LIQUIDACION DE RECARGOS. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION PARA SU EXIGIBILIDAD.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 394/91:
Monterrey, Nuevo León, a veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno.
VISTO; para resolver el juicio de amparo directo 394/91; y,
RESULTANDO:
UNICO.- Por escrito presentado el veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno, Oswaldo Rivera Méndez, en su carácter de representante legal de Mundo Gastronómico, S.A., promovió por conducto de la autoridad responsable, juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en turno, contra acto de la Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, consistente en la sentencia definitiva de veintiséis de marzo de este año, dictada en el juicio de nulidad 585/90 que se interpuso contra el acuerdo 2010/90 de once de diciembre de mil novecientos noventa, emitido por el Consejo Consultivo Delegacional en Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social; acto que estimó violatorio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La autoridad responsable dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley de Amparo y remitió a la Oficialía de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito, el original y copia del escrito de demanda de garantías, escrito de presentación de la misma, original y tres copias del escrito de alegatos, así como constancias de notificación números 107-MTY-III- 3994 y 107-MTY-III-3995 y el expediente 585/90 en 72 fojas; correspondiendo por razón de turno, el conocimiento del negocio, a éste que resuelve, el que lo admitió a trámite por acuerdo de Presidencia de cuatro de septiembre del presente año. Se emplazó al agente del Ministerio Público Federal adscrito, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, quien se abstuvo de emitir su opinión en el presente asunto. Posteriormente, se turnaron los autos al Magistrado relator, para los efectos a que se refiere el artículo 184 de la Ley de Amparo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe rendido por la autoridad responsable y con las constancias originales que se remitieron para justificarlo.
SEGUNDO.- La sentencia reclamada se apoya en las siguientes consideraciones: "SEGUNDO.-Mediante oficio presentado en esta Sala el 25 de febrero del año en curso, el titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica formuló su contestación a la demanda oportunamente, sosteniendo la validez de la resolución impugnada. TERCERO.- A juicio de los Magistrados integrantes de esta Sala, es infundado el primero de los agravios que se hacen valer por la actora, en cuanto a que indebidamente se desestimó el primero de sus motivos de inconformidad porque es falso que la supuesta generación de recargos se deba al pago extemporáneo del entero provisional del tercer bimestre de 1988, pues el pago realizado fuera del plazo correspondió a ese mismo bimestre, según se desprende del acuerdo 1154/88.- En efecto, se estima infundado el argumento antes mencionado porque la circunstancia de que en el acuerdo 1154/88 no se haga constar que el pago extemporáneo que motivó la liquidación de los recargos consista en el entero provisional del tercer bimestre de 1988, no constituye prueba suficiente de que el Instituto demandado haya motivado incorrectamente la liquidación de recargos emitida a la hoy actora, pues la única prueba suficiente para ello sería la que acreditara que la empresa accionante efectuó el pago oportuno del entero provisional del tercer bimestre de 1988, por lo que, si en el caso no se acredita que se haya efectuado dentro del plazo establecido el pago correspondiente al entero provisional del tercer bimestre de 1988, debe estimarse que no se desvirtúan los motivos señalados por el instituto demandado para exigir el crédito confirmado en la resolución impugnada, por lo que es lógico que se desestimó correctamente el primer motivo de inconformidad que se hizo valer en tal sentido. Por otra parte, esta juzgadora estima que es insuficiente para declarar la nulidad del acuerdo impugnado el argumento que se hace valer por la actora en el sentido de que debió dejarse sin efectos el crédito recurrido, toda vez que el instituto demandado omitió señalar el año correspondiente a la Ley de Ingresos de la Federación, cuyo artículo 5o. se invoca como su fundamento, pues si bien es cierto que la Ley de Ingresos de la Federación, tiene como característica principal su anualidad, esto es, su vigencia limitada a un año de calendario específico, el que en el crédito confirmado en el acuerdo impugnado no se haya indicado el o los años a que corresponde a la ley que le sirvió de fundamento, no es razón suficiente para concluir que no se cumplió con el requisito de la debida fundamentación de la liquidación de recargos de referencia, ya que si la hoy actora consideró que dicha liquidación no cumplía con el requisito en mención, debió demostrar que el importe de los recargos que se le determinaron no corresponde a la tasa respectiva que se estableció en la Ley de Ingresos aplicable en el periodo por el que precisamente se consideró que incurrió en mora y no simplemente alegar que no se le señaló como año al que corresponde la Ley de Ingresos en que se apoya el crédito en cuestión, pues, se insiste, sólo le causaría agravio a la determinación de recargos en mención, cuando se acreditara que su importe no corresponde a la tasa aplicable de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente durante el periodo en que incurrió en mora, por lo que debe desestimarse por insuficiente el argumento antes referido. CUARTO.