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Modo: Corpus Pro

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Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1250/2012. · Registro digital (IUS): 80190
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Versión electrónica, Pág. 13.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1250/2012. QUEJOSO: **********. 14 DE ABRIL DE 2015. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día catorce de abril de dos mil quince, por el que se emite la siguiente.

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve los autos del expediente 1250/2012, relativo al amparo directo en revisión promovido por **********, contra la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil doce, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo penal **********.

El problema jurídico a resolver por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, en someter a escrutinio constitucional la figura del arraigo prevista en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Medida cautelar que fue aplicada en contra del quejoso, luego que se formulara denuncia por los elementos militares integrantes del setenta y dos batallón de infantería, con destacamento en Lerdo, Durango, quienes informaron que el ocho de marzo de dos mil nueve, aproximadamente a las doce horas y treinta minutos se activó el "código rojo", debido a una fuga de reos en el Centro de Readaptación Social número dos, de Gómez Palacio, Durango, por lo que se trasladaron al centro penitenciario donde el aquí quejoso, quien se desempeñaba como jefe de seguridad, les hizo saber que como a las once horas y veinte minutos de ese mismo día recibió una llamada del Director del reclusorio, quien le indicó que girara las instrucciones necesarias para que los reos **********, **********, **********, ********** y **********, fueran puestos en alguna área idónea, porque iban a ir por ellos, por lo que dio las facilidades requeridas; luego a las once horas y cincuenta minutos llegó a las instalaciones una camioneta tipo voyaguer, color blanca, sin placas, modelo reciente, la cual fue abordada por los reos mencionados, para fugarse del centro penitenciario.

Con motivo de lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó orden de arraigo en contra del ahora quejoso, la que fue otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, la que se justificó a la luz de la magnitud de los hechos delictivos que se investigaban, consistente en la fuga de cinco internos de un centro penitenciario, y a fin de dar oportunidad al fiscal para concluir con éxito su investigación, la que se prolongaría por el tiempo estrictamente indispensable, sin que pudiera exceder de treinta días naturales, para lo que se autorizó se realizara el arraigo en el Hotel **********, ubicado en **********sin número, oriente, casi esquina con el **********, Zona Centro de esa ciudad, cuya vigilancia quedaría a cargo del Ministerio Público.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que mediante oficio de fecha nueve de marzo de dos mil nueve, suscrito por el Capitán Segundo de Infantería **********, perteneciente al ********** Batallón de Infantería, se puso a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en Turno, de la Procuraduría General de la República, a trece personas, entre las que se encontraba **********, ahora quejoso; también se puso a disposición de la autoridad ministerial diverso armamento y accesorios. Lo anterior, en razón de que fueron encontrados en flagrancia delictuosa de una probable evasión de reos.

2. En la misma fecha el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Primera Agencia Investigadora, dictó los Acuerdos de Radicación y de Retención respectivos, formándose al efecto la averiguación previa número **********.

3. Mediante oficio número 721, recibido el diez de marzo de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el Agente del Ministerio Público de referencia solicitó al Juez de Distrito en turno, que dictara orden de arraigo en contra de los indiciados, por considerar fundado el temor de que en cualquier momento pudieren sustraerse a la acción de la justicia.

4. Atendiendo a la solicitud anterior, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Durango, mediante proveído de diez de marzo de dos mil nueve, dictado en el cuaderno **********, consideró necesario decretar el arraigo solicitado dada la magnitud de los hechos delictivos que se investigaban, medida que consideró se debía prolongar por el tiempo estrictamente indispensable para la integración de la averiguación previa, la cual no podía exceder de treinta días naturales.

5. Así, mediante diverso auto de la misma fecha se dictó auto de libertad con las reservas de ley; advirtiendo que el Juez de Distrito había otorgado la orden de arraigo, respecto de los indiciados, por un término de treinta días.

