DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de febrero de dos mil uno.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, hizo del conocimiento del presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de criterios contradictorios sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. 727/97 y el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 112/97, en los siguientes términos:
"Para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que establece la facultad para denunciar la contradicción de tesis y para el caso de que usted decida ejercerla, hago de su conocimiento la existencia de criterios contradictorios entre lo establecido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y lo sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuando se presenta el caso de que se tiene por no interpuesta la demanda de garantías, porque el promovente acreditó la personalidad con que se ostenta, pero no exhibió copias del escrito aclaratorio como se le requirió. Esto es, debido a que: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo que fue correcta la decisión del Juez de tener por no interpuesta la demanda de amparo, porque el promovente cumplió parcialmente el requerimiento que se le hizo; y, por su parte, el Octavo consideró que el que no haya exhibido las copias del escrito aclaratorio resulta intrascendente. La contradicción de criterios se da entre los citados tribunales debido a lo siguiente: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la resolución dictada en el toca RT. 727/97 el once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, relacionado con el expediente auxiliar 528/97, esencialmente estimó: ‘Por otra parte, la recurrente aduce que el acuerdo de quince de julio de mil novecientos noventa y siete es ilegal, porque el artículo 120 de la Ley de Amparo se refiere exclusivamente a demandas y no a escritos aclaratorios, supuestos totalmente distintos, y que si el Juez de Distrito reconoció la personalidad del promovente en el acuerdo de quince de julio de mil novecientos noventa y siete, al percatarse de que existía una irregularidad, debió prevenirle en cumplimiento al principio de equidad y de prosecución oficiosa contenido en el artículo 157 de la Ley de Amparo. Resulta infundado el agravio en comento. Lo anterior es así porque si el Juez de Distrito requirió a los promoventes para que acreditaran su personalidad y exhibieran cinco copias del escrito aclaratorio, apercibiéndolos que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda y éstos cumplieron en forma parcial el requerimiento de referencia, es correcto que el Juez hiciera efectivo el apercibimiento decretado pues, se insiste, el Juez de Distrito requirió dos cuestiones, a saber: que acreditaran su personalidad y que exhibieran cinco copias del escrito aclaratorio con apoyo en el artículo 146 de la Ley de Amparo, y si no cumplieron con ello, es claro que les era aplicable la sanción establecida en el precepto de referencia; por tanto, se niega que en la especie se actualice la violación alegada.’. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la resolución dictada en el toca AR. 112/97 el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, relacionado con el expediente auxiliar 818/97, expresó: ‘TERCERO. Son fundados los agravios anteriormente transcritos. En efecto, como aduce el recurrente, no es correcto que el Juez de Distrito tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, estableciendo que el promovente no cumplió con el requerimiento hecho en acuerdo de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para que acreditara fehacientemente la personalidad con que se ostentó, en virtud de no haber acompañado el instrumento notarial que refirió en el escrito de demanda y para que exhibiera tres copias del escrito aclaratorio; lo anterior, porque en el cuaderno auxiliar número 818/97, formado con motivo de la demanda de amparo que se tuvo por no interpuesta, obra el escrito en el que Miguel Ángel Escutia Navarro, quien promovió el amparo ostentándose como apoderado del quejoso, manifiesta que en desahogo de la prevención de referencia, exhibe el original del testimonio de la escritura número 50,812, otorgada ante la fe del notario público interino número siete del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, en la cual dijo constaba la personalidad con la que se ostentó, por lo que ello era suficiente para tener por cumplimentado el requerimiento, sin que obste que el promovente no exhibiera las copias del escrito aclaratorio (sic) que se le exigieron en el acuerdo de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, pues en principio, se advierte que el requerimiento no se hizo para que Miguel Ángel Escutia Navarro aclarara el escrito de demanda, sino para que acreditara su carácter de apoderado del quejoso exhibiendo el poder notarial que mencionó, y por ello, resultó intrascendente que no exhibiera las copias exigidas a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo, ya