-Los magistrados integrantes de esta Sala estiman infundado el segundo de los agravios planteados por la demandante en el que se sostiene que indebidamente se desestimó el segundo de sus motivos de inconformidad, ya que la liquidación recurrida carecía del señalamiento de los nombres de los trabajadores por los que supuestamente se cubrieron fuera del plazo las cuotas obrero patronales. En efecto, se estima infundado el agravio antes mencionado porque es exorbitante la pretensión de la actora en el sentido de que el instituto demandado debió mencionar en la liquidación de recargos emitida a su cargo, los nombres de los trabajadores respecto de los que se pagaron extemporáneamente las cuotas obrero patronales, toda vez que tal dato no es relevante para considerar que su mención es indispensable en la motivación de una liquidación de recargos o bien el pago bimestral de las cuotas obrero patronales que se haya efectuado fuera del plazo establecido. Lo anterior es así porque la determinación de recargos sólo requiere como motivación el señalamiento de las circunstancias que son condición necesaria para actualizar los supuestos contemplados en la ley como elementos esenciales de la generación de la obligación de pagar recargos, de manera que, si la obligación de pagar recargos se genera por el pago extemporáneo de una contribución, es indiscutible que la motivación de la resolución que determine dicha obligación sólo consiste en el señalamiento de la identificación de la contribución de que se trate, la fecha en que de acuerdo a la ley debió pagarse y la fecha en que se realizó efectivamente su pago, por lo que si el Instituto demandado efectuó tales señalamientos en la liquidación de recargos que se confirman en el acuerdo impugnado, es procedente concluir que acertadamente se desestimó el segundo de los motivos de inconformidad planteados, pues, como se dijo antes, el nombre de los trabajadores por los que se pagó las cuotas obrero patronales extemporáneamente no constituye un elemento necesario para la motivación de la referida liquidación de recargos. QUINTO.-Los Magistrados integrantes de esta Sala también estiman infundado el tercero de los agravios que se hacen valer por la actora, en el sentido de que el instituto demandado debió dejar sin efectos el crédito recurrido porque la falta de pago oportuno de las cuotas obrero patronales es imputable a dicho instituto, ya que el crédito por dicho concepto le fue notificado después de vencida la fecha en que debía pagarse. Se estima infundado el agravio antes mencionado porque es incorrecto el supuesto en que se apoya la pretensión de la actora, en el sentido de que su obligación de pagar las cuotas obrero patronales se encuentra supeditada a la liquidación que se haga a su cargo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que pretende que la falta de pago oportuno de las cuotas que generaron la liquidación de recargos que se le exige se debe al retraso del Instituto demandado en liquidarle dichas cuotas. Lo anterior es así porque de acuerdo con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación y 45 de la Ley del Seguro Social, corresponde a la hoy demandante la determinación de las cuotas obrero patronales a su cargo, de manera que la falta de pago oportuno de las mismas sólo le es imputable a la hoy demandante, y si bien el instituto demandado determinó en este caso las cuotas cuyo pago extemporáneo motivó la referida liquidación de recargos, ello no le releva de la responsabilidad que tiene de efectuar oportunamente dicho pago, pues, como se señala en el primero de los conceptos antes invocados, sólo mediante disposición expresa de la ley puede considerarse que corresponde a la misma autoridad la determinación de las contribuciones a su cargo, lo cual no consiste en la determinación que hacen las autoridades fiscales cuando los contribuyentes, como en el caso, no cumplen con dicha obligación. Consecuentemente, si en el caso la actora no señala el precepto legal en el que se establezca la excepción al principio establecido en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, debe estimarse que el Instituto demandado desestimó acertadamente el tercero de los motivos de inconformidad que se hicieron valer en la fase administrativa, por lo que en este aspecto debe reconocerse la validez del acuerdo impugnado."
