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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES PARA REPRESENTAR AL ENTE PÚBLICO LEGITIMADO EN LA CAUSA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/99. · Registro digital (IUS): 7045
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y OTRAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 1437.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/99. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y OTRAS AUTORIDADES DEL ESTADO

DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil uno.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito depositado en la Administración Número Uno del Servicio Postal Mexicano de Chihuahua, Chihuahua, el diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veintiuno siguiente, Patricio Martínez García, Víctor Emilio Anchondo Paredes y Jesús Miguel Sapien Ponce, en su carácter de gobernador, secretario general de Gobierno y secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Chihuahua, promovieron controversia constitucional, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: El Poder Ejecutivo Federal, por conducto del Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. III. Entidades, poderes u órganos terceros interesados: El H. Congreso de la Unión, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en Av. Congreso de la Unión S/N, México, D.F. IV. Acto y norma general cuya invalidez se demandan: A) La resolución notificada del día 28 de julio del presente año, emitida por el C. Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contenida en el oficio 362-667 de fecha 26 de julio de este año, mediante la cual dicha dependencia federal resolvió aplicar al Gobierno del Estado de Chihuahua, un descuento en sus incentivos o participaciones por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del ejercicio fiscal de 1998, mismo que asciende a la cantidad de $895,536.00 (ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y que fue ordenado al tesorero de la Federación mediante oficio 362-673 de fecha 29 de julio, también de este año. B) El tercer párrafo del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos."

SEGUNDO. Los antecedentes manifestados en la demanda son los siguientes:

"a) Mediante oficio 362-406 de fecha 12 de abril del año en curso, el director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, hizo del conocimiento del C. Gobernador Constitucional del Estado, el embargo precautorio de 23 vehículos de procedencia extranjera que no acreditaron su legal estancia, tenencia o importación dentro del territorio nacional, 15 de los cuales ostentaban un engomado expedido por el Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondiente al Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos Extranjeros a que se refieren los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. En el oficio de referencia se otorgó un plazo de 45 días hábiles al Gobierno del Estado de Chihuahua para que manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con la cláusula decimacuarta, fracción XV, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua y artículo 16-A, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. b) Por escrito del día 29 de mayo del presente año, estas autoridades demandantes desahogaron la vista a que se refiere el anterior inciso. c) Mediante oficio 362-667 fechado el 26 de julio del año que se cursa, el director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolvió, con fundamento en el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, aplicar al Gobierno del Estado de Chihuahua un descuento en sus incentivos o participaciones por cada vehículo adicional al décimo embargado precautoriamente, por un monto equivalente al 1% de la recaudación promedio mensual del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año de 1998, cantidad que asciende a $895,536.00 (ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), siendo ésta precisamente la resolución que por esta vía se impugna. d) Mediante oficio 362-673 de fecha 29 de julio del año en curso, el Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, director general de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó al Lic. Jonathan Davis Arzac, tesorero de la Federación, hacer efectivo el descuento en los incentivos económicos o participaciones a esta entidad federativa por la cantidad citada en el hecho que antecede. De este oficio se recibió copia en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua con fecha 2 de agosto de este año."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda son los siguientes:

"La consideración primera de la resolución que se controvierte por esta vía es, en principio, violatoria de los artículos 14, 16, 21, 40, 41, 116 y 124 de nuestra Ley Fundamental. a) En primer término, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su director general de Coordinación con Entidades Federativas, estima erróneamente que los engomados que se encontraron adheridos a quince vehículos que fueron embargados precautoriamente por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que corresponden al Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos Extranjeros, creado por mandato del H. Congreso del Estado de Chihuahua y contenido en los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, son violatorios del artículo 16-A, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como de la cláusula decimacuarta, fracción XV, en relación a la cláusula decimatercera, fracción VI, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, en razón de que el citado padrón supuestamente otorga documentos y permite la circulación en el territorio del Estado de Chihuahua de vehículos de origen y procedencia extranjera que fueron internados ilegalmente al país. En efecto, contrariamente a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la resolución controvertida, el Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos Extranjeros fue creado por un acto formal y materialmente legislativo, consistente en el Decreto No. 105/98 I.P.O. del H. Congreso del Estado de Chihuahua, por el que se adicionaron los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D a la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 30 de diciembre del pasado año, mismo decreto que fuera expedido en ejercicio de la soberanía interior de que se encuentran investidas las entidades federativas, al tenor de los