que tales disposiciones legales sólo tienen aplicación cuando se trata de la aclaración de la demanda, por ser dicha aclaración parte integrante de aquélla, lo que no es el caso, por lo que no era aplicable la tesis del rubro: «DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA.», cuyo contenido se transcribe en el acuerdo recurrido; por otra parte, también resultó intrascendente que no se exhibieran copias del escrito por el que se cumplimentó el requerimiento, porque el aspecto de la personalidad que debía acreditarse en el juicio no trasciende a la litis constitucional, por cuanto que no se pidió la aclaración de un hecho a un aspecto relacionado directamente con el contenido de la demanda; por el contrario, se trata de una cuestión que atañe únicamente al promovente del amparo y, en su caso, al Juez de Distrito por cuanto que, de no acreditarse la personalidad del promovente en los términos exigidos, el juicio resultaría improcedente y así lo tendría que resolver el juzgador, lo que obviamente sólo perjudicaría al quejoso y de ninguna manera a la contraparte de éste, por lo cual tampoco se justifica que el a quo requiera la exhibición de copias del escrito con el que se cumpliera el requerimiento.’. Se remiten copias de las resoluciones dictadas en los tocas de referencia. Hago de su conocimiento lo anterior, señor Ministro, para el caso de que, si lo estima pertinente, ejerza la facultad de denunciar que la Ley de Amparo le otorga. Le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 31 de marzo de 1998. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. Lic. Rolando Rocha Gallegos."
SEGUNDO. Por auto de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de esta Segunda Sala procedió a denunciar la posible contradicción de tesis a que se ha hecho referencia, ordenó formar y registrar el expediente relativo, al que le correspondió el número 57/98 de la Segunda Sala, dar vista al procurador general de la República por el término de treinta días para que manifestara lo que a su representación conviniera y turnar los autos al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no obstante la vista que se le dio, no formuló pedimento legal alguno.
En sesión de tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la Segunda Sala señaló que el tema de la contradicción denunciada deriva de los casos en los que se manda aclarar la demanda de amparo con el propósito de que el promovente acredite su personalidad, y consiste en determinar si para dar cumplimiento a dicho requerimiento es indispensable que el promovente exhiba las copias correspondientes del escrito aclaratorio, o bien, esta exigencia resulta innecesaria; motivo por el cual, al tratarse de un tema común y no estrictamente laboral, determinó carecer de competencia legal para conocer de la denuncia de contradicción de tesis y ordenó remitir el expediente al Tribunal Pleno.
Mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó el presente asunto, ordenó que se formara el expediente de contradicción de tesis 9/2000-PL y que se turnara el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para la formulación del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Carta Magna, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se trata de la denuncia de posible contradicción de tesis que sustentaron el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en relación con un tema jurídico común.
Esta consideración se apoya en la jurisprudencia sostenida por este Tribunal Pleno, que con el número P./J. 136/99, aparece publicada en la página 5, Tomo X, diciembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no debe interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que ‘no sean de la competencia exclusiva de las Salas’."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en proveído de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, dictado en el toca 57/98, formado con motivo del oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente el contenido de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
El criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RT. 727/97, promovido por Almacenes del País, S.A. de C.V., en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:
