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RECURSO DE QUEJA 7/2012-CA. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN, ESTADO DE OAXACA. 12 DE MARZO DE 2015. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de marzo de dos mil quince.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Presentación del recurso. Por oficio recibido el nueve de noviembre de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito López Zárate, en su carácter de Síndico del Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, interpuso recurso de queja en contra del Gobernador, Secretario General de Gobierno y del Secretario de Finanzas, todos de la entidad, por haber incurrido en una violación a la suspensión otorgada por el Ministro instructor mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil doce, en la controversia constitucional 96/2012.
SEGUNDO.- Antecedentes. Benito López Zárate, quien se ostentó como síndico del municipio recurrente, el doce de septiembre de dos mil doce, promovió controversia constitucional en contra de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad, e impugnó la invalidez de los siguientes actos:
A) La pretensión u órdenes dictadas con el objeto de privar del cargo que ostentan todos y cada uno de los integrantes del ayuntamiento que entraron en funciones el primero de enero de dos mil once y que concluyen el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
B) El decreto mediante el que se pretende desaparecer al ayuntamiento.
C) La orden de suspensión, retención, dilación e impedimento de la entrega de las participaciones correspondientes al ramo 28 y las aportaciones del ramo 33, fondo III y IV del Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponden al municipio actor.
Efecto de la medida cautelar. El trece de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda(1) y concedió la medida cautelar solicitada por el síndico del municipio recurrente,(2) para el efecto de preservar la materia del juicio; así la medida cautelar se concedió para el efecto de que no se ejecutara la "suspensión provisional" del ayuntamiento que prevé el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la consecuente separación del cargo de sus integrantes, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre el fondo del asunto, ello sin perjuicio de que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca pudiera continuar, en su caso, con la instrucción del procedimiento de desaparición del ayuntamiento. Asimismo, la medida cautelar se concedió para que no se interrumpiera la entrega de los recursos económicos estatales y federales que le correspondieran al municipio actor, por conducto de la persona o personas que legalmente se encontraran facultadas para ello. En este punto, el efecto fue para que el Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Secretario de Finanzas del Gobierno de la entidad, no ejecutara cualquier orden o acuerdo que tuviera como finalidad retener los recursos económicos que legalmente le correspondieran al municipio actor, hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto. El auto por el que se concedió la medida cautelar, en la parte que interesa, indica lo siguiente:
"En México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil doce. --- [...] Tercero. Los artículos 14 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que se deben tomar en cuenta los elementos que sean proporcionados por las partes, así como las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, a fin de proveer sobre la petición de suspensión de los actos impugnados. --- Del estudio integral de la demanda se aprecia que la medida cautelar se solicita para que no se prive del cargo a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio actor con motivo del procedimiento de desaparición de ese órgano de gobierno municipal, que presuntamente se sigue ante el Congreso del Estado; asimismo, para que no se suspenda la entrega de los recursos estatales y federales que constitucional y legalmente le corresponden. --- En consecuencia, atendiendo a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede conceder la suspensión, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, por lo que respecta a la 'suspensión provisional' del Ayuntamiento que prevé el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y la consecuente separación de sus integrantes, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del presente asunto. --- Lo anterior sin perjuicio de que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda instruir, en su caso, el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, dado que esa atribución constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano, prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que la medida cautelar tiene por efecto que, durante dicho procedimiento, el órgano legislativo estatal se abstenga de aplicar y, en su caso, ejecutar la medida provisional a que alude el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, consistente en la suspensión provisional del Ayuntamiento y la consecuente separación de sus integrantes por virtud de dicha medida o con motivo de la resolución definitiva que, en su caso se dicte, pues de ejecutarse esos actos se dejaría sin materia el fondo del asunto. --- Asimismo, procede conceder la suspensión para que no se interrumpa la entrega de los recursos económicos estatales y federales que le correspondan al Municipio actor, por conducto de la persona o personas que legalmente se encuentren facultadas para ello. --- En ese sentido, dado que la materia de la suspensión se refiere exclusivamente a los efectos del acto impugnado, la medida cautelar se concede para el efecto de