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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/97. · Registro digital (IUS): 6822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 947.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/97. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de octubre de dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito depositado el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, en la Administración Urbana Número Uno del Servicio Postal Mexicano, ubicada en Chihuahua, Chihuahua, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de mayo del mismo año, José Silveyra Hinojos, Jesús José Díaz Monárrez y Héctor Hugo Natera Aguilar, en su carácter de presidente, secretario y oficial mayor, respectivamente, del Congreso del Estado de Chihuahua, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez del Reglamento para la Operación de Programas de Fomento Social, expedido por el gobernador del Estado de Chihuahua el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, y publicado en folleto anexo al Periódico Oficial número veintidós, de fecha quince de marzo de mil novecientos noventa y siete.

SEGUNDO.-En el escrito inicial de demanda, en síntesis, se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

a) Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua regula la actuación del Poder Ejecutivo de ese Estado.

b) Que el gobernador del Estado, autor del reglamento que se impugna, ha promovido diversas reformas con el objeto de adecuar funciones de las dependencias administrativas.

c) Que la última modificación a la estructura de la administración y que es objeto de esta controversia, el gobernador la puso en práctica en uso de sus facultades reglamentarias.

d) Que dicha legislación se sustenta en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la que dedica el título VIII a la organización del Poder Ejecutivo, estableciendo en su artículo 93, fracción IV, como facultad del gobernador, expedir todos los reglamentos que estime convenientes y, en general, proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario o útil para la más exacta observancia de las leyes.

e) Que en ejercicio de dicha facultad, el gobernador del Estado de Chihuahua expidió el Acuerdo No. 13, fechado el 4 de marzo de 1997, que contiene el Reglamento para la Operación de Programas de Fomento Social, el cual se publicó en folleto anexo al Periódico Oficial No. 22 de fecha 15 de marzo de 1997.

f) Que por considerar que dicho reglamento fue expedido por el gobernador excediéndose en sus facultades y con ello invade la competencia constitucional que corresponde al Poder Legislativo, el Congreso del Estado acordó someter el reglamento citado a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se examine su constitucionalidad y se decrete la invalidez de tal reglamento.

TERCERO.-En los conceptos de invalidez de la demanda, en síntesis, se aduce lo siguiente:

a) Que la Constitución Federal establece las reglas generales y principios de la división de poderes, tanto para el ámbito federal como para las entidades que forman parte de la República; entre los principios encontramos la prohibición de reunir dos poderes en una sola persona así como la prohibición de que existan autoridades intermedias entre gobierno y Municipios.

b) Que el reglamento cuya invalidez se solicita, es violatorio de tales principios fundamentales, pues al expedirlo el gobernador invade el área de competencia del Poder Legislativo; reúne en su persona a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; suprime la división política y administrativa de la que es base el Municipio Libre, al sustituir a éste por otros organismos y crea autoridades intermedias entre el gobierno y los Municipios. Además, y como consecuencia de tratar de cubrir tales quebrantos, incurre en violación del principio de legalidad constitucional.

c) Que la facultad reglamentaria que el artículo 93, fracción IV, de la Constitución Local establece, equivalente a la que para el presidente de la República establece el artículo 89 de la Constitución Federal, pero no constituye una facultad omnímoda o absoluta de dictar leyes, sino que debe atender al carácter excepcional que dentro de la naturaleza de los actos del Estado le corresponden, existe coincidencia doctrinal en que la facultad reglamentaria constituye una excepción a la división de las facultades correspondientes a cada poder y para ello se analizan desde los puntos de vista formal y material. Conforme al primero se atiende al órgano que ejercita la facultad y realiza el acto, en tanto que conforme al segundo se atiende a la naturaleza intrínseca del acto; de acuerdo con ésta, la facultad de expedir reglamentos se identifica como acto legislativo, siendo formalmente administrativa porque emana del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en cuanto a su naturaleza legislativa, la facultad reglamentaria se encuentra limitada, por su propia definición que enmarca su naturaleza, en cuanto a su finalidad, no obstante que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, como corresponde a la ley, se limita en cuanto que tan sólo desarrolla o explica en detalle las situaciones creadas por la ley, de suerte que aquella facultad reglamentaria que exceda de estos principios, necesariamente se ejercitará en exceso y violación de la norma constitucional que la autoriza y alterará la teoría de la división de poderes en cuanto que quien la ejerce, que es el Poder Ejecutivo, se arroga funciones legislativas que corresponden al Poder Legislativo.