artículos 40, 41, 116 y 124 de la Constitución General de la República y, por ende, con plenitud de facultades. Lo anterior se explica, si partimos de la base de que el multicitado padrón no tiene como finalidad expedir los engomados de referencia para con ello permitir la circulación de vehículos de origen o procedencia extranjera internados ilegalmente al país, sino que sólo tiene propósitos de seguridad pública mediante el control de los citados vehículos, mismos que en múltiples ocasiones fueron utilizados como medio para cometer diversos ilícitos, sin que fuera posible, dada su falta de identificación, fincar las responsabilidades correspondientes. En este orden de ideas, tenemos que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Federal, la seguridad pública es una función a cargo tanto de la Federación como del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala, resultando además que la facultad para establecer un padrón de la naturaleza comentada, es decir, con fines de seguridad pública, no se encuentra reservada a la Federación, de donde se debe concluir, acorde con el principio de reserva a que alude el numeral 124 de nuestra Ley Fundamental, que el Gobierno del Estado de Chihuahua se encontraba plenamente facultado para crear y operar el Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos Extranjeros con meros fines de control de la seguridad pública. Luego entonces, la resolución que se controvierte, al considerar que el Gobierno del Estado de Chihuahua otorgó documentación de la que se refiere la fracción VI de la cláusula decimatercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, como sería: tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de vehículos de origen y procedencia extranjera ilegalmente internados al país, y con ello pretender retener a esta entidad federativa incentivos o participaciones federales por un monto de $895,536.00 (ochocientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), violenta la soberanía interior de que se encuentra investida esta entidad federativa para, conforme a los numerales constitucionales antes invocados, legislar en materia de seguridad pública estatal. En este mismo sentido, la resolución controvertida infringe precisamente las disposiciones en las cuales se fundó, es decir, el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y cláusulas decimacuarta, fracción XV y decimatercera, fracción VI, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, en perjuicio de esta entidad federativa. Tal situación acontece, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público equivocadamente considera que el Gobierno del Estado de Chihuahua otorgó documentación del tipo al que alude la fracción VI de la decimatercera cláusula del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, siendo que, se repite, el engomado de seguridad pública que encuentra su apoyo en los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, tiene como objetivo precisamente ese: controlar con fines de mera seguridad pública, un parque vehicular que se había constituido en una seria amenaza para la tranquilidad y seguridad jurídica de los habitantes del Estado de Chihuahua. b) En segundo término, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende que el Gobierno del Estado de Chihuahua desvirtúe los actos y documentos con que se dio inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera, a través del cual fueron embargados precautoriamente quince vehículos que ostentaban el engomado de seguridad pública expedido por el Gobierno del Estado, ya que concluye en su resolución que tales actos son plenamente válidos y que en consecuencia son ciertos los hechos que en ellos se mencionan, toda vez que el Gobierno del Estado de Chihuahua no desvirtuó los mismos. Los suscritos consideramos que la refutación del procedimiento administrativo en materia aduanera, en cualquiera de sus fases o etapas, no corresponde al Gobierno del Estado de Chihuahua sino a los interesados, es decir, a los propietarios o poseedores de los vehículos de origen o procedencia extranjera internados ilegalmente en el país, tal y como lo señala el artículo 153 de la Ley Aduanera. Además, es necesario precisar que la presunción de legalidad de que se encuentran investidos los actos de autoridad, tal y como lo señala el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, es una presunción iuris tantum que, en todo caso, corresponde desvirtuar a los particulares cuyos vehículos fueron embargados precautoriamente, mas no así a las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua, tal y como se colige del propio dispositivo legal, que señala que las autoridades fiscales deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, refiriéndose obviamente cuando alude a ‘el afectado’ a los propietarios o poseedores de esos vehículos. Igualmente, es menester señalar que la supuesta validez del procedimiento administrativo en materia aduanera, depende de que los hechos o actos llevados a cabo en su trámite no sean desvirtuados por los particulares, ya sea a través de las pruebas o alegatos que rindan en los términos del artículo 153 de la Ley Aduanera, o bien, por medio del recurso de revocación a que se refieren los artículos 203 de este último ordenamiento legal, así como 116, 117, inciso c) y 120 del Código Fiscal de la Federación, o incluso, mediante el juicio contencioso administrativo que regula el título VI del Código Fiscal de la Federación, o todavía más allá, el juicio de amparo directo que, en su caso, interpusieran los particulares en contra de una hipotética resolución desfavorable del Tribunal Fiscal de la Federación. Así tenemos pues, que nos encontramos ante una inexacta aplicación, en nuestro perjuicio, de los artículos 153 y 203 de la Ley Aduanera, 68, 116, 117, inciso c) y 120 del Código Fiscal de la Federación, en vista de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público injustificadamente pretende que el Gobierno del Estado de Chihuahua desvirtúe el procedimiento administrativo en materia aduanera, iniciado por esa dependencia federal por conducto de su órgano desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria. Dicha inexacta aplicación de la ley es atentatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, numerales que, si bien es cierto, se encuentran ubicados dentro del capítulo denominado ‘De las garantías individuales’, no menos cierto es que establecen máximas reconocidas por la axiología jurídica. Así lo han estimado las propias tesis de jurisprudencia del Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a continuación se transcriben: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, abril de 1997. Tesis P./J. 23/97. Página 134. Materia: constitucional. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados. Controversia constitucional 6/96. Alfonso Vázquez Reyes y Margarito Solano Díaz, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapam, del Estado de Oaxaca, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y Congreso Estatal del propio Estado. 10 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número 23/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.’. ‘Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, noviembre de 1996. Tesis P./J. 65/96. Página 327. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE RESPETARSE A LAS PARTES PARA INTERPRETAR SI LA DEMANDA FUE PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. Para determinar si una demanda de controversia constitucional fue presentada en tiempo, atendiendo a la fecha a partir de la cual se debe hacer el cómputo relativo, ante diversas posibilidades de interpretación de los preceptos que lo rigen, al pretender, las autoridades demandadas, que se tome en cuenta la fecha del acto de aplicación de la ley que, se estima, invadió la esfera de un Municipio, debe preferirse la que respete el artículo 14 de la Constitución, en cuanto que no se vulneren las formalidades esenciales del procedimiento, que son las necesarias para una adecuada defensa del promovente, evitándose que se genere su indefensión, pues si bien el artículo citado se encuentra dentro del título primero, capítulo primero, denominado «De las garantías individuales», lo cierto es que esta parte es reconocida como axiológica o valorativa, por lo que aun tratándose de un sistema procesal que tiende a evitar la invasión de esferas entre los tres niveles de gobierno, deben aplicarse, por analogía, esos principios. Controversia constitucional 19/95. Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. 1o. de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean estos federales o locales. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 65/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y seis.’. II. La consideración segunda de la resolución controvertida es violatoria de los artículos 49, 104, fracción IV y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) En la consideración que se estudia, de nueva cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende que sea el Gobierno del Estado quien desvirtúe el procedimiento administrativo en materia aduanera, que su servicio de administración tributaria iniciara con el embargo precautorio de quince vehículos que ostentaban el engomado ‘verde’, expedido en acatamiento de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. En obvio de repeticiones, en relación a este tema nos remitimos a lo argumentado en el inciso b) del concepto de invalidez anterior. b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su director general de Coordinación con Entidades Federativas, indebidamente interpretó disposiciones legales y reglamentarias de esta entidad federativa, como son los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D de la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y artículos 15, 16 y 22 del reglamento de los antedichos numerales legales, para concluir erróneamente que el Estado de Chihuahua, al haber integrado el Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos, permitió con violación al artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y cláusulas decimatercera, fracción VI y decimacuarta, fracción XV, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua, la circulación de vehículos de origen o procedencia extranjera ilegalmente internados al país, incumpliendo con ello su obligación de vigilar la estancia de los mismos en territorio nacional, así como la de no expedir documentación que permitiera tal circulación. Efectivamente, tal y como se colige de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Carta de Querétaro, las autoridades sólo pueden ejercitar aquellas facultades que expresamente les otorgan las leyes, es por eso que se dice que vivimos en un régimen de facultades expresas y limitadas. Así las cosas, el artículo 49 de la Constitución Federal indica que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; a su vez el artículo 104 constitucional establece, en parte, la competencia del Poder Judicial de la Federación, señalando, en su fracción IV, que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de las controversias a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por último, el citado artículo 105, en su fracción I, inciso a), determina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y un Estado. En este estado de cosas, salta a la vista que el Poder Ejecutivo Federal no se encuentra facultado para interpretar leyes o reglamentos de las entidades federativas, ya que tal atribución se confirió por mandato de nuestra Ley Fundamental al Poder Judicial de la Federación, que en los casos en que las normas a interpretar surjan con motivo de una diferencia entre la Federación y uno de los Estados que conforman el Pacto Federal, lo hará a través de la vía denominada controversia constitucional. Luego entonces, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpretó la Ley sobre el Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, así como el reglamento en sus artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D, vulneró en perjuicio de esta entidad federativa el principio constitucional de la división de poderes, al asumir atribuciones que forman parte de otro de los Poderes Federales, en este caso, el Poder Judicial de la Federación, único a quien compete determinar qué ley debe prevalecer entre una de orden federal y una de orden local, en caso de contradicción entre ambas. No es óbice para lo anterior, que el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, establezca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos, ya que tal atribución que el legislador federal confirió a la citada dependencia federal, no puede existir en detrimento de la soberanía interior de que disfrutan los Estados de la Unión al tenor de los artículos 40 y 41 constitucionales, además de que lógicamente se refiere a la interpretación y