TERCERO.- Como conceptos de violación se expresa lo que sigue: "PRIMERO.-La sentencia que se reclama, viola en perjuicio de mi representada el artículo 16 constitucional, al considerar que la liquidación que diera origen al acuerdo combatido en el juicio de nulidad, se encontraba debidamente fundada y motivada. Como primer agravio en el juicio fiscal, se hizo valer el relativo a que el acuerdo impugnado era ilegal al confirmar una liquidación que no se encontraba debidamente fundada y motivada, ya que en ella la autoridad en ese entonces demandada, sostenía que emitía la liquidación en virtud del pago extemporáneo del entero provisional del 3er. bimestre de 1988, lo que era equivocado, pues el crédito a que se refiere la multicitada liquidación de recargos no es de un entero provisional sino a la liquidación de cuotas obrero patronales por el 3er. bimestre de 1988, lo que constituía una indebida motivación del acto de molestia; además de que en la liquidación de recargos se mencionaba una Ley de Ingresos de la Federación como fundamento de la misma, pero no precisaba a qué ejercicio fiscal se refería dicha Ley de Ingresos, tomando en consideración que la característica principal de la Ley de Ingresos de la Federación es la anualidad de la misma, siendo por ello una falta de fundamentación y una violación al artículo 16 constitucional. La responsable sostuvo que era infundado el agravio, toda vez que la única prueba para demostrar la incorrecta motivación de la liquidación, era que mi representada acreditara el pago oportuno del entero provisional del 3er. bimestre de 1988 y que respecto al no señalamiento del año fiscal a que se refería la Ley de Ingresos de la Federación invocada en la liquidación, ello no era suficiente para estimar indebidamente fundada la misma, ya que mi representada debió demostrar que el importe de los recargos no correspondía a las tasas respectivas que establecían en dicha ley. Los razonamientos de la responsable, son contrarios a derecho, toda vez que no resulta cierto que la liquidación que diera origen al acuerdo combatido en el juicio fiscal, se encontraba debidamente fundada y motivada, pues en primer lugar, es falso que para demostrar la incorrecta motivación de la liquidación debí acreditar el pago oportuno del entero provisional del 3er. bimestre de 1988, pues de una simple vista que efectúe ese H. Tribunal Colegiado de la liquidación de recargos que se anexó a la demanda de nulidad podrá observar que en el renglón de `liquidación(es) en la(s) que se detectó omisión parcial o total en el pago de recargos', se asienta el crédito 889023681 por el periodo 3o. de 1988 en cantidad de $3'391,511.00 con fecha de pago del 13 de enero de 1989 y en el acuerdo No. 1154/88 de 5 de octubre de 1988 que también se acompañó como prueba en el juicio fiscal, se observa que el crédito en cantidad de $3'391,511.00 se refiere a la liquidación de cuotas obrero patronales por el 3er. biemestre de 1988 y no a un entero provisional que el instituto ni siquiera le asigna número de crédito. Por lo que es evidente que la responsable no efectuó un estudio debido de las pruebas ofrecidas y exhibidas pues de haberlo hecho así su conclusión hubiera sido otra, pues como ya se dijo, el motivo de la liquidación de recargos no lo fue la falta de pago oportuno de un entero provisional sino de una cuota obrero patronal. De igual forma resulta ilegal y fuera de derecho lo expresado por la responsable en el sentido de que no es necesario que la autoridad manifieste el o los ejercicios a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación que invoca como apoyo de su acto, pues si como ella misma lo manifiesta, dicha ley es de vigencia anual, es indispensable para respetar la garantía de legalidad, el señalamiento específico del año o años a que se refiere la ley que invoca, sin que sea correcto que mi representada sea la que tenga que demostrar, para ello, que el importe cobrado de recargos es el incorrecto, pues la obligación de fundar los actos recae sobre las autoridades, quienes deben de dar a conocer detalladamente los motivos que tuvieron para la emisión del acto de molestia y los preceptos legales en que apoyen su determinación, pero nunca como equivocadamente lo sostiene la responsable, que sea el gobernado quien tenga que revisar, como en el caso, qué Ley de Ingresos de la Federación aplicó la autoridad para determinar la tasa de recargos moratorios, pues sería tanto como eximir a la autoridad de la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente sus actos autoritarios de molestia. Invoco como aplicable al caso la tesis sostenida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: `FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO RECLAMADO.