que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través del Secretario de Finanzas estatal no ejecute cualquier orden o acuerdo, que tenga como finalidad retener los recursos económicos que legalmente le corresponden al Municipio actor, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, puesto que, de no ser así, se estaría afectando gravemente a la sociedad, ante la imposibilidad de que el órgano de gobierno municipal pueda prestar los servicios públicos que constitucional y legalmente tiene encomendados; por tanto, dicha autoridad deberá dictar las medidas necesarias para que le sean ministrados los recursos económicos que le corresponden al Municipio, por conducto de las personas autorizadas al efecto. --- Esta medida cautelar deberá hacerse efectiva por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por sí o a través de sus órganos subordinados. Lo anterior, en virtud de que el Municipio actor cuestiona las facultades de dichas autoridades, para ordenar la retención de los recursos económicos que constitucional y legalmente le corresponden, por lo que dada la finalidad de este procedimiento constitucional, se concede la suspensión en los términos ya precisados, a fin de salvaguardar la tutela jurídica respecto de la integración del Ayuntamiento y la continuidad en el ejercicio de sus funciones de gobierno, hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto. --- Cabe precisar que con la medida cautelar concedida no se afecta la seguridad ni economía nacionales, puesto que únicamente se pretende salvaguardar la autonomía municipal, tampoco se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que se respetan los principios básicos que derivan de la Constitución Federal, que rigen la vida política, social o económica del país. Asimismo, con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad, con relación al beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida. --- En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional, y a la naturaleza de los actos impugnados, con apoyo en los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones legales antes citadas, se acuerda: --- I. Se concede la suspensión solicitada por el Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, en términos de este proveído. --- II. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parte actora exhiba garantía. --- Notifíquese [...]".
En sesión pública de veinticuatro de abril de dos mil trece, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, dictó sentencia en la controversia constitucional 96/2012, en el sentido siguiente:
"PRIMERO.- Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.- Se sobresee respecto de los actos precisados en el apartado IV relativo a la existencia de los actos impugnados.
TERCERO.- Se declara que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca ha entregado de manera extemporánea al municipio actor los recursos federales que le correspondían y con ello ha generado una violación al artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca deberá proceder en términos de lo previsto por el apartado X relativo a los efectos de la presente sentencia".
TERCERO.- Conceptos de agravio. La parte recurrente adujo expresamente los siguientes argumentos:
"Por determinación de trece de septiembre pasado formó y registró el incidente de suspensión y en la parte que interesa, determinó: 'En consecuencia, atendiendo a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, procede conceder la suspensión, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, por lo que respecta a la 'suspensión provisional' del Ayuntamiento que prevé el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y la consecuente separación de sus integrantes, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncie respecto del fondo del presente asunto. Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, pueda instruir, en su caso, el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, dado que esa atribución constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano, prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que la medida cautelar tiene por efecto que, durante dicho procedimiento, el órgano legislativo estatal se abstenga de aplicar y, en su caso, ejecutar la medida provisional a que alude el artículo 59 de la Ley Orgánica del Estado de Oaxaca, consistente en la suspensión provisional del Ayuntamiento y la consecuente separación de sus integrantes por virtud de dicha medida o con motivo de la resolución definitiva que, en su caso se dicte, pues de ejecutarse esos actos se dejaría sin materia el fondo del asunto. Asimismo, procede conceder la suspensión para que no se interrumpa la entrega de los recursos económicos, estatales y federales que le correspondan al Municipio actor, por conducto de la persona o personas que legalmente se encuentran facultadas para ello. En ese sentido, dado que la materia de la suspensión se refiere exclusivamente a los efectos del acto impugnado, la medida cautelar se concede para el efecto de que el Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, a través del Secretario de Finanzas estatal no ejecute cualquier orden o acuerdo, que tengan como finalidad retener los recursos económicos que legalmente le corresponden al Municipio actor, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, puesto que, de no ser así, se estaría afectando gravemente a la sociedad, ante la imposibilidad de que el órgano de gobierno municipal pueda prestar los servicios públicos que constitucional y legalmente tiene encomendados; por lo tanto, dicha autoridad deberá dictar las medidas necesarias para que le sean ministrados los recursos económicos que le corresponden al Municipio, por