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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4436/2015. · Registro digital (IUS): 80187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Versión electrónica, Pág. 10.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4436/2015. ********** O **********. 7 DE MARZO DE 2016. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de marzo de dos mil dieciséis.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escritos presentados el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce y cinco de enero de dos mil quince en la Oficialía de Partes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ********** o **********, por conducto de su defensor particular el primero y por su propio derecho el segundo, presentó demanda de amparo y escrito de ampliación a la misma, respectivamente, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Autoridades responsables: La Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su calidad de autoridad responsable ordenadora; así como la Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves,(1) como ejecutora.

Actos reclamados: De la autoridad responsable ordenadora, reclama la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca **********; y de la ejecutora, reclama el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia.

Al ampliar la demanda reclamó: del Jefe de Gobierno la promulgación, expedición y publicación del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, del Secretario de Gobierno la sanción del decreto de publicación y entrada en vigor del numeral mencionado y de la Asamblea Legislativa la aprobación del artículo señalado, todas las autoridades referidas del Distrito Federal.

SEGUNDO. Derechos violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1; 24 y 25, numeral 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo Presidente admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación, mediante proveído de diez de febrero de dos mil quince, registrándola con el expediente **********.(2)

Seguidos los trámites procesales correspondientes, el órgano colegiado dictó sentencia el veinticinco de junio de dos mil quince, en la que, por una parte, sobreseyó, y por la otra, concedió el amparo solicitado.(3)

CUARTO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil quince en la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el defensor particular de la quejosa ********** o **********, interpuso recurso de revisión.

Por auto de once de agosto siguiente, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito tuvieron por interpuesto el medio de impugnación mencionado y se ordenó remitir los autos del juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

QUINTO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la remisión anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil quince, ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el expediente 4436/2015, lo admitió y lo turnó para su conocimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de este Tribunal, por corresponder a su especialidad, esto con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice, así como su radicación en la referida Sala.

SEXTO. Avocamiento de la Primera Sala. De esta forma, el Ministro Presidente de la Primera Sala, mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince, ordenó el avocamiento del recurso de revisión interpuesto y además, determinó enviar los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

SÉPTIMO. Remisión al Tribunal Pleno. En sesión de veinte de enero de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la remisión del asunto al Tribunal Pleno para su conocimiento.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Tribunal.(4) Lo anterior es así, toda vez que se trata de un amparo directo en revisión en el que subsiste la materia de constitucionalidad planteada; no obstante que el asunto se encontraba radicado en la Primera Sala, se acordó su envío a este Tribunal Pleno por tratarse de un tema de interés excepcional.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

De constancias de autos se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dictó la sentencia recurrida el veinticinco de junio de dos mil quince, y se notificó por medio de lista a la quejosa el quince de julio siguiente,(5) por lo que dicha notificación surtió sus efectos el tres de agosto de dos mil quince.

En consecuencia, el término de diez días para la interposición del recurso previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al diecisiete de agosto de dos mil quince, de los cuales deben descontarse del dieciséis al treinta y uno de julio de la referida anualidad, que precedieron al cómputo respectivo, uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto de dos mil quince, por ser inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo, 160 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, si el recurso de revisión se presentó el diez de agosto de dos mil quince, resulta inconcuso que es oportuno.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

I. Antecedentes.

1. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la Juez Décimo Noveno Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal dictó sentencia dentro de la causa penal **********, en la que consideró responsable a ********** o **********, por la comisión del delito de ultrajes a la autoridad, por lo que la condenó a lo siguiente:

a) Pena de prisión de un año tres meses.

b) Sesenta días multa, equivalente a ********** (**********).

c) Absolvió respecto de la reparación del daño.

d) Concedió la sustitución de la pena por una multa de ********** (**********).

e) Le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la pena, en el entendido de que de acogerse al referido beneficio tendría que exhibir una garantía por ********** (**********).

f) Ordenó que le fueran suspendidos sus derechos políticos.

2. Inconformes con la anterior determinación, la sentenciada, por conducto de su defensor particular, y el agente del Ministerio Público, interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales fueron radicados en la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el toca penal **********, la cual dictó sentencia el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en la que se modificó la resolución impugnada.

La citada modificación fue respecto del resolutivo quinto, en el que se precisó el momento en que comenzará a contar la suspensión de sus derechos políticos; asimismo, se incluyó que en caso de que la sentenciada se acogiera al sustitutivo de la pena de prisión, la referida suspensión no surtiría sus efectos. Confirmó los restantes resolutivos.

