APERCIBIMIENTO GENÉRICO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA. VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, EN ESTE ASPECTO, LO QUE PRODUCE LA NULIDAD DE LA MULTA IMPUESTA, SIN AFECTAR POR ESE MOTIVO LA VALIDEZ DE DICHA ORDEN Y DE SUS CONSECUENCIAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones de las ejecutorias de las que derivan dichos criterios, por lo que a continuación se transcriben.
El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, sostiene la jurisprudencia VIII.3o. J/2, publicada en la página 949 del Tomo XI, enero de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. EL APERCIBIMIENTO GENÉRICO QUE CONTIENE, VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.-El apercibimiento que en forma genérica se hace, en ejercicio de las facultades de comprobación, de que se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, si el visitado no otorga las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden de visita domiciliaria, se oponga a la práctica de la misma, no ponga a disposición la contabilidad, o que no proporcione los informes y documentos que se le soliciten, constituye un acto de autoridad que obliga al gobernado a que dé cumplimiento a un mandato, y por lo tanto, constituye un acto de molestia que debe estar debidamente fundado en los preceptos legales que sustentan esas obligaciones y que establecen las consecuencias de su incumplimiento, pues de lo contrario, de omitirse ese fundamento, se viola la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional."
La referida jurisprudencia se emitió con motivo de lo resuelto en las revisiones fiscales números 226/98, 79/98, 168/99 y 446/99, y el amparo directo número 681/98, cuyas ejecutorias, en la parte que interesa, son del siguiente tenor literal.
Revisión fiscal 226/98, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de las autoridades demandadas, resuelta el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho:
"QUINTO.-Los agravios que expresa el recurrente resultan ser infundados.-En efecto, consta en autos que con fecha 17 de julio de 1996, el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, ordenó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente Gabriel Hugo de la Mora Esquivias, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra afecto como sujeto directo y responsable solidario en materia del impuesto sobre la renta e impuesto al activo, por el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994; apoyándose para ello en las facultades de comprobación que le conceden los artículos 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 111, apartado B, fracciones IV y XXVI y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, la autoridad administrativa autorizó para llevar a cabo la visita domiciliaria, a personal adscrito a dicha administración, designando los nombres y cargos correspondientes y por último, apercibió al causante para que en caso de que no diera a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden de visita domiciliaria, se opusiera a la práctica de la misma, no pusiera a su disposición la contabilidad o no proporcionara los informes, datos y documentos que se le soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, se procedería de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.-De igual forma, se advierte que los visitadores designados dieron a conocer al contribuyente los hechos u omisiones detectados en la visita domiciliaria, mediante la última acta parcial de fecha 20 de marzo de 1997, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que presentara documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos consignados en dicha acta, en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, mediante acta final de auditoría se hicieron constar las pruebas que ofreció el causante y los hechos acontecidos en la visita domiciliaria, y con fecha 30 de junio de 1997, una vez valoradas las pruebas y argumentos aducidos por el contribuyente para desvirtuar las irregularidades detectadas en la visita domiciliaria, la autoridad administrativa determinó un crédito fiscal en su contra, por la cantidad de $1’640,313.20. Por escrito presentado ante la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación el 7 de noviembre de 1997, el contribuyente Gabriel Hugo de la Mora Esquivias, interpuso juicio de nulidad y entre otros conceptos de anulación hizo valer la indebida fundamentación y motivación de la resolución que determinó el crédito fiscal, porque la orden de visita domiciliaria contiene un apercibimiento en el que no se le hizo saber el precepto legal que sería aplicable en caso de desobediencia del mismo; por su parte, la Sala responsable en su sentencia declaró la nulidad lisa y llana, porque consideró que el apercibimiento era ilegal al no encontrarse fundado en los preceptos que preveían como infracción las conductas aludidas en ese documento y en consecuencia la orden de visita era un acto viciado que como tal engendraba la nulidad de todo lo actuado desde su origen.