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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLA, LA JUNTA SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA TENER A LA VISTA Y TOMAR EN CUENTA, DE OFICIO, LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO PRINCIPAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6865
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 205.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 475/96, 533/98 y 783/98, en lo que interesa, consideró respectivamente:

Amparo directo 475/96:

"TERCERO.-En primer término, alega la quejosa Yolanda Aglaee Reaza Arriaga que la Junta señalada como autoridad responsable, al dictar la resolución que constituye el acto reclamado, violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que indebidamente declaró improcedente la tercería excluyente de dominio, con el argumento de que no se aportó el acta que se levantó con motivo del embargo del vehículo materia de la tercería, citando como apoyo de dicha consideración, una tesis que dice sustentó el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el juicio de garantías 251/84, el día siete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, empero dicha tesis no aparece publicada en ninguna fuente oficial, que de existir, la Junta la aplicó en forma indebida, toda vez que el demandado tercerista no objetó la factura del vehículo, que se aportó como prueba y por lo mismo, la Junta debió tener por cierto que el vehículo a que se refiere dicha factura es el mismo que fue embargado en el juicio laboral, pues de haberse objetado dicho documento, entonces el objetante debió acreditar que el vehículo que amparaba la factura, no es el mismo que fue embargado en el procedimiento laboral.-No le asiste la razón a la quejosa Yolanda Aglaee Reaza Arriaga, pues no es verdad que la Junta señalada como autoridad responsable, al dictar la resolución que constituye el acto reclamado, violó en su perjuicio las garantías individuales que cita en sus motivos de inconformidad, al haber declarado improcedente la tercería excluyente de dominio, que promovió con la finalidad de obtener el levantamiento del embargo del automóvil marca Ford, modelo 1991, serie AL94HA21868, con placas de circulación DUB-2172, que dice se practicó en el juicio laboral 8/105/95, toda vez que dicha autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar que la promovente de la tercería, ahora quejosa, debió exhibir a dicha tercería, el acta que se levantó con motivo del embargo practicado en el aludido juicio laboral, pues en efecto, la aportación de tal documento resultaba indispensable para acreditar que efectivamente el vehículo automotor descrito con anterioridad y al cual se refiere la factura que en copia certificada exhibió la tercerista, aquí quejosa, al incidente de tercería, es el mismo que se embargó en el juicio laboral de referencia; sin que el (sic) importe en contrario que la factura en cuestión, no haya sido objetada por la parte demandada, pues ello de ninguna manera acredita el extremo de mérito, pues los documentos sólo se valoran en función de su contenido; tampoco importa el hecho de que la tercería se haya tramitado en la vía incidental y guarde relación con el expediente laboral ya antes mencionado, pues en dicho incidente se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a propósito de un interés distinto al que es materia del juicio principal, aunado a que en los términos del artículo 977, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, las tercerías se tramitarán por cuerda separada, por lo que si la promovente de dicha tercería, debía comprobar algún hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que solicitara su compulsa; empero, al no hacerlo resulta indiscutible que la Junta del conocimiento se encontró imposibilitada para decretar la procedencia de la tercería; resultando intrascendente que la tesis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que citó en apoyo de su consideración, no aparezca publicada en alguna fuente oficial, pues independientemente de esto, los argumentos que vertió dicha autoridad responsable se estiman correctos y por lo mismo, no se conculcaron en perjuicio de la peticionaria del amparo sus garantías individuales.-Por otro lado, también alega la inconforme que de la resolución reclamada se advierte la parcialidad con que procedió la autoridad del conocimiento, a favor del tercerista demandado, Jesús Mario Méndez Corral, pues mientras que a ella le impuso la carga procesal de acreditar el extremo antes expuesto, a dicho demandado le reconoció personalidad tanto a él como a su apoderado, sin que lo hubieran acreditado.