d) Que el gobernador hizo uso de la facultad reglamentaria sin tener una ley que lo legitime, toda vez que, haciendo creer que la ley que reglamenta es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, legisla sobre la materia que esa ley corresponde y bajo pretexto de regular en detalle algún aspecto que se menciona en esa ley, aborda la materia que a la misma compete, creando una dependencia administrativa, que no se encuentra contemplada en la ley reglamentada, a la que denomina Coordinación de Dependencias, que se viene a sumar a las restantes coordinaciones creadas por la ley, aun cuando se asoma en el reglamento impugnado la intención, le da existencia, la organiza y le crea su estructura administrativa, la dota de facultades y finalidades al grado de actuar e intervenir en la relación con los Municipios, suprimiendo y sustituyendo la participación de éstos y creando asociaciones jurídicas intermedias entre gobierno y Municipios. Con todo ello se crearon figuras jurídicas que, so pretexto de una coordinación distinta al órgano que se designa coordinación, producen efectos jurídicos, incurriendo por ello en violación de las normas fundamentales de la división de poderes y alterando el Estado de derecho y la sana coexistencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el Estado de Chihuahua.

e) Que la materia de programas de fomento social no es materia de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. El objeto de ésta es organizar el Poder Ejecutivo, no los programas de fomento social. Estos temas se citan en dicha ley como actividades que compete realizar a alguna dependencia, pero su referencia no constituye la materia de la ley; por lo tanto tampoco pueden ser los programas de fomento social materia del reglamento impugnado. Igual cita de materia se hace en los artículos 2o. y 3o., al referirse a los "programas que regula el presente reglamento", lo que también escapa a la materia de la facultad reglamentaria. Es decir, si la ley orgánica regula la organización del Poder Ejecutivo, es claro que el reglamento debe tener por objeto el desarrollo de esa organización, pero no así la creación de programas de fomento social o el desarrollo de los mismos porque éstos no son materia ni objeto de la ley reglamentada.

f) Que el artículo 1o. del reglamento impugnado desvirtúa la función reglamentaria, pues dice que reglamenta la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en materia de programas de fomento social y en realidad legisla sobre esta materia porque la ley orgánica no tiene por fin establecer los programas aludidos, sino organizar al Poder Ejecutivo. El artículo 4o. es incongruente con el resto de las disposiciones y con su propio texto, pues por una parte establece que la "coordinación" no es un órgano de la administración estatal y por otra establece el concepto de la "coordinación" como la reunión de los titulares de dependencias con un objetivo o materia que le da la esencia al nuevo organismo, iniciándolo como una dependencia o superdependencia que coordina a las restantes. La contradicción con los demás preceptos estriba en que, no obstante no ser un órgano administrativo según su artículo 4o., se le da existencia y objeto (art. 4o.), se le organiza y se le crea un presidente y un secretario ejecutivo (art. 6o.), se le da materia (art. 5o.), se le crean obligaciones o facultades (art. 7o.), se le asignan Subcoordinaciones de Ejecución (art. 7o. inciso d y art. 9o.), se le asignan 67 Subcoordinaciones de Evaluación y Seguimiento, una en cada Municipio (art. 10), se crean varias Subcoordinaciones Regionales de Evaluación y Seguimiento (art. 10, no se dice cuántas pero pueden ser tantas como múltiplos de 2 admite el número 67 de los Municipios). Se crea la figura de operadores (art. 11), que son nombrados por el gobernador. Según el artículo 21 también existen operadores de las Subcoordinaciones de Ejecución. Se establece la obligación para las autoridades municipales de asistir a las sesiones de esas subcoordinaciones y además se obliga a que por cada representante del Ejecutivo, haya un representante de los Municipios (art. 10). Se estructuran y organizan (art. 20) las Subcoordinaciones de Evaluación y Seguimiento, que se integran con 3 funcionarios designados por la coordinación, por el presidente municipal y hasta 2 funcionarios municipales, estableciéndose la forma de funcionar. Se crean los comités de vecinos (art. 21) y se crean figuras jurídicas especiales llamadas grupos de participación ciudadana (arts. 27, 28, 29 y 30), a los que se les obliga a constituirse como tales, se les establece su integración (un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de obras públicas y cuatro vocales más, uno de los cuales tendrá funciones de auditoría y control) y funciones, con un capítulo VI dedicado a esta estructura, estableciéndose un mecanismo de control a cargo de la "coordinación" (art. 37); lo que nos permite adelantar que en realidad esta nueva figura jurídica sustituye a los Municipios y se erige como una autoridad o ente intermedio entre éstos y el Municipio porque les concede facultades y funciones que a éste corresponden, en cuyo aspecto se vulnera el principio de la división territorial y política que establece el artículo 115 constitucional, la cual como efecto del reglamento impugnado ya no será sólo el Municipio Libre sino además los grupos de participación ciudadana.