"PRIMERO. El acuerdo que se revisa se resolvió con apoyo en las siguientes consideraciones: ‘Agréguese el escrito y anexo de cuenta presentado por Mario Manuel Díaz López, Pedro Valdez Pérez, Alberto Vargas Vázquez y José Luis Rojas Cortés, mediante el cual pretenden desahogar el requerimiento formulado en autos. Por auto de fecha dos del mes y año en curso, se les requirió a los promoventes acreditaran fehacientemente su personalidad, debiendo además, exhibir cinco copias del escrito aclaratorio. Ahora bien, no ha lugar a tener por desahogada la prevención, tomando en consideración que los promoventes anexan a su escrito aclaratorio el testimonio del poder notarial con el que acreditan su personalidad; sin embargo, no cumplieron en lo relativo a la parte del acuerdo que les previene, exhiban cinco copias del escrito aclaratorio. Sirve de apoyo la tesis consultable a fojas 168 y 169 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados de Circuito, de los meses de enero a junio de mil novecientos noventa, del siguiente tenor: «DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El artículo 120 de la Ley de Amparo establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, e integrar el incidente de suspensión, y si bien esta disposición no se refiere expresamente a <escritos aclaratorios>, y sólo habla de demandas, sin embargo, es de estimar que tales supuestos no son distintos, y el primero forma parte de la propia demanda, porque en él se aclara cuando algún punto de que se trata es confuso o incompleto, o se amplía en los mismos; por ello es que la disposición en comento es aplicable en la especie, porque esos conceptos, demanda y aclaración, no pueden desvincularse.». Por lo que en virtud de que en el acuerdo de dos de julio del año en curso, se le requirió exhibieran (sic) cinco copias del escrito aclaratorio, como en la especie no cumplió con este requerimiento, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, procede tener por no interpuesta la demanda de amparo. Sin que haya lugar a notificar personalmente dicho proveído al promovente, en atención a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 55, jurisprudencia 12/96, emitida en sesión de ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, al resolver la contradicción de tesis 132/91, que en lo conducente se transcribe: «... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.». Háganse las anotaciones correspondientes en la estadística del juzgado. Notifíquese.’. SEGUNDO. La recurrente expresó como agravios los siguientes: ‘1. La resolución de fecha quince de julio del año en curso dictada dentro del cuaderno auxiliar número 528/97 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral del Distrito Federal, nos causa un agravio de carácter irreparable. En efecto, en primer lugar, el Juez Federal no toma en consideración lo presto (sic) por el artículo 13 de la Ley de Amparo vigente, que en su parte conducente dispone: «Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.». Ahora bien, el motivo de esta prevención es hacer que el Juez del conocimiento del amparo respete la facultad de la autoridad responsable para tener o no por justificada la personalidad (derivada) de los interesados, es decir, del quejoso o del tercero perjudicado, principalmente para lograr que no se desvíe su cometido constitucional, en el sentido de analizar únicamente, sin importarle las cuestiones de fondo o accidente (sic) de la incumbencia, de la autoridad responsable, la constitucionalidad del acto reclamado. La disposición contenida en el mencionado artículo está confirmada por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que asienta que: «No hay motivo para desconocer la personalidad del quejoso, cuando ha sido reconocida por las autoridades responsables ...». Visible en el Apéndice al Tomo XCVII, tesis 784; Apéndice al Tomo CXVIII, tesis 764 y 135 de la compilación 1917-1965 y 134 del Apéndice 1975, materia general, tesis 204 del Apéndice 1985. En conclusión, el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé la hipótesis en que la personalidad del representante, apoderado y mandatario del quejoso se haya reconocido por la autoridad responsable sin que, ante ésta, tal personalidad se hubiese controvertido. La personalidad de los suscritos quedó debidamente demostrada desde el escrito inicial de demanda de garantías, pues en el capítulo respectivo del acto reclamado, fue señalado como tal el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, dictado dentro del expediente número 24/92 relativo al juicio ordinario laboral, promovido por Jaime Pacheco Quintana en contra de nuestro poderdante y/o de quien resulte responsable de la relación laboral. Máxime que en dicha demanda de amparo se transcribió textualmente el acuerdo que constituye el acto reclamado, y donde se menciona que el licenciado Mario Miguel Díaz López, como apoderado de Almacenes del País, S.A. de C.V., formula el escrito de fecha tres de febrero del año en curso, y que a dicho escrito recae el acuerdo referente de que no ha lugar a lo solicitado por las razones que se transcribieron en ese apartado de la demanda. En consecuencia, el mismo acto reclamado acreditaba la personalidad de los promoventes, por lo que no era necesario el requerimiento hecho por resolución de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, pues contradice el espíritu del artículo 13 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dispone el artículo 120 de la Ley de Amparo: «Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley.». Desprendiéndose de una estricta interpretación del numeral antes invocado que éste se refiere única y exclusivamente a «demandas» y no a «escritos aclaratorios», supuestos