-Al respecto debe decírsele a la quejosa que su alegación deviene intrascendente, puesto que la intervención que se le dio al demandado tercerista Jesús Mario Méndez Corral, como a su apoderado en la audiencia, fue porque ella misma les imputó en su escrito de tercería, el carácter de demandados y por lo mismo, la Junta conforme a la fracción II del artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo, al admitir a trámite dicha tercería, tenía la obligación de citarlos a la audiencia correspondiente.-Por último, se alega que la autoridad del conocimiento dejó de aplicar el contenido del artículo 836 de la Ley del Trabajo, al no haber tomado en cuenta las actuaciones que obran en el expediente del juicio laboral, toda vez que en éste se originó la tercería y por lo mismo al ofrecerse la instrumental de actuaciones como prueba, en nada le impedía tomar en cuenta dichos autos, en los cuales aparece la diligencia de embargo.-Tampoco le asiste la razón a la peticionaria del amparo, ya que si bien es cierto que de conformidad con el precepto legal que cita en su concepto de violación, las Juntas están obligadas a tomar en cuenta las actuaciones que obran en el expediente del juicio; también es cierto que tal disposición para el caso que nos ocupa, debe interpretarse en el sentido de que las actuaciones que debe tomar en cuenta la Junta son aquellas contenidas en el procedimiento de tercería y no las que existan en el expediente laboral, pues como ya se dijo dicha tercería se tramita por cuerda separada y si la promovente ahora quejosa necesitaba comprobar algún hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera al mismo o al menos que solicitara su compulsa; pero de ninguna manera que la autoridad responsable, de oficio, llevara a cabo el examen de tales actuaciones.-En las relatadas consideraciones, tomando en cuenta el resultado de los motivos de inconformidad y sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja, lo que procede es negar a la quejosa Yolanda Aglaee Reaza Arriaga, la protección constitucional que solicita.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yolanda Aglaee Reaza Arriaga, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Amparo directo 533/98:

"TERCERO.-Es fundado y preponderante además, el concepto de violación que hace valer el apoderado del quejoso Antonio Eduardo Lucero Salcido, en el tercer apartado del capítulo de sus motivos de inconformidad, en el sentido de que la Junta señalada como autoridad responsable conculcó en perjuicio de su representado las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como lo dispuesto por los diversos artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que indebidamente declaró procedente la tercería excluyente de dominio que promovió la ahora tercera perjudicada Olga Montenegro García, respecto al vehículo que según dijo, se embargó en el juicio laboral A-0003/97, sin tomar en cuenta que la actora tercerista omitió acompañar o exhibir el acta de embargo correspondiente y no obstante ello, la citada autoridad laboral, en la resolución que se le impugna, tomó en cuenta dicha diligencia, siendo que la tercería se tramita por cuerda separada y por lo mismo, sí le obligaba a la promovente exhibir la constancia de embargo.-En efecto, la aquí tercera perjudicada Olga Montenegro García, por conducto de su apoderado, promovió ante la Junta responsable tercería excluyente de dominio, aduciendo que es propietaria de un vehículo marca Chevrolet, Pick-Up, modelo 1989, con número de serie 1GCBS14E5K8216736, que dijo adquirió de un particular de nombre Raúl García, en el Paso, Tx., y que lo importó legalmente al país, con número de patente 3066; que dicho automóvil le fue embargado el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, en un juicio laboral en el que ella no formó parte alguna, habiendo ofrecido como pruebas las siguientes: a) Título original del vehículo en cuestión (fojas 49). b) Documental consistente en el pedimento de importación expedido por la Dirección General de Aduanas, el día nueve de julio de mil novecientos noventa y tres y rectificación de dicho pedimento (fojas 48). c) Documentales consistentes en comprobantes de declaraciones del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, visibles a fojas 43 a 46. d) Documentales consistentes en tres tarjetas de circulación, expedidas por el gobierno de este Estado a nombre de Olga Montenegro García, visibles a fojas 39 a 42; así como también ofreció verbalmente en la audiencia incidental la declaración testimonial de Luis García Olague y Ernesto Contreras Holguín, misma que no aparece constancia alguna de que la autoridad la hubiera admitido (fojas 52 y 53).