6. Con fecha cinco de abril de dos mil nueve, el Agente del Ministerio Público de la Federación de la causa dictó pliego de consignación respectivo, en el que determinó a los procesados, entre los que se encontraba el ahora quejoso, como probables responsables de la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada; Evasión de Presos; Evasión en Grado de Tentativa; Asociación Delictuosa en su variante de Pandilla; Ejercicio Indebido de Servicio Público; y, Encubrimiento. En dicho proveído, se solicitó al Juez de Distrito en Turno, girara orden de aprehensión en contra de los inculpados.

7. El asuntó fue radicado ante la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, por auto de siete de abril de dos mil nueve, dictado en la causa penal **********; posteriormente la Jueza del conocimiento libró la orden de aprehensión respectiva.

8. Luego, al haber declinado la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, competencia a favor del Juez de Distrito en turno en la Laguna, en consecuencia el expediente se turnó al Juzgado Primero en la Laguna, quien ordenó formar la causa penal **********.

9. Posteriormente, al quejoso se le instruyó el proceso penal **********, por los delitos de evasión de presos, previsto y sancionado en el artículo 150, en relación con el 152, con la agravante comprendida en el párrafo segundo del artículo 150 del Código Penal Federal; y evasión de presos en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 150, en relación con el 152 con la agravante comprendida en el párrafo segundo, del citado artículo 150 del código citado, en relación con el diverso artículo 12; ambos ilícitos cometidos con la agravante de Pandilla prevista por el 164 Bis, en términos del 13, fracción III, del ordenamiento citado.

10. El nueve de agosto de dos mil once,(1) el Juez Primero de Distrito en la Laguna dictó sentencia en la cual determinó que no se habían acreditado los elementos del delito de evasión de presos en grado de tentativa, por lo que absolvió al quejoso de la acusación formulada en contra de la comisión del ilícito; por otra parte, se determinó que era penalmente responsable en la comisión del delito de evasión de presos, cometido con la agravante de Pandilla, imponiéndoles las penas de nueve años, cuatro meses y nueve días de prisión; la destitución del empleo como Jefe de Seguridad y Vigilancia del Centro de Reinserción Social número Dos, con sede en Gómez Palacio, Durango y la inhabilitación para obtener otro cargo en la administración pública al Servicio del Estado, durante un período de nueve años; también se determinó no concederle ninguno de los beneficios establecidos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal; suspensión de los derechos políticos hasta en tanto quede compurgada la pena de prisión impuesta; y amonestarlo para prevenir su reincidencia.

11. Recurso de apelación. En contra de la determinación anterior, el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación, asunto que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito, órgano jurisdiccional que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil once, radicó el asunto con el número ********** (**********);(2) finalmente, el trece de octubre de dos mil once,(3) el Tribunal Unitario determinó confirmar la sentencia recurrida.

12. Esta determinación constituye el acto reclamado en la sentencia de amparo que ahora se revisa.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

13. Juicio de amparo directo. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil once,(4) **********, por su propio derecho, promovió demanda de garantías en contra de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil once, dictada dentro del Toca Penal ********** (********** deducido de la causa penal ********** instruida en contra del quejoso y radicada ante el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna), del índice del Segundo Tribunal Unitario del Octavo Circuito.

14. El quejoso señaló transgredidos en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Constitución Federal) y formuló cinco conceptos de violación, los cuales se reseñan a continuación:

15. Primero. Inconstitucionalidad del artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

16. El quejoso argumenta que la aplicación del precepto impugnado lesionó su esfera de derechos, y su afectación trascendió al dictado de la sentencia definitiva, confirmada por el tribunal responsable.

17. La figura de arraigo contemplada en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimiento Penales es inconstitucional, pues como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura del arraigo afecta directamente la libertad personal y su imposición está en franca riña con la Constitución Federal.

18. Lo anterior, pues la figura combatida tiene como efecto la privación de la libertad personal del sujeto arraigado, obligándolo a permanecer dentro de un determinado inmueble bajo la vigilancia de las autoridades investigadora y persecutora, impidiéndose al afectado realizar cualquiera de las actividades que normalmente acostumbra, como pueden ser las laborales, sociales o de recreación, lo cual se traduce en la afectación de la libertad.