-Ahora bien, puntualizado lo anterior, debe decirse que la autoridad recurrente esencialmente alega que la sentencia de la Sala Fiscal le causa agravio porque dicha autoridad omitió tomar en consideración que la orden de visita domiciliaria cumplía con los requisitos exigidos por los artículos 16 constitucional; 38, fracción III y 43 del Código Fiscal de la Federación, puesto que se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se señaló el objeto de la misma, los preceptos legales aplicables al caso y los de la competencia de la autoridad que la suscribió, así como la expresión de circunstancias que se tomaron en cuenta para emitirla; y el hecho de que en el apercibimiento del que se duele el actor, se hubiere omitido citar el dispositivo legal en el cual se contenga en forma concreta y específica la sanción por un determinado incumplimiento de su parte a lo requerido por los visitadores durante una visita domiciliaria, no causa agravios al causante, pues sólo se trata de un acto secundario que no es una consecuencia inmediata del objeto de la visita, es decir, es un acto futuro e incierto que cuando ocurriera, hasta entonces la autoridad se encontraría obligada a citar el motivo y fundamento de la sanción correspondiente.-Los anteriores argumentos se estiman infundados, pues aun cuando la orden de visita domiciliaria se hizo constar por escrito, en donde se señala la autoridad que la emitió, se expresa su objeto o propósito, así como ostenta la firma del funcionario competente y el nombre de la persona a quien va dirigida y se indica el lugar donde debía efectuarse y el nombre de la persona o personas que la debían llevar a cabo; sin embargo, también es verdad que en el mismo documento se realizó un apercibimiento al causante en el que se omitió precisar el precepto legal que prevenía la infracción de las conductas del actor, en el caso de que no diera a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden, o se opusiera a la práctica de la visita, así como que no pusiera a su disposición todos los elementos que integraban la contabilidad. No se opone a lo anterior el argumento de la recurrente, en el sentido de que el apercibimiento constituye una manifestación de la autoridad que debe considerarse de carácter secundario y que ninguna relevancia tiene con el objeto principal e inmediato de la orden de visita como lo es que la autoridad administrativa ejerciera sus facultades de comprobación de disposiciones fiscales por medio del dictado de esa orden; pues debe tenerse en cuenta, que en el mismo documento se apercibió al causante para que otorgara todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden, o en su caso se procedería conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y como tal apercibimiento forma parte integrante del acto emitido por la autoridad, por ende, debía contener las disposiciones legales en que se apoyaba para dictar ese apercibimiento, y que a la vez permitiera conocer al contribuyente las sanciones que en su caso podrían imponerse por su incumplimiento, de tal manera que al no haberlo hecho así la autoridad administrativa, con ello causa agravios al causante; ante todo porque contrario a la estimación de la recurrente, el apercibimiento no puede considerarse como un acto secundario de la autoridad, en virtud de que se encuentra incluido en la propia orden de visita domiciliaria, por ello resultaba necesario que ésta reuniera las formalidades exigidas por el artículo 16 constitucional para su dictado, entre las que se encuentran que el acto esté debidamente fundado y motivado, y no basta que se precise el objeto o propósito de la visita, toda vez que la orden constituye un todo en el que debía mencionarse el precepto legal que servía de apoyo a la autoridad para emitir ese apercibimiento y las consecuencias del incumplimiento.-En este mismo orden de ideas, cabe puntualizar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que cita el recurrente en su primer agravio, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicado en la página 310 del Tomo XIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro de: ‘APERCIBIMIENTO. DISTINCIÓN ENTRE EL APERCIBIMIENTO COMO ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES.’; porque aun cuando en dicho criterio se hace una distinción entre el simple apercibimiento que produce sólo una llamada de atención o advertencia y el apercibimiento como acto de molestia, en el que se previene con la aplicación de una medida disciplinaria ante el incumplimiento de una determinación de la autoridad, y se establece también que el simple apercibimiento no constituye un acto de molestia; sin embargo, en la especie el apercibimiento que se le hizo al contribuyente en la orden domiciliaria, no constituye una simple advertencia o llamada de atención, como pretende hacerlo valer la autoridad recurrente, pues en la orden de visita, se le imponen al causante, actor en el juicio de nulidad, determinadas obligaciones como son el de otorgar todas las facilidades necesarias a los visitadores y que proporcionara la documentación que éstos requirieran para la práctica de la visita domiciliaria y se le apercibió y constriñó, para que diera cumplimiento a ese mandato de autoridad, de manera que si era desobedecido, se procedería en su contra de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; lo que constituye circunstancias que ponen de relieve que el apercibimiento que se hizo en esos términos, no implica una simple llamada de atención, sino que produce las consecuencias de constreñir, coaccionar u obligar a los contribuyentes a que cumplan con ese mandamiento de autoridad; y la ilegalidad de dicho apercibimiento estriba, como correctamente lo estimó la Sala Fiscal, en que la autoridad no le previno o hizo saber al obligado, cuál era el o los artículos específicos del Código Fiscal de la Federación que contemplan las consecuencias o sanciones que se le aplicarían en caso de desobediencia o incumplimiento; y ante tales circunstancias, resulta evidente que el mencionado acto de autoridad carece de una correcta fundamentación y motivación, por lo tanto, debe decirse que no tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a que se ha hecho alusión, y en cambio resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribió con anterioridad.