-Por su parte, la autoridad responsable, al dictar la interlocutoria reclamada, consideró que con las constancias que obran en autos y que fueron aportadas por la actora tercerista, consistentes en las tarjetas de circulación, así como del pedimento de importación, se desprende que el bien mueble embargado en diligencia de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cuatro, es decir, el vehículo marca Chevrolet, Pick-Up, modelo 1989, con placas fronterizas del Estado de Chihuahua, número ZTV8135, con número de serie 1GCBS14E5K8216736, es propiedad de la C. Olga Montenegro García, tal y como se desprende de la diligencia de embargo que obra a fojas 26 y 27 de autos del expediente principal. En esas condiciones, declaró procedente la tercería excluyente de dominio promovida por la C. Olga Montenegro García y por lo mismo, ordenó levantar el embargo trabado sobre dicho mueble.-Ahora bien, como se desprende de lo antes narrado, la Junta señalada como autoridad responsable, tuvo por cierto que el vehículo descrito por la tercerista en su promoción de tercería fue embargado el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, sin tomar en cuenta que ninguna de las partes acompañó la constancia de embargo respectiva, ni tampoco se ofreció como prueba lo actuado en el expediente principal, lo cual era necesario que así se hiciera para que la Junta válidamente pudiera apreciar la constancia de embargo y en su caso, tuviera por demostrada la procedencia de la acción de tercería, ya que no debe pasarse por alto que conforme a la fracción II del artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, la tercería se tramitará por cuerda separada y por lo mismo, cuando deba acreditarse algún extremo que obre en el juicio principal, debe cuando menos ofrecerse su compulsa.-Es cierto que conforme a las probanzas a las que hizo referencia la Junta en la resolución impugnada, se tuvo por demostrado que el vehículo de antecedentes es propiedad de la promovente Olga Montenegro García, sin embargo, también es cierto que debió acreditarse en los términos de ley, que dicho vehículo fue el que realmente se embargó en el juicio laboral, esto es, debió quedar plenamente establecida la identidad del citado mueble, sin que importe el hecho de que la tercería se haya tramitado en la vía incidental y guarde relación con el expediente en el que se tramitó el juicio principal, ya que, en dicho incidente se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a propósito de un interés distinto al que es materia del juicio principal, aunado a que como ya se dijo, en los términos del artículo 977, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, las tercerías se tramitarán por cuerda separada, por lo que si la promovente de dicha tercería, debía comprobar algún hecho en dicho procedimiento con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que solicitara su compulsa.-A lo anterior no se opone el hecho de que el expediente laboral aparezca agregado al cuadernillo incidental de tercería, puesto que no existe constancia alguna que acredite que ello fue solicitado por alguna de las partes, ni tampoco se observa acuerdo alguno por parte de la responsable, en el sentido de que así se hubiera ordenado por parte de dicha autoridad del conocimiento; por el contrario, la propia Junta en la resolución de tercería al hacer mención de las pruebas documentales con las que tuvo por demostrada la propiedad del vehículo que describe la tercerista, al referirse a los datos de localización de tales probanzas, alude a que éstas se encuentran agregadas a fojas 5 a 8 y 14 y 15, esto es del expediente de tercería, apareciendo que con el agregado del expediente laboral, ya no coinciden tales números de folio, sino otros mayores, lo que pone de relieve que después de que se dictó la resolución reclamada se agregó el citado expediente laboral, lo cual no es correcto porque ninguna de las partes lo solicitó en su momento procesal.-Tampoco es óbice el hecho de que la tercerista Olga Montenegro García haya ofrecido como prueba de su parte la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, toda vez que ésta se refirió a lo actuado en el expediente de tercería y no precisamente en el juicio laboral, pues así se desprende de la transcripción que se hace a continuación del ofrecimiento que hizo al respecto: ‘8. La instrumental pública de actuaciones, consistente en todo lo que se encuentra actuado en el presente expediente en todo lo que favorezca a mi poderdante.-9. La presuncional legal y humana en su doble aspecto, ya que del presente incidente y de las pruebas ofrecidas este tribunal podrá desprender que en el presente caso la propietaria del vehículo marca Chevrolet modelo 1989, serie 1GCBS14E5K8216736, embargado en el expediente en que se actúa es de mi poderdante la Sra. Olga Montenegro García’ (fojas 37).