19. Del contenido de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Federal, se advierte el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, por lo que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando existan suficientes elementos incriminatorios seguido de un proceso penal en su contra, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento; contar con la garantía de audiencia en la cual pueda desvirtuar la imputación correspondiente, para que posteriormente el juez pronuncie sentencia definitiva; respecto a la función persecutoria del Ministerio Público, se constriñe a la investigación de delitos, en la cual deberá recabar las pruebas necesarias para demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado.

20. Los preceptos constitucionales en cuestión consagran a la celeridad como una finalidad con la que deben llevarse a cabo todas las actuaciones que tengan como consecuencia la privación de la libertad personal. De esta suerte la Constitución Federal establece con claridad los derechos del indiciado, con el fin de garantizar su libertad personal y evitar arbitrariedades por parte de las autoridades, para lo cual se prescriben lineamientos estrictos que deben satisfacerse previamente a cualquier actuación de la autoridad que tenga como consecuencia la privación de la libertad personal.

21. El arraigo como medida precautoria mientras el Ministerio Público de la Federación investiga la presunta responsabilidad delictiva del quejoso es jurídicamente incompatible con la garantía de libertad personal prevista en la Constitución Federal en favor de todo gobernado, pues se trata de una afectación, restricción o privación, de las que la Constitución sólo las permite mediante la actualización de condiciones específicas y plazos o términos estrictos.

22. Así se obtiene que tratándose de libertad personal, todo tipo de afectación, restricción o privación se encuentra previsto directamente en la Constitución Federal, estableciendo plazos breves, señalados inclusive en horas, para que la persona detenida sea puesta a disposición inmediata del Juez de la causa y éste determine su situación jurídica con el fin de evitar arbitrariedades de parte de las autoridades o de los particulares.

23. La figura del arraigo penal tiene una doble finalidad, de facilitar la integración de la averiguación previa, como permitir el cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse, de donde se infiere que no obstante que la averiguación todavía no arroje datos que conduzcan a establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, se puede ordenar la afectación de su libertad personal hasta por un plazo de noventa días, sin justificar tal detención con un auto de formal prisión en el que se den a conocer los pormenores del delito que se imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad. De esta suerte, la figura prevista en el artículo impugnado puede prolongarse hasta por treinta días sin que se justifique con un auto de formal prisión como lo ordena el párrafo primero del artículo 19 constitucional.

24. Al arraigado se le impide salir de un inmueble y, por tanto, también de la población en que reside y del territorio nacional, con lo cual se atenta contra la libertad de tránsito, por lo tanto, dicha figura no encuentra sustento alguno en el artículo 1 de la Constitución Federal; en apoyo cita las tesis de rubros: "ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" y "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

25. Segundo. Violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violación al artículo 15, fracción IX, del Código Penal Federal.

26. En segundo lugar, el quejoso asevera que la autoridad responsable transgredió e inobservó lo establecido en el artículo 15 fracción IX, del Código Penal Federal, dispositivo que contiene una excluyente de delito que opera en beneficio del quejoso, consistente en la actualización de la hipótesis que establece "atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho".

27. El quejoso argumenta, que no estuvo en condiciones de realizar conducta alguna acorde con el tipo penal imputado, pues la fuga de los reos obedeció a que el Director del Centro de Readaptación Social fue levantado por un grupo delictivo, organización que bajo amenazas contra su vida y de su familia, contra la vida de los custodios y visitantes que acudían al Centro de Readaptación Social No. 2 de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, exigieron la liberación de ********** y cuatro internos más, y para ello el Director giró órdenes inmediatas al quejoso para llevar al área de mujeres a los internos y que cuando llegara una camioneta blanca subieran a los internos para que se los llevaran.