-De igual forma, en relación con la tesis que cita la recurrente bajo el rubro de: ‘MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’; cabe decir, que tampoco tiene aplicación en la especie toda vez que dicho criterio se refiere al caso de aplicación de una norma reclamada en el juicio de amparo, situación que no tiene relevancia ni se equipara con la cuantía planteada en esta revisión.-Tampoco le asiste la razón a la recurrente, al sostener que el apercibimiento es un acto futuro e incierto y que en caso de que sucediera, sería el momento en que la autoridad estuviera obligada a citar el motivo y fundamento de la sanción que correspondiera; pues en este aspecto cabe decir, que los actos futuros son aquellos que aún no se han realizado y no existe una certeza clara y fundada de que se realicen, empero, en la especie tal circunstancia no se actualiza, porque el acto de autoridad ya fue dictado en esa orden de visita domiciliaria, y a lo que se refiere la inconforme, son a los efectos que pudiera acarrear ese apercibimiento, en el sentido de que en el supuesto de que el contribuyente incurriera en alguna de las conductas señaladas en el mismo, entonces la obligación de fundar y motivar se establecería en la sanción, lo cual resulta ser un acto independiente de la orden de visita domiciliaria; por consiguiente, contrario a lo estimado por la recurrente, cabe concluir que en la propia orden emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal debieron citarse los fundamentos legales que apoyaran el dictado del apercibimiento impugnado, para que el causante estuviera en posibilidades de conocer las consecuencias de su incumplimiento.-Por otra parte, se alega que el apercibimiento de mérito, se hizo como una advertencia o prevención que da a conocer al contribuyente las consecuencias que se generarían de no acatar una obligación que le impone la propia ley y por ende no constituye un acto de molestia; afirmaciones las anteriores que se estiman infundadas, si se toma en consideración que el apercibimiento es una comunicación, una forma de constreñir al gobernado para que dé cumplimiento a un mandato autoritario, de manera que si éste es desobedecido, la medida con que se amenaza a aquel a quien se dirige dicho mandato, habrá de realizarse; y si en la especie se encuentra demostrado que al contribuyente se le apercibió para que otorgara todas las facilidades necesarias a los visitadores y proporcionara la documentación que éstos requirieran para la práctica de la visita domiciliaria, y que en caso contrario se actuaría conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que no se le hizo solamente una advertencia, además de que concretamente tampoco se expresaron los preceptos legales que prevenían las obligaciones del causante y las consecuencias de su incumplimiento; a lo que habría de añadir, que si bien en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el visitado tiene la obligación de permitir a los visitadores designados, el acceso al lugar objeto de la visita, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las obligaciones fiscales; sin embargo, también es verdad que dicho precepto no fue citado por la autoridad administrativa en apoyo del apercibimiento dictado, y por tanto esas obligaciones las desconocía el contribuyente, motivo por el cual tampoco puede estimarse que únicamente se realizó una advertencia o prevención de las consecuencias que se generarían por no acatar las obligaciones que impone la ley, en virtud de que a la autoridad le corresponde fundamentar los actos de molestia que emite en contra de los gobernados, y por esa circunstancia debieron darse a conocer los preceptos legales que prevenían las obligaciones del causante y las consecuencias de su incumplimiento, y al no haberlo hecho así el administrador local de Auditoría Fiscal, con ello causó agravios al contribuyente.-Por otro lado, y con relación a la falta de análisis de los argumentos vertidos en la contestación de la demanda de nulidad, cabe mencionar que la responsable en forma acertada consideró que al ser suficiente el agravio de la falta de fundamentación de la orden de visita domiciliaria por las razones expresadas con anterioridad, con ello se declaraba la nulidad lisa y llana de la resolución combatida en el juicio de nulidad y, por ende, resultaba innecesario entrar al estudio y resolución del resto de los conceptos anulatorios aducidos por la parte actora, ya que no conducirían a que se variara el sentido de la resolución; pues lo anterior lleva a concluir, que si bien el Tribunal Fiscal no menciona los argumentos de la contestación a la demanda, esgrimidos por la autoridad hacendaria, sin embargo, tal circunstancia no le irroga agravio alguno a dicha autoridad, toda vez que cuando se alegan violaciones formales como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de legalidad por la falta de fundamentación de la orden de visita domiciliaria, y tales inconformidades resultan ser fundadas, es de explorado derecho que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan porque las mismas serán objeto del nuevo acto que emita la autoridad a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior ... En mérito de lo anterior, y al no conculcarse agravio alguno en perjuicio de la recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa, que declaró la nulidad de la resolución combatida en el juicio de nulidad."