totalmente distintos, como erróneamente y sin fundamento jurídico alguno lo considera el a quo, rompiendo con el principio de derecho ubi lex non distinguit nec nostrum est distinguire (cuando la ley no distingue tampoco nos incumbe distinguir), por lo que el a quo, al reconocer la personalidad que ostentamos los quejosos, como en la especie aconteció por resolución de fecha quince de julio del año en curso, y al percatarse de que existía alguna irregularidad, debió prevenir a los promoventes, en cumplimiento al principio de equidad y de prosecución oficiosa contenido en el artículo 157 de la Ley de Amparo (el cual faculta al juzgador de Distrito cuidar (sic) de que los juicios de amparo no queden paralizados, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia) a llenar los requisitos omitidos, mandando hacer las aclaraciones correspondientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente. Dispone el artículo 146 de la Ley de Amparo: «Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresa (sic) con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días ...»; en efecto, al no existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la demanda de garantías, el a quo debió prevenir a los quejosos a llenar los requisitos omitidos correspondientes, y no proceder a tener por no interpuesta la demanda de amparo, pues para esto debió fundarse en razones de improcedencia de la acción constitucional, pues si bien es cierto que por resolución de fecha dos de julio del año en curso, se requirió a los quejosos acreditar en términos de ley la personalidad que ostentan y a presentar cinco copias del escrito aclaratorio, también es cierto que por escrito de fecha catorce de julio del año en curso, y recibido a través de la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral del Distrito Federal el mismo día, se dio cumplimiento en lo sustancial acreditando el interés jurídico en forma fehaciente de los quejosos al requerimiento hecho por resolución de dos de julio del año en curso, acreditando la personalidad que ostentamos los quejosos permitiendo al a quo estudiar la procedencia de la demanda de garantías y de percatarse que no existía causa legal de improcedencia, debió considerar la omisión a una formalidad secundaria y previo a tener por no interpuesta nuestra demanda de garantías, debió prevenirnos a exhibir las copias faltantes. A este respecto tiene aplicación la tesis consultable a fojas 728 y 729 del Semanario Judicial de la Federación y Acuerdos (sic), febrero de 1997, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 543, página 360, que a la letra dice: «DEMANDA DE GARANTÍAS, ACLARACIÓN DE LA. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ACOMPAÑAR COPIAS DE TRASLADO. Si la Juez de Distrito requirió al quejoso la aclaración de la demanda de garantías, cumpliendo éste con el requerimiento en tiempo y forma, en cuanto a lo sustancial (nombre de la persona moral que ejercitaba la acción constitucional), pero sin anexar copias de tal ocurso, resulta injusto que por la omisión de una formalidad secundaria o externa, se prive al amparista del derecho de promover su acción al desecharse su demanda. A esta conclusión se llega por dos razones: la primera, relativa a la trascendencia jurídica del requerimiento de aclaración, que una vez desahogado, permite al juzgador integrar correctamente el expediente respectivo, al contar con el nombre preciso del peticionario; situación diametralmente opuesta a la falta de copias del escrito explicativo, puesto que esta omisión se enmienda al correrse traslado a las partes con el auto que recaiga al documento por el cual se perfeccionó la demanda de amparo. La segunda, referida a la importancia del escrito de aclaración. En este sentido, si se consideró la imperiosa necesidad de que las partes conocieran el ocurso, previo al desechamiento de la instancia debió prevenirse al agraviado para que exhibiera las copias faltantes.». Por lo que es procedente recurrir las transgresiones realizadas por el a quo a los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo vigente, así como a los principios esenciales de derecho enunciados en el presente recurso de revisión. En consecuencia de lo anterior, debe revocarse la resolución de fecha quince de julio del año en curso, dictándose otra en su lugar en la que se nos admita nuestra demanda de garantías, y se le dé el trámite correspondiente.’