conducto de las personas autorizadas al efecto. Esta medida cautelar deberá hacerse efectiva por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, por sí o a través de sus órganos subordinados. Lo anterior, en virtud de que el Municipio actor cuestiona las facultades de dichas autoridades, para ordenar los recursos económicos que constitucional y legalmente le corresponden, por lo que dada la finalidad de este procedimiento constitucional, se concede la suspensión en los términos ya precisados, a fin de salvaguardar la tutela jurídica respecto de la integración del Ayuntamiento y la continuidad en el ejercicio de sus funciones de gobierno, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto...' --- Hemos concurrido como representantes electos en asamblea comunitaria el Presidente del Ayuntamiento, con el objeto de que en la forma acostumbrada, bien conocida por este Alto Tribunal, se nos entreguen los recursos de los diversos ramos que les corresponden al Municipio agraviado, sin embargo, la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos, aduciendo diversos pretextos, como son instrucciones superiores del Titular del Poder Ejecutivo y del Secretario General de Gobierno, quien canalizo los acuerdos violatorios de la suspensión, 'por oficio', en una actitud concertada de las usadas por el Gobierno del Estado, para eludir 'jurídicamente', el cumplimiento de las determinaciones de este Tribunal Constitucional con el propósito de que llegue el periodo de elecciones del año que entra y entren nuevas autoridades que, son parte del grupo que ahora patrocinan en la oscuridad para que litigue en nuestra contra en este juicio. --- Con estas omisiones y actos, las autoridades del Poder Ejecutivo, hacen nugatoria la suspensión otorgada, porque de hecho con las determinaciones que han tomado y están ejecutando, ya de facto, está aplicando la suspensión provisional del Ayuntamiento a que se refiere en su propia determinación de suspensión, afectando la situación jurídica, y su interés como parte actora en el principal, causándole un daño irreparable, por las razones señaladas, pues se está separando con esos actos, de sus cargos, a los integrantes del ayuntamiento; pero además, han interrumpido la entrega de los recursos económicos estatales y federales que le corresponden al municipio actor, pues se los han negado a las personas por él autorizadas, materializándose los efectos de los actos impugnados, con lo que se actualiza a su vez, la VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DECRETADA que hace procedente la queja y fundados los motivos invocados. --- Por ello, se solicita se proceda a admitir el recurso; se requiera a las autoridades contra las que se interpone la queja para que dentro de un plazo de quince días, informen haber dejado sin efecto los actos que le dan lugar al recurso, por violación de la suspensión; rindan un informe y ofrezca pruebas de ello, haciéndoles saber que la falta o deficiencia de este informe, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a cientos ochenta días de salario. --- Que transcurrido el término señalado en el párrafo anterior siempre que subsísta la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo precedente, se fije la fecha para la celebración de una audiencia dentro de los diez días siguiente a fin de que se desahoguen las pruebas y se formulen por escrito los alegatos. --- Sin revocar la designación que tengo hecha de Delegados, en los términos del artículo 11 de la Ley en cita, pido se tenga como tales a los Licenciados Jorge Eduardo Franco Jiménez, Graciela Ramírez Luna, Alfredo René Vásquez Soriano, quienes cuentan con cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito."
CUARTO.- Tramitación del recurso de queja. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil doce, el Ministro instructor José Ramón Cossío Díaz admitió a trámite el expediente de queja que nos ocupa, determinó su admisión y requirió a los Secretarios General de Gobierno y de Finanzas, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que "[...] deje sin efectos la norma general o acto que diera lugar al recurso o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas [...]".
QUINTO.- Informe de las autoridades. En cumplimiento al requerimiento formulado, las autoridades relacionadas informaron lo siguiente:
a) El Subsecretario de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,(3) señaló que no se violó el auto de suspensión, ya que no existen recursos pendientes de ministrar al municipio, como son los relativos al ramo 28 y los correspondientes al ramo 33, fondo III y IV, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales se han entregado en tiempo y forma.
b) Lo anterior, se corrobora con los recibos oficiales que comprueban los pagos realizados al municipio por concepto de participaciones y aportaciones fiscales federales correspondientes a los meses de agosto a noviembre de dos mil doce, mismos que fueron expedidos hasta el diez de diciembre de dos mil doce por la tesorera municipal del municipio recurrente.
c) Por su parte, el Subsecretario Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, aunque de forma extemporánea, negó la existencia del acto impugnado, en virtud de que dicha secretaría no tiene atribuciones para decretar la no entrega de los recursos que le corresponden al municipio por lo que ha acatado la suspensión.(4)
SEXTO.- Audiencia y cierre de instrucción. Se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos(5) a que alude el artículo 57, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de la materia, por lo que se puso el expediente en estado de resolución para que el Ministro instructor elaborara el proyecto respectivo.