-En tales condiciones, debe concluirse que en el caso a estudio la autoridad responsable, con la resolución que se le impugna, sí conculcó las garantías individuales del quejoso Antonio Eduardo Lucero Salcido y por lo mismo, lo que procede es concederle la protección constitucional que solicita, para el efecto de que dicha autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que ciñéndose a lo aquí expuesto, deje de tomar en cuenta la diligencia de embargo de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, a la que hizo mención en la resolución que se le impugna y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en el caso corresponda, resultando innecesario el examen del resto de los conceptos de violación, dado que el que aquí se analizó guarda plena relación con la procedencia de la acción intentada en el incidente del que deviene el acto reclamado.-Similar criterio al anterior lo sostuvo este mismo tribunal, al resolver el juicio de amparo directo número 475/96, en sesión celebrada el día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-Para los efectos que quedaron precisados en el último considerando de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Antonio Eduardo Lucero Salcido, en contra de los actos y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Amparo directo 783/98:

"TERCERO.-Devienen infundados los anteriores conceptos de violación.-En efecto, es inexacto lo alegado por la parte quejosa por cuanto a que la Junta responsable debió haber tomado en cuenta de oficio las constancias integrales del juicio principal sobre el que incide la tercería que promovió; lo anterior se estima de esa manera, pues aun y cuando la tercería referida guarda relación con el expediente laboral número 1/94/0037, del índice de la Junta responsable, verdad es también que ello no permite de manera válida, el que dicha autoridad pueda tomar en cuenta las actuaciones y constancias del mismo para resolver sobre esa tercería, ya que las citadas tercerías son verdaderos juicios en las que se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a propósito de un interés distinto al que es materia del juicio principal, además que el precitado artículo 977, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, ordena que las tercerías se tramiten por cuerda separada, como así se decretó en el acuerdo de admisión de la tercería en mención, dictado por la Junta responsable el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho (fojas 30); luego entonces, al conservar su autonomía las tercerías excluyentes de preferencia, la Junta responsable, para pronunciar el fallo reclamado no puede tomar en cuenta, de manera oficiosa, pruebas que obran en el juicio principal, como lo pretende la parte quejosa, pues si la misma debía comprobar determinadas situaciones en dicho procedimiento de tercería, con actuaciones que obran en el juicio principal, era necesario que las exhibiera en el mismo, o bien, que cuando menos solicitara su compulsa.-Similar criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos laborales 583/97 y 533/98, en sesiones del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y siete y doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho.-Tampoco le asiste razón a la parte quejosa respecto de lo que alega en el sentido de que si la Junta responsable reconoció en la audiencia incidental la personalidad del apoderado del tercero ejecutante en base a un poder que obra en autos del juicio principal, entonces por equidad procesal, la responsable debió haber también tomado en cuenta tales actuaciones del principal para resolver la tercería; se dice que no le asiste razón a la quejosa en ese aspecto, pues es inexacto que la Junta responsable haya emitido acuerdo expreso en la audiencia incidental de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el que reconociere la personalidad del ejecutante en el principal en los términos invocados por la parte quejosa; es decir, de dicha audiencia no se desprende que la Junta haya reconocido la personalidad del apoderado del ejecutante con base en cartas poder que dice obran en el principal, ya que no se advierte acuerdo expreso en ese sentido (fojas 52), lo que tampoco se desprende de las diversas actuaciones verificadas en el procedimiento de tercería.-Menos le asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que a la tercería se aportaron los certificados de gravámenes de los inmuebles embargados y rematados en el juicio principal, en los que se observa la existencia del gravamen laboral derivado del expediente 1/94/0037, así como copia certificada de la diligencia de embargo verificada en dicho expediente, en la que se hace constar la cantidad líquida y exigible que pretende ejecutar la parte trabajadora; que la responsable no valoró esas documentales exhibidas para demostrar la existencia del crédito laboral del cual se reclama la sujeción a la preferencia en el pago del crédito.