. TERCERO. Los agravios resultan en una parte inatendibles y en otra infundados. Para mayor claridad en la exposición es menester hacer una relación sucinta de las constancias del cuaderno de amparo donde se dictó el auto impugnado. Almacenes del País, S.A. de C.V., por conducto de sus apoderados, promovió juicio de amparo directo contra autos de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por contener (sic) violaciones de los artículos 14 y 16 constitucionales. Por razón de tiempo (sic), correspondió conocer del amparo al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal, quien dictó un acuerdo el dos de julio de mil novecientos noventa y siete, al tenor siguiente: ‘Vista la demanda de garantías que promueve Almacenes del País, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quienes se ostentan como sus apoderados, Mario Manuel Díaz López, Pedro Valdez Pérez, Alberto Vargas Vázquez y José Luis Rojas Cortés, contra actos de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se requiere a Mario Díaz López, Pedro Valdez Pérez, Alberto Vargas Vázquez y José Luis Rojas Cortés, para que dentro del término de tres días contados al siguiente al en que surta efectos la notificación, acrediten en términos de ley, la personalidad con que se ostentan, porque no consta que quien les otorgó el poder tenga facultades para hacerlo. Además de presentar cinco copias del escrito aclaratorio, necesarias para distribuirlas entre las partes. Se les apercibe que en caso de no cumplir con lo ordenado se tendrá por no interpuesta la demanda. Notifíquese personalmente.’. Los promoventes del amparo presentaron ante el Juez de Distrito una promoción que en su parte conducente expresa: ‘Por otra parte y en cumplimiento al requerimiento de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo vigente, procedemos a exhibir copia certificada por notario de la escritura dos mil cuatrocientos uno, volumen treinta y seis, de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, en donde consta que las personas que nos otorgan poder general para pleitos y cobranzas, de la sociedad mercantil denominada Almacenes del País, S.A. de C.V., tienen plena facultad para ello, de conformidad con las inserciones que obran en el poder en mención. En consecuencia, se admita (sic) la demanda de garantías para su tramitación y se requiera a las autoridades responsables rindan su informe con justificación. Independientemente de lo anterior, los suscritos tenemos reconocida la personalidad que ostentamos ante la autoridad responsable ordenadora, como lo prevé el artículo 13 de la Ley de Amparo vigente.’. Con fecha quince de julio de mil novecientos noventa y siete, el Juez de Distrito tuvo por no interpuesta la demanda en razón de que si bien los promoventes exhibieron el testimonio notarial a fin de acreditar su personalidad, no cumplieron el requerimiento en sus términos al no haber acompañado las copias del escrito aclaratorio que le fueron solicitadas. El recurrente aduce en primer término que el Juez de Distrito no tomó en consideración lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Amparo que dispone que cuando a juicio de los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, dicha personalidad será admitida en el juicio de amparo para los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas y que la personalidad de los promoventes quedó demostrada desde el escrito inicial de la demanda de garantías, porque en el capítulo del acto reclamado se señaló como tal, el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, relativo al juicio laboral 24/92, habiéndose transcrito textualmente el mismo, en el cual se menciona que el Lic. Mario Manuel Díaz López, es apoderado de Almacenes del País, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por ello considera que en el mismo acto reclamado acredita la personalidad del promovente y que por tanto no era necesario el requerimiento formulado en acuerdo del dos de julio de mil novecientos noventa y siete. Resulta inatendible el anterior agravio en razón de que sus argumentos tienden a combatir el apercibimiento decretado en auto de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, acuerdo diverso al impugnado; por lo que este tribunal se ve impedido para analizar los mismos. Por otra parte, la recurrente aduce que el acuerdo del quince de julio de mil novecientos noventa y siete es ilegal, porque el artículo 120 de la Ley de Amparo se refiere exclusivamente a demandas y no a escritos aclaratorios, supuestos totalmente distintos, y que si el Juez de Distrito reconoció la personalidad del promovente en el acuerdo de quince de julio de mil novecientos noventa y siete, al percatarse de que existía una irregularidad, debió prevenirle en cumplimiento al principio de equidad y de prosecución oficiosa contenido en el artículo 157 de la Ley de Amparo. Resulta infundado el agravio en comento. Lo anterior es así porque si el Juez de Distrito requirió a los promoventes para que acreditaran su personalidad y exhibieran cinco copias del escrito aclaratorio, apercibiéndolos que de no hacerlo se tendría por no interpuesta la demanda y éstos cumplieron en forma parcial el requerimiento de referencia, es correcto que el Juez hiciera efectivo el apercibimiento decretado, pues, se insiste, el Juez de Distrito requirió dos cuestiones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7160-9fa0b1ff/demanda-de-amparo-indirecto-el-escrito-inicial-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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