28. Así, en acatamiento estricto de las órdenes dadas por el Director del penal, el quejoso giró órdenes a diversos custodios, con el objeto de que se cumpliera lo ordenado por su superior, además, no le era exigible una conducta diversa a la llevada a cabo, pues no estaba en condiciones de realizar una conducta apegada a derecho atendiendo a los motivos siguientes:

a) La orden de liberar a los internos fue dada por el Director del Penal, el cual fue levantado y amenazado por un grupo delictivo, en el sentido de causarle un mal a su persona, familia, custodios y a la propia visita que se encontraba en el Penal; razón por la cual recibió órdenes del Director del Penal con el objeto de que se evadieran los presos; incluso el quejoso fue amenazado e intimidado por el Grupo Armado que levantó al Director del Penal.

b) El día que ocurrieron los hechos se pusieron en riesgo bienes jurídicos de mayor valía que incidieron en la conducta asumida, pues el quejoso como Comandante del Centro Penitenciario, atendiendo a su cargo, exigía impedir cualquier evasión, o la comisión de cualquier delito; por otra parte, estaba la obligación de salvaguardar la vida del Director, de su familia, así como la integridad física del quejoso, de su familia, la vida y salud de los compañeros custodios y de la visita que acudió al Centro Penitenciario, razón por la cual estima opera la excluyente de responsabilidad, pues se tutelaron bienes jurídicos que en la jerarquía de valores están en nivel superior al simple respeto de la ley.

c) El quejoso obró en cumplimiento a una orden dada por el Director del Penal quien es su superior jerárquico, así, atendiendo al sistema penitenciario existen rangos, siendo el Director la máxima autoridad dentro del Centro Penitenciario, lo cual pone de manifiesto que sólo se acató una orden que fue girada verbalmente por su superior.

29. En suma, el quejoso concluye que no estuvo en condiciones de efectuar una conducta conforme a derecho, pues era preferible preservar bienes jurídicos de mayor valía que respetar el marco jurídico. Tampoco tenía la posibilidad de activar el código rojo pidiendo refuerzos a la Policía Federal y al Ejército Mexicano, para impedir la fuga, de haberlo realizado, se hubiera puesto en peligro la vida del Director, del quejoso y la de su familia, motivo por el cual se pidió apoyo policiaco posteriormente a que se perpetuó la fuga, pues el Director del Penal ya había sido liberado, por lo que no estaba en condiciones de realizar una llamada de alerta antes de la liberación de los presos.

30. Tercero. Violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violación al artículo 150 del Código Penal Federal.

31. Para el quejoso, no se tiene por acreditada la circunstancia de que el quejoso haya tenido el carácter de servidor público establecido en el párrafo segundo del artículo 150 del Código Penal Federal, ya que tal extremo no se acreditó con la documental que contuviera el nombramiento respectivo, siendo insuficientes las testimoniales rendidas, así como cualquier presunción en ese sentido.

32. El juez de Distrito dentro de la causa penal pasó inadvertido que los nombramientos que fueron expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración de la Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Durango, carecen de validez jurídica, pues no fueron emitidos por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, quien es el legalmente facultado para otorgar los nombramientos con base en las facultades conferidas en la fracción VIII, del artículo 38 Bis de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango.

33. Cuarto. Violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violación a los artículos 134, 161 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales y por violación al artículo 9 y 13 fracción III, del Código Penal Federal.

34. En opinión del quejoso, en la causa penal no está acreditada la forma de su intervención en el delito reprochado, pues la autoridad determinó que el quejoso tendría el carácter de coautor material y directo de la comisión del delito de evasión de presos con la agravante de pandilla, con fundamento en el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, sin justificar este aserto.

35. La autoridad responsable reseñó determinados medios de prueba al abordar el tema de intervención, pero no explica en qué medida, ni por qué motivos las pruebas aducidas son aptas para probar su intervención; tampoco razona su análisis a la luz de algún precepto legal, ni fija el alcance axiológico de los elementos probatorios, ni en qué medida influyeron para arribar a la conclusión de que el quejoso interviene en la conducta tipificada en el artículo 13 fracción III, del Código Penal Federal. Limitándose la responsable en manifestar que cometió el delito de presos al favorecer con los demás implicados la fuga de reos.