-Se dice que tampoco le asiste razón a la parte quejosa respecto de lo antes expuesto, toda vez que es inexacto que al procedimiento de tercería se hubieren aportado los mencionados certificados de gravámenes de los inmuebles embargados, así como copia certificada de la referida diligencia de embargo, pues del examen de las actuaciones integrales de dicho procedimiento no se advierte constancia alguna que ponga de manifiesto lo anterior; es decir, no obran en la tercería las mencionadas documentales, por lo que entonces no puede alegarse válidamente que la responsable haya incurrido en omisión de valoración de esas pruebas; y aunque es verdad que a fojas 28 obra copia de una diligencia de embargo, lo cierto es que la misma resulta ser mera copia simple y no certificada como lo aduce la parte quejosa, sin que se advierta que esta última hubiere solicitado la compulsa de dicha copia.-Por cuanto a lo que se alega en el sentido de que contra la resolución reclamada procede el amparo directo por tener el carácter de un laudo, equiparable a una sentencia definitiva, ha de decirse que el mismo resulta inoperante ya que con el mismo no se combate de manera alguna la resolución que constituye el acto que se reclama.-Consecuentemente, toda vez que a lo anterior se limitan los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo que procede en el caso es negar a esta última la protección constitucional que solicita en contra del acto que reclama a la Junta responsable; negativa que se hace extensiva respecto de los actos reclamados al presidente de la misma al no reclamarse éstos por vicios propios.-Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como del presidente de la misma, ambos con residencia en esta ciudad; actos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

Las anteriores ejecutorias, originaron la tesis aislada XVII.1o.6 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 1127, que dice:

"TERCERÍAS. LAS JUNTAS NO PUEDEN TOMAR EN CUENTA DE MANERA OFICIOSA LAS ACTUACIONES DEL JUICIO PRINCIPAL PARA DICTAR EL FALLO RESPECTIVO, SI NO FUERON APORTADAS COMO PRUEBA.-Ha de precisarse en primer término, que las tercerías son verdaderos juicios ya que en ellas se decide una controversia de sustantividad propia y surgida entre las partes a propósito de un interés distinto al que es materia del juicio principal; en segundo lugar, el artículo 977, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, ordena que las tercerías se tramiten por cuerda separada; luego, de lo antes expuesto es factible deducir que las tercerías conservan autonomía propia; por tanto, para pronunciar el fallo respectivo en las mismas, las Juntas no pueden tomar en cuenta, de manera oficiosa, pruebas que obran en el juicio principal; de ahí que si se pretenden comprobar determinadas situaciones en dicho procedimiento de tercería con actuaciones que obren en el juicio principal, es necesario que éstas se exhiban en la propia tercería, o bien, que cuando menos se solicite su compulsa."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 142/96, 689/97, 584/97, 214/99 y 412/99, en lo que interesa sostuvo:

Amparo directo 142/96:

"QUINTO.-Previamente al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del presente juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.-Ahora bien, en la demanda que dio origen a este juicio de garantías, las quejosas señalaron como autoridades responsables, además de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a su presidente y actuario ejecutor, sin embargo respecto a estos dos últimos el amparo resulta improcedente, ya que conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 158 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, sólo pueden ser materia del amparo directo los actos comprendidos en dichas disposiciones legales, dentro de los cuales únicamente se ubica el reclamado a la aludida Junta de Conciliación y Arbitraje.-Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis relacionada con la jurisprudencia número 262, publicada en la página 441 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tomo común al Pleno y a las Salas que dice: ‘SENTENCIA Y ADEMÁS OTROS ACTOS EN AMPARO DIRECTO.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III de la Constitución Federal y 158 de la Ley de Amparo, sólo pueden ser materia del amparo directo los actos comprendidos en dichas disposiciones legales, por lo que si además de tales actos, se reclaman en el amparo promovido ante la Suprema Corte de Justicia, en única instancia, otros no comprendidos en los mencionados preceptos, debe sobreseerse en el juicio de garantías en lo que se refiere a estos últimos actos.’.-En las condiciones apuntadas, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, respecto de dichas autoridades, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 158, interpretado a contrario sensu y 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo.-SEXTO.-Son fundados y suplidos en su deficiencia los conceptos de violación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.