g) Que los grupos de participación ciudadana funcionan en sustitución de los Municipios, cuando éstos deciden no coordinarse. Por lo tanto, el número 67 no varía, ya sea que lo integren Municipios, o grupos. En el artículo 11 se habla de dependencias que tendrán a cargo la organización y ejecución de los programas, del responsable del programa que debe presentar a la coordinación una propuesta de organización y estructura, la que debe ser turnada por la coordinación al gobernador para el nombramiento de los operadores. Pero además, el hecho de que se sometan al gobernador los nombramientos de los operadores, significa que se están creando empleos, pues son nuevos nombramientos distintos a los que funcionan en la estructura administrativa anterior al reglamento. Por disposición del artículo 64, fracción XXIII de la Constitución Local, es facultad del Congreso crear y suprimir empleos públicos, de manera que si el reglamento autoriza la creación o nombramientos de cargos de operadores, invade la competencia funcional del Poder Legislativo y también en este aspecto legisla, viola la división de poderes y reúne al gobernador en su persona a los dos poderes, vulnerando de nuevo los principios constitucionales de organización interna de los Estados.

h) Que el artículo 12, contra todo sentido común, define lo que se entiende por programa de fomento social y lo considera como el "conjunto de acciones coordinadas entre pueblo y gobierno"; los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 se refieren a funciones que se asignan específicamente a la coordinación, lo que es contrario al objeto de su constitución, que por definición del propio reglamento, consistió tan sólo en la reunión de los funcionarios a que el mismo alude.

i) Que la conducta del gobernador, al infringir los preceptos aludidos provoca que el reglamento carezca de la debida fundamentación y motivación que le obliga a observar el artículo 16 de la Constitución Federal y al actuar conforme a facultades que no le están expresamente concedidas viola el principio de legalidad contenido en la misma norma fundamental, así como el principio de legalidad que la Constitución Local establece en su artículo 28, igualmente transcrito, conforme al cual el ejercicio del Poder Público se limita a las facultades expresamente consignadas en la Constitución Federal, en la propia Constitución Local y en las leyes secundarias. Hemos visto que el gobernador se extralimitó en el ejercicio de las facultades reglamentarias, por lo cual su conducta es violatoria de estos principios de legalidad.

j) Que el gobernador al expedir el reglamento impugnado dicta reglas generales en lo relativo al régimen interior del Estado (legisla creando); modifica la estructura y con ello la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (legisla modificando); al crear una nueva estructura administrativa tan grande y amplia como hemos visto, necesariamente crea empleos, por más que se diga en el reglamento que la coordinación no es un órgano de la administración estatal, sin importar si los mismos son o no remunerados. Tales facultades, puestas en práctica por el gobernador (depositario del Poder Ejecutivo), corresponden al Congreso, en el que se deposita el Poder Legislativo del Estado. Por lo tanto con el reglamento impugnado se unen dos poderes en uno solo, en franca violación a los principios constitucionales de la división de poderes y de las funciones que a cada uno corresponden.