SÉPTIMO.- Solicitud de desistimiento del recurso. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil trece, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa María Chimalapa, Juchitán, estado de Oaxaca, formuló solicitud de desistimiento del presente recurso de queja.
OCTAVO.- Cabe señalar que, dado que el presente recurso de queja se encontraba listado para analizarse por el Tribunal Pleno en la sesión pública de diecinueve de septiembre de dos mil trece, el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio cuenta al Tribunal Pleno, tanto del proyecto propuesto para la resolución del recurso de queja como del escrito de desistimiento presentado. En dicha sesión pública, a solicitud del Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, el Tribunal Pleno acordó el retiro del proyecto.
Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil trece, el ministro instructor agregó al expediente el citado escrito de solicitud de desistimiento y acordó que "en su momento se decidirá lo que en derecho proceda al dictarse la resolución correspondiente por el Tribunal Pleno, por tratarse de un asunto cuya instrucción concluyó al celebrarse la audiencia de ley".
Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil trece, se agregó al expediente el escrito y anexos de Gerardo Cajiga Estrada, quien de autos se advierte que ostentaba el cargo de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mediante el cual exhibe diversas documentales.
En sesión plenaria celebrada el doce de junio de dos mil catorce el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz sometió a la consideración del Tribunal Pleno el proyecto del presente recurso de queja en el sentido de declararlo fundado. Por mayoría de seis votos, se desechó el proyecto de resolución del recurso de queja de mérito y se returnó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para la formulación de un nuevo proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO.- Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de queja derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 96/2012, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 58, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Procedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, a continuación se analizará la procedencia del presente recurso de queja.
En términos del artículo 55, fracción I,(6) de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso de queja es procedente en contra de la parte demandada o de cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya otorgado la suspensión de los actos impugnados.
De este numeral destaca que la procedencia del recurso que nos ocupa está acotada al cuestionamiento de las actuaciones desplegadas por quienes tienen reconocido el carácter de demandado en la controversia constitucional de la que deriven o bien, para combatir las llevadas a cabo por cualquier otra autoridad vinculada al cumplimiento del auto o resolución que conceda la suspensión de los actos cuya invalidez se demanda.
En el caso concreto, este recurso de queja fue interpuesto en contra del Gobernador, Secretario General de Gobierno y del Secretario de Finanzas, todos del Estado de Oaxaca, y si bien estas dos últimas autoridades que dependen del Poder Ejecutivo de la entidad, no se tuvieron como demandadas en la controversia, lo cierto es que se les imputan directamente actos violatorios de la suspensión concedida por el ministro instructor en la controversia de la deriva este asunto, por lo que no cabe duda que la queja es procedente, ya que se interpuso antes de que se fallará la controversia en lo principal.(7)
No es obstáculo para la procedencia de este recurso, el hecho de que en sesión pública de veinticuatro de abril de dos mil trece, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia haya fallado la controversia 96/2012, pues es criterio de este Tribunal Pleno que el recurso de queja no queda sin materia si durante su tramitación, la controversia constitucional de la que deriva es resuelta, ya que la responsabilidad de la autoridad nace en el momento en el que no acata la resolución en la que se otorgó la suspensión;(8) de ahí que aun en el caso de que hayan cesado los efectos de la medida cautelar por haberse resuelto el juicio en lo principal, tal circunstancia no obsta para determinar si existió o no contumacia de la autoridad y, de resolverse en sentido afirmativo, se establezca su responsabilidad y consecuentemente se adopten las acciones pertinentes para que sea sancionada en los términos que fija el Código Penal para el delito de abuso de autoridad.(9)
TERCERO.- Oportunidad. Ahora procede analizar si el recurso de queja fue interpuesto oportunamente.
Conforme al artículo 56, fracción I,(10) de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso de queja podrá interponerse hasta en tanto se falle la controversia en lo principal cuando se trate de la fracción I del artículo 55 de la propia Ley Reglamentaria, esto es, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión.