36. Posteriormente, el quejoso procede a analizar los elementos de pruebas considerados en la sentencia reclamada, los que desestima al considerar que no tienen la fuerza probatoria que se les atribuye.

37. De autos no se advierte que el quejoso haya acordado con los demás custodios o con un tercero la comisión del delito que se le imputa, elemento sin el cual la hipótesis del tipo penal no se actualiza.

38. Tampoco se encuentra acreditada la forma de intervención del quejoso en la conducta típica reprochada, en tanto la coautoría por dominio funcional del hecho no se actualiza en la especie, al no estar probado que con anterioridad a la comisión del delito hubo un acuerdo con un tercero para facilitar la fuga de los reos, para poder inferir el dolo en la comisión. Consideración que no se corrobora con los elementos probatorios aportados.

39. No existen elementos de prueba que acrediten la aportación "adecuada y esencial al hecho" a que alude la doctrina penal, pues, al no existir por lo menos el dato objetivo y material de que el quejoso ejecutó actos tendientes a apoyar la evasión de reos, que facilitaran la fuga, por tanto, debe eliminarse el análisis de la tipicidad subjetiva, como es el dolo en su comisión, pues ante la ausencia de un dato externo que corrobore su participación en el delito reprochado, es imposible analizar el elemento subjetivo de la persona en la conducta reprochada, pues no existe el aporte causal, esto es, la demostración de que efectivamente se contribuyó a la fuga de reos, por ende, no puede afirmarse que se causó la conducta reprochable.

40. Quinto. Violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por violación a los artículos 279, 285, 286, 287 último párrafo, 288 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales.

41. No existe cúmulo de pruebas suficientes que acredite la plena responsabilidad del quejoso en los hechos imputados. La prueba circunstancial debe conformarse por indicios que estén armonizados en una misma sintonía y evidencien en su conjunto el cumplimiento estricto de los dos elementos esenciales (verdad conocida y la que se busca) que se requieren por ley para el dictado de una sentencia condenatoria.

42. De la causa penal no se advierten hechos probados, así se tiene que con las probanzas valoradas por el Juez de Distrito en primera instancia, así como por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en segunda instancia, solamente se demuestran los elementos objetivos o externos del cuerpo del delito de evasión de reos; pero de las demás pruebas no se obtiene ningún dato indicativo de que el quejoso haya tenido conocimiento de la fuga.

43. Expresa el quejoso que no hay motivo por el cual puedan adminicularse las pruebas entre sí para justificar que obró con dolo en los hechos materia de la acción penal; la responsable transgredió los principios reguladores de la valoración de la prueba contenidos en los artículos 279, 284, 285, 286, 287, 288 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues con los elementos aportados incorrectamente estimó la consumación de los delitos reprochados.

44. Trámite y resolución del juicio de amparo. Del asunto correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, el cual mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil once,(5) admitió el juicio de amparo directo, lo registró con el número de expediente ********** y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público, a efecto de que formulara las manifestaciones que estimara pertinentes, las cuales se tuvieron realizadas en proveído de quince de diciembre de dos mil once.(6)

45. Finalmente, en sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil doce,(7) el Tribunal Colegiado determinó negar el amparo y protección de la justicia de la Unión con base en las consideraciones siguientes:

46. Escrutinio constitucional del artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimiento Penales. Sobre este tópico, el tribunal colegiado en la sentencia expuso que el concepto de violación donde se alega la inconstitucionalidad del artículo citado, es ineficaz, en la medida de que el acto de aplicación de la norma reclamada se presentó en un acto de ejecución irreparable, como lo es el arraigo solicitado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora, respecto del cual debió promoverse amparo indirecto, para no consentir esa violación.