3. En desacuerdo con la determinación a la que arribó el Tribunal de Alzada, ********** o **********, por medio de su defensor particular, promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el expediente **********, en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y resolvió en sesión de veinticinco de junio de dos mil quince, por una parte, sobreseer, y por la otra, conceder el amparo solicitado.

II. Conceptos de violación. La parte quejosa -en la parte que interesa- hizo valer los siguientes argumentos:

Aduce que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal resulta inconstitucional e inconvencional ya que incumple con las directrices establecidas por los ordenamientos constitucionales e internacionales; asimismo, limita y restringe los derechos humanos de libertad de expresión, reunión, asociación, disenso y sobre todo la protesta social con fundamento en los artículos 1°, 103, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que solicita que la norma impugnada sea declarada inconstitucional, ya que su aplicación se utiliza para limitar y restringir los derechos humanos.

Que la descripción típica encasilla de manera indiscriminada diversas conductas, sin precisar de manera clara el criterio objetivo, o indicadores que justifiquen la adecuación de una conducta a la referida hipótesis normativa; esto es, que el legislador no razona ni motiva "en qué consisten los actos de 'ultraje' en contra de una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas" que deban ser sancionados, o si el ultraje se determina a partir de un criterio objetivo, o bien, a partir de la percepción del pasivo del delito, quien a su libre criterio determina cuándo se siente ultrajado o cuándo no. Tal ambigüedad deja al arbitrio del sujeto pasivo del delito, y en su caso de la autoridad persecutora, determinar qué es un ultraje.

Es el caso de la obscuridad de dicho precepto que se impugna, que ni siquiera se puede interpretar el concepto de "ultraje" a la luz de su valoración como elemento normativo, pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tampoco aclara tal significación, al señalar que un "ultraje" significa "desprecio o injurias a alguien" y, por otra parte, define "injuria" como "agraviar o ultrajar", lo que se vuelve una significación cíclica que nos remite a la definición originaria.

Que el tipo penal al no ser claro en su descripción permite la inexacta aplicación de la ley, ya que se debe observar que la conducta de realizar "maltratos verbales" no se encuentra tipificada como delito sino como una falta administrativa, ante ello es preciso que la finalidad que se persigue en el delito quede perfectamente delimitada para observar el principio de taxatividad de las normas penales.

III. Sentencia del tribunal colegiado. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en lo que interesa (inconstitucionalidad del artículo 287 Código Penal para el Distrito Federal), expuso las siguientes consideraciones:

A fin de estudiar el concepto de violación en comento, en seguida se procederá a transcribir el numeral 287 del ordenamiento sustantivo de la materia y fuero, que dice: (se copia).

Ahora bien, este tribunal señala que la taxatividad de las normas penales implica que su redacción debe ser clara y precisa, sin ambigüedad ni vaguedad. De modo que, el legislador debe cumplir con la exigencia constitucional de exacta aplicación de la ley, contenida en el artículo 14 constitucional que dice (se copia).

En efecto, en materia penal el principio de exacta aplicación de la ley obliga al legislador, en ejercicio de su función de creación normativa, establecer de manera precisa, clara y completa la descripción que de lo que la norma prevé.

Al efecto aplicó la tesis emitida por la Primera Sala cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."

Este requisito de exacta aplicación de la ley penal se traduce en la tipificación previa de la conducta o hecho que se reputen como ilícitos, y que el señalamiento de las sanciones también esté consignado con anterioridad al comportamiento incriminatorio.

Asimismo, respecto del principio de legalidad en materia penal, es conveniente precisar que éste no sólo obliga al legislador a declarar que un hecho es delictuoso, sino también a describir con claridad y precisión el hecho o la conducta que se considera delictiva; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Lo anterior es así, porque la máxima "nullum crimen sine lege" comprende necesariamente a las figuras típicas, ya que no puede ser respetado si previamente no existe una delimitación del contenido esencial, alcance y límites de los tipos penales.

En este sentido, es necesario tomar como punto de partida para analizar la constitucionalidad de cualquier tipo penal que el legislador no puede elaborar un catálogo y/o diccionario de conductas, porque es imposible agotar todas las variantes del actuar humano.

Ante esa realidad debe acudirse al recurso de crear tipos penales mediante expresiones lingüísticas abstractas y con ese objetivo, el legislador tiende a utilizar formulaciones que, por distintas vías y métodos de interpretación, puedan concretarse lo suficiente para establecer con claridad el ámbito de lo punible, sin rebasar los límites que propicien una aplicación arbitraria de la ley, es decir, sin dejar en una zona de penumbra ese ámbito de prohibición penal.