-De la exégesis de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo el rubro `Fundamentación y motivación', obra a fojas 18 del informe rendido por su presidente en el año de 1973, se concluye que la fundamentación y la motivación explícita, de fácil comprensión para el gobernado, por lo que no se satisface este último requisito formal, si se consigna mediante expresiones abstractas, genéricas o a través de signos, fórmulas o claves, que el destinatario del acto tenga que interpretar, porque siendo equívocas esas expresiones pueden hacerlo incurrir en error y formular defectuosamente su defensa, lo que equivale a colocarlo en estado de indefensión'. Amparo en revisión 789/75.Corrugados Eléctricos, S.A. 18 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma. Secretario: José de Jesús Manuel Mercadillo Escobedo. SEGUNDO.-La sentencia que se reclama viola en perjuicio de mi representada el artículo 16 constitucional en relación con el 23 y 33 del Reglamento para el Pago de Cuotas y Contribuciones del Régimen del Seguro Social y 22 del Reglamento de Afiliación, al considerar que la liquidación de recargos recurrida en la fase administrativa de inconformidad, no necesita contener los nombres de los trabajadores por los que supuestamente se pagaron fuera del plazo las cuotas obrero patronales. Las consideraciones de la responsable son contrarias a lo preceptuado por los numerales antes citados que establecen que los recargos participan de la naturaleza de las contribuciones y que en el caso, las aportaciones de seguridad social deben precisar como elemento básico para su emisión, los sujetos de aseguramiento, de donde se concluye que las liquidaciones de recargos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social deben señalar siempre los sujetos de seguro, lo que en la especie no se dio sin que sea válido lo sostenido por la responsable en el sentido de que sólo se debe precisar el supuesto de actualización de recargos, pues con ello se violó en perjuicio de mi mandante el artículo 16 constitucional. TERCERO.-Considera mi representada que la sentencia que reclama viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional en virtud de que considera legal un acuerdo que confirma una determinación de recargos cuyo origen no fue la mora del patrón sino del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como último agravio en el juicio fiscal se manifestó el consistente en que el acuerdo en ese entonces controvertido era ilegal pues la mora por la que se determinaron los recargos no era imputable a mi representada sino a ese instituto, ya que dicha autoridad dejó sin efectos la liquidación de cuotas obrero patronales por el 3er. bimestre de 1988 mediante acuerdo No. 1154/88, ya que consideró que su propia liquidación era violatoria del artículo 16 constitucional y al emitir la de nueva cuenta mi representada oportunamente la enteró, pero ello no daba lugar al cobro de recargos, pues sería tanto como premiar a la autoridad por emitir una liquidación en forma ilegal. La responsable sostuvo sustancialmente que el pago de cuotas es una obligación a cargo de los patrones y por lo tanto el hecho de que el instituto haya emitido la liquidación en forma extemporánea, ello no significa que no se deban cubrir recargos moratorios. Los razonamientos de la responsable son completamente contrarios a derecho ya que si el Instituto emite una liquidación de cuotas y luego mediante un medio de defensa reconoce esa autoridad que su determinación es violatoria del artículo 16 constitucional (acuerdo 1154/88), y emite de nueva cuenta la liquidación fuera del plazo para pago oportuno, es evidente que la mora no es imputable a mi mandante sino a la propia autoridad, pues su determinación ilegal en nada puede perjudicar a mi representada sino al mismo instituto. Considero aplicable al caso la tesis sostenida por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: `RECARGOS A CREDITOS FISCALES. CASO EN QUE NO DEBEN COBRARSE.