aplicación de disposiciones fiscales federales y convenios de colaboración administrativa, precisamente en materia fiscal federal, mas no a normas de índole local o estadual. III. La resolución controvertida, en su tercera consideración, transgrede lo establecido por el primer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal consideración, en síntesis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su director general de Coordinación con Entidades Federativas, estima que el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha dado exacto cumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y el gobierno de esta entidad federativa, argumentando que en lugar de verificar la legalidad de la circulación de los vehículos extranjeros en esta entidad, procedió a empadronarlos y a fijarles un engomado, omitiendo exigir la acreditación de su legal estancia en el país y permitiendo su circulación, lo que a su vez implica, en concepto de la dependencia federal, violación al artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y 146 de la Ley Aduanera. De igual manera estima que son inatendibles los argumentos de esta entidad federativa, en el sentido de que el Padrón de Propietarios o Poseedores de Vehículos Extranjeros tiene exclusivamente fines de seguridad pública, dado que al expedir el multicitado engomado otorgó documentación a vehículos de origen o procedencia extranjera cuya estancia en el país es ilegal y que permitieron la circulación de los mismos, situación que bastó para violar tanto el convenio como los ordenamientos legales antes mencionados. En opinión de los suscritos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es el órgano facultado para determinar el incumplimiento al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal por parte de esta entidad federativa, por la simple y sencilla razón de que el Gobierno Federal es parte suscribiente del mismo; luego, resultaría ilógico que una de las partes de un contrato se irrogara la facultad de determinar que su contraparte infringió alguna o algunas de las cláusulas del contrato. Pues bien, esta situación es precisamente la que se presenta en el caso concreto: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribiente del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, pretende interpretar que el mismo fue incumplido por parte de esta entidad federativa y, aún más, pretende sancionar por ese supuesto incumplimiento al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante la retención de incentivos o participaciones. Así las cosas, el Poder Ejecutivo Federal pretende hacerse justicia por sí mismo, determinando el supuesto incumplimiento por parte de esta entidad federativa y aplicando la sanción correspondiente, todo ello en franca violación al primer párrafo del artículo 17 de nuestra Ley Fundamental. No es obstáculo para lo anterior, el hecho de que el tercer párrafo del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, establezca un procedimiento en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se constituye en Juez y parte, determinando incumplimientos y aplicando sanciones, puesto que, en todo caso, tal dispositivo legal, expedido por el Congreso de la Unión, se opone a los mandamientos de la Norma Suprema, contenidos, además del artículo 17, en los artículos 14 y 16. Luego entonces, se demanda la invalidez de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por lo que hace al procedimiento establecido en el tercer párrafo del artículo 16-A de la mencionada Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al autorizar al Ejecutivo Federal a hacerse justicia por sí mismo, así como al establecer un procedimiento atentatorio de lo que se conoce como garantías de legalidad y seguridad jurídicas, ya que establece un procedimiento en el que una de las partes es, además, Juez o resolutor, en contra de la más elemental idea de imparcialidad. En apoyo a lo antes señalado, debe decirse que, en concepto de los suscritos, el único órgano facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dirimir un conflicto entre dos entes de poder, así como para interpretar normas bajo pretexto del mismo, es sin lugar a dudas, el Poder Judicial de la Federación por conducto de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la vía de la controversia constitucional, al tenor de los, en su oportunidad invocados, artículos 49, 104, fracción IV y 105 de la propia Ley Fundamental. En conclusión, debe ser esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación la única facultada para determinar si el Gobierno del Estado de Chihuahua incumplió con las obligaciones relativas al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, debiendo precisarse que aun y cuando el procedimiento establecido en el tercer párrafo del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se reproduce en el citado convenio, es obvio que una entidad federativa no puede renunciar, vía convencional, a las disposiciones de la Constitución Federal. IV. De nueva cuenta, en la cuarta de las consideraciones de que se compone la resolución controvertida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indebidamente entra a interpretar disposiciones legales y reglamentarias de esta entidad federativa, lo que como ya se expuso en los conceptos de invalidez II y III de la presente demanda, es violatorio de los principios de división de poderes y de legalidad y seguridad jurídica, razón por la que, en obvio de repeticiones, nos remitimos a lo argumentado en los citados conceptos de invalidez. V. En lo tocante a lo argumentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas, se configura una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al haberse llevado a cabo, por la citada dependencia federal, una inexacta aplicación de la ley, específicamente del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Esto es así, en virtud de que la dependencia federal en comentario inició el procedimiento a que alude la disposición legal mencionada, no obstante que no se daban las hipótesis necesarias en el caso concreto. En síntesis, la resolución controvertida, en la consideración que se analiza, establece que el Gobierno del Estado incurrió en violación específica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7045-f354e1d8/controversia-constitucional-si-se-evidencia-que-conforme-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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