó a la parte actora, en la audiencia celebrada el 21 de junio de 1991, el auto dictado ese mismo día y por el cual concedía a las partes tres días para que manifestaran en relación con la razón del notificador. La parte actora procedió a manifestarse en la misma audiencia, a la que compareció, pidiendo se declarara desierta la testimonial a cargo del testigo de la demandada, Sr. Gilberto Parra, a lo que accedió el a quo sin esperar a que se notificara al demandado. A la parte demandada se le notificó el acuerdo mediante Boletín Judicial de fecha 25 de junio de 1991 y que surtió el día siguiente, 26, cuando ya no podía tener efecto alguno cualquier manifestación que hiciera al respecto. Resulta clara la intención del a quo de hacer concesiones a la parte actora, en detrimento de la parte demandada, según lo consigna la fracción III del artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles invocado. Esta violación del a quo implica también violación del ad quem, al confirmar el fallo e, incluso, al no estudiar este agravio en la forma planteada. Confirmación del fallo del a quo, por parte de la Segunda Sala, también viola el artículo 364 del Código de Procedimientos Civiles, que establece la indivisibilidad de la prueba testimonial. Si h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/674-b295f8d9/arrendamiento-oposicion-modo-de-computarse-el-termino-arrendamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.