Citó la tesis P.IX/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva el siguiente epígrafe: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA."

Dicho lo anterior, este tribunal advierte que no es inconstitucional el artículo en comento, ya que su texto no vulnera la garantía de taxatividad consagrada en el numeral 14 de la Carta Magna, la cual se define como la exigencia de que los textos en los que se recojan normas sancionadoras, describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, pues en este sentido se trata de proteger la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho y en ese sentido, en la parte que el citado normativo dice: "al que ultraje a una autoridad...", contrario a lo que aduce la quejosa, la norma es clara al tipificar la conducta delictiva, no causa incertidumbre jurídica al gobernado, pues la propia norma no tiene que definir cada una de las palabras empleadas; para ello precisamente se debe atender a la propia definición de lo que se entiende por ultraje, es así que conforme la definición del diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, se define como:

Ultraje: injuria o desprecio.

Injuria: la imputación a alguien de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación.

Desprecio: Desaire desdén.

Por lo anterior, atendiendo a la propia definición, es es infundado que la descripción típica se encasilla en diversas conductas sin precisar de manera clara el criterio objetivo o indicadores que justifiquen la adecuación de una conducta a la referida hipótesis normativa ni que la conducta de ultraje quede a percepción del pasivo a su libre albedrio.

Apoyó sus consideraciones en la jurisprudencia 1a./J. 10/2006 cuyo título es: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR."

En ese sentido, se advierte que la norma señala de forma clara la conducta delictiva y por ese motivo no son aplicables al caso las tesis que cita bajo el rubro: "NORMAS PENALES EN BLANCO. SON INCONSTITUCIONALES CUANDO PERMITEN A OTRAS QUE NO TIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL." y "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, LOS ARTÍCULOS 144, FRACCIÓN II, 231 y 255, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL NO PRECISAR EN FORMA CLARA Y EXACTA LO QUE DEBE ENTENDERSE POR ESTADO DE EBRIEDAD, EN LOS DELITOS DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y LESIONES CAUSADAS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, VULNERA ESE DERECHO FUNDAMENTAL."

Como se indica, es infundado que no sea clara la descripción típica, sin que el tipo se constituya por "maltratos verbales" como de manera incorrecta se dice en los conceptos de violación; ya que del significado de la norma penal en cuestión, permite afirmar que el vocablo ultraje debe entenderse como injuria o desprecio y esta forma de apreciación confirma que no es un término ambiguo e impreciso. Consecuentemente, ante la claridad del significado del elemento normativo referido, es evidente que el tipo penal cumple con el principio de taxatividad que le es exigible.

Aplicó la Jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."

En abundamiento, cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguno de sus numerales exige que la redacción de los dispositivos que integran un ordenamiento secundario -considerando también a los de materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados, o bien, sea de tal manera que cumpla con los lineamientos y expectativas de los gobernados a los que se les aplique, satisfaciendo sus intereses personales.

Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de tal requisito tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia el no cumplir de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función.

Apoya lo anterior la jurisprudencia 83/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, que a la letra establece: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR." (se copia).

Así como la jurisprudencia 117/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 267 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, septiembre de 2007, que a la letra establece: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR." (se copia).

Asimismo, es aplicable por ilustrativa la tesis CXCII/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, tomo 1, página 605, del tenor literal siguiente: "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE." (se copia).

Virtud a lo cual es infundado que el numeral citado sea inconstitucional.

Por otra parte, no se desconoce que la constitución y los tratados internacionales, establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos y garantías, sin distinción alguna, imponiendo la obligación a todas las autoridades de respetar, garantizar, cumplir e interpretar en su aplicación esos derechos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia 'pro persona' o 'pro homine'.

Sin embargo, en el caso, es inoperante pretender el estudio de la inconvencionalidad de dicha norma, ya que la contravención que señala con diversos instrumentos internacionales como son el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los que como puede dilucidarse su análisis, además de extensivo, resultaría ocioso para los fines que pretende la solicitante de la protección constitucional.

En efecto, como se advierte los mencionados instrumentos internacionales regulan aspectos diversos a la norma de que se trata como son: tortura, la discriminación, los derechos civiles, tratos inhumanos o degradantes, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Temas que son ajenos al delito de ultrajes a la autoridad, es decir, trata de involucrar otros temas que no contempla dicha norma, por esa misma razón no es aplicable la tesis que citó bajo el rubro: "GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN."