47. Como fundamento de sus consideraciones citó las tesis siguientes: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SI NO SE ACTUALIZÓ EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, O SI ESA APLICACIÓN NO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL ACTO RECLAMADO O SE PRESENTÓ EN UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE."; "ARRAIGO" y "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL."

48. Análisis de legalidad. Agotada la revisión de constitucionalidad, se analizaron los argumentos del quejoso en los cuales alega que la excluyente de culpabilidad se actualiza a su favor; argumento que se calificó de infundado, lo anterior, sobre la base de que se sustenta en un hecho no probado, como es la orden del Director del Penal, en el sentido de haber acatado la conducta, pues éste fue privado de su libertad y amenazado en su persona y familia.

49. Es infundado lo alegado en el tercer motivo de disenso, pues contrariamente a lo sostenido por el quejoso sí se encuentra acreditado el carácter de servidor público, pues obran en la causa penal copias certificadas de las constancias relativas a los movimientos de alta correspondientes, de las que se advierte el carácter que tenía dentro del centro penitenciario como jefe de seguridad y vigilancia.

50. Nombramientos que si bien fueron expedidos por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, y no por el Secretario de Seguridad, autoridad que afirma el quejoso es el facultado para la emisión de los documentos, lo cierto es que esa calidad no sólo puede demostrarse con la existencia del nombramiento expedido a favor del quejoso por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Durango, sino por cualquier otro medio, como resultan ser los movimientos de personal.

51. Por otra parte, lo alegado en los conceptos de violación cuarto y quinto en el sentido de que en esencia no se encuentra acreditada la conducta típica reprochada se calificó de infundado. Lo anterior sobre la base de que para la coparticipación no se hace necesario que el consenso se dé antes de los hechos, ya que esta puede ser concomitante y de naturaleza tácita.

52. En ese mismo orden de ideas, se dijo que los elementos que fueron tomados en cuenta para acreditar el delito de evasión de presos pueden ser considerados para justificar la responsabilidad del inconforme en su comisión.

53. La denuncia formulada por los elementos militares integrantes del setenta y dos batallón de infantería, con destacamento en Lerdo Durango, tiene valor probatorio en términos de los artículos 287, último párrafo, y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues el tribunal colegiado consideró que lo relatado por los elementos del Ejército está expuesto de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias esenciales; por su probidad e independencia de posición y antecedentes personales se les considera a aquéllos con completa imparcialidad.

54. Los elementos militares hicieron constar las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en las que detuvieron al inculpado, en momentos posteriores a la fuga de reos del Centro de Readaptación Social No. 2, de Gómez Palacio Durango.

55. Así también, fueron valoradas las confesiones rendidas tanto por el Director del Reclusorio, como del quejoso, calificadas atendiendo a lo dispuesto en el artículo 297, en relación con los diversos numerales 287 y 290 todos del Código Federal de Procedimientos Penales.

56. También se encuentran las testimoniales, en las cuales se aceptan haber recibido indicaciones del quejoso para apoyar la fuga de reos del centro penitenciario, a las cuales se les concede valor demostrativo atendiendo a lo dispuesto en el artículo 289, en relación con el diverso 285 del Código Federal de Procedimientos Penales.

57. Elementos probatorios que en su conjunto, en términos del artículo 285 del ordenamiento citado son suficientes para establecer la prueba circunstancial y en las que aparece demostrado que ********** (hoy quejoso) dio las indicaciones necesarias a los custodios bajo su mando y brindó apoyo directamente para que los reos se fugaran. Lo anterior evidencia la forma de participación del inconforme en la conducta típica reprochada, que se constituye en haber dado las instrucciones para que los reos evadidos fueran trasladados al área de mujeres, donde abordaron una camioneta, así como haber indicado a diversos custodios que no hicieran uso de sus armas de cargo al momento de la fuga.

III. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN Y TRÁMITE

58. Interposición

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80190-4e70ff81/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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