-Tiene razón el reclamante cuando estima indebido el cobro de recargos entre el periodo que transcurrió desde la fecha de la resolución impugnada, 14 de febrero de 1975, hasta la fecha de su notificación. En efecto, de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación que dispone en su primer párrafo: `Artículo 22. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse recargos, en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno ...', los recargos se cubren por concepto de indemnización al Fiscal Federal por la falta de pago oportuno del crédito fiscal del que derivan, y aunque conforme a los artículos 88 del Código Fiscal y 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las autoridades fiscales tienen cinco años para formular liquidaciones complementarias, ello razonablemente no presupone que por la mora de esas autoridades en notificar el crédito, aun dentro de ese lapso, al causante deban cobrársele recargos, porque eso sería tanto como imputársele a él esa mora; esto es, el cobro de recargos se relaciona con la conducta morosa del sujeto pasivo de la relación fiscal, mas no se justifica por la inercia de las autoridades fiscales cuando, ya determinado el crédito fiscal omitido por el causante, no se le notifica de inmediato su existencia, requiriéndolo para su pago, sino pasando el tiempo; entonces, como esa inercia no le es imputable al propio causante, no debe dar lugar a indemnizaciones de su parte, y siendo así, es de considerarse que en la especie resulta indebido el cobro de recargos entre la fecha de la liquidación impugnada, contenida en el oficio No. 311-VI-2RGF- 22972, de 14 de febrero de 1975, y la fecha en la que le fue notificada al demandante'. (1138). 1er. T.C. Informe 1977, 3a. P. 80."
CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación.
La sentencia reclamada no viola en perjuicio de la empresa quejosa, las garantías individuales establecidas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, porque la Sala responsable acertadamente determinó que la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se ajustó estrictamente a las disposiciones que la Ley del Seguro Social establece para la emisión de una cédula liquidatoria de recargos.
En efecto, no es verdad que la Sala resolutora omitiera analizar las pruebas aportadas por la quejosa en apoyo de sus conceptos de anulación, concretamente la documental consistente en la copia del acuerdo 1154/88, de cinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, emitida por el Consejo Consultivo de la Delegación Regional en esta Entidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues aun cuando de dicha documental se advierta que se deja sin efectos la cédula liquidatoria de cuotas obrero patronales, correspondientes al tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, atento a las razones que se expusieron en el acuerdo de mérito, esta circunstancia no es obstáculo para que la peticionaria de garantías, como sujeto obligado al pago de aportaciones del régimen de seguridad social, liquidara dentro del término que establece el artículo 45 de la Ley del Seguro Social, el entero provisional de las cuotas obrero patronales, relativo al bimestre de que se trata y por el que se fincaron los recargos que originaron el acuerdo impugnado en el juicio de nulidad, ya que se aprecia del contexto de la resolución que se encuentra en la foja 15 del expediente de origen, que hasta el trece de enero de mil novecientos ochenta y nueve se cubrieron las cuotas obrero patronales del entero provisional al tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho.
Bajo ese orden de ideas, se llega a la conclusión de que la Sala Fiscal fundadamente negó valor probatorio a la copia del acuerdo 1154/88 allegada por la quejosa, debido a que no era el elemento idóneo para justificar el cumplimiento de la obligación de pagar el entero provisional de las cuotas obrero patronales a su cargo, específicamente del tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, pues por hacerlo en forma extemporánea la autoridad exactora correctamente fincó los recargos a que se refiere el artículo 46 de la Ley del Seguro Social.