Tomando en consideración que el recurso de que se trata fue presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de noviembre de dos mil doce,(11) y que en dicha fecha, no se había dictado sentencia definitiva en la controversia constitucional que dio origen al incidente de suspensión del que deriva este asunto, resulta que fue interpuesto oportunamente.(12)
CUARTO.- Legitimación. Acto continuo, se analizará la legitimación de quien interpone el presente recurso de queja.
El presente recurso de queja se interpuso por parte legitimada, pues lo suscribe el Síndico del Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, del Estado de Oaxaca, quien representa al citado municipio, mismo funcionario que promovió la controversia constitucional y solicitó la medida cautelar de la que deriva el presente recurso de queja.(13)
QUINTO.- Sobre la solicitud de desistimiento del recurso. Como se precisó en el resultando Séptimo de esta ejecutoria, por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil trece, el Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca formuló solicitud de desistimiento del presente recurso de queja.
Al efecto, debe precisarse que sobre este tema ya se pronunció el Tribunal Pleno ya que, al resolver el recurso de queja 1/2012-CC, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 49/2012, en sesión pública de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, por unanimidad de nueve votos, determinó esencialmente que:(14)
a) Aun cuando la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no prevé de manera expresa la figura del desistimiento de los diversos recursos que en ella se contienen, dicha circunstancia no impide a los promoventes de un recurso manifestar, en cualquier etapa de su trámite, su voluntad de no proseguir con esos medios de defensa por medio de esa figura procesal.
b) Lo anterior, porque si la controversia constitucional se sigue a instancia de parte -es decir, a petición de cualquiera de los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 fracción I de la Constitución Federal-, y dicha parte a su vez puede desistirse del medio de control, de conformidad con el artículo 20, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia,(15) entonces por mayoría de razón, puede desistirse de los recursos que deriven de su tramitación, por ser accesorios de la acción principal.
c) No obstante lo anterior, para determinar la procedencia del desistimiento de los diferentes recursos que prevé la Ley Reglamentaria de la materia, debe atenderse a la finalidad que estos persiguen en la tramitación de las controversias constitucionales. En el caso del recurso de queja que se promueve por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto por el que se haya concedido la medida cautelar, su finalidad consiste en que el Alto Tribunal ordene los actos a ejecutar para lograr el cumplimiento del auto de suspensión, por lo que, no debe perderse de vista que lo que se busca es prevenir un daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal, y esto tiene su origen por mandato del Poder Reformador de la Constitución en la Ley.
d) Así entonces, la prosecusión y resolución de la queja es autónoma a la subsistencia del bien jurídico tutelado provisionalmente con aquella medida cautelar, pues la responsabilidad de la autoridad nace en el momento en el que no se acata la resolución en la que se otorga la suspensión; de ahí que aun en el caso de que hayan cesado los efectos de la suspensión por resolverse el juicio en lo principal, tal circunstancia no obsta para determinar si existió contumacia de la autoridad por cuanto hace a la desobediencia cometida y, de resolverse en sentido afirmativo, se establezca su responsabilidad y se adopten las acciones pertinentes para que sea sancionada en los términos que fija el Código Penal para el delito de abuso de autoridad, independientemente de cualquier otro delito o responsabilidad a que se refieren los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal.
e) Esta interpretación hace efectivo el propósito del Poder Reformador de la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro, consistente en que el Máximo Tribunal cuente con dos tipos de facultades, a saber: la relativa al imperio necesario para hacer que se cumpla con las resoluciones que se dictan y la concerniente a la posibilidad de sancionar constitucionalmente a quien incurra en desacato de sus determinaciones, entre ellas, las que otorgan la suspensión.(16)
f) Además, si el recurso de queja tiene por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte que la actuación de una autoridad está violentando, excediendo o cumpliendo defectuosamente el auto por el que se concedió una suspensión y, a su vez, por mandato constitucional expreso la propia Suprema Corte tiene facultades para hacer que se cumplan las resoluciones que dicta, entonces no resulta procedente, en estos casos, el desisitimiento que realice el promovente del recurso de queja.
g) Estimar lo contrario, equivaldría a que el actuar de la autoridad que en su momento se estimó incurrió en desacato quede incólume, pues a instancia de otra, no habría lugar a que la Suprema Corte se pronunciara sobre un presunto desacato
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80154-4a98a535/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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