-En efecto, en el presente caso se advierte la existencia de una violación procesal que afectó las defensas de la parte quejosa, contemplada en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y que trascendió al resultado de la resolución reclamada. Así es, las quejosas, actoras en la tercería excluyente de preferencia de la que derivó el acto impugnado, para tratar de acreditar su acción ofrecieron en su escrito inicial, entre otras pruebas, la instrumental de actuaciones, concretamente la constancia de la diligencia de embargo efectuada el trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, dentro del expediente 2/93/0027, relativo al juicio laboral en el que se promovió dicha tercería, en donde, dijeron, constaba que se embargaron los mismos bienes muebles sobre los que previamente se había trabado embargo a su favor en el expediente número EC/95/0032 integrado con el convenio que celebraron con la empresa denominada Ingeniería de Estructuras del Norte, S.A., ofrecimiento que fue ratificado en la audiencia incidental respectiva (fojas 3 y 16).-Por su parte, la autoridad responsable en la resolución combatida consideró: ‘... rechazándose la instrumental de actuaciones respecto a la diligencia de embargo que menciona y que dice fue llevada a cabo por el actuario adscrito a esta Junta Especial Número Dos y que practicó a las doce horas del día 13 de julio de 1995, dentro del expediente 2/93/0027, donde consta que se embargaron tanto la grúa, como el camión Chevrolet que se describe en su demanda de tercería y se refiere al expediente principal, de nuevo se hace notar que el presente expediente de tercería es en su naturaleza autónomo de cualquier otro, en este caso del principal y que por lo mismo, la instrumental de actuaciones únicamente puede ofrecerse precisamente sobre las constancias que obran en autos del presente juicio en que se actúa y no respecto de otro expediente distinto y diferente ...’, concluyendo que ‘... toda vez que de los autos que integran el presente juicio laboral de tercería, se desprende que únicamente se encuentran en el mismo como parte integrante los documentos ya analizados, por lo que la parte tercerista no acreditó en ningún momento que los bienes muebles motivo de la tercería hayan sido embargados por Pedro Rentería Moreno a Ingeniería de Estructuras del Norte, S.A. de C.V., en un juicio laboral diverso y en el que no fueron parte los terceristas y por lo tanto un juicio distinto al EC/95/0032 que es donde dicha tercerista como actores manifiestan que embargaron los bienes motivo de la presente tercería de preferencia de pago, en consecuencia, no se acreditan los elementos esenciales de la tercería excluyente de preferencia consistentes en demostrar que los bienes motivo de la tercería fueron embargados en otro juicio laboral y que los terceristas embargaron los mismos bienes al demandado, con fecha anterior al embargo practicado por el demandado ejecutante Pedro Rentería Moreno, en diverso juicio laboral ...’.-De lo anteriormente transcrito, se evidencia que existió la violación procesal señalada, ya que las consideraciones en que emitió la responsable para desechar la prueba en cuestión, se consideran incorrectas, pues si conforme lo dispuesto por el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo, la tercería de preferencia de crédito es siempre una cuestión incidental del juicio que la motiva, es perfectamente lícito y jurídico resolverla con vista en los autos del juicio principal y concretamente en la diligencia de embargo; porque éste además de ser su causa eficiente, es una actuación dentro del juicio, de una autoridad laboral y no un hecho extrajudicial y exclusivo de los litigantes, y como tal actuación es en la que incide o trasciende la tercería, debe ser tomada en cuenta, incluso de oficio, más aún cuando como en el caso fue expresamente ofrecida por la parte actora y otorgársele pleno valor probatorio por tratarse de documentos públicos.-Sirve de apoyo a lo anterior, aplicadas analógicamente y por mayoría de razón las tesis publicadas en las páginas 135, Tercera Sala del Informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concluir el año de 1975, y en la página 413, Tomo XI, mayo de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, que textualmente expresan: ‘TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO. SIENDO CUESTIONES INCIDENTALES DEL JUICIO QUE LAS MOTIVA, ES LÍCITO RESOLVERLAS CON VISTA EN LOS AUTOS DEL JUICIO PRINCIPAL.-Si conforme a los artículos 1098, 1362, 1367, 1368, 1370, 1373, 1375 y 1376 del Código de Comercio, la tercería excluyente de dominio es siempre una cuestión incidental del juicio que la motiva, es perfectamente lícito y jurídico reso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6865-b034cd38/terceria-en-materia-laboral-para-resolverla-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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