Revisión fiscal 79/98, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, resuelta el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
"CUARTO.- ... Las argumentaciones que conforman el primer agravio vertido por el administrador recurrente resultan infundadas, en atención a las siguientes consideraciones.-Como se aprecia de la orden de visita domiciliaria número RIM510065/97, contenida en el oficio número 324-A-II-6-E-23863, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón, se fundó y motivó lo relativo al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad que la emitió, sin embargo, se advierte que el apercibimiento contenido en el párrafo final del oficio constitutivo de la orden de visita, no se encuentra debidamente fundado ni motivado, tal como se estableció en la sentencia recurrida, pues tal omisión del apercibimiento, constituye un acto de autoridad, de ahí que contrariamente a lo estimado en el agravio que se analiza, dicho apercibimiento sí debería estar fundado y motivado, ya que así lo exige para todo acto autoritario el artículo 16 constitucional, máxime porque es del todo desacertado lo que se manifiesta acerca de que el apercibimiento en modo alguno constituye un acto de molestia, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que el apercibimiento multicitado se encuentra comprendido en la propia orden de visita y, como lo estimó la Sala, es un mecanismo tendiente a coaccionar o constreñir al causante para que éste observara las distintas conductas descritas en el oficio citado en la parte en que se hizo tal apercibimiento y permitiera la práctica de la visita domiciliaria, de ahí que sea incorrecta la consideración de la autoridad recurrente en el sentido de que es factible desvincular el acto de autoridad, esto es, la orden en sí misma considerada, del apercibimiento.-Lo apuntado es así, pues al margen de lo que ya se señaló, se aprecia que las conductas cuya observancia, acorde al que (sic) se dejó asentado en el apercibimiento, debía voluntariamente realizar en el curso de la visita, el contribuyente, se refieren precisamente a obligaciones que son solamente a cargo de éste, relacionadas con el deber a su cargo, de prestar a los visitadores las facilidades necesarias para el desahogo de la visita, obligaciones estas, a que se alude en el tercer párrafo de la hoja dos del oficio en que se contiene la orden de visita, en los términos siguientes: ‘Se deberán mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros: los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles, discos y cintas; así como otros medios procesables de almacenamiento de datos; los libros y registros sociales, la documentación comprobatoria de sus operaciones; así como proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión. Así mismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores.’.-Por virtud de lo considerado, es obvio que el acto del apercibimiento está íntimamente vinculado con el objeto o propósito de la visita domiciliaria, puesto que aquél a su vez tiene como fin el de coaccionar o compeler al contribuyente a que éste cumpliera con las obligaciones que se le señalaron en el párrafo tercero de la hoja dos del oficio en cuestión, en los términos puntualizados, evitando así la oposición del causante a la práctica de la visita, es decir, que se buscó con el apercibimiento constreñir al visitado a que no incurriera en el incumplimiento de tales obligaciones, por lo cual no se puede separar dicho apercibimiento de la orden misma, de tal modo que se aprecie aquél como un acto aislado.-Por consiguiente, contrario a lo afirmado en el primer agravio en examen, es inconcuso que sí es un acto de molestia el apercibimiento en mención, pues el mismo implica una afectación al gobernado por cuanto que se le coacciona a que lleve a cabo la realización de las mencionadas obligaciones, bajo el supuesto de que en caso de no efectuarlas voluntariamente ‘se procedería de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación’.-Consecuentemente, si el acto de molestia es aquel que implica una afectación en los derechos del gobernado, es evidente que el apercibimiento de que se trata constituye un acto de esa naturaleza al compeler al contribuyente la realización de unas determinadas conductas, relativas a dar a las autoridades hacendarias todas las facilidades para el cumplimiento de la orden de visita, poniendo todos los elementos que integran su contabilidad y proporcionar todos los datos e informes que se le requieran, etcétera, bajo el supuesto de que, de no hacerlo, se le aplicaría lo dispuesto en el citado código tributario.-Por otra parte, por la circunstancia de que las consecuencias del apercibimiento se estimaran futuras e inciertas, no puede considerarse que no era necesario que estuviera fundado y motivado dicho apercibimiento, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, lo que establece el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Por esto es evidente que el apercibimiento de mérito debió fundarse y motivarse, lo que en modo alguno aconteció, debido precisamente a que en la especie se incurrió en la parte de la orden de visita donde se hizo el mencionado apercibimiento, en la omisión de establecer en qué disposición o disposiciones legales se contemplan las obligaciones que supuestamente debió acatar el visitado, así como en cuáles se previenen las sanciones que se le aplicarían en caso de incumplimiento, se dejó al contribuyente en estado de indefensión ante la incertidumbre, pues desconoció tanto qué sanciones se le aplicarían, como los fundamentos de las obligaciones que, según se le apercibió, se encontraba constreñido a realizar.-Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número doscientos sesenta, consultable en la página ciento setenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que expresa: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’.-Es inexacto lo afirmado por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, acerca de que el multirreferido apercibimiento viene a ser una simple advertencia que por ello no perjudica a su destinatario, esto es, al contribuyente actor; pues este colegiado considera que en el acto del apercibimiento, como se advierte de su lectura, la autoridad fiscalizadora omitió especificar al contribuyente los preceptos que señalan las consecuencias de no observar esas conductas.-Esto es así, pues del texto del apercibimiento se advierte que ahí en modo alguno se especifica tanto qué preceptos son los que previenen las obligaciones que estaba constreñido legalmente el visitado a acatar, como cuáles sanciones legales se le aplicarían en el evento de no observar las conductas de mérito, es decir, que no se indicó en qué disposición o disposiciones legales están establecidas abstractamente las hipótesis relativas a las conductas cuya realización, se apercibió al causante, debía éste llevar a cabo, esto es: dar a los visitadores las facilidades para el cumplimiento de la orden; no oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo; poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad y proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación.-Ahora bien, aunque estas obligaciones se encuentran previstas en la ley, específicamente en el artículo 45 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, no debe perderse de vista que de cualquier forma existe la obligación a cargo de las autoridades respectivas que emitieron en el caso la orden de visita cuestionada, de expresar el precepto o preceptos legales en que se contemplen en abstracto esos supuestos, para de esa manera dar debido cumplimiento a las exigencias de fundamentación y motivación exigidas para todo acto autoritario en el artículo 16 de la Carta Magna, mismos requisitos formales que se encuentran reproducidos en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por cuanto que este último numeral secundario estatuye, en lo conducente, que los actos administrativos deben encontrarse fundados así como motivados.-Por tanto, no puede estimarse que el apercibimiento decretado en la orden de visita domiciliaria sea una simple advertencia, como lo pretende el recurrente y por lo mismo no resulta aplicable la tesis que se invoca bajo el rubro siguiente: ‘APERCIBIMIENTO. DISTINCIÓN ENTRE EL APERCIBIMIENTO COMO ACTO DE MOLESTIA Y EL APERCIBIMIENTO COMO SIMPLE ADVERTENCIA O INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY A LOS CONTRIBUYENTES.’, cuyo texto se encuentra transcrito en el primer agravio a estudio, pues aparece que en dicho criterio se tomó en cuenta lo relativo a que en el caso que motivó la formación de tal precedente, se advirtió al contribuyente apercibido sobre obligaciones que impone la ley a los contribuyentes, lo que no ocurre en este asunto, pues se advierte que en el apercibimiento hecho en la especie, constituye un acto de molestia, en el que le fueron señaladas sus obligaciones como sujeto visitado, pero no se especificaron ni fundaron las posibles consecuencias legales.-Por el contrario, en el caso cobra exacta aplicación, la tesis de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, invocada por la Sala Fiscal a quo en la sentencia recurrida, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo LII, Tercera Parte, página 61, mismo precedente citado, en el que se basó, además de otras, el dictado del fallo que se revisa, en que precisamente se establece el criterio de que un apercibimiento, como acto de autoridad que es, produce las consecuencias de constreñir, coaccionar u obligar al gobernado que aparece como su destinatario, a que dé cumplimiento a un mandato autoritario, por lo que el acto de apercibimiento en modo alguno se limita a hacer una simple llamada de atención, sino que impone conductas a quien está dirigido, que éste está obligado a cumplir, so pena de sufrir la sanción. Por lo tanto, evidentemente resulta necesario que el mencionado apercibimiento satisfaga los requisitos de que se funde y motive.-La tesis antes precisada literalmente dice: ‘APERCIBIMIENTOS COMO ACTOS DE AUTORIDAD. DEBE CITARSE EL ORDENAMIENTO EN QUE SE APOYAN.-Si un oficio de la autoridad administrativa impone deberes a la quejosa y la apercibe con sancionarla en caso de desacato, se constituirá un típico acto de autoridad, por su unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. Todo «apercibimiento» es una comunicación, una forma de constreñir al gobernado para que dé cumplimiento a un mandato autoritario, de manera que si éste es desobedecido, la medida con que se amenaza a aquel a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6994-98b24e0c/apercibimiento-generico-contenido-en-una-orden-de-visita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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