Es inexacto que la sentencia reclamada conculque las garantías individuales que se invocan en el ocurso de demanda de amparo, pues la omisión de la autoridad liquidadora en señalar en la cédula de liquidación de recargos, el año al que correspondía la Ley de Ingresos de la Federación, cuyo artículo 5o. se citó como fundamento de su actuación, de ninguna manera con ello se deja en estado de indefensión a la quejosa, porque de acuerdo con el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Luego entonces, partiendo de la base de que hasta el trece de enero de mil novecientos ochenta y nueve se liquidaron las cuotas obrero patronales en su entero provisional correspondiente al tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, es inconcuso que las normas que aplicó la autoridad exactora fueron las que se encontraban en vigor en el periodo por el que precisamente se determinó el incumplimiento de la obligación que se maneja, y de ahí, que la falta de señalamiento del año en que se encontraba en vigor la legislación aplicada, no es motivo suficiente para determinar que faltó el debido fundamento a la cédula de liquidación de recargos, máxime que por una parte, tal ley es de vigencia anual, y por otra, como acertadamente lo mencionó la responsable, si la quejosa no estimaba que el precepto invocado no guardaba congruencia con la situación jurídica que motivó la contribución, debió acreditar que el monto de los recargos exigidos no correspondía a la tasa porcentual a que alude el dispositivo en cuestión, vigente en el periodo en que se incurrió en mora.
No es verdad que las razones expuestas por la Sala Fiscal al confirmar el acto impugnado, transgredan los artículos 23 y 33 del Reglamento Para el Pago de Cuotas y Contribuciones al Régimen de Seguridad Social, y 22 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en lo relativo a la afiliación de patrones y trabajadores, en atención a que para tener una liquidación de recargos por cumpliendo con el requisito de motivación, es innecesario que en la misma se expresen los nombres de los sujetos asegurados, pues ese dato sólo debe indicarse en las resoluciones administrativas que determinen el cobro de cuotas obrero patronales, ya que ese es del conocimiento del contribuyente al régimen de seguridad social, y no hay que pasar por alto que la controversia planteada en las instancias que anteceden, se circunscribió a establecer que la resolución liquidadora reunió los elementos necesarios para su exigibilidad, dado que la misma es una consecuencia derivada del incumplimiento en el pago de alguno de los conceptos preceptuados por el artículo 45 de la Ley del Seguro Social, como en la especie fue el entero provisional del tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, sin que tenga aplicación la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de RUBRO: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO RECLAMADO.".
Por último, es infundado el argumento expresado por la inconforme al afirmar que la sentencia de la Sala Fiscal infringe el artículo 16 constitucional, al declarar la validez de un acuerdo que confirmó una liquidación de recargos, cuyo origen no fue por mora de ella sino del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues al particular la ahora quejosa, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley del Seguro Social, estaba obligada a liquidar, a partir de la fecha en que los enteros provisionales se hicieron exigibles, los rcargos que procedieran en los términos de los artículos 46 de la citada ley y 21 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, si dichos enteros provisionales que son a cuenta de las cuotas obrero patronales, se liquidan a más tardar el día quince de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, es indudable que la exigibilidad de ese concepto era a partir del día dieciséis de los meses citados con antelación y, en esas condiciones, existía la obligación de cubrir los recargos moratorios por el periodo comprendido del diez de junio de mil novecientos ochenta y ocho hasta el trece de enero de mil novecientos ochenta y nueve, que fueron las fechas en que el entero provisional se hizo exigible y la en que se hizo la liquidación correspondiente al tercer bimestre de mil novecientos ochenta y ocho, sin que sea obstáculo alguno el que a través de la resolución 1154/88 de cinco de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, se dejara sin efecto el crédito correspondiente al bimestre en cuestión, pues la liquidación de recargos por el mencionado bimestre tiene su fundamento en el artículo 46 de la Ley del Seguro Social y se originó en la falta de pago oportuno del entero provisional del periodo en comento.
En las relacionadas consideraciones y al resultar que la sentencia reclamada no es violatoria de las garantías individuales, lo que procede es negar el amparo y protección solicitado.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mundo Gastronómico, Sociedad Anónima, del acto que reclamó de la Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, precisado en el resultando único de esta ejecutoria.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magisrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Ramiro Barajas Plasencia, Juan Miguel García Salazar y José Antonio Hernández Martínez, siendo ponente el primero de los nombrados. Doy fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/904-c9d32d47/liquidacion-de-recargos-fundamentacion-y-motivacion-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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