k) Que en el reglamento impugnado se contienen los capítulos IV sobre reglas para cuando los Municipios decidan participar en los programas de fomento social V, relativo a "De la implementación directa de los programas de fomento social" y VI, relativo a las "Funciones de los grupos de participación ciudadana", lo que obedece a que el reglamento contempla la posibilidad de que algún Municipio, según el artículo 18, no se coordine en los programas que el reglamento contempla. Es decir, encontramos disposiciones para cuando los Municipios decidan participar y para cuando decidan no participar en la coordinación. Para el primer caso, el artículo 21 del reglamento, que lo ubicamos en el capítulo IV, establece que: "Los operadores de las Subcoordinaciones de Ejecución podrán concertar acciones de programas de fomento social con los comités de vecinos únicamente cuando el Municipio así lo autorice.". En este aspecto se da a los órganos de la "coordinación", llamados operadores de las Subcoordinaciones de Ejecución, la oportunidad de concertar acciones con los comités de vecinos, cuando el Municipio lo autorice. Es decir, ese órgano puede actuar directamente con los vecinos, lo cual lo hace aparecer como un organismo intermedio entre el gobierno y el Municipio y que además puede sustituir a éste en sus funciones al actuar directamente con la población, disposición que es violatoria de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal. El artículo 21 en comentario condiciona la actuación de los operadores cuando el Municipio así lo autorice, pero el principio constitucional apuntado no contempla que pueda el Municipio extender tal autorización; por lo tanto, la disposición reglamentaria es violatoria de dicha norma fundamental.

l) Que el mismo artículo 21 del reglamento impugnado alude a una figura que denomina "comités de vecinos". No sabemos, porque no lo explica, si este concepto es nuevo o se refiere a los comités de vecinos regulados por los artículos 83 y 84 del capítulo III denominado "De los órganos de colaboración", título sexto, relativo al régimen administrativo, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Pero en ambos casos es grave su tratamiento; si el concepto comités de vecinos es nuevo, agregaríamos una violación más a la facultad legislativa, pues estaría creando organismos nuevos, lo que es materia de la ley y no del reglamento. Si se quisiera referir al concepto de comités de vecinos como aquél a que se refiere el código municipal, estamos en presencia de otra invasión de competencia porque en este ordenamiento municipal el Congreso reguló los comités de vecinos como órganos de colaboración del Municipio y en cambio el reglamento los contempla como órganos de colaboración de la "coordinación", aunado a la circunstancia de que por ser una materia creada por el legislador, sólo a éste compete modificar sus funciones, habida cuenta que en el reglamento se crean nuevas funciones para tales comités de vecinos, realizando con ello actividades legislativas que no corresponden al gobernador, como antes lo destacamos.

m) Que en el artículo 27, el gobernador crea la figura jurídica que denomina "grupos de participación ciudadana". La intervención de los grupos de participación ciudadana se condiciona a que los Municipios no se coordinen en la materia que regula el reglamento, independientemente de la carencia de facultades del gobernador para crearla, consideramos que esta figura se constituye como una nueva base de división territorial y de la organización política y administrativa del régimen interior del Estado, que necesariamente sustituye a los Municipios. Aquel Municipio que no se coordine será suplido inmediatamente por tales grupos de participación ciudadana y por lo tanto serán éstos, de hecho, los que constituyan la organización política y administrativa del Municipio no coordinado y éste se verá administrado, si bien en alguna parte de sus actividades, ya no por el Ayuntamiento, sino por los grupos en cuestión, los cuales lejos de venir a resolver problemas de organización administrativa, vendrán a complicar la existente y alterarán la convivencia social puesto que podrá darse el caso de que surjan confrontaciones tanto con las autoridades municipales como con los ciudadanos que en su momento manifiesten diferencias de interés u opiniones.

n) Que la sustitución absoluta de la autoridad municipal se da expresamente en el artículo 29 del reglamento impugnado, el cual, además de contemplar la facultad para el Gobierno del Estado de promover y celebrar con dichos grupos convenios para la concertación directa en la ejecución de los programas, establece la prohibición de trabajar con los comités de vecinos formados por las autoridades municipales. Estos comités de vecinos, forman parte de la estructura administrativa del Municipio puesto que el código municipal los contempla como organismos de colaboración, de manera que para que éstos no intervengan se prohíbe a los otros el trato con los mismos.