Al respecto, es orientadora la tesis 2a. XXII/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, página 1076, que dice: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. LOS AGRAVIOS RELATIVOS AL PLANTEAMIENTO DE INCONVENCIONALIDAD FORMULADO EN LA DEMANDA, SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA LA CONTRAVENCIÓN DE UNA NORMA GENERAL DEL ORDEN JURÍDICO INTERNO CON UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE REGULA ASPECTOS DIVERSOS A LOS DERECHOS HUMANOS." (se copia).

Una vez analizado los anteriores aspectos planteados, conforme a la técnica que rige al juicio de garantías, ahora, es procedente seguir con el estudio del asunto.

(...)

IV. Recurso de revisión. En el escrito de revisión, se hizo valer

-en resumen- los siguientes agravios:

Que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito aplicó a la parte quejosa una norma que contraviene los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que aun cuando una norma tenga una finalidad punitiva debe revestir ciertas formalidades en aras de salvaguardar la relativa a la aplicación y protección de los derechos humanos.

Que la taxatividad no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o por mayoría de razón una ley penal, sino que el creador de la norma en su actuar observe la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.

Que la quejosa no alude a la inconstitucionalidad del tipo penal porque el legislador no haya definido todos los vocablos utilizados en la descripción típica o no haya previsto todas las conductas imaginables que comprendan dicha descripción normativa, sino que la inconstitucionalidad radica en la falta de precisión del verbo rector del tipo penal, ello con el fin de distinguir el delito tipificado de la conducta prohibida, que en el presente caso es "al que ultraje a una autoridad", y así el gobernado tenga claridad respecto a la conducta prohibida, situación que contrario a lo manifestado por el tribunal colegiado de amparo no quedó claro.

Que la taxatividad prevista en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal no se cumple, dado que el delito de ultrajes a la autoridad permite un sin número de conductas lícitas que pueden provocar que la autoridad se sienta ultrajada.

Es entonces que existe la posibilidad de que la autoridad sancione indiscriminadamente cualquier conducta que pudiera violentar su estima o decoro, conductas que pudieran contemplar desde el rechazo y crítica que se haga a una autoridad en ejercicio de la libertad de expresión. Al igual que una conducta que implique violencia física; con lo que la autoridad pondría al mismo nivel de reproche el ejercicio de un derecho humano con el ejercicio de la violencia.

Que el tribunal colegiado estimó que resulta inoperante el estudio de la inconvencionalidad del tipo penal del delito de ultrajes a la autoridad, dado que soslaya el contenido de las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos invocados por la quejosa en la demanda de amparo, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los parámetros señalados respecto a la taxatividad penal expresados en los lineamientos internacionales.

Que la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, implicó un cambio de paradigma en la aplicación del Derecho, así como en el control de constitucionalidad al introducir al orden jurídico figuras como el control de convencionalidad y el principio pro homine, también conocido como principio de favorabilidad. Este último, se conforma como un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Que la inadecuada valoración y aplicación de los principios de legalidad y debido proceso, contemplado en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General, así como en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al tenor de los principios de legalidad y presunción de inocencia, se ha traducido en la afectación del proceso, inclusive a un efecto corruptor del proceso penal porque la autoridad policial o ministerial realizaron conductas fuera de todo cauce constitucional y legal, dichas conductas provocaron condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleva a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y la conducta de la autoridad impactó en los derechos de la quejosa.

CUARTO. Procedencia. Este Tribunal Pleno considera que se reúnen los requisitos legales que condicionan la procedencia del presente recurso de revisión.

En efecto, la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 83 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General Plenario 9/2015, permite considerar lo siguiente:

a) Por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, por ende, en principio son inatacables.

b) Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos: I. La inconstitucionalidad de una norma o, II. La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.

c) En caso de que se presente la situación descrita en el punto anterior, y para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del mecanismo de defensa y que exige la Constitución Federal en el artículo 107, fracción IX.

d) Los requisitos de importancia y trascendencia están determinados por el Tribunal Pleno en el Acuerdo General 9/2015, emitido en ejercicio de su facultad expresa prevista en el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, que señala: por regla general, se entenderá que se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso b), se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

En ningún otro caso a los antes enunciados procederá el recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en amparo directo.

Así, de la interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se arriba a la conclusión de que la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo requiere, en principio, que en la demanda de amparo se hubiese impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiese planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar la sentencia, el tribunal colegiado de circuito correspondiente haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, se haya establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, u omitió el estudio y decisión de estas cuestiones; y, que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

En este sentido, debe señalarse que el presente recurso de re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80187-7b10e8c7/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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