ñ) Que el reglamento que se impugna de inconstitucional dedica todo el capítulo VI, además de otras disposiciones dispersas a lo largo del ordenamiento, a reglamentar las "funciones de los grupos de participación ciudadana". Es decir, a reglamentar la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua en materia de concertación de acciones del Ejecutivo del Estado con grupos sociales o particulares interesados. Este concepto de invalidez consiste en que el Plan Estatal de Desarrollo, que el Ejecutivo Estatal dice tomar como punto de referencia en cuanto a la reglamentación del artículo 38 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, en materia de concertación de acciones con grupos sociales o particulares interesados, no existe desde el punto de vista jurídico. Por ende, carece de materia un reglamento que versa sobre programas de fomento social, ya que estos programas deben de derivar del presunto Plan Estatal de Desarrollo, pero si éste no existe tampoco pueden existir los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, que por mandato de la Ley de Planeación del Estado deben derivar del citado Plan Estatal de Desarrollo. Para que legalmente fuera válida la reglamentación expedida por el Ejecutivo en materia de concertación de acciones con grupos sociales o particulares interesados, se debió de partir de una premisa que realmente fuera cierta: La existencia jurídica del Plan Estatal de Desarrollo. Este plan, a pesar de que el Ejecutivo y sus dependencias consideren lo contrario o que ni siquiera se hayan planteado la cuestión, no existe jurídicamente. Y como de él se derivan los programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y operativos anuales, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, por ende tampoco éstos existen jurídicamente.

CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son el 14, 16, 40, 41, 89, 115 y 116.

QUINTO.-Por acuerdo de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 12/97, y se designó como instructor al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

SEXTO.-Mediante proveído de doce de mayo de mil novecientos noventa y siete, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes, reconociéndoles la personalidad con la que se ostentan; por admitida la controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación de demanda; correr traslado al procurador general de la República para que alegara lo que a su derecho conviniera; y tuvo por admitidas las pruebas documentales que adjuntó a su demanda la parte actora.

SÉPTIMO.-El gobernador del Estado de Chihuahua, al formular su contestación de demanda, en síntesis, manifestó lo siguiente:

a) Que la actuación del órgano del que soy depositario, ciertamente, se encuentra regulada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la cual se ocupa de establecer las bases de organización de ese propio poder, aparte de crear y estructurar las dependencias de la administración pública centralizada, fijándoles las correspondientes atribuciones y facultades, además de contemplar lo concerniente a la enumeración de las entidades susceptibles de integrar la administración pública paraestatal, como auxiliares de la actividad del mismo Poder Ejecutivo.

b) Que no es verdad que el reglamento tildado de ineficacia entrañe una alteración a la estructura u organización de la administración pública centralizada o paraestatal, sino que se trata de un genuino y legítimo reglamento tendiente a desarrollar en detalle algunos preceptos pertenecientes a una ley emanada de la asamblea depositaria del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, por cuya razón, acordes a lo que aconseja una recta técnica jurídica constitucional, no es correcto exigir, como lo pretende el promovente de la presente controversia, la satisfacción del cúmulo de etapas que han de envolver a todo proceso legislativo, ya que ello sólo es requerido para la validez de un acto que participa de la naturaleza de una ley en sentido formal como material.

c) Que el cuestionado reglamento está dentro de su competencia, cuya pretensión resulta fuera de toda lógica jurídica, atendiendo a que el mismo, aun teniendo el carácter legislativo de acuerdo a su contenido intrínseco, sólo encierra el propósito, como está adelantado, de complementar y desarrollar en detalle una ley previamente aprobada y promulgada, amén de encontrar absoluto respeto al principio de preferencia o primacía de la ley, porque, en nada trastoca o modifica a la que es objeto de reglamentación, más cuando que el criticado reglamento es producto de la facultad que me concede, como titular del Poder Ejecutivo Estatal, la fracción IV del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, cuyo texto la adversaria se ocupa de reproducirlo. De donde se sigue, pues, que sea inexacto el señalamiento inserto en el primer párrafo del numeral tres de antecedentes, toda vez que el combatido reglamento, ni por asomo, fue emitido supuestamente en uso de la mentada atribución, sino que lo propio ocurrió con estricto apego a lo que las reglas teóricas y jurisprudenciales recomiendan al respecto, esto es, constreñido a no rebasar ni modificar el espíritu del legislador inmerso en la disposición general y abstracta reglamentada.

d) Que a partir del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco difundí la implementación de un programa tendiente al acercamiento entre gobierno y gobernados bajo la denominación "jalemos parejo", pero siendo falso que tal programa obedeciera a los resultados electorales del mes de julio del precitado año, sino que estuvo inspirado, fundamentalmente, a lograr la instrumentación de sistemas encaminados a intensificar el diálogo, la concertación y un contacto más estrecho con la población chihuahuense, a efecto de elevar el nivel de vida de la misma, a través de la intervención de las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal, municipal o de los sectores social o privado cuando fuera requerido. Pero pese a lo bien intencionado de tal programa, sin embargo, el Congreso del Estado, ahora demandante, sin razón alguna se opuso a que la administración que presido lograra poner en marcha algo que iba a redundar exclusivamente en beneficio de todos los sectores que forman la comunidad chihuahuense y en especial las clases más marginadas, aclarando que tan marcada oposición, en forma incorrecta e indebida, se quiso pretextar bajo el falso argumento de que ese programa estaba destinado a menoscabar la autonomía y personalidad del Municipio Libre.

e) Que el reglamento de que se trata, contra el sentir de la actora de ninguna forma implica un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria que me otorga la Constitución Política Local, como tampoco de que mediante tal acto jurídico tuviera verificativo una invasión a la competencia constitucional del Poder Legislativo Estatal, porque el acto administrativo objeto de la presente controversia fue emitido en pleno uso de la atribución que me confiere la fracción IV del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y en franco respeto al principio de preferencia o primacía de la ley reglamentada, la cual no es otra sino la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, puesto que su objeto radica en completar y desarrollar en detalle algunos de los preceptos en ella contemplados, por lo que niego que dicho reglamento aborde materias ajenas a la nombrada legislación y, consecuentemente, niego que a través del idéntico documento asumiera facultades que pertenecen al ámbito competencial del Poder Legislativo Local, menos que con ello trastocara el sistema de legalidad constitucional del Estado de Chihuahua y que quebrantara la división de poderes. Incluso, no es conculcatorio de los preceptos de la Carta Fundamental Federal e invocados por el órgano demandante, cuya circunstancia es suficiente para engendrar la improcedencia de la presente controversia constitucional, en virtud de que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para dirimir los conflictos del orden federal.

f) Que conforme a criterios teóricos y jurisprudencias, el simple hecho de que un poder que lleva a cabo un acto que le compete realizarlo a otro, circunstancia ésta que no acontece en la especie, no peca en contra de la referida norma constitucional, puesto que lo que ésta prohíbe es que en uno de los tres poderes se refundan los otros dos o siquiera uno de ellos de un modo permanente, como sería si el Ejecutivo suprimiera al Congreso para asumir en forma definitiva las atribuciones de éste.

g) Que el mencionado reglamento, por ningún concepto, encierra la violación a alguna de las garantías de seguridad jurídica envueltas en los reseñados dispositivos constitucionales, si se tiene en estima, por un lado, que la titularidad en el goce de los respectivos derechos públicos subjetivos corresponde tan sólo a los gobernados, pero jamás atribuible a quien tenga el carácter de autoridad o gobernante y, por otro, que el propio reglamento, por contener disposiciones generales dada su misma naturaleza intrínseca, no comprende una decisión individual que afecte a un determinado particular, en cuyo caso, entonces, sí sería menester el cumplimiento del aludido principio de legalidad para legitimar el acto, en cuanto se requiere que éste provenga de autoridad competente, amén de que sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, máxime que en la creación del combatido reglamento no es imprescindible el seguimiento de las etapas propias del proceso legislativo, toda vez que si el mismo, aun participando de las características de una ley, fue expedido con el objeto de explicar y desarrollar en detalle un ordenamiento emanado del Poder Legislativo, entonces, no se requería ajustarse al principio de la autoridad formal de la ley y a que se contrae el numeral 77 de la vigente Constitución Política Local, aparte que aquél fue elaborado, en ejercicio de la autoridad reglamentaria autorizada por la fracción IV del artículo 93 de tal Constitución y en exacto cumplimiento al distinto principio de la preferencia o